A un año del inicio de los retiros voluntarios, el Ministerio de Justicia se niega a informar si un abogado cercano a Cúneo Libarona fue puesto a dedo para cobrar honorarios millonarios en representación de los trabajadores.
Es mediodía del 10 de enero de 2025 en la ciudad de Buenos Aires. Cientos de personas hacen fila en un auditorio del centro porteño. No están ahí para comprar un pasaje a la playa o regularizar su pasaporte y poder irse de vacaciones al exterior. Se comen las uñas, se abrazan, se distraen mirando las redes en sus celulares… Algunas lloran. Y esperan. “Somos vacas yendo al matadero”, piensa una. En sus manos llevan un papel que al final de la fila las convertirá en parte de la ola de trabajadores del Estado nacional despedidos por el gobierno de Javier Milei. Solo falta una firma.
Dolores Marengo hace la cola acompañada solo por su hija más chica, que está en pleno receso del jardín de infantes. Tiene calor y también tiene una década de trabajo que se está por terminar. Le había dicho a su pareja que esta vez no era necesario que fuera porque estaba más entera que en diciembre, cuando la hicieron firmar por primera vez el convenio de retiro voluntario temblando de angustia, en un “matadero” parecido, en la sede de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores). Ahora va por la homologación, en el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria), el organismo del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Junto a ella hay cientos de personas que siguen las mismas instrucciones del mail institucional que recibieron en noviembre, que les notificaba los pasos para aceptar el retiro, una de las herramientas del gobierno para deshacerse de miles de estatales con años en la Administración pública.
La mayoría en la fila llevan días casi sin comer ni dormir. Quieren terminar el trámite e irse a casa, sabiendo que tendrán que buscar trabajo. Los llaman de a grupos, por apellido, y al final del camino, un hombre de más de 50 y notable bronceado les pide el convenio. No saluda, ni se presenta. Solo da instrucciones. Y al pie de la hoja él también pone su firma.
—Disculpame, ¿vos quién sos? —pregunta Dolores.
—Soy Danilo Montevidoni, tu abogado.
El amigo del empleador: ¿otro escándalo con el nombre “Libra”?
Danilo Montevidoni firmó los retiros voluntarios en representación de los trabajadores, a pesar de que ninguno lo conocía ni lo había elegido, y cobrará honorarios millonarios por cada uno de los convenios. “Nunca había hablado con él, ni tenía idea de que iba a tener un abogado”, coinciden todas las fuentes consultadas para esta nota. Algunos confiesan que googlearon su nombre y lo primero que vieron fue su caso más resonante, cuando asumió la defensa del modelo y músico Matías Camisani en una causa de 2008 por tenencia de drogas. No mucho más.
Montevidoni fue impuesto por la otra parte: el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, para acelerar el achicamiento de la planta estatal. Así las cosas, ¿qué garantías tiene un trabajador o una trabajadora de que un abogado puesto a dedo por el gobierno defenderá sus derechos laborales?
Montevidoni es desconocido para los empleados de Justicia, pero es bien conocido por el empleador: comparte con el ministro el asesoramiento jurídico de Libra Seguros. Esta empresa fue fundada y es conducida por Gabriel Bussola, y algunas versiones sostienen que Cúneo Libarona es su socio. Bajo el lema “Actitud que avanza”, Libra es una de las aseguradoras que más ha crecido en los últimos años. Su publicidad se ve en numerosos medios de TV, web y radio. Como asesores jurídicos, Montevidoni y el ministro vienen trabajando junto a Bussola para incorporar en el nuevo Código Penal el endurecimiento del castigo por fraude en la industria aseguradora: “Tiene que ir preso”, repite el titular de la empresa. Los tres han compartido eventos y posteos en redes sociales.
Despidos encubiertos y una firma bajo presión
“Cuando firmamos estábamos desesperados”, le cuenta Dolores a El Cohete a la Luna, un año después del primer mail con la propuesta de retiro. “Es indescriptible la sensación de saber que te estás quedando sin trabajo y que no somos ñoquis como ellos dicen. Poníamos nuestro granito de arena con políticas públicas, y fue muy difícil atender víctimas que llamaban pidiendo ayuda y tener que decirles que no podíamos responderles más. Era todo horrible, sin información. En ningún momento se nos consultó o se nos informó que debíamos ir con abogada o abogado que defendiera nuestros intereses”.
En total fueron más de 2.500 mails enviados a los trabajadores del Ministerio de Justicia que cobraban sus sueldos a través del ente privado ACARA, una relación laboral irregular que llevaba 40 años en el Estado nacional. Al frente del plan de desmantelamiento estaba Florencia Zicavo, otra abogada del riñón de Libarona, que se puso al hombro la tarea y hasta dio la cara en las convulsionadas asambleas de fines del año pasado. Según cuentan, ella en persona presionaba para que acepten y sin vueltas avisaba que de lo contrario serían despedidos y deberían ir a juicio para cobrar la indemnización.
Como jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Zicavo tuvo otros roles protagónicos: redactó el decreto para desmantelar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), encargada de buscar a los bebés robados por la dictadura. Además, fue puesta por Milei al frente de la Unidad de Tareas de Investigación por el escándalo con la criptomoneda $Libra. Es una de las funcionarias que desobedeció el llamado del Congreso para que dé explicaciones sobre la investigación interna de la estafa internacional.
P. N. trabajó 16 años en el Ministerio y en la última etapa formó parte del cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Cuenta así el momento de la firma de la homologación del convenio de retiro voluntario: “Poníamos alma y corazón ocho o nueve horas por día y de un día para el otro te dejan sin trabajo. Fue muy duro, un proceso de un año de desgaste psicológico hasta que decís: ‘Dale, pasame la guillotina por arriba'. Fue muy martirizante, estresante, tortuoso hasta llegar a lo que yo llamo ‘retiro obligatorio’. Porque nos echaron. El día de la firma tenía muchísima angustia y ahí apareció este abogado, que nunca aceptamos. Ninguno lo conocía y nadie nos había comentado que nos iba a representar. A este Danilo lo único que yo le vi es mascar chicle permanentemente con displicencia, sin ningún compromiso. Éramos un número, por la cantidad de honorarios que iba a cobrar por cada despido. Estaba más del lado del Ministerio que de los trabajadores”.
El acta de ratificación y notificación de acuerdo espontáneo, firmada el 10 de enero en un auditorio alquilado por el SECLO, buscaba certificar el “consentimiento” para el fin del vínculo laboral. Se supone que ese es el espíritu de un “retiro voluntario”. El texto de solo una carilla empieza con números de decreto e incluye un punto que asegura que el trabajador eligió “libremente al letrado que lo asiste”. Es lo que habilita, en la “parte trabajadora”, en el margen inferior izquierdo de la hoja, el garabato de Montevidoni: una seguidilla de rulos con un trazo fino que se desenreda y cae al fondo de la hoja.
“Firmé sin leer”, dice un trabajador que prefiere no dar su nombre. “Estaba aturdida, confundida y endeudada”, recuerda otra. “Todos lloraban, no podíamos ni leer nuestros nombres —asegura Marengo—. En ese momento, lo único que nos importaba era que tuvieran bien el CBU para poder cobrar lo que nos correspondía”.
Los delitos y los pedidos de información rechazados
A poco de cumplirse un año de esa escena del verano porteño, nadie sabe cuántos retiros fueron firmados por Montevidoni, que no respondió las consultas para esta nota. Además de los contratos ACARA del Ministerio de Justicia, se cree que hubo situaciones similares con los retiros en otros organismos, como en Seguridad. Los trabajadores de la cartera de Patricia Bullrich hicieron las mismas colas para firmar en enero. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afirman que son varios los abogados puestos por el Ministerio para representar a los empleados. Son todos externos, impuestos.
En medio de las sospechas de violación a la Ley de Ética Pública y el delito de tráfico de influencias, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se negó a informar sobre la cantidad de retiros, el nombre de los abogados que asistieron jurídicamente a los trabajadores, el monto de los honorarios y el trámite administrativo con la designación de los letrados que finalmente firmaron. Tampoco se informó si los agentes fueron notificados previamente sobre su derecho a designar abogado. Todas esas preguntas, entre otras, figuran en un pedido de acceso a la información pública que presentó el abogado Pedro Sisti en febrero. En mayo, el Ministerio respondió que considera que “no es obligatoria la remisión de la información requerida” y ahora Sisti presentó un recurso de amparo para que la Justicia le ordene al Ministerio que responda a todas las preguntas: “Lo que se pone en pugna es la transparencia de este tipo de acuerdos —sostiene la presentación judicial— que, si bien podría ser beneficioso para las/los trabajadoras/es, ameritan un control en forma adecuada, amplia y suficiente por parte de la ciudadanía. En especial, si los acuerdos involucran el pago de honorarios profesionales, lo que refiere que se informe quiénes representaron al Estado y a las/los trabajadoras/es, cómo fueron elegidos (si por el Estado o por cada persona trabajadora) y cuánto se les pagó por dicho concepto”.
La acción de amparo explica que “existe fundada sospecha de que se asignó directamente por parte del Ministerio de Justicia un abogado a la gran mayoría de las/los trabajadoras/es, sin siquiera consultarles ni tampoco informarles que necesitarían de un patrocinio letrado. Lo más grave es que el abogado en cuestión tendría vínculo directo con el Ministro de Justicia de la Nación, lo cual, en caso de comprobarse, sería no solamente una falta ética grave por parte del letrado, sino que incluso podría llegar a ser un delito si se comprueba que ha cobrado cuantiosas sumas por un direccionamiento/imposición de dicho Ministerio”.
El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte, manifestó: “(El gobierno) hizo todo este proceso bien al estilo del sector privado, llamando uno por uno a los trabajadores para convencerlos, como cuando una fábrica quiere sacarse varios despidos de encima o cerrar. Va llamando uno por uno para arreglar. Para que el Ministerio de Trabajo te acepte y homologue el retiro, que es una desvinculación de mutuo acuerdo, tiene que haber una representación del trabajador y de la empresa (en este caso ACARA). Es bastante común, pero totalmente ilegal, que el abogado lo designe el empleador. Se esconde esto, se enmascara, se oculta. Y le preguntan: '¿Usted eligió libremente el abogado?'. Y tiene que decir que sí. Con lo cual esto es truchísimo, bastante común en el sector privado y podría denunciarse”.
“En la historia del Estado nacional hubo etapas con retiros voluntarios, sobre todo en los ‘90 —agrega Cremonte—. La gente accedía a una indemnización mayor a lo que te correspondería si fuera un despido. Mucha gente agarró... Bueno, es la historia de privatizaciones de este país”.
El fin del Estado presente, un negocio millonario
Es miércoles, casi las seis de la tarde y en el Congreso la Policía de Patricia Bullrich está reprimiendo a personas jubiladas. F.R. ya volvió de la escuela de sus hijos y entonces ya está lista para recordar. Dice que estuvo “a un pelito” de no firmar, pero la amenaza de considerarse despedida y someterse a un proceso judicial largo para cobrar la indemnización la obligó a adherir. Entonces ella también fue al “matadero”. Sin sillas suficientes, esperó tres horas sentada en el piso hasta que escuchó que gritaban su apellido. Nadie explicaba nada. Decidió decir que sí a todo porque sabía que si no se homologaba el convenio, le retenían la liquidación final.
F.R. es abogada y calcula rápido —sin pensar— el tiempo exacto que trabajó en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) desmantelados por Milei y Cúneo Libarona: ocho años y siete meses. Dice que fue “un trabajo soñado, para construir un mundo más justo, un Estado presente en los barrios”. Siente “orgullo” de haber sido estatal y asegura que siempre pudo trabajar con la idea de ampliar la política pública, “a pesar de haber entrado con Mauricio Macri”.
Todavía sigue trabajando en terapia su salida de la Administración pública: “Siento una pérdida de dignidad muy fuerte. Me levantaba a la mañana todos los días sabiendo que desde el Estado estabas trabajando por un lugar más justo, por la restitución de derechos. Era algo que llenaba y de un día para el otro te lo quitan. Desde que asumió Milei hasta que nos despiden, estuvimos un año sin directivas, dando la cara por las políticas públicas que cerraban. Era muy desgastante”.
“Fue una farsa. El abogado agarró el papel y no me dijo ni siquiera que era mi representante jurídico. Le hice ganar un cliente más. Negocio millonario”.
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