HALLAZGOS Y FRUSTRACIONES

A pesar de todos los indicios sobre la Bonaerense, la jueza se niega a detener a los policías

 

A cien días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, se ratifica que alguien juega al desgaste de la familia. Lo comprueba el hallazgo semi enterrado de un combo que mezclaba un buzo similar al que se vio en su última foto, huesos que resultaron de un animal, una mochila que no era suya, zapatillas y un jarro que, de manera conveniente, tenía los colores de su club de fútbol preferido.

Quien preparó esa escena no lo hizo para ayudar a una madre desesperada sino todo lo contrario. Sólo el olfato de un perro adiestrado podría haber desestimado esa naturaleza muerta, pero el fiscal Santiago Ulpiano Martínez no autorizó a su entrenador, Marcos D. Herrero, aun cuando ya es perito de parte. Podrá hacerlo recién el viernes, cuando hallaren huesos quemados.

Los olfatos caninos habían dado con un souvenir que FAC llevaba, regalo de su abuela, que el lunes aun estaba entre la basura de una Comisaría en el sur bonaerense. Ese pequeño cofre con forma y color de sandía contenía una vaquita de San Antonio, la de la suerte, de inconfundible origen. “Me mintieron desde el primer día”, lamentó la madre.

 

 

 

 

Para completar el panorama, el miércoles 5, tuvieron a la madre parada durante horas, al costado de la ruta, como en las penitencias escolares cuando la maestra se fastidiaba con la insistencia de alguna chiquilina.

A los letrados no los tratan mejor; después de 48 horas de llamadas por distintas vías, nadie en la Fiscalía respondía sus mensajes, salvo una única vez en que el Secretario se dignó.

No sorprende. El Poder Judicial y sus auxiliares policiales vienen haciendo lo mismo desde el 14 de junio, cuando uno de los abogados fue a la Fiscalía Federal y le negaron compartirle la declaración testimonial que ya había tomado estado público por la prensa. Dos horas después, “fui amenazado por una prosecretaria de la Fiscalía con que iban a analizar mi conducta”, compartió Leandro Aparicio con El Cohete. Así lo denunció ante una segunda recusación el jueves 6 en la que ofreció la grabación de la conversación con esa Prosecretaria.

En el escrito, es la querella quien solicita que sean investigadas las conductas de la Prosecretaria Silvina Bianchi y de Silvia Pasquare, de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

A esta altura de la suma de indicios contra la Bonaerense, se pidió la detención e incomunicación de cuatro policías de Villarino: Jana Jennifer Curuhinca, Mario Gabriel Sosa, Siomara Flores y Alberto González.

Curuhinca, de 25 años, legajo 490578, es quien tomó la última foto de FAC junto a Sosa y su patrullero con fondo de campo del que –afirmaron– nunca se lo llevaron en la mañana del 30 de abril.

Hermanastra de Jana es Siomara Flores, quien dijo que a la tarde lo llevó por 30 kilómetros en su vehículo –donde el olfato perruno no habría de detectar su olor–. Ocho días después, se borró de las redes sociales, incluso de WhatsApp. Faltaban casi dos meses para que la desaparición fuera noticia.

González es el oficial que, por llamado de un vecino, lo interceptó en la Ruta y, 50 días más tarde, declaró de memoria “con absoluta precisión” la dirección a la que iba en Bahía Blanca.

 

 

Marrón oscuro

El mismo jueves a la tarde, la jueza Gabriela Marrón determinó que no, que no había pruebas para indagar a los policías. Esa magistrada es quien había dicho que si a la madre no le gustaba la actuación del fiscal era un problema subjetivo de ella.

Así de sola deja el Poder Judicial a la mujer que hizo de madre y padre de tres hijos y que, ni con el reiterado acompañamiento telefónico del gobernador y del Presidente de la Nación, nada menos, puede reducir la ancestral soberbia de quienes se saben inamovibles de sus cargos.

La corporación judicial parece estar gritándole a esa morocha de allá abajo: «Mujer, sus abogados nos tienen cansados; sobre todo ese que viene jodiendo ya desde la muerte de Katherine Moscoso. Mientras siga teniendo ese letrado, no cuente con nosotros».

Nadie ha dicho eso, claro, porque el tratamiento de “Oíme, chiquita” es privativo del fiscal de Cutral Co. No sea cosa que se invadan las jurisdicciones.

A pesar de todo, la madre ha ratificado a sus defensores, que el jueves insistieron en pedir que el fiscal Ulpiano Martínez fuera apartado. Como ya rebotaron una vez, han planteado la reserva de acudir ante la Corte Suprema.

Y rescatan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al citar el Caso Villagrán Morales vs. Guatemala (1999) en que la CIDH definió que “la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad; no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”.

¿Qué otra cosa podría decirse respecto de un caso de desaparición tramitada por un simpatizante de los mayores desaparecedores del siglo XX?

 

 

La otra pata civil

El poder político local tampoco ayuda. La semana pasada se publicaron aquí las huellas que los expedientes judiciales guardan acerca de la presencia del narcotráfico entre “personal policial en connivencia con personas del ámbito político”, en palabras del fiscal Christian Long.

Eso fue reinterpretado por el jefe comunal que quiso extender la duda sobre la víctima. El reelecto Carlos José Ceferino Bevilacqua, de 55 años, que supo ser afín al massismo y se presentó desde el vecinalista Acción por Villarino, obtuvo respuesta de una digna Cristina Castro en declaraciones a la radio Continental: “No somos narcotraficantes como nos trató ese señor, no quiero ni disculpas ni nada, quiero la renuncia”.

El repentino interés del mandatario comunal por el esclarecimiento de un crimen sobre el que no había querido pronunciarse, bien podría dirigirse a su Gabinete.

Su municipio debía entregar un informe donde constaran imágenes del paso de vehículos, sus patentes y horarios para determinar la veracidad de los testigos que decían haber pasado por la ruta y visto o levantado a Facundo.

Según explica Aparicio, el apoderado municipal firmó y envió un informe donde constaba el paso vehicular que validaba la tesis de la querella: sus testigos sí estuvieron allí; en cambio, no estuvo la mujer que dijo haber levantado al joven.

Entonces apareció un segundo informe, con todo al revés: ya no constaba el paso de los testigos de la querella y sí el de la testimoniante “equivocada” que creyó haber llevado a alguien el 30 de abril cuando el turno médico al que iba era para el día 27. Para los bien pensados, subió a otra persona.

Quien no puede estar “equivocada” es la Municipalidad. ¿Quién envió ese segundo informe que beneficia la tesis policial?

 

 

Ante la mirada del intendente Bevilacqua, el secretario Pacheco confraterniza con la Policía.

 

 

Lo hizo el secretario de Protección Ciudadana, Rafael Martín Pacheco, quien en junio de 2017 estuvo involucrado en un violento episodio de tránsito tras el cual fue denunciado por agresiones, lo que motivó que los concejales exigieran sus explicaciones en el recinto.

Tres años después sigue en su cargo y otra vez podría sentarse en el banquillo de los acusados; esta vez, por “encubrimiento”, según la definición de Aparicio, quien pidió su detención entre una docena de funcionarios pasibles de ser considerados parte de una asociación ilícita que desvía la investigación.

De eso no ha dicho nada el intendente, por el contrario, su comuna le paga el abogado penalista.

Así de desigual es la batalla por la Justicia librada frente al Poder Judicial. Los dineros públicos se usan para defender a los de siempre, mientras la mujer que limpia sus deposiciones en el baño de una estación de servicio, no cuenta ni con un auto para trasladarse a hacer trámites.

Lo mejor y lo peor es que no transitará sola esas rutas. Lo mejor es sentirse acompañada. Lo peor es que su drama no la tiene como única doliente.

Ante tanto juego de desgaste, otro familiar víctima de la inequidad acaba de postear: “El lunes salgo a la ruta, re podrido que me tomen el pelo… Hace más de 4 meses que está la causa en Azul y el fiscal no trabaja, no la lee, no nada. ¿Hay que esperar 5 años más? No espero más. Arranco a caminar otra vez por la ruta. ESTOY CANSADO!”, clama Ezequiel Moscoso, desde su muro de Facebook, en pos de atravesar otras murallas, las de un país con mucho Poder Judicial pero sin Justicia.

 

 

 

https://www.facebook.com/mariateresa.difalco/videos/10223142483170497/

 

 

León Gieco pide por Facundo y lee un poema por todas las otras víctimas.

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14 Comentarios
  1. Alberto Moya dice

    Gustavo, acabo de ver su comentario de hace cinco días, en esta nota que lleva un par de semanas publicada. Gracias por revisitar nuestro trabajo. En cuanto a sus consideraciones legales… pues, sí; estoy de acuerdo.

  2. Gustavo dice

    Alberto Moya no deberían al menos desafectar e indagar a todos los policías que estuvieron en contacto con Facundo por incumplir sus deberes de funcionarios? En caso de cumplir con la ley, no deberían haber llevado a Facundo hasta su casa en Pedro Luro? Ningún político va a pedir un jury contra el fiscal y la jueza? Es lamentable, pero parece que si no hay una pueblada, no hay justicia para los pobres.

  3. Alberto Guillotina Moya dice

    Enrique, ya hemos hablado en forma crítica de Berni.

  4. Enrique Gandolfo dice

    La denuncia a la»justicia» bien.Y Berni?

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