¿Hay o no hay pandemia?

"Tienen que pagar lo impagable, así que adáptense a lo imposible”

 

La pandemia es un hecho sanitario, indudablemente, pero también es un acontecimiento económico y político. Ya es un lugar común hablar sobre el impacto que tiene el Covid-19 sobre la actividad económica, el empleo, el comercio exterior y la demanda global.

Parece mentira que haya que aclarar esto, pero el negacionismo no sólo es patrimonio de los elementos más patológicos que existen en la sociedad.

Junto al negacionismo farsesco de los que habitan en el campo de la derecha política y social, existe un negacionismo institucional mucho menos televisivo pero no menos dañino, que atraviesa las más diversas instancias de la economía local e internacional.

 

 

La pandemia y el mundo financiero internacional

¿Cuál es el impacto real que ha tenido la pandemia sobre las actitudes concretas de los organismos financieros internacionales? ¿Cómo afectó al liderazgo político internacional? ¿Cuál es el verdadero alcance de los cambios en el sistema internacional?

El gobierno nacional está negociando las formas en que se va a ir pagando un enorme monto de deuda externa con el FMI contraída enteramente por el gobierno anterior. Está a cargo de un país que todos conocen que fue golpeado por la crisis generada por el macrismo y por la crisis de la pandemia. Y pide al organismo un alivio real en las forma de pago de ese préstamo completamente irregular que le fue otorgado.

El FMI, a través de sus nuevas autoridades, viene manifestando en documentos y declaraciones su comprensión frente a los nuevos problemas económicos que la pandemia ha provocado. A punto tal que hace un año alentó abiertamente a que los países gastaran más allá de los equilibrios macroeconómicos tradicionalmente recomendados, para evitar que se produjera un colapso masivo en materia de actividad económica y deudas externas.

El Presidente Joe Biden ha calificado la situación como “la peor pandemia en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión”, para explicar el carácter fuertemente expansivo de sus políticas domésticas. La CIA ha vaticinado un cuadro de agitación social y violencia en nuestra región provocado por la combinación de pandemia y crisis económica.

Un grupo de 70 legisladores demócratas norteamericanos ha solicitado al Ejecutivo de ese país que interceda ante el FMI para que cese de reclamarle pagos de capital e intereses a países endeudados con ese organismo y que sufren las penurias de la actual situación. Nadie ignora que tener que afrontar pagos externos en esta situación agrava aún más la precariedad en la que están las economías periféricas.

Sin embargo, todas estas declaraciones públicas no parecen incidir significativamente en el curso de la regulación económica global, que continúa como un zombie por los mismos andariveles neoliberales previos al 2020.

 

 

El embudo financiero y el impacto nulo de la pandemia

No es la primera vez que altísimos funcionarios del gobierno nacional salen al exterior, especialmente a países centrales, a explicar nuestra grave situación y la necesidad de generar un alivio real sobre nuestra economía para facilitar un despegue, que permita en unos años estar en condiciones de cumplir efectivamente con los compromisos externos.

No es tan difícil de entender, y todos conocen los números de la economía argentina. Y no ignoran la grave situación social heredada y que se ha profundizado en 2020.

A pesar de los formales discursos de amistad y acompañamiento, los principales dignatarios no parecen ser capaces de modificar un esquema de control y vasallaje que se fue estructurando en las últimas décadas, y que parece diseñado para no dejar la menor posibilidad a los países deudores que la de someterse a las condiciones dictadas por las estructuras del FMI.

Todos los caminos financieros conducen al FMI. Todo el sistema apunta a no dejar ninguna posibilidad de arreglarse sin la supervisión y los condicionamientos de ese organismo.

Próximamente debemos enfrentar un vencimiento de nuestra deuda con el Club de París. En la gestión de Cristina Kirchner, el ministro de Economía Axel Kicillof había preparado las condiciones para saldar la añeja deuda con ese grupo de países, pero el macrismo, a pesar de su amplio acceso al crédito internacional, prefirió no cerrar ese capítulo del endeudamiento argentino y darle continuidad en el tiempo. Probablemente, porque los acreedores prefieren ser acreedores para siempre, y que los deudores sigan pagando eternamente.

Ahora el gobierno de Alberto Fernández debe pagar 2.400 millones de dólares a dicho Club, y ha solicitado la refinanciación del mismo. Francia, por ejemplo, ha dicho que en principio estaría de acuerdo, pero lo condicionó a que el Club de París reciba del FMI la señal de que las negociaciones con Argentina están encaminadas.

Pongamos el pago al Club de París en perspectiva. Es importante recordar que las reservas netas de las que dispone el Banco Central de la República Argentina son muy escasas. Las estimaciones privadas señalan, en todos los casos, que las reservas netas utilizables con mayor discrecionalidad por la autoridad monetaria no llegan a los 10.000 millones de dólares.

La escasez estructural de reservas del BCRA no se explica debido al drenaje al que se encuentran sometidas por los pequeños compradores de dólares, sino por las grandes maniobras cambiarias de operadores financieros y de comercio exterior, tanto importador como exportador. Es un vaciamiento estructural que algún día, en nombre de la gobernabilidad de la economía argentina, habrá que terminar.

Desde el momento de la corrida cambiaria organizada del año pasado, en que las reservas totales bajaron hasta 38.000 millones de dólares hasta la actualidad, en que ya transcurrieron varios meses en los que se supone que se controló la situación, que están entrando fuertes flujos de dólares por exportaciones, y que el BCRA está comprando hasta 200 millones en algunos días, el total de reservas no alcanza a los 41.000 millones de dólares.

Es decir, la sequía de dólares en las arcas oficiales continúa, a pesar de que los precios internacionales de las commodities que Argentina exporta están subiendo considerablemente, y se espera un claro superávit comercial para este año.

Pero supongamos que, acuciado por diversos problemas externos, el gobierno argentino quisiera ejecutar el swap con China (18.500 millones de dólares), y habilitar el uso de esas divisas para atender diversos frentes cambiarios. Resulta que también el uso del swap con China está sujeto a un “visto bueno” que debe otorgar… el FMI.

El otro dato es la tasa de riesgo país que afronta hoy la Argentina. Está en 1.600 puntos, elevadísima, lo que significa en la práctica la denegación de crédito razonable a nuestro país. Este gobierno es tratado por las finanzas internacionales como si no hubiera logrado la renegociación con los bonistas. Nuevamente, pareciera que están esperando el cierre del acuerdo con el FMI para concederle a la Argentina créditos a tasas viables.

Es decir, estamos frente a un embudo que desemboca indefectiblemente en ese organismo internacional que nos ofrece la salida más tradicional que se podía imaginar: un crédito de facilidades extendidas, totalmente convencional, a 10 años, y a una tasa muy alta en términos internacionales (4%), y completamente fuera de lugar en este contexto pandémico.

Las matemáticas y la economía indican que esas condiciones implican que la masa de vencimientos sería tal a partir de 2025 que Argentina caería indefectiblemente en default con ese organismo y/o con los acreedores privados. En síntesis, ocultar transitoriamente la situación de insolvencia estructural, para que estalle en unos años. Mientras tanto, se renueva el “derecho” del organismo a intervenir sobre la política económica argentina.

Es decir, luego de las cataratas de lágrimas por la pandemia, y las toneladas de lamentos por el sufrimiento y las penurias económicas que el Covid provoca en todo el planeta, lo que el FMI ofrece a nuestro país es lo mismo que hubiera ofrecido si no ocurriera nada. Es más, un alto funcionario, metido allí por la administración Trump, le ha demandado a los funcionarios argentinos que cesen con los intentos de investigación doméstica de lo ocurrido con la deuda con ese organismo, y que dejen de recordar las irregularidades manifiestas ocurridas en el propio FMI.

¿En qué consiste entonces la situación excepcional que implica la pandemia, y en qué consiste que el FMI haya “tomado nota” de las irregularidades del crédito otorgado a la Argentina?

La respuesta es que, por ahora, nada relevante se ha transformado en el comportamiento de ese aparato degradador de países endeudados.

 

 

¿Creemos en lo que decimos?

El gobierno argentino ha sido muy explícito en relación a los males que nos afligen: economía destrozada por el macrismo e impacto contractivo adicional de la pandemia.

Hacia afuera, ha intentado aliviar las gravísimas restricciones que pesaban sobre nuestro país.

Hacia adentro, ha tratado de salvaguardar la actividad económica en un delicado equilibrio con las medidas imprescindibles de protección de la salud pública.

Pero a veces no parece estar convencido de sus propias palabras. Y eso no es bueno, porque si la Argentina no está muy segura y muy firme sobre su discurso, difícilmente las estructuras políticas y financieras globales tenderán a aflojar las restricciones que la inercia histórica las lleva a reclamar.

En el primer trimestre del año, el déficit del sector público nacional fue sólo del 0,5% del PBI. Recordemos que en el Presupuesto Nacional para este año, el déficit fue estimado en 4,5%. A pesar de que ese Presupuesto no contemplaba explícitamente partidas específicas dedicadas a sostener a sectores económicos y sociales por la pandemia, era una meta presupuestaria razonable, en la que se reflejaba la continuidad de las dificultades económicas provocadas por la emergencia sanitaria.

Es probable que haya habido un claro repunte en la recaudación, mientras que el gasto se ha incrementado a una velocidad menor. Es de destacar que el gasto creció significativamente en obra pública, pero mantiene un rezago significativo en el gasto corriente, y especialmente en las remuneraciones de los agentes públicos.

En una reciente reunión de algunas filiales de CONADU, agrupación de gremios universitarios que mantiene una postura constructiva frente al gobierno, se mostró cómo el salario real de los docentes e investigadores universitarios cayó 17% en 2020, y que las perspectivas de recuperación eran escasas en 2021. Fue interesante escuchar cómo había comprensión de los trabajadores docentes, y disposición a acompañar el esfuerzo nacional, pero al mismo tiempo no se entendía por qué, en un año que el propio gobierno ha señalado como de recuperación salarial general, no había ninguna señal importante en ese sentido. Alguien podría aducir que la “segunda ola” de Covid ha complicado las perspectivas económicas. La verdad es que no las ha complicado tanto como el año pasado, y que es innecesario pasar a una disciplina fiscal estricta que someta innecesariamente a los trabajadores a penurias evitables.

No tiene sentido hoy dedicarse al ahorro de recursos que requiere urgentemente la sociedad. Y esto no sólo por el sentido económico y social que tuvo el voto al Frente de Todos en 2019.

Si se le dice al FMI que la situación interna de nuestro país es gravísima, pero al mismo tiempo se muestra que no es para tanto, que se puede lograr ¡equilibrio fiscal! en estas condiciones deplorables, que el Estado no necesita participar activamente en la recomposición de la actividad interna también vía salarios, consumo y empleo, se está dando un mensaje contradictorio al mundo. Es un perfil de política pública que responde a otra situación, más normal y encaminada, no a un contexto de pandemia. ¿Hay o no hay pandemia?

 

 

El discurso de la locura, en traje y corbata

En una conversación ocurrida esta semana el pensador Jorge Alemán señalaba, en relación a la derecha española, que se comporta sin ninguna preocupación por las reglas de la lógica, y de la responsabilidad social. Repudia al gobierno progresista por las medidas de cuidado, y festeja desinhibidamente la desobediencia a las normas de protección. Es más: exhibe su poder mostrándose contradictoria y divorciada de las exigencias de un discurso coherente.

Gracias a las formas escandalosas de esa derecha, muy similar a la local, nos damos cuenta de la deriva de ese espacio político que va abandonando las reglas de juego de una sociedad civilizada, y va volviendo salvajes los comportamientos públicos.

Lejos del histrionismo y de la ampulosidad de derechas y ultra derechas políticas, los miembros de las finanzas internacionales piden cosas imposibles, niegan realidades evidentes, y habitan el mundo del “hagamos como si no pasara nada”.

Es otra forma de la locura, revestida de formalismos técnicos, revisiones, memorándums e inspecciones, siguiendo las más estrictas rutinas burocráticas y procedimentales. Pero están fuera de la realidad, y le exigen a nuestro país que se acople al discurso absurdo de que con disciplina monetaria y fiscal se podrá resolver el tema de una deuda impagable. Ese es el problema: su delirio involucra a nuestro destino.

Tampoco en esta versión tecnocrático-financiera de la derecha hay apego a las reglas de la lógica: “Tienen que pagar lo impagable, así que adáptense a lo imposible”.

Se pondrán a prueba, en los próximos tiempos, las reservas de lucidez de nuestra propia dirigencia y de nuestras organizaciones sociales para poner a salvo la vida frente a la máquina inerte de las finanzas.

 

 

 

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