"Hay que sacarlos"

El ministro del Interior, Wado de Pedro, no salió a contestarle a Gerardo Morales. Pero el traslado de los 62 pasajeros durante el aislamiento social obligatorio lo molestó. La escena le recordó a los gobernadores de facto cuando durante la dictadura se tiraban a los pobres de una provincia a la otra.

Gerardo Morales dijo que no echó a nadie. Que los 62 ciudadanos extranjeros varados en Jujuy habían hecho cuarentena. Y que el traslado contó con avales del ministerio de Transporte y de Seguridad. Sin embargo, mintió: 42 de los 62 pasajeros subieron en La Quiaca sin saber ni conocer el destino cierto. Obligados o manipulados con información falsa, no sabían qué sucedería con ellos. Todos viajaron en un micro con capacidad al tope. Y durante 38 horas niños, niñas, adolescentes y adultos sólo tuvieron dos botellas de agua y un sándwich de milanesa. El impacto político más importante, sin embargo, es el ardid burocrático con el que intentó ocultar la farsa de la legalidad del viaje. La provincia produjo varios papeles administrativos, entre ellos un documento de autorización para el traslado que invocaba un inexistente permiso de autoridades nacionales. También aludió a una excepcionalidad para autorizar el traslado que nunca podría haber sido firmada por la provincia porque discute una norma de carácter nacional. Esa carta es ahora un nuevo problema de Morales. El juez Julián Ercolini, que quedó a cargo de la investigación, pidió los papeles administrativos a la provincia que antecedieron al viaje porque entiende que entre los documentos que presentaron no existe ninguna explicación.

El gobernador también dijo que el viaje había sido coordinado con embajadas y consulados, entre ellos la representación diplomática de Colombia y de Perú, porque en el micro viajaban 16 ciudadanos colombianos y cinco peruanos. Sin embargo, la embajada peruana negó que haya sido comunicada del viaje ni que lo haya autorizado. Y el embajador colombiano en Argentina ayer sacó un comunicado en el que dijo que eso carece de total veracidad. "Nunca señor gobernador, ni usted, ni ningún funcionario de Jujuy o de La Quiaca se comunicaron con el suscripto para informar, solicitar autorización y tanto menos para coordinar esa determinación, que por demás considero totalmente equivocada y abiertamente trangresora de las citadas disposiciones (Ndr: de aislamiento social obligatorio), entre otras al someter a un riesgo innecesario no sólo a mis compatriotas y los demás extranjeros trasladados sino, adicionalmente, a todos los argentinos que participan en el operativo por usted ordenado y a las personas que en el tránsito de 7 provincias estuvieron expuestas", señaló Alvaro Pava Camelo en la misiva.

La carta señala además que el consul general Jorge Villamizar estuvo siempre en comunicación con las autoridades de La Quiaca velando por garantizar el mejor tratamiento posible y que fue notificado de la decisión del traslado el día que se produjo, contrario de lo que afirmó el gobernador. "Nuestro funcionario en conversaciones con el Secretario de Relaciones de su gobierno, así como con el intendente de La Quiaca Blas Gallardo, al conocer esa decisión pidió expresamente no trasladarlos a la Capital por considerar esta medida riesgosa y no conveniente desde todo punto de vista".

También aseguro que nunca podrían haber ofrecido coordinar el regreso de los ciudadanos a Colombia tal como el gobierno de Morales les manifestó a los extranjeros para hacerlos aceptar el traslado. Es de público conocimiento, dijo el embajador, que el ingreso a nuestro país está cerrado por disposición del señor Presidente hasta el día 23 de abril. Y pidió en todo derecho, una rectificación de lo que llamó calumniosas declaraciones de Morales y de sus consortes.

Ultimo momento

El gobierno de Jujuy acaba de responderle a Colombia. Morales publicó una factura de 445.400 pesos por la estadía de 14 días de 22 personas. Se nota que carta y publicación se hizo con algo de apuro: el texto dirigido al embajador Álvaro Pava Camelo y firmado por el secretario de relaciones internacionales de Jujuy habla de ciudadanos peruanos en vez de colombianos.

Pablo Palomares publicó la carta y cruces de mensajes con integrantes de la embajada de Perú y de Colombia en su muro de Facebook. También una carta oficial de respuesta al embajador. Todo esto fue rematado por una carta firmada por el propio gobernador Morales y dirigida a Pava Camelo en la que llega a llamar miserable e inhumano al embajador colombiano.

La salida

El episodio de Jujuy todavía tiene otros aspectos pendientes. Uno es lo que le dijeron a la gente. O no le dijeron. Y el contraste con lo que digan las embajadas. Y otro es lo que sucedió con las fuerzas de seguridad horas antes de la salida. Esa línea permite entender sin disimulos que el gobierno había decidido sacarlos a la fuerza.

Según pudo saber este Cohete, Morales y su ministerio de seguridad, Ekel Meyer, estuvieron en La Quiaca la última semana de marzo. Allí preguntaron sobre el operativo de aislamiento de los que habían quedado varados en la frontera con Bolivia el 17 de marzo. La ciudad está conducida por el intendente Blas Gallardo del Frente de Todos, quién describió el trabajo de asistencia, contención y cuidados de quienes estaban allí. En ese momento, Morales casi no habló. Lo hizo Ekel Meyer. Pocos días después, el último martes 31 de marzo, el intendente se enteraba que el operativo de expulsión se había puesto en marcha.

Ekel Meyer había trasmitido la orden:

–Si no quieren irse —dijo—, hay que sacarlos igual.

El gobierno había enviado un micro de la empresa Balut Hermanos. Iba a salir de La Quiaca con destino a San Salvador al día siguiente, miércoles 1° de abril, a las 10 de la mañana. Desde la noche anterior, los varados habían recibido la misma noticia. Les habían dicho que debían abandonar la provincia. Ese miércoles temprano, alrededor de las 7.30, el intendente Gallardo fue a la comisaría del pueblo para conocer los detalles. El comisario volvió a decirle que el ministro de Seguridad había dicho que había que sacar a esa gente. Tenían que sacarlos, dijo, y tenían la orden de hacer el operativo que hiciera falta.

Hábeas Corpus

Antes de la salida del micro, tres organizaciones defensoras de derechos humanos —el CELS, Andhes y Caref— presentaron un hábeas corpus urgente ante el juzgado federal 1 de San Salvador de Jujuy a cargo de Estaban Hansen. En el escrito sostuvieron que se presentaban en representación de unas 40 personas “que se encuentran alojadas en la ciudad de La Quiaca a las que las autoridades estatales les han informado de forma verbal que en el día de la fecha, 1° de abril, se encuentran obligados a subirse a un micro con destino aparente a la ciudad de Buenos Aires”.

En el grupo había unas 18 personas de Venezuela con niños, niñas y adolescentes que habían llegado alrededor del 17 de marzo para dirigirse a distintos puntos del país, amparados por un dispositivo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) y la Comisión Argentina para los migrantes y refugiados (CAREF). También había un grupo de ciudadanos colombianos de la hinchada de Medellín que había estado en un partido de Boca y buscaba volver a su país. Había ciudadanos peruanos con intención de salir. Y un grupo de seis catamarqueños varados durante un programa de turismo interno. Todos habían cumplido medidas de aislamiento obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional como consecuencia del Covid-19. Y no habían podido volver a sus países por el cierre de fronteras impuesto tanto por el Estado argentino como por el boliviano.

En La Quiaca estuvieron alojados en dos lugares. El grupo de venezolanos, en el Hotel La Frontera con estadía a cargo de las organizaciones de asistencia. Y el otro grupo fue alojado por la comuna en un comedor municipal, Mickey.

El martes alrededor de las 20 horas los varados comenzaron a saber que iban a irse, cosa que se les informó de manera verbal, a través de las autoridades locales y se les ordenaba abordar un micro. “Esto constituye una amenaza cierta, concreta, actual y real de una inminente privación de libertad”, señaló la abogada Malka Soledad Manestar en el amparo. “Todas estas personas son extranjeras en situación migratoria regular”, sostuvo. Y hasta esa noche cumplían con el aislamiento obligatorio y se habían sometido a los controles de salud impuestos por las autoridades locales.

“Entenderá usted que en el contexto actual –dijo la abogada en la presentación— signado por restricciones a la circulación de rutas nacionales y provinciales, obligar a un grupo de 40 personas, incluyendo familias con niños y niñas, a que se trasladen por rutas nacionales, atraviesen entre 6 y 7 provincias y lleguen a la ciudad de Buenos Aires, principal foco de contagio de la pandemia Covid-19, genera una amenaza e incertidumbre tal que la decisión de ser trasladados, se convierte en una orden u obligación que resulta ilegal e irregular”.

Exigieron a la Justicia conocer las razones del desplazamiento y disponer un mecanismo de resolución con la participación de las autoridades nacionales, de las personas interesadas y de sus representantes. También pidieron que se analice cuáles son las mejores medidas de protección de los derechos de las personas y si la mejor medida era un traslado, exigieron se aseguren las condiciones y garantías mínimas y necesarias para que el viaje se realice con las mayores seguridades posibles.

El micro salió sin cumplir estas garantías. El juez Hansen rechazó el pedido de amparo sin dar intervención a la fiscalía federal. El resto es conocido, al llegar a Buenos Aires la Policía Metropolitana detuvo al micro. Una de las pasajeras argentinas con ciudadanía peruana que había sufrido un episodio de fiebre en La Quiaca tenía 40 grados de temperatura al llegar a Buenos Aires, y fue trasladada al hospital Pirovano.

El miedo

“Pasamos treinta y ocho horas en ese bus de pesadilla”, dice Juan Felipe Soto, uno de los pasajeros colombianos a este Cohete. “Fue una locura porque todo el tiempo había demasiada incertidumbre. Un personaje se subió en San Salvador, y les dijo a los chicos colombianos de la hinchada que a ellos les iba a pagar la estadía en el hotel la gente de la Liga y a los venezolanos les dijo que se iba a encargar de ellos la Cruz Roja. Era como que te endulzaban los oídos ofreciéndoles una solución a cada uno, eso entiendo yo”.

El micro salió de La Quiaca alrededor de las 10.30. A las dos de la tarde entraron a la terminal de San Salvador. Los hicieron cambiar de micro. Los requisaron. Algunos hablan de escenas de violencia. Les dieron dos botellas de agua y un sandwich de milanesa para el viaje. En San Salvador el micro se llenó. Solo quedaron dos asientos libres.

Juan Felipe paseaba en la región con su padre hasta el cierre de fronteras, y a partir de entonces mantuvo comunicación directa con el consulado de Colombia. Iba chequeando con una de las funcionarias las cosas que les decían en Jujuy para asegurar o descartar la veracidad de la información. Le habían dicho por ejemplo que en Buenos Aires iba a esperarlos un avión de salida a Bogotá, en el consulado les dijeron que eso no era cierto.

“Dicen que nos iban a dejar en las embajadas, pero a nosotros nos dijeron que iban a bajarnos en Retiro. Pero después no decían ni Retiro ni otra cosa. Nunca supimos exactamente a dónde íbamos, ni qué iba a pasar y todo los que nos decían era muy raro, eso era: una incertidumbre terrible porque no sabíamos qué iba a pasar”.

En el camino atravesaron retenes, aparentemente en los cruces de provincias. Durante la noche, lo notaban porque el micro se detenía. Aunque nadie había ofrecido la instancia de quedarse en Jujuy, esa opción para ellos estaba descartada: la policía los había tratado mal en los procedimientos, al punto que el padre de Juan Felipe sufrió ataques de pánico. En el comedor donde pararon había 19 personas en colchonetas con una cobija, en un lugar cerrado por fuera y sin extintor: si temblaba la casa, dice el joven, se nos caía el techo encima antes de que el policía que estaba en la puerta pudiera haberse acercado a abrirla.

Hacete amigo del juez

Oriundo de la zona del Ramal, Esteban Hansen proviene del territorio de la empresa Ledesma. Fue designado juez federal en diciembre de 2016 como titular del juzgado de Libertador General San Martín, que aún estaba vacante. Era un juzgado nuevo. Y hasta junio de 2017 no tenía ni edificio ni había trabajo. No era el único en esa situación. Pero a partir de entonces comenzó un lento desplazamiento hacia los juzgados más codiciados. Primero al juzgado federal 2 donde reemplazó como subrogante al transitorio Fernando Poviña. Y en septiembre de 2018 saltó hacia el juzgado federal 1 con competencia electoral para subrogar el cargo que había dejado vacante con su renuncia el histórico Wenceslao Cardozo.

Los desplazamientos no estuvieron ajenos a la intervención de Morales. Cuando uno de los integrantes el PJ observó que el juez se estaba moviendo para pedir su traslado al juzgado federal 1 de San Salvador, hizo algunos llamados a los co-provincianos del partido para alertarlos. Pero Morales también se movió. Para entonces, Cambiemos manejaba la mayoría en la Comisión de Acuerdos del Consejo. Y Morales encomendó los papeles a la hija del radical Alejandro Nieva, empleada del Consejo, que apuró el expediente.

Hansen rechazó el hábeas corpus el martes a la noche. Pero tras el escándalo en Buenos Aires, el vienes reaccionó y aceptó dar curso a la apelación que presentaron las organizaciones. “Elévese a la Excma. Cámara Federal de Salta el presente expediente en original. Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, atento lo solicitado (…) requiérase al Ministerio del Interior de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Juzgado Federal Criminal y Correccional N°10 de la C.A.B.A. que informen si se han adoptado medidas específicas para recibir y darle garantías de alojamiento, vivienda, alimentos y agua a las personas que se desplazaban en el colectivo de la empresa Balut Hnos. S.R.L. desde la ciudad de La Quiaca hasta la ciudad de Buenos Aires”.

Larreta

Alrededor del viaje ahora quedan preguntas. Entre otros, los papeles que generó el gobierno de Morales. Hay cuatro documentos en análisis. Dos corresponden a Pablo Palomares, secretario de Integración Regional y de Relaciones Internacionales del Gobierno de Jujuy quien firmó el pedido a la CNRT con fecha 31 de marzo y luego la autorización de salida. Otro documento fue firmado por el Secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, quien solicitó originalmente la autorización para el traslado del micro. Y otro por el coronel Guillermo Siri del Comité de Emergencia Provincial dirigido al Secretario de Transporte de Nación. De todos ellos, los más importantes son los suscriptos por Palomares.

Palomares fue intendente de Palpalá hasta diciembre de 2019. Perdió las elecciones, y dicen que desde entonces encontró cobijo como secretario en el gobierno radical. Por estos días también integra el Comité de Emergencia Provincial.

El martes firmó el pedido de autorización destinado a la CNRT. Y luego un texto que parece haber estado destinado a ser usado por los choferes del micro en el camino para sortear posibles retenes. Dirigida a las autoridades que lo requieran, como señala, el funcionario dejó constancia que los 62 pasajeros detallados en el Anexo 1 están autorizados a realizar el viaje por vía terrestre desde la ciudad de La Quiaca y San Salvador de Jujuy hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un transporte puesto por la provincia de Jujuy con las autorizaciones nacionales necesarias para circular en servicios prestados por la empresa Balut Hnos, itinerario Jujuy-Buenos Aires. Asimismo, dejó constancia que todas las personas del listado mencionados han realizado en la cuarentena correspondiente y cada uno dispone del certificado médico extendido por personal médico de la provincia de Jujuy en el que consta que se encuentran asintomáticos y con parámetros estables.

Las palabras clave del texto son "con las autorizaciones nacionales necesarias". Porque esas autorizaciones no estaban. Ni, al parecer, estarán. Morales dijo que contaba con autorización del Ministerio de Trasporte. Pero desde el gobierno nacional señalaron que eso no alcanza: la CNRT solo autoriza las condiciones técnicas del micro para el viaje. La autorización para circular, romper el aislamiento, situación sanitaria, las razones y verificación de pasajeros es potestad de la autoridad local que despachó el micro, es decir de Jujuy. Lo mismo ocurre con las supuestas autorizaciones que Morales dice haber recibido del ministerio de Seguridad. El ministerio dijo que sólo custodio la trazabilidad.

Por todo eso hoy es posible pensar que ninguno de esos papeles tengan validez legal.

Y la Justicia deberá averiguar si, además, pretendieron tenerla. Una de las cosas que a esta hora más sorprendían a quienes están cerca de Morales no es, en realidad, nada de todo esto. Ni siquiera el escándalo. Sino la posición de Horacio Rodríguez Larreta. La Metropolitana de la Ciudad paró el micro. Fue, además, Diego Santilli quien avisó a Nación y quién dio intervención al juzgado de Ercolini. Por eso en Jujuy dicen que el viaje se hizo con toda normalidad hasta Buenos Aires. Y todavía se preguntan por qué Larreta le hizo tal problema de no dejarlos entrar.

Las internas de los miserables no se detienen ante nada.

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