Transformar la realidad

Lo que falta es coraje para hacer una justa distribución del ingreso

 

Día a día crece la incógnita sobre hasta cuándo mantendrá su cargo el ministro de Economía y cuánto resistirá la presión que ejercen los sectores progresistas del Frente de Todos. Pero las apuestas fracasan semana a semana y Martín Guzmán sigue firme en su lugar. Es más, en los mentideros de la seguridad social cuentan que permanentemente se le envían distintas propuestas para mejorar la distribución del ingreso, pero que sistemáticamente las rechaza sin siquiera preguntar al Presidente Alberto Fernández sobre la viabilidad de la iniciativa en cuestión. Esto acontece incluso, por ejemplo, con varios proyectos sobre la renovación de la moratoria previsional, los cuales chocan con un Guzmán ofuscado que analiza las cuestiones en clave del Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo cual obviamente, ninguno es aprobado. Pero, ¿no fue él mismo quien, al momento de la firma del acuerdo con el organismo, dijo que no habría ajuste en materia previsional?

No hay dudas respecto del crecimiento de la actividad económica –un 10,5% en 2021 y alrededor del 4% en el primer trimestre de 2022–, como tampoco de la baja notoria en los niveles de desocupación o del alza sostenida en los niveles de consumo y la mejora diaria de la balanza comercial. También es lógico que estas mejoras sean motivo de alegría para quienes administran la economía. Pero no es menos cierto que dichos logros empalidecen cuando se percibe que ese incremento en el nivel de empleo tiene como protagonistas a los trabajadores informales que perciben bajos salarios. Que los salarios están tan deprimidos que un trabajador, cumpliendo con todas las obligaciones que le competen, no logra llegar razonablemente a fin de mes, lo cual origina que actualmente un número significativo de trabajadores formales y casi todos los informales se encuentren debajo de la línea de pobreza.

Tampoco deja de ser verdad que en julio próximo vence la moratoria previsional que en su momento aprobara Néstor Kirchner y continuara Cristina Fernández de Kirchner, la cual permitió que la Argentina alcanzara la mayor cobertura previsional de América Latina. Es angustiante percibir que si no se promueve una nueva ley o una reedición de esa moratoria, en los próximos años la cobertura disminuirá un 53%. Cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno en diciembre de 2015, 3.125.864 personas habían obtenido su jubilación al amparo de la ley 25.994, luego reemplazada por la ley 26.970, que regía desde el 14 de agosto de 2014. Han pasado poco más de seis años y hoy suman 3.203.778 los beneficiarios que accedieron a un beneficio con moratoria, lo cual implica que en ese lapso sólo crecieron 77.914 nuevos beneficiarios, mientras la población argentina creció, en dicho período, 2,25 millones de habitantes. En consecuencia, mientras los beneficios aumentaron el 2,43%, la población creció un 5,22%. Esta diferencia entre el crecimiento de los beneficios y el crecimiento poblacional es otro regalo que nos dejó Mauricio Macri mediante la ley erróneamente llamada de Reparación Histórica, la cual restringió por omisión los alcances de la ley 26.970.

Ahora bien, no hay que ser muy suspicaz para darse cuenta el impacto fenomenal que tendrá la ausencia de toda moratoria. A diciembre de 2021, un total de 3.203.778 jubilados o pensionados accedieron al beneficio con la edad cumplida y todos los años con aportes necesarios (no requirieron moratoria), mientras que a esa misma fecha otros 3.602.838 obtuvieron su beneficio al amparo del plan de facilidades de Cristina Kirchner. Es decir, un 53% de los beneficiarios necesitaron un plan de facilidades de pago para alcanzar la jubilación y no porque no querían trabajar, sino porque han sido víctimas de los problemas del mercado de trabajo que registra nuestro país desde hace décadas: la precarización laboral con los contratos basura de los ’90; las privatizaciones de empresas y servicios con los retiros voluntarios que expulsaron trabajadores que el mercado nunca más volvió a incorporar; las permisibilidad del Estado en los controles a las empresas respecto de la formalización laboral y la falta de acción al respecto de algunos sindicatos y las nuevas tecnologías, que incrementan la productividad del trabajo a expensas de la mano de obra, entre otras cuestiones. Por ende, si no se hace una nueva moratoria, paulatinamente la gente no podrá regularizar su situación previsional y sólo quedará el 47% de los beneficiarios actuales.

Fuera del sistema principalmente quedarán, según el INDEC y en mi opinión en un podio agraviante, el personal que presta servicios en casas particulares, del cual el 66,5% no está registrado; el agro, donde la informalidad alcanza al 66,2% y la construcción, con un 55,9% de trabajadores informales. Una digresión al margen, que invito a hacer: ¿Quiénes son los que contratan al servicio doméstico? ¿Quiénes son los productores del agro? ¿Quiénes son los que construyen? Efectivamente, acertó: son los mismos egoístas de siempre, los dueños del capital, los del círculo rojo, la oligarquía o como quiera llamarlos. Ellos y sólo ellos tienen el capital suficiente para contratar ese tipo de trabajadores. Le recuerdo que un trabajador informal no posee obra social, no tiene cobertura de riesgos del trabajo y, cuando llegue a la edad jubilatoria, no tendrá los aportes necesarios para obtener un beneficio, aunque haya trabajado los necesarios 30 años. ¿Qué hace el gobierno a través del Ministerio de Trabajo para revertir esta situación?

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los números positivos de la economía conviven con un 40% de pobreza. Por ello, la gran pregunta es: ¿quién se queda con el crecimiento económico? El INDEC da algunas pistas: cuando Cristina Kirchner se fue del gobierno, la distribución del ingreso alcanzaba un 51,8% que se quedaba el sector del trabajo, mientras que el sector del capital se quedaba con el 48,2%. Pero el cambio producido por el neoliberalismo macrista trastocó esa relación, y ahora los empresarios se quedan con el 56,9% del capital, mientras que el sector del trabajo se queda con un 43,1%. Esto pone en negro sobre blanco la regresión feroz ocurrida en este tiempo y explica la disminución de los salarios, jubilaciones y planes sociales. Y también el humor de ricos y de pobres.

Hoy nos encontramos con un panorama en el cual los sectores concentrados de la economía se quedaron con la parte más sustancial de la “torta”, en una nueva vuelta de tuerca de la teoría del derrame, protagonizada por:

  • Empresarios que se quedan con una proporción mayor de la que les corresponde (el fifty-fifty del primer peronismo).
  • Gestores privilegiados, que les permiten a esos empresarios pensar que la diferencia se ahondará a favor de ellos: los medios concentrados de comunicación y los organismos internacionales, encabezados por el FMI y apoyados por el Banco Mundial, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la batuta de Estados Unidos.
  • Timoratos, cobardes y los que no sienten el amor a la patria, que prefieren no hacer ruido para no ofender a los poderosos y evitar un incómodo titular de Clarín o La Nación.
  • La inflación, usada por aquellos para quedarse cada día con una proporción mayor de la renta nacional.
  • El contrabando descarado, al que nos hemos acostumbrado a ver.
  • El mercado financiero y la amenaza constante de devaluación.
  • La pasividad de gran parte de los dirigentes gremiales, que se encuentran cómodos en sus organizaciones, sin el menor atisbo de confrontar contra el privilegio.

La nueva ficción de la teoría del derrame consiste en que si se hace crecer la economía, ese solo hecho será suficiente para generar los puestos de trabajo que requiere nuestra sociedad. Falso, absolutamente falso. Esto ya se probó durante el menemismo, cuando Domingo Cavallo disminuyó las contribuciones patronales, haciéndonos creer que eso haría crecer el empleo. Lejos de eso, la desocupación pasó del 12% al 19%, amén que a lo largo del tiempo, esa disminución nunca se recompuso. Pero también tenemos una experiencia actual. Con un crecimiento del 10,5%, los puestos de trabajo privados registrados y asalariados disminuyeron de 7.198.000 a 7.052.000. Por lo tanto, crecimiento no es sinónimo de generación de empleo. Más bien, si el Estado no interviene, es un factor de híper-concentración de la riqueza.

Tampoco el crecimiento económico se transforma en bienestar para la población. Durante el menemismo, la economía creció muy fuertemente, pero los jubilados cobraron 150 pesos durante 10 años. En 2021, la economía creció el 10,5% y los salarios, las jubilaciones y los planes sociales apenas si se arrimaron a la inflación. Por lo tanto, es necesario un proceso de redistribución del ingreso, dinámico, innovador, cuasi-revolucionario para cambiar el statu quo. En pocas palabras, lo que falta es coraje para hacer una justa distribución del ingreso. Ello se logra liberando las fuerzas creativas y rompiendo la hegemonía del Ministerio de Economía para que se transforme en un motorizador del cambio. Hace falta, en forma urgente, darle un rol a la seguridad social y que la ANSES pueda desarrollar un nuevo plan de inclusión, eliminar la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que dejó el macrismo, igualar las pensiones por discapacidad al valor de la jubilación. Que el Ministerio de Desarrollo Social se encargue de cubrir la emergencia y juntos lanzar un grito esperanzador implementando el Ingreso Básico Universal. Entonces sí recrearemos todos –los trabajadores activos y los pasivos, los más humildes– la movilización de las fuerzas populares detrás de una nueva epopeya social.

Esta semana asistimos al espectáculo grotesco de dos ministros, Matías Kulfas y Juan Zabaleta, junto a las más conspicuas figuras de neoliberalismo autóctono, encabezadas por Horacio Rodríguez Larreta en la reunión de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). El CIPPEC es uno de los más importantes think tanks del neoliberalismo, el cual se encuentra comandado por una directora ejecutiva llamada Gala Díaz Langou, quien en el encuentro se dedicó a desmerecer las políticas de inclusión social. La acompañó el director de Protección Social de la entidad, Rafael Rofman, ferviente defensor de los regímenes de capitalización individual y detractor de cualquier plan de inclusión social, ex funcionario del Banco Mundial, donde fungió como especialista líder en Protección Social para América Latina. Bueno sería saber qué hacían dos ministros de un gobierno nacional y popular validando tanta mugre neoliberal. Pero así es la realidad: si el Ministro de Economía se reúne en el Llao-llao con el llamado círculo rojo, y otros ministros relevantes con el más descarado neoliberalismo local, podemos entender por qué nuestro país no tiene una estrategia de protección social. Debo confesar que ¡mi alma llora!

 

 

El economista Bernardo Kosacoff, los ministros Kulfas y Zabaleta y autoridades del CIPPEC en la cena anual de la organización.

 

 

En un reportaje de Daniel Tognetti en AM 530, Álvaro García Linera, ex Vicepresidente de Bolivia, dijo: “La mejor manera de consolidar el progresismo es siempre transformando, no estabilizando. En la estabilización nos va a ir mal, en la transformación nos va a ir mejor y vale la pena arriesgarse a transformar. No puedes transformar la vida de los más humildes administrando, lo que vas a administrar es la pobreza; no vas a superar la pobreza, entonces ya no eres progresista, te has convertido en un partido más del establishment, con otro rostro, con otros nombres, pero ya eres establishment. El progresismo debe dejar de ser establishment y volverse a plantear un nuevo horizonte de transformación, con los riesgos que eso significa. Pero vale la pena arriesgarse si el objetivo final va a ser menos pobres en tu país, más alegría de tu gente sencilla, más fuentes de trabajo para las personas, más bienestar para la familia que quiere mandar a su hijo a la escuela”.

Debemos dejar de administrar la pobreza y transformar la realidad: ese fue el compromiso asumido por el Frente de Todos, y es responsabilidad de cada funcionario y dirigente cumplir lo acordado.

 

 

 

 

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