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La Corte Suprema incurre en falta de resolución en plazo razonable en cuestiones ambientales

 

Las asociaciones civiles Foro Medio Ambiental (FOMEA) San Nicolás, Generaciones Futuras y Cuenca del Río Paraná realizaron una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), para ser tenidos en cuenta como amicus curiae (amigos del tribunal) en el caso “Spoltore Vs. Argentina”. Plantearon “la falta de resolución de causas judiciales en plazos razonables”, que no solamente “ocurre en las instancias inferiores sino incluso en la propia Corte Suprema de la Nación”. Mencionan la causa “Carboquímica del Paraná” y sus dos expedientes, uno que se encuentra en el juzgado de primera instancia y el otro en la Corte Suprema. Ninguno de los dos cuenta con resolución. “El amparo original iniciado en 2014 lleva seis años, y el incidente de trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue presentado en junio de 2017 mediante recurso extraordinario, para resolver una medida cautelar que logre el cese del desastre ambiental”.

“Pese a los graves hechos de contaminación acreditados que se pueden calificar de desastre ambiental, pese al fallecimiento del niño Misael Sanchez por malformación de su corazón, pese a los numerosos niños, niñas y adultos afectados gravemente en su salud, la industria en cuestión sigue trabajando como si nada hubiera pasado contaminando el ambiente y perjudicando la salud pública”, señalan en el escrito ante Corte IDH sobre Carbóquimica del Paraná y expresan que “el Poder Judicial de la Nación, violando la garantía de plazo razonable, no pudo aportar ni siquiera una solución cautelar de tan grave hecho”. Al escrito lo acompañan los abogados que representan a las asociaciones civiles ambientales: Fabián Andrés Maggi; Lucas Landivar y Juan Ignacio Pereyra Queles. Maggi explica brevemente lo que sucede con Carboquímica.

 

 

El Juzgado Federal Penal nº 2 de San Nicolás obligó a las víctimas denunciantes — personas humildes y vulnerables— a aportar el dinero necesario para que se practique el peritaje oficial destinado a constatar la contaminación denunciada. El alquitrán de hulla afectó seriamente la salud de los habitantes de esa zona, que finalmente debieron abandonar sus viviendas. Misael Sanchez nació el 27 de agosto de 2014 y el 28 de agosto fue trasladado al hospital de niños Ricardo Gutiérrez, operado de urgencia de una cardiopatía congénita producida por el medio contaminado en el que vivía. El 10 de febrero de 2015 falleció. Los integrantes de esa comunidad de pescadores que vivían a orillas del rio Paraná debieron abandonar sus hogares y modos de vida, forzados por la masiva contaminación con alquitrán de hulla.

A pesar de que los resultados de laboratorio acreditaron contaminación, nunca se avanzó en la sanción penal de responsables. Además del fallecimiento de Misael existen otros niños que padecen graves daños en su salud. Una niña presenta problemas de desarrollo físico e intelectual, atribuibles a la contaminación ambiental. La exposición crónica afectó su neurodesarrollo. Padece trastornos respiratorios y de la piel. Otro niño de escasa edad posee serias dificultades para hablar. A los seis meses estuvo internado, presenta gran actividad de sus ganglios, problemas digestivos, hepáticos, renales, de desarrollo físico y mental. Es paciente del hospital San Felipe de San Nicolás. Actualmente el amparo ambiental de la causa “Carboquímica del Paraná” se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la espera de que el máximo tribunal se digne a dictar una medida cautelar que logre el cese del desastre ambiental que propaga esa empresa. Ricardo Lorenzetti —cuando presidía la Corte- , inauguró la Oficina Ambiental el 24 de abril de 2014, diciendo: “Es falso prometerle un futuro a los jóvenes si no nos ocupamos de la cuestión ambiental”.

 

 

Lo que pregona en sus libros Lorenzetti y los parámetros que impulsa —como que la prevención del daño ambiental futuro tiene prioridad absoluta—, parecen no aplicarse en la práctica. Así lo señala Fabián Maggi.

 

 

En el listado de los expedientes sin sentencia firme presentados en el escrito ante la Corte IDH se encuentra la causa ProchemBio, empresa ubicada en el parque industrial COMIRSA del partido de Ramallo, que comparten los municipios de San Nicolás y Ramallo. El amparo ambiental se inició el 10 de abril de 2015, luego de cuatro años de engorroso trámite y de haber realizado cinco informes periciales ordenados y controlados por los jueces del Tribunal de Trabajo nº 2. Concluida la etapa probatoria, el Foro Medio Ambiental San Nicolás presentó un escrito para que el Tribunal proceda al dictado de sentencia pero luego de haberse extendido cuatro años, contando con peritajes previos y varios informes de universidades públicas, retrotrajo el proceso a la realización de nuevos estudios, cuando ya estaba acreditado que la empresa ProchemBio no contaba con las habilitaciones necesarias. “El propio Tribunal se encargó de generar un proceso laberíntico que ya lleva cinco años de trámite”, señala el escrito.

Se había acreditado mediante documento oficial del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que la industria demandada ProchemBio “incumple ítems fundamentales de las necesarias habilitaciones ambientales, afirmó el OPDS: a) Recurso Hídrico subterráneo no cumplen…b) emisiones gaseosas no cumplen…”. ProchemBio es una empresa productora de agroquímicos y, como tal, generadora de corrientes de desechos contaminantes, resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios. Se detectaron numerosas irregularidades  y dos accidentes. El más grave de ellos fue la violenta emanación de gases de clorpirifós —insecticida sumamente tóxico—, que causó lesiones gravísimas a un operario. Vapores que siguieron su acción en la atmósfera.  El otro fue la explosión de una caldera involucrada en el proceso de elaboración de sustancias químicas.

Edgar Panigatti es vecino del barrio Somisa de San Nicolás, integrante y fundador de FOMEA y una de las víctimas directas de ProchemBio. “No está habilitada legalmente pues nunca tuvo al día los certificados pertinentes y ADA, que es el ente del control del agua, nunca la habilitó para extraer agua del subsuelo. No se sabe los miles de litros que consume a diario para elaborar sus productos, no tiene cámaras de toma de muestras y tampoco para los efluentes líquidos que esta probado que van a parar al arroyo y al rio Paraná,”, dice Edgar, que vive encerrado para salvarse de la contaminación. “El impacto en el ambiente en caso de los efluentes gaseosos es de gran magnitud cuando el viento sopla del este en horas de la tarde-noche, y principalmente cuando la presión es baja, dado que los olores son realmente insoportables”, explica. “Hay que cerrar puertas y ventanas para no respirar venteos que suelen durar hasta altas horas y contienen fenólicos, fosforitos, clorados, ácidos o amoniacales . Siempre se hacen en horarios donde saben que no son controlados por inspección alguna”.

Panigatti vive a escasos cuatrocientos metros de la planta en línea recta —arroyo por medio—, y es uno de los afectados directos. La primera denuncia que realizó fue en 2009, cuando le advirtieron de una gran humareda negra en el Parque Industrial y  constató un incendio que, según explicaron después los responsables, se debió a que estaba un operario quemando el pasto y accidentalmente el fuego se desmadró y tomó contacto con bidones vacíos. “Nunca se pudo comprobar si fue así o si estaban llenos. Hice la denuncia telefónica a la unidad de respuesta rápida de OPDS, que debía venir rápidamente, pero no fue así. Vinieron al día siguiente y constataron en la inspección varias irregularidades e infracciones que llevaron a que estuviera clausurada casi dos meses en forma preventiva parcial”, sostiene.

“Como de costumbre la empresa, a pesar de la clausura, siguió trabajando de noche. En total tengo más de ocho denuncias sin ningún avance positivo”, dice Panigatti. También hay denuncia de la Comision Vecinal del barrio por las quejas reiteradas y el temor a la contaminación. Sobre las consecuencias señala que son “quemazón de las copas de los arboles del lado del barrio Somisa, pastos, plantas de jardín, huertas y plantas secas del lado de la barrera de árboles frente al parque costa de Ramallo. También existe una denuncia penal de su vecino de planta, la empresa lindera, a la cual le quemó toda la barrera de pinos que habían plantado y enfermó a varios de sus empleados”, señala.

Además existen pruebas objetivas de que ProchemBio contamina su entorno ambiental. Se extrajeron muestras que acreditan que la empresa incorpora en el ambiente sustancias tóxicas a través de efluentes gaseosos contaminados, que se incorporan a cursos de aguas por efecto de las lluvias. En un expediente que tramita en el Juzgado Civil y Comercial nº 4 de San Nicolás se realizó una prueba pericial en la que participó el Centro de Investigación Medio Ambiental (CIMA) de la Universidad de La Plata. Detectaron niveles escandalosos de glifosato, AMPA y 2,4D en la vegetación del predio vecino a ProchemBio, en los canales internos de esa misma empresa, que luego desaguan sin ningún tipo de tratamiento en aguas pluviales. También en la vegetación dentro del predio. La prueba se realizó con presencia de los abogados de ProchemBio y las muestras se tomaron mediante hisopados del suelo, materia vegetal y alrededores de la empresa. Se realizó el hisopado de los techos de las empresa, de los desagotes pluviales. Los valores de glifosato, AMPA y del peligroso 2,4D se detectaron en niveles exorbitantes.

Los socios y gerentes de la empresa ProchemBio son los hermanos ramallenses Alfredo e Iván Marun. Ambos partidarios del PRO Ramallo, sus respectivas esposas figuraron como aportantes truchas de la campaña 2015. Rosa Maitena Serna fue candidata a consejera escolar por la lista del PRO, que perdió en las PASO contra el radical Ariel Santalla y que encabezó como candidato Gustavo Perie, que llegó a la intendencia finalmente el pasado 10 de diciembre. Serna figura como aportante con 19.000 pesos. Pude hablar con ella por chat de Facebook en julio de 2018.

—Hola Maitena, te quería preguntar si habías sido aportante de la campaña de Cambiemos en 2015.

Nooo para nada. Sí mi apoyo y mi apellido con mucho orgullo y que pase esto ni me gusta. Pero es parte del juego.

El diálogo se interrumpió y Serna se excusó seguir respondiendo mis preguntas porque era el cumpleaños de su marido Iván Marun, hermano de Alfredo, que está casado con Victoria Giani que figuró como aportante trucha con 13.000 pesos. La lista que compitió en Ramallo y perdió en las primarias de 2015 estaba integrada por amigos y familiares de Perié que no objetaron aparecer como prestanombres, figurar como aportantes de una plata que no pusieron pero que necesitaba de ellos para el blanqueo. Desde la empresa ProchemBio salieron algunos cheques para pagar favores en la última campaña de Gustavo Perié. Es difícil que asuma una posición como mandatario y custodia de un ambiente sano cuando sus amigos y socios de ProchemBio son contaminantes y responsables de los malos aires de la zona.

 

 

A la izquierda (flecha roja), el intendente Gustavo Perié. Arrodillado, Ivan Marún. Derecha, su hermano Alfredo.

 

 

El caso de Victorio Spoltore —que tuvo su audiencia ante la Corte IDH el 5 de febrero— se relaciona con la alegada demora y denegación de justicia en un proceso laboral derivado de la demanda por indemnización por enfermedad contra la empresa Cacique Camping S.A, que se tramitó ante el Tribunal del Trabajo N° 3. Proceso que inició el 30 de junio de 1988 y culminó el 16 de agosto de 2000, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos interpuestos por Spoltore contra la sentencia de primera instancia que también rechazó su pretensión indemnizatoria. El proceso tuvo una duración de doce años y ese tiempo que tardó el reclamo judicial de indemnización no fue debidamente justificado por el Estado, resultando excesivo y violatorio de la garantía de plazo razonable.

“El propósito de la presentación es acompañar a la familia Spoltore y a los profesionales que la representan en el pedido de justicia ante la Corte Interamericana”, expresa Fabián Maggi sobre las razones del amicus curiae. “Nosotros tomamos conocimiento de esa causa y encontramos ahí una extraordinaria similitud con lo que sucede en los tribunales de trabajo de San Nicolás. Tribunales donde por sorteo de amparos ambientales hemos tenido que lidiar con trámites de algunos juicios ambientales, como la causa ProchemBio”. El propósito —explica Maggi— es acompañar y hacerle ver a la Corte IDH “que no sólo son los hechos que ha denunciado la familia Spoltore los que evidencian las demoras en los plazos razonables por parte de las autoridades judiciales, sino que se trata de una violación sistemática. No es casualidad que donde se verifique el mayor grado sea el fuero laboral”, remarca. En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández expresó que “una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada”. Eso es lo que está pasando cuando existe un letargo judicial en cuestiones ambientales.

 

 

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