Hechos, no palabras

Los discursos del gobierno deben transformarse en políticas que pongan fin a los femicidios

 

El 3 de marzo a la mañana un periodista twitteó sobre un femicidio en General Madariaga: un policía mató a su mujer luego de enterarse de que lo iba a denunciar por abusar de su hija de 13 años. “Sesenta femicidios en sesenta días”, decía una cuenta que twitteó la misma noticia. Debajo, las respuestas se repartían entre arrobar al Presidente, lamentar que el hombre se hubiera suicidado (“porque merecía sufrir en un calabozo toda su vida”), resaltar el patrón de la violencia de género en la policía y pedir basta, basta, basta.

Las redes sociales, las noticias y la realidad se conjugan en una misma sensación de ahogo: esta es una encrucijada y, al momento, por más voluntad política que se exprese, parecería no haber una solución. Pero tiene que haberla y todas las partes dicen que están trabajando para encontrarla. La dimensión burocrática (que debería atender y prevenir estos casos) y la dimensión social (que difunde, condena y pide que se haga algo) están más interrelacionadas que nunca en el discurso público. Y el gobierno también lo conjuga en el propio.

“Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad”, dijo Alberto Fernández el 1º de marzo en el Congreso. “Lo hicimos con Memoria, Verdad y Justicia, ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias (…) La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, destacó. Con una alusión a la lucha de los organismos de derechos humanos, la violencia de género fue el tema que antecedió a la ratificación del Presidente de impulsar una reforma judicial en nuestro país. La ineficiencia del sistema de justicia que se evidenció en las demandas de los colectivos feministas tras el femicidio de Úrsula, Guadalupe e Ivana llegó al discurso de su segunda apertura de sesiones.

 

 

 

 

Las feministas ya habían recuperado las consignas de los organismos reversionándolas en la actualidad. “Si no hay justicia, hay escrache”, la frase que popularizó H.I.J.O.S. a mediados de los ’90, fue una consigna tomada prácticamente de hecho porque, es importante destacarlo, no hubo una coordinación ni un colectivo específico abocado a esto. La masificación del feminismo a mediados de la década pasada llevó a que se volviera más opaca la falencia del sistema que presuntamente previene, interviene y actúa sobre casos de violencia de género de todos los niveles. La demanda en 2021 es, justamente, que los femicidios se pueden prevenir si hay una estructura que atiende y acompaña a las víctimas desde su primer pedido de ayuda.

De acuerdo al Observatorio Mumalá, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021 se cometieron 47 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios: uno cada 30 horas. El 17% de los casos fue perpetrado por integrantes de fuerzas de seguridad. Se destacó además un aumento en el porcentaje de denuncias previas que habían realizado las víctimas: un 9% respecto a meses anteriores. El delito de femicidio es la punta del iceberg. En ese sentido, la violencia de género es tan sistemática como el resto de las violencias, y el discurso de AF asume un compromiso para que el Estado la entienda también de esa manera.

 

 

Los ojos puestos en el Poder Judicial

“El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no hacen nada”, dijo Cristina Fernández de Kirchner el jueves, en su alegato en la causa “dólar futuro”. El martes pasado el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, también llamó la atención sobre el tema: “El Poder Judicial tiene que escuchar. O se transforman, o se van de un poder que busca igualdad y justicia”, planteó.

 

 

En respuesta, el padre de Micaela García, Néstor Yuyo García, escribió que “esas palabras aparecen como un haz de luz frente a la tristeza, la desesperanza y la impotencia que nos da cada nuevo femicidio; porque recordamos que detrás de una denuncia o expediente cajoneado en un juzgado ha estado la vida de una nuestras hijas”. La lucha que Micaela García llevó a cabo en su vida, que fue retomada por su familia y los feminismos tras su femicidio, se materializó en la Ley Micaela de capacitación obligatoria a agentes del Estado en perspectiva de género. Pero como dijo Yuyo en su mensaje, la Justicia pareciera sentirse inmunizada ante deberes de esta urgencia: “¿Están la Justicia Federal y las provinciales capacitándose? ¿Se está citando a los agentes judiciales a capacitarse? ¿Se está sancionando a las personas que se niegan a capacitar? ¿Se sancionará a aquellas personas de la Justicia o del Estado que no proceden acorde a la perspectiva de género y que, por ello, no evitan femicidios y otros delitos graves?”, se preguntó. Los cuestionamientos son pertinentes en un contexto en el que la pelota rebota en la puerta de los Tribunales, adonde se “manda” a las mujeres a denunciar sistemáticamente desconociendo cuáles son las formas que cobran muchas veces las respuestas judiciales: re-victimización, cajoneo, archivo, silenciamiento, desconfianza en su palabra, sometimiento a peritajes exhaustivos y violentos, cuestionamiento sistemático de sus vivencias; sin mencionar los tiempos judiciales y cómo eso afecta a las víctimas que, además, muchas veces ni siquiera poseen los recursos necesarios para sostener tamaña tarea como la de ir a tocar las puertas del Poder Judicial y esperar que haga su trabajo.

Los activismos y las feministas dentro de la justicia y el Poder Ejecutivo insisten: cada 30 horas hay un femicidio nuevo, la noticia corre, los medios hegemónicos hacen lo suyo mientras las redes de feministas se activan buscando contener, por un lado, el horror persistente de una violencia prevenible; por el otro, la repercusión pública, cómo se cuentan las historias, cómo se cuida a las familias, los amigos, las amigas y las comunidades de las víctimas. Y, con paciencia, se repiten las demandas. Un grupo de mujeres autoconvocadas presentó el pasado 17 de febrero al Presidente una carta con nueve puntos a atender de forma urgente, entre ellos la declaración de una emergencia nacional por violencia contra las mujeres y las disidencias, una coordinación efectiva entre los órganos judiciales para la atención de los casos, capacitación sistemática para los actores judiciales involucrados, reforzamiento de las medidas perimetrales, sanción a los funcionarios o miembros de las fuerzas que incurran en errores graves a la hora de atender las denuncias e inclusión de perspectiva de género en la reforma judicial, entre otras. El marco que dio la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres necesita de una acción incisiva y determinada sobre el aparato judicial. El contexto de impulso de una reforma judicial podría oportuno para avanzar también en ese sentido.

 

 

La vieja respuesta punitivista

Cada vez que los delitos escalan e impactan en la agenda pública, un sector de la sociedad desempolva la vieja receta de aumentar las penas. Cuando se trata de violencia de género la respuesta muchas veces es la misma. Días atrás la diputada entrerriana del Frente de Todos, Carolina Gaillard, presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal incorporando un artículo por el cual se agraven las penas si un agresor incumple con la restricción perimetral impuesta en una causa por violencia de género y cuando un funcionario demore o incumpla con la disposición de las medidas. Observar el accionar de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial en los últimos casos de violencia lleva a pensar que hace falta un esfuerzo que exceda la sola aplicación del derecho penal.

Claudia Cesaroni, abogada penalista y referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), considera en diálogo con El Cohete a la Luna que este tipo de respuestas punitivas no sirven porque llegan siempre tarde, cuando el daño ya está hecho y hay una nueva víctima. “La perimetral no es un cerco electrificado que impide que el agresor pase. Es una orden y gran cantidad de veces no alcanza. Vos podés amenazar al agresor con 100 años de cárcel, con la pena de muerte, pero muchos de ellos por su constitución psíquica o por el nivel de impunidad que manejan no la van a cumplir, entonces aumentar la pena no sirve”.

Al igual que Cesaroni, una parte de los feminismos sostienen que la respuesta punitivista no es eficaz por ser tardía y que el eje debe ser puesto en la prevención y en una evaluación eficiente sobre la situación de cada víctima. La abogada explica: “Hay un momento previo a la violencia brutal o mortal, y no hay una única respuesta para evitar ese desenlace. Hay mujeres que necesitan solamente una escucha para poder alejarse de una relación violenta, otras que necesitan un lugar donde vivir porque tienen dependencia económica, o ayuda para conseguir un trabajo, otras que necesitan una respuesta claramente penal. Además la respuesta penal no puede ser siempre la cárcel. Me parece que, cuando decimos que la justicia no atiende como corresponde los casos de violencia, se nos pierde la multiplicidad de situaciones que existen”. En tal sentido, la abogada celebró la decisión del Ejecutivo de inaugurar esta semana Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una herramienta de prevención que excede al ámbito penal.

 

 

 

El punitivismo se extiende además al entorno del varón femicida, su familia, su comunidad. Un claro ejemplo fue la violencia y el repudio generalizado de los medios de comunicación por la decisión de la justicia de otorgarle una salida transitoria a Eduardo Vásquez, el femicida de Wanda Taddei, para que participara de la fiesta de 15 de su hija. Cesaroni fue de las primeras en marcar el derecho de la joven a compartir ese momento con su padre, quien cumple su condena a prisión perpetua en 2010. “Además de ser una persona condenada por un delito gravísimo, es entre otras cosas un padre. Y su hija no cometió ningún delito, tiene derecho a estar con su papá en uno de los días más significativos en la vida de cualquier adolescente”, remarcó.

 

 

 

“El punitivismo se expresa en la idea de que una persona que cometió un delito se tiene que transformar en una especie de muerto en vida. Todas las personas que cometen delitos graves siguen teniendo derechos –reflexiona la abogada–. El ejercicio de estos derechos no tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con que siguen siendo personas, y también lo son sus familias, que no cometieron ningún delito”.

 

 

Un nuevo 8M

Sin dar la espalda a estos debates, complejizaciones y transformaciones de época, los colectivos feministas convocan a acciones en todo el país bajo el abanico de consignas en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hace apenas un año, antes de la cuarentena, el evento “Nosotras movemos el mundo” reunió al Presidente junto con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en la Ballena Azul del CCK, para expresar los compromisos del gobierno con la agenda feminista. Allí Fernández ratificó su compromiso con la legalización del aborto y esa promesa se cumplió. La consigna que se destaca este año es, sin dudas, la de la lucha contra los femicidios. De la misma manera que aquel 3 de junio de 2015 miles de mujeres se movilizaron por primera vez por los femicidios, instaurando la consigna #NiUnaMenos, provocando una bola de nieve que masificó al movimiento e incluso influyó en la agenda de otros países, hoy el 8M encuentra a los feminismos, el Ejecutivo y el Poder Judicial en un momento histórico. Ya no se puede mirar hacia otro lado porque las responsabilidades están repartidas. Es la hora de la acción: que se tomen cartas sobre el asunto o no definirá el grado de compromiso de las instituciones con nada más y nada menos que la vida de las mujeres, lesbianas, travestis y trans de la Argentina.

 

 

 

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