HERMANA

Un pedido de revisión de la libertad de los asesinos de Graciela Pane

 

Embarazada, atada con alambre, torturada, con dientes rotos y tres disparos, fue hallada en los bosques de Ezeiza, el sábado 4 de octubre de 1975, el mes previo a que cumpliera 23 años.

Graciela Carmen Pane conocía la represión, a la que nunca le quitó el cuerpo. Dos años antes había sido llevada por un grupo con ametralladoras, cerca de la estación Avellaneda, que también arrió a Miguel Falasco, Eduardo Grinstein, Norberto J. Hernández, Omar López y Mario Pisan, según la lista que denunciaron Silvano Fanizzardi y Adolfo Zemb, del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica (UTN). Aquel secuestro del 10 de abril de 1973 se daba un mes después de las elecciones que dieron el triunfo a Héctor Cámpora, con la dictadura de Alejandro Lanusse en retirada.

Fueron llevados a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda-Lanús, con sede en la calle Pavón, según los testimonios que pudo reconstruir Liliana Pane en busca de los destinos de su hermana.

Esa Brigada reclutaba a los más conspicuos torturadores a las órdenes del comisario Ernesto Verdún, desde finales de la década del ’60, algunos de cuyos nombres fueron revelados en notas de Rodolfo Walsh en el Semanario CGT.

Su sucesor fue el comisario inspector Oscar Moler, quien heredó el personal que incluía al oficial principal Arturo Carlos Figueroa y sus camaradas Ruben Buhot, Roberto Mario Rocha, Velti Mario Edio Baez, Francisco Eulogio Pandullo, Carlos Horacio Sánchez, Manuel Eulogio Cortez, Andrés Alejandro Robledo, Antonio Enrique Hudson y Mario Delfín Rojas.

Ese era el personal contemporáneo a los secuestros de Pane y sus compañeros. Ella fue la última en salir porque se negaba a admitir o firmar nada ya que –decía– “no hicimos nada malo, pintar paredes no es ningún delito y todos tenemos que salir en libertad”. Su detención debió cesar por la presión social.

Luego de los 49 días de democracia de Cámpora, un golpe de Estado permitió la asunción del yerno de José López Rega. Entonces, la Policía Bonaerense ascendió a algunos de sus esbirros. El comisario inspector Oscar Moler asumió la Dirección de Seguridad Personal en la Jefatura Bonaerense. Su lugar en Avellaneda fue ocupado por Miguel Osvaldo Etchecolatz, que hacia finales de los ’60 había arribado a la titularidad de la Comisaría 1a.

En esa ciudad, Graciela, afiliada a la Federación Juvenil Comunista, siempre militó por los derechos estudiantiles, primero en el secundario y luego en la UTN de Avellaneda, donde estudiaba Ingeniería Química y había sido elegida delegada por su curso.

En el quiosco del Centro de Estudiantes trabajaba su hermana menor, de incipiente pasión por el canto (ya no vivían juntas, Liliana había formado pareja en 1971). Ambas, según denunciaron ante el juez de Lomas Mario Moldes, sufrían “amenazas de muerte de parte del funcionario de la UTN Carlos Alberto Polo, del rector Agustín Monteagudo y de su colaborador Raúl Bronzzini”.

Graciela Pane.

En la noche del 2 de octubre, cuando salía de la Universidad, la siguieron en el colectivo hasta su casa en Ferré 578, Sarandí. Desde dos autos sin inscripciones bajaron tipos armados con fusiles FAL a llevarse para siempre a Graciela.

Entonces se dio otra paradoja mortal: “El cuerpo, abandonado en Ezeiza, fue hallado por un bombero de la Policía Federal que era hermano adoptivo de mi marido. Después lo mataron y culparon al terrorismo, cuando en realidad lo mató la propia Policía”, según relató Lina en un acto militante (minuto 8.40).

Luego del fin de semana del hallazgo, el rector Monteagudo exaltó la tarea “pacificadora” de la “misión Ivanissevich”, ex ministro de Educación:

“Quienes no lo comprendan, sufrirán las consecuencias” –advirtió.

Oscar Ivanissevich, de 79 años, era el nazi que reemplazó a Jorge Taiana con la tarea de frenar la avanzada de revolucionarios en ámbitos universitarios. Contó con la colaboración de rectores como el de la UBA, el de Lomas de Zamora y el de la UTN de Avellaneda. Aunque se había ido del Ministerio en agosto, su “misión” fue continuada por Pedro Arrighi hasta el golpe de 1976.

La madre de Pane, Ermelinda Rosa Roche procuró un pronunciamiento político en Avellaneda; los pocos que se animaron a darlo se cuidaban muy bien de agregar un repudio al intento de Montoneros por tomar un cuartel en Formosa, sin relación con este crimen. La madre se refugió en las letras y escribió su carta: “A los jóvenes, para que sepan por qué mataron a Graciela. No se acobardó nunca ante las amenazas de los verdugos. Quería ser científica, saber cada día más para ayudar a combatir los males, las enfermedades y trabajar en algún laboratorio, porque sufría por la gente. Sabía que sus ideales triunfarían. El fascismo también lo sabía y no dudó en destrozar su cerebro. Me queda la certeza de que sus ideas no están muertas y que servirán para inspirar a miles de jóvenes que luchan como ella y junto a ella porque las bestias no puedan matar a ningún ser humano más”.

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) decretó conformar el Consejo de Defensa con el mismo verbo que luego del copamiento en Azul, en 1974, usara Perón: “Ejecución de operaciones militares y de seguridad y a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. La Presidencia de la Nación había quedado en manos de Ítalo Luder desde el 13 de septiembre, debido a una licencia que se tomó Isabel Perón por problemas de salud que la llevaron a recluirse, custodiada por las esposas de los tres jefes de las Fuerzas Armadas.

 

 

La memoria, por escrito

Liliana Lucía Pane pasó a ser Lina y a adoptar su ciudad, Avellaneda, como apellido artístico con el que hizo carrera dedicada a cantar tangos.

Lina Avellaneda.

A 45 años del golpe, recuerda aquellos tiempos: “Mi padre no pudo entender la situación, se enfermó y murió al poco tiempo. Mi madre, a los 80 años, todos los días preguntaba por los avances de la causa”.

Se dispuso a volcar en un libro los recuerdos sobre su hermana: “Graciela nació un 16 de noviembre de 1952. Estudió desde su niñez piano y danza clásica. Fue abanderada de su colegio secundario Nacional Canadá (hoy, Simón Bolívar). A los 22 años se casó con Hugo García; al poco tiempo quedó embarazada”.

Antes, el soporte de la memoria había sido una web. Allí detallaba: “Esta es la biografía de mi hermana que, sin embargo, su luz, su imaginación, su visión de futuro, su compasión y su bonhomía de hermandad no se pueden biografiar y son la esencia que definen mejor a Graciela Carmen Pane, mi hermana”.

 

 

 

 

El apoyo de la comunidad

Desde 2006, el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) acompañaron a los familiares en el reclamo por retomar el esclarecimiento del crimen. “Buscamos uno a uno los testigos que fueron confirmando estas denuncias, hasta que el 29 de junio el Juzgado Federal a cargo de Norberto Oyarbide asumió como convincentes las denuncias y ordenó el llamado a indagatorias y posterior detención preventiva (de Carlos Polo) bajo el cargo de partícipe necesario”.

Para 2008, los abogados Liliana Mazea y Carlos Zamorano presentaron nuevas pruebas y pidieron que se citara a declarar al rector Agustín Monteagudo.

En la última década, el mar de la memoria se mantuvo con los afluentes de distintos ríos, desde el arte hasta la política.

La artista Patricia Pérez supo de la vida y de la muerte de Graciela por boca de su madre, lejana familiar política de la señora de Pane, y la homenajeó con la escultura de un busto.

A mediados de 2012, el intendente Jorge Ferraresi impuso el busto y su nombre en la plazoleta Mujeres Argentinas de la avenida que conecta el viaducto de Sarandí con los altos de Avellaneda y la Avenida Belgrano.

 

El homenaje de Jorge Ferraresi.

 

En 2015, Polo fue llevado detenido al penal de Marcos Paz. En su fundamentación, el juez detalló:

“(…) el presente incidente se formó en el marco del Legajo de Investigación N° 100 de la causa 1075/2006. En aquel se investiga la privación ilegal de la libertad y homicidio de quien fuera Graciela Carmen Pane Rocha de García. Dicho legajo se formó a su vez en el marco de la causa en la que, el 26 de diciembre de 2006, el suscripto declaró como ‘delito de lesa humanidad’, cuyo objeto procesal se circunscribe a la investigación del accionar de la organización terrorista parapolicial ‘Triple A’, que operó entre 1973 y 1975, dedicada al asesinato de toda militancia de izquierda que tuviera una actividad política pública; la eliminación de los comunistas y desafectos al gobierno (…)”.

En cuanto a Polo, subrayó que “no parece atinado predicar que está soportando una restricción excesiva”:

“No es que proceda el encierro preventivo de Polo únicamente por la gravedad del hecho que habría cometido, sino porque se abriga el temor fundado de que ponga en riesgo los fines que el Estado persigue con este proceso, temor que –en todo caso– se deriva de la gravedad de la conducta por la que se encuentra procesado, pero sólo indirectamente. La distinción no es menor por cuanto entiendo que es la única que compatibiliza el derecho de la sociedad y del Estado a hacer Justicia con las legítimas garantías que amparan al justiciable, del que no parece atinado predicar que está soportando una restricción excesiva o injustificada de sus derechos con causa en este proceso, en el que –reitero– se investigan hechos de una gravedad inusitada y que ha costado muchísimo tiempo a la Nación el poder abordar”.

Razón no le faltaba: otro de los imputados, Bronzzini, se fugó, hasta 2016, cuando renunció Oyarbide. Sus abogados apelaron y lograron la excarcelación de ambos. Pasaron el caso a otro tribunal y cuestionaron que se hubiese acreditado el crimen como obra de la Triple A. Se regresó a foja cero, aunque los liberados siguen imputados.

 

 

El abrazo colectivo

Más allá de las disquisiciones legales, la comunidad acompañó a las víctimas.

 

Una escuela lleva al nombre de Graciela Pane.

 

En 2018, la calle General Acha, que pasa por la esquina de su escuela, pasó a llevar el nombre de Pane, al igual que Ferré al 500, de Sarandí. En esa localidad, un nuevo colegio secundario, el 28, pasó a llamarse Graciela Carmen Pane por elección de los estudiantes, con aval de las autoridades provinciales. En ese 2019, el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó que el nombre de Graciela le fuera otorgado al Parque de la UTN de Villa Domínico, de donde salió por última vez antes de su secuestro.

Lina espera que los Tribunales de Lomas de Zamora “hagan lugar al pedido de revisión de la libertad de los asesinos o sus mentores y se los lleve a juicio”. El último 6 de septiembre, en el Concejo Deliberante, el bloque del Frente de Todos presentó un proyecto para que el libro Cartas a Gracielita, que editará Liliana Pane, sea declarado de Interés Legislativo y Municipal. La presentación corrió por cuenta de Maia Lata, con aval de Héctor Villagra, titular del bloque, y Hugo Barrueco, presidente del Cuerpo.

En el prólogo aún inédito, al que tuvo acceso El Cohete, Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, destaca que “este libro es una muestra más de nuestra lucha por la verdad y contra el olvido. Y como bien decís, entre Graciela y vos ‘siempre habrá una ternura inmensa que durará toda la vida’ y pienso que se proyecta, también, más allá de nosotros”.

 

La generación de las mejores.  

 

 

 

 

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