A punto de cumplirse dos meses del comienzo de los incendios en el noroeste de Chubut, eclosionaron numerosas líneas de conflictos que van desde las más evidentes y dramáticas hasta las maniobras políticas y económicas que se cuelan en la oportunidad, pasando por fallas estructurales de los Estados. La organización comunitaria y las brigadas vecinales de la Comarca Andina fueron decisivas para proteger Villa Lago Rivadavia, pequeño asentamiento rural dependiente del municipio de Cholila alcanzado por un frente de fuego el miércoles 21 a la noche. El cerrojo informativo es la estrategia institucional dominante ante la población directamente afectada, a diferencia de años anteriores. El Ministerio de Seguridad de la Nación absorbió el Servicio Nacional de Lucha contra el Fuego, pero eso no significó mejoras en el equipamiento: volcó una motobomba y quedó fuera de servicio, el equipamiento es obsoleto y no reponen materiales. Ni hablar de la viandas, que corren por cuenta de las comunidades, movilizadas y solidarias.
Son tres los incendios activos al cierre de esta nota, abarcando unas 30.000 hectáreas, según el relevamiento realizado por Greenpeace Argentina, que corrige y precisa la información oficial del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El más preocupante por la magnitud y comportamiento surgió dentro del Parque Nacional Los Alerces, que se escapó por el noreste hacia jurisdicción provincial; por el este, un cordón montañoso lo separa del ejido de Esquel. Están contenidos, aunque activos, los incendios del área protegida El Turbio y el de Epuyén. Las condiciones meteorológicas y el comportamiento del fenómeno hacen que el incendio de Alerces tienda a absorber el de Epuyén, distante a unos 40 kilómetros al norte en línea recta, en los puntos más cercanos, según advirtió un técnico que trabaja en el terreno.
Las prácticas autoritarias históricas de la Administración Nacional de Parques Nacionales (ANPN) para con los pobladores y las comunidades de pueblos originarios estallaron en plena emergencia, cuando las familias advirtieron que el combate dentro del bosque no alcanzaba a detener el fuego en Alerces. La Asociación de Pobladores se autoconvocó y exigió participar de una reunión con Sergio Martín Álvarez, presidente del directorio de la ANPN, donde se cuestionó la actuación de Danilo Hernández Otaño, intendente del parque que arde, y de María Laura Fenoglio, jefa del Departamento de Guardaparques. No hubo convocatoria ni información sobre plan de contingencia para las doscientas personas que viven dentro del Parque, algunas de las cuales perdieron viviendas, galpones y animales, de acuerdo a los testimonios recogidos para esta nota.
En ese clima, a instancia de Fenoglio, Hernández Otaño le inició un sumario administrativo a una guardaparques que hizo observaciones técnicas sobre manejos institucionales con “impacto directo en la seguridad y en la organización operativa del personal en el terreno”. Ambos funcionarios públicos intervinieron en la persecución política, administrativa y judicial contra la Lof Paillako, desalojada del territorio hace exactamente un año en medio de un operativo tan descomunal como innecesario.
En suma, el autoritarismo de la dupla Otaño-Fenoglio y las 10.000 hectáreas afectadas en Alerces le permiten a Ignacio Torres, gobernador de Chubut, torcer la atención hacia la responsabilidad de la Nación. Pero el fuego no reconoce jurisdicciones. Primero aseguró que el incendio iniciado en Puerto Patriada (junto al lago Epuyén) estaba contenido, pero volvió a dispararse la última semana. Después, uno de los focos de Alerces alcanzó Villa Lago Rivadavia, de unos 800 habitantes estables, que administrativamente es un barrio rural de Cholila. La propia población organizó la defensa del lugar, a partir del conocimiento de algunos pobladores que supieron interpretar el comportamiento del fuego en el territorio. El Estado llegó después, para evacuar y hacer las reuniones para la foto de prensa.
En ese contexto, buena parte de los combatientes trabajan con equipos que no cumplen las normas de seguridad para el fuego, arriesgando su vida por salarios por debajo de la canasta familiar, aseguró Emanuel Pelletieri, delegado de ATE de la Brigada Nacional Sur, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), combatiente de línea desde hace cuatro años y técnico en seguridad e higiene.
La chaqueta amarilla del héroe de la temporada
Como lxs trabajadores de la salud durante la pandemia del Covid-19, lxs combatientes contra el fuego son las heroínas y héroes ideales para el discurso del poder: precarizadxs y con vocación de servicio, cautivxs del mercado laboral en negro dentro del propio Estado. Las ropas amarillas que tan bien lucen tiznadas junto al funcionario de turno están, casi siempre, fuera de norma. Es decir, no cumplen los requerimientos técnicos para ser antiignífugas, aseguró Pelletieri, explicando que las telas tienen un tratamiento especial con fecha de vencimiento. Él y sus compañerxs usan equipos vencidos hace dos años. En ocasiones, la cosen a mano al llegar al campamento base en el paraje Golondrinas, un espacio prestado que no reúne las condiciones mínimas y que ellos mismos construyeron.
En función del mensaje público, cada funcionario enumera brigadistas, vehículos y medios aéreos, inventario que difiere cuando se consulta a lxs representantes de los trabajadores. Según la dependencia laboral, registran algunas diferencias en su pliego de reclamos y urgencias. En la comarca andina actúan:
- la Brigada Nacional Sur, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias, con 55 combatientes de línea (seis cuadrillas), con contratos anuales;
- el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut (dependiente de la dirección de Bosques), con unos 350 trabajadores de planta permanente en 13 brigadas;
- los combatientes de incendios de Parques Nacionales, con contratos por temporada; y
- personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro.
Cuando a María Julia Alsogaray le ardieron los parques de la Patagonia, en 1996, el gobierno nacional creó la Brigada de Combate contra el Fuego. Hay trabajadores que siguen con contratos precarios desde entonces, sin llamado a concurso ni posibilidad de recategorizar. Un brigadista inicial cobra 980.000 pesos, frente a una canasta de 1.400.000. Ni jefes ni auxiliares de cuadrilla cobran por la función que ejercen, ni la responsabilidad que implica. El mayor salario en el grupo llega a poco más de dos millones de pesos.
Más precarizados están los trabajadores del sistema de Parques Nacionales, precisó Alejo Fardjoume, representante paritario del sector por ATE. El organismo estimó en 2023 que necesitaba por lo menos 700 brigadistas en todo el país; hoy no llegan a 400.
En Chubut, los brigadistas perciben un plus que oscila entre 250 y 270.000 pesos, que en diciembre liquidaron mal y este mes todavía no se los liquidaron, aseguró Soledad Ayail, secretaria general de la seccional Comarca Andina de ATE. “Llamarlos héroes no da de comer. Un combatiente provincial con siete años de servicio percibe entre un 1.200.000 y 1.300.000”, por debajo de la canasta básica familiar para la Patagonia. Con esos montos, los problemas recurrentes en la liquidación durante el último año ya son una estrategia de desgaste a los estatales, interpretó Soledad durante un alto de la preparación de las viandas en colaboración con Cáritas.
Navegar bajo una convectiva
“Tuvimos que navegar debajo de un convectiva para ir a retirar elementos que dejamos en el ataque inicial, en el brazo sur del lago Menéndez. Nos caían ramas encendidas. Imposible distinguir nada por el humo”, relató un brigadista del Parque Alerces durante un día de descanso, en el recambio de cuadrillas. En ocasiones, la realidad nos convoca a incorporar lenguaje técnico para leer mejor el territorio y el comportamiento de la naturaleza.
El calor del incendio era tan intenso que hizo ascender el aire caliente, cargando las partículas de humo y formando una columna de una altura que no podían estimar desde la embarcación. Esa serpiente ondulante en algún momento se enfrió, chocó con corrientes de aire y como un látigo cruzó el lago hasta la otra costa y avanzó hacia el este, alcanzando el lago Verde. “El día que cruzó el lago fue crítico”, dijeron en un notable esfuerzo por ordenar la catarata de momentos difíciles.
Desde allí, el incendio se bifurcó. Trepó bordeando la ruta provincial 71 y el río Arrayanes, alcanzó el espacio de dos poblaciones y subió hasta el lago Rivadavia. Otro frente descendió, por la misma ruta, hasta el lago Futalaufquen, donde permanece hasta estas horas bordeando la costa norte, muy cerca de varias poblaciones. Un tercer frente se dirigió hacia el este y avanzó sobre un cordón montañoso, barrera natural que protege la ciudad de Esquel.
“Trabajamos diez días y luego dos días de franco por convenio, pero no podés separarte del fuego. En este incendio trabajamos 130 combatientes (de distintas jurisdicciones y reparticiones). En Alerces se pidió el ingreso de doce, ingresaron sólo seis. En total somos 41 brigadistas, incluyendo logística, técnica, comunicación; 30 como personal de línea, con los que se forman cinco cuadrillas”, precisó.
A principios de diciembre del año pasado, durante una semana, se registraron 12.000 descargas eléctricas en la comarca. Un rayo anidó en un colchón de por lo menos un metro de hojas y ramas secas, hasta que se lo advirtió el 9 de diciembre.
A pocos kilómetros, toda la ciudad de Esquel está bajo el humo; Cholila en alerta por el frente del norte del lago Rivadavia y, hacia el sur, una cadena de pobladores preparados para enfrentar el fuego. Entre ellos, Rebeca Gallegos (de 77 años), descendiente de una familia asentada en 1895 en el lugar, y Juan Zuoza (51 años), sumado al territorio hace 25 años.
En otro colchón de hojas secas se queman las cartas de Hernández Otaño, objetivo coyuntural de otras pulseadas por el control territorio que se desdibujan en el humo.
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