Se verifican delitos –muchos, con condena judicial– que van desde la coima hasta la protección al narcotráfico en delegaciones de la Policía Federal Argentina de Tucumán, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Pergamino, la Ciudad Autónoma y el Departamento Central. No hay que ir muy lejos en el tiempo para compendiarlos.
En Tucumán
Una oficial inspectora y seis suboficiales de la Federal fueron detenidos, acusados de integrar una banda que pedía coimas en micros de compras desde Bolivia. Les secuestraron más de ocho millones de pesos, anotaciones y ocho celulares. Por sus teléfonos pinchados, el poder judicial estableció que los efectivos de la División Operativa de Tucumán cobraban no menos de 100.000 pesos por cada colectivo para no controlar su paso desde Orán a Buenos Aires. En los casos de camionetas con tracción en las cuatro ruedas, pedían 80.000 pesos; a utilitarios, 50.000, y a los autos, desde 30.000 pesos.
En Santiago del Estero
La División de Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal debería combatir la trata de personas y el narcotráfico; pero algunos narcos detenidos por ellos se sorprendían en Tribunales de que los acusaran de una posesión mucho menor de la que portaban –a veces, la mitad–. El Juzgado reparó en que siempre eran los mismos policías –como el jefe de las brigadas, sargento Chazarreta– y les hicieron intervenir los teléfonos. Así, el juez Guillermo Molinari y el fiscal Pedro Simón detuvieron hace tres meses a seis que revendían droga secuestrada en allanamientos entre la capital santiagueña y La Banda.
Condenados en Santa Fe
El comisario Guillermo Gabriel Gallo y el subcomisario Leonardo Rafael Benítez, jefes locales de la Federal, fueron condenados por otorgar privilegios al narcotraficante Juan Ignacio Suris, ex pareja de la vedette Mónica Farro.
Aquellos ex jefes de la DUOF en la capital de Santa Fe le cobraban en dólares para permitirle una estadía lujosa, visitas sin control y uso de las instalaciones a su gusto; tanto, que agentes de la Policía Federal hablaban de “el inquilino” o “tercer jefe”.
Benítez llegó a darle la contraseña de su celular –según declaró una oficial–, desde donde encargaba lo necesario para remodelar su alojamiento. Le permitían usar el casino de oficiales como oficina, con dispositivos electrónicos y electrodomésticos; visitas sin registro ni horarios; con personal policial que le hacía las compras, desde asado hasta bebidas alcohólicas.
Benítez compartía el despacho con el preso mientras vociferaba sobre doce lugares a requisar, como el domicilio de un hombre que compartía en su cuenta de Facebook una foto con Suris. En esos allanamientos ordenados por el Juzgado, no hallaron nada.
Después de cuatro cómodos meses, tras una denuncia que terminó con Suris trasladado a Ezeiza, Gallo y Benítez admitieron su responsabilidad a cambio de un juicio abreviado que convocó a cuarenta testigos.
Gallo afrontó el proceso en libertad, asistido por un defensor oficial. Benítez, detenido, con abogados pagos. La señalada como intermediaria en el pago de coimas contó con patrocinio de Fernando Burlando. Los policías fueron condenados en febrero por un Tribunal Oral.
Condenados en Pergamino
El jefe de la División de Unidad Operativa Federal de Pergamino y tres subalternos fueron sentenciados a prisión condicional e inhabilitación de tres años por haber integrado “una banda destinada a cometer delitos”, según un acuerdo pleno entre la Fiscalía y las defensas, que llegó a sentencia en septiembre último.
El caso comenzó gracias a la prensa local, cuando El Tiempo de Pergamino publicó que federales habían ido dos veces a un frigorífico a “arreglar” por una supuesta contaminación. Se supo además que le pidieron plata al dueño de un bar para no inventarle una causa por drogas.
El subcomisario Nicolás Koch y los sargentos Juan Carlos González y Jorge Ariel González fueron condenados a un año y medio de prisión condicional, multa e inhabilitación como coautores de exacciones ilegales y falsedad ideológica. Al suboficial escribiente Héctor Eliseo Coronel, le endilgaron una coautoría.
Hombres de honor
El futuro no debería preocupar a los condenados bajo un gobierno nacional que rescató a un expulsado por corrupción, condenado en 2015 por administración fraudulenta.
Se trata de Roberto Giacomino, incorporado hace siete meses por la entonces ministra Bullrich al Consejo Honorario de la Policía Federal Argentina –creado en 2023– junto a Miguel Roberto Paz –presidente de la Mutual de Suboficiales–, Omar Pérez, Román Di Santo, Néstor Roncaglia y Juan Carlos Hernández, ya que “sólo ex jefes pueden integrarlo, y aprobados por el jefe de la institución”, que hoy es Luis Rolle, cuyos antecedentes fueron compendiados en El Cohete en ocasión de que un uniformado protestara esposado a la reja de la Casa Rosada para denunciar la corrupción en la fuerza.
Giacomino, quien asumiera la jefatura de la Federal en reemplazo de Rubén Santos –que dejó siete muertos en la Ciudad durante diciembre de 2001– tuvo sus masacrados en Floresta, y efectivos suyos obligaron al adolescente Ezequiel Demonty a tirarse al Riachuelo, donde murió.
Fue denunciado por “dádivas, tráfico de influencias y lavado de dinero” a partir de que Daniel Meller, dueño de una concesionaria, declarara que lo desplazaron de una licitación ganada para entregar patrulleros, en pos de favorecer a una “empresa de fachada, incapaz de cubrir los requerimientos de una licitación importante”.
Otras proveedoras del hospital Churruca estaban integradas por parientes de Giacomino, como la suegra, el tío de la nuera o el esposo de la hermana, socio de dos empresas y quien retiraba los cheques de otras dos firmas.
Tras diez meses en disponibilidad, fue despedido –no expulsado– hacia octubre de 2003. Para agosto de 2004, obtuvo la jubilación. Recién en diciembre de 2015 fue condenado a tres años de prisión en suspenso y una multa por la defraudación contra la obra social que cuadruplicaba sobreprecios.
Otro de los incorporados de Honor, Di Santo, jefe desde diciembre de 2012, estaba a cargo cuando Alberto Nisman apareció muerto –sería imputado por su participación en la escena–. Tras la asunción presidencial de Mauricio Macri, lo dejaron en el cargo para que canalizara el traspaso de los federales a la ciudad autónoma. Hacia marzo de 2016, la ministra Bullrich lo dejó ir, reemplazado por Néstor Roncaglia.
Hacia noviembre 2016, el primer gran escándalo de la flamante Policía de la Ciudad, que implicó la remoción de su cúpula, alcanzó a miembros de la Federal.
Por tener a su cargo todas las seccionales, el comisario general Guillermo Calviño, ex jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal, estuvo en prisión preventiva durante un mes de 2017, como “jefe u organizador de una asociación ilícita” que desde la Comisaría 35ª cobraba sobornos a comerciantes o empresarios de los barrios de Núñez y Saavedra –a cambio de seguridad privilegiada– y de extorsionar a “trapitos”. Fue procesado en la causa que tenía detenido a José Potocar, ex jefe de Policía de la Ciudad.
En ese caso, por el que el titular de la 35ª Norberto Villarreal se profugó durante un año y medio, los suboficiales Alejandro Malfetano, Sergio Ríos y Marciano Quiroga, acusados del cobro, fueron condenados en 2021 a tres años de prisión por asociación ilícita y concusión, fallo que dejó firme la Corte Suprema en 2025.
Por falta de pruebas, resultaron absueltos Potocar, Calviño y Susana Aveni –jefa de la Circunscripción VII de la Federal–, presuntos protectores de Villarreal, condenado a cinco años y medio.
En abril de 2018, el subcomisario Gustavo Alberto Russo y el principal Cristian Javier Cóceres, de la División Drogas Emergentes de la Policía Federal, fueron detenidos tras una denuncia de cinco camaradas de otra Brigada Antinarcóticos, quienes contaron que en el marco de una investigación y cuando se aprestaban a realizar un allanamiento fueron corridos por sus colegas, que “realizaron esos allanamientos y se quedaron con dinero”. Tras los secuestros de teléfonos y requisas en domicilios de once efectivos, se detectó que en un decomiso en Tapiales la nueva brigada había declarado la incautación de menos de 300.000 dólares, cuando la cifra alcanzaría el millón y medio. Habían bautizado a la operación “Ave Rapaz”.
Condenados en Salta
En febrero de 2019, seis agentes de la Policía Federal Delegación Salta fueron condenados a penas de entre cuatro años y dos meses y siete años de prisión e inhabilitación, al considerarlos responsables de asociación ilícita y concusión, de acuerdo con el Tribunal Oral Federal 2. Según el Ministerio Público Fiscal, “los agentes simulaban operativos de control cerca de la terminal de ómnibus para apoderarse de ropa y juguetes que secuestraban por infracciones aduaneras”. Antes de venderlo en ferias, lo acopiaban en la dependencia y en la casa del subinspector Oscar Rubén Belizán, jefe de la organización, condenado al igual que Miguel Ángel Gonza, Ariel Fernando Cejas; Guillermo Sebastián Soza, Eduardo Ariel Villada y José Manuel Bonifacio.
En Santa Fe
El delegado de la Policía Federal en Santa Fe, Marcelo Lepwalts –responsable de investigar a narcos– y cinco agentes fueron puestos bajo custodia en mayo de 2019 por tráfico de sustancias prohibidas por las autoridades sanitarias, luego de que en sus oficinas les hallaran 88 bolsitas con cocaína. A detenerlo, debió ir en persona Roncaglia.
El jefe de la Federal regresó a la provincia en septiembre para admitir que “si Valdés usó un vehículo del Estado para ir a buscarla a su casa es cuestionable”, en referencia a la oficial Roxana González, de 27 años, que baleó en la ingle al comisario Mariano Valdés dentro del auto en que viajaban por la autopista Buenos Aires-Rosario. El episodio derivó en un escándalo luego de haber dicho que fueron víctimas de un tiroteo, lo que se descubrió como falso y motivó un sonoro posteo de la ministra Bullrich luego de que ella misma lo presentara como un ataque mafioso.
En el Departamento Central
El 2 de julio de 2020 trascendió que las oficinas de Delitos Federales (DF), a cien metros del Departamento Central, fueron allanadas por el juez Pablo Yadarola, quien también actuó sobre domicilios en Ituzaingó y Castelar vinculados a los comisarios Lionel Selva y Diego De la Fuente, quienes hasta esa semana habían estado a cargo de esa dependencia.
El allanamiento en Moreno al 1400 derivaba de una denuncia que sostenía que detectives de Delitos Federales habían robado 10.000 dólares, en el marco de una causa iniciada por la empresa Samsung sobre el ingreso ilegal de celulares al país.
“En uno de los inmuebles, de un familiar directo del comisario De la Fuente, secuestraron unos 700.000 pesos, cajas de cigarrillos y zapatillas”, que podían ser parte de mercadería decomisada por Delitos Federales.
Al procedimiento de Ituzaingó se presentó el comisario Luis Hernández, hermano del jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Carlos Hernández. “No ingresó en el inmueble y se retiró muy rápido”, publicaron los diarios.
En cuanto a Selva, tenía un despacho cercano a la oficina del jefe, a pesar de que Delitos Federales no está en el Departamento Central. “A poco de que Hernández fuera elegido jefe de la Policía Federal, Selva se presentó en fiscalías como hombre de su máxima confianza y solicitó intervención en las causas dado que quería ‘cambiar la cara’ del área”, dijeron desde el Ministerio Público Fiscal, donde se apuraron a apartar de sus expedientes a uniformados de ese Departamento, mientras se pasaba a disponibilidad a los jefes.
Por esos días, el comisario Damián Merchán, jefe de la División Sustracción de Automotores, había sido denunciado por un comerciante de repuestos en Avellaneda: “Me dijo que, si no accedía a su coima, me plantaría un repuesto de un auto robado, para que un juez me allane”. Cuando Merchán, secundado por un sargento, pasaron en un auto civil de la División a cobrar los miles de dólares de la extorsión, fueron detenidos.
En Mendoza
La Delegación cuyana de la Policía Federal arrastra décadas de antecedentes. Hacia 2007, su cúpula fue denunciada por comerciantes de videojuegos o electrónica que revelaron pedidos de coimas a cambio de no decomisarles mercaderías. Si bien los máximos jefes terminaron absueltos, cinco federales padecieron entre cuatro y seis años de cárcel por parte de un Tribunal Oral en 2012.
Una década después, el jefe de esa Delegación, comisario Dino Rossignoli, fue detenido en la U-32 acusado de cobrar para permitir el ilegal cambio de divisas en cuevas. Eso concatenaba con lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando, comercio de estupefacientes y hasta mercado negro de oro hacia Chile. En los allanamientos secuestraron decenas de miles de dólares, euros y un cuaderno con anotaciones de “cometa F” por 400 dólares, a “Federico” o “PFA”.
El jefe local de la Federal fue condenado en septiembre pasado, por el Tribunal Oral Federal 1, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por cohecho pasivo y asociación ilícita, cuyos detalles constan en la amplia cobertura de Exequiel Ferreyra en el sitio cuyano El Sol.
El segundo de Rossignoli, subcomisario Eduardo Javier Casas Rusch, fue condenado en noviembre a cuatro años de encierro por abuso contra dos subalternas.
Otros
En 2009, cuando una mujer denunció al 911 su explotación sexual, un Juzgado ordenó que la Policía Federal corroborase la dirección. El subinspector Sergio David Rodríguez sostuvo que había una casa de familia cuando en realidad era “La Casona de Flores”. Su falso testimonio y encubrimiento fue confirmado en 2022 por la Cámara de Casación.
Hacia 2022, un sargento fue procesado por abuso sexual, denunciado por una empleada de la guardia de la Unidad Operativa santiagueña de la Policía Federal.
En noviembre de 2025, un ex federal fue detenido por usurpar la identidad del camarista de Casación Daniel Petrone, para pedirle a un juez de Corrientes el traslado de un policía. Cobraba por esas “gestiones”.
El mes pasado, en Salta, fue juzgado el ex inspector Juan Carlos Alzugaray –condenado por crímenes de lesa humanidad–, quien en 1975 había irrumpido en una vivienda donde dormían dos personas a quienes les disparó a las cabezas.
Aunque no hace falta retrotraerse a medio siglo para saber con qué Policía Federal cuenta la Argentina.
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