Impunidad documental

 

El eterno procurador general interino Eduardo Casal no tuvo más remedio. Casi 40 firmas de fiscales lo obligaron a hacer conocer al gobierno nacional la alarma del Ministerio Público, y en particular de las fiscalías que investigan delitos de lesa humanidad, ante el desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis de Documentos, cuyo plantel los y las firmantes solicitaron mantener.

Hasta que fueron despedidos ¾ de sus profesionales, el ERyA trabajaba en el ámbito de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, que desde diciembre comanda el radical converso Luis Petri. Las cesantías se conocieron horas después del 24 de marzo, lo que robustece las hipótesis de una nueva provocación y de la enésima búsqueda de impunidad para los artífices del genocidio.

 

 

En diciembre se cumplieron cuatro décadas del último día de una dictadura argentina y el mes próximo serán 21 años los transcurridos desde la asunción de Néstor Kirchner, que poco después propició la reactivación de las causas por los delitos perpetrados por la represión clandestina. Que todas las personas menores de edad hayan nacido bajo ese signo explica las motivaciones de la nueva ola negacionista y ratifica la actualidad permanente de buscar, sostener y mostrar la verdad histórica.

 

Caja de herramientas

En la nota que el miércoles 10 elevaron a Casal, 36 fiscales que intervienen en causas vinculadas al accionar del terrorismo de Estado expresaron su preocupación ante el desguace del ERyA y valoraron la contribución “determinante” del grupo a las investigaciones que realizan.

Compuesto por profesionales que gestaron un perfil colectivo interdisciplinario, el ERyA se concentró en analizar documentación en poder de las Fuerzas Armadas. El gobierno ha borrado al Equipo, pero el sitio web gubernamental continúa describiendo su misión: principalmente, “la colaboración activa con los requerimientos de información y seguimiento de casos por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la vigencia del terrorismo de Estado”. También puede consultarse todavía, entre otros documentos que es recomendable descargar, el compendio publicado por el Ministerio en 2015 con el corpus que el ERyA había trabajado hasta entonces.

En su nota a Casal, los y las fiscales expresaron que “más allá de formar parte de otro poder del Estado, se trata de una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestra tarea cotidiana al intervenir en esta clase de causas”. En ese sentido, advirtieron que “la pérdida de tal instrumento estatal redundará en desmedro irremediable para la labor judicial y, especialmente, en la de los magistrados del Ministerio Público Fiscal”.

Si el pronóstico se cumple, la decisión de uno de los Poderes del Estado interferiría en la acción de otro y colocaría al país en incumplimiento de compromisos internacionales asumidos ante un mundo que hasta ahora lo ha mirado como ejemplo en la materia.

 

La Verdad documentada

El acervo documental de las Fuerzas Armadas resulta un material imprescindible para comprender por dentro el fenómeno criminal y establecer las responsabilidades individuales en que deben basarse las acusaciones penales.

La complejidad del aparato criminal, que involucra acciones clandestinas por parte de una estructura estatal, explica la importancia de la tarea del ERyA para complementar las reconstrucciones testimoniales. Las reglamentaciones castrenses, los archivos de inteligencia y los legajos del personal militar permiten precisar el organigrama desplegado en el país, las responsabilidades de cada uno de sus peldaños, la pertenencia de los individuos a grupos de tareas, su presencia en fechas y lugares en que se produjeron los crímenes e incluso las calificaciones y condecoraciones que midieron sus méritos en las intervenciones represivas. Algunos ejemplos:

 

 

 

 

 

El documento que los y las fiscales enviaron a Casal ejemplifica los frecuentes aportes del ERyA con una nómina de 38 de las causas que sus informes nutrieron. Del total, 23 se desarrollaron en el área metropolitana de Buenos Aires y 15 en el interior del país. De ese modo, se ilustra un alcance federal imprescindible para el avance de la Justicia, porque el aparato represivo se diagramó y desplegó sobre cada porción del territorio. En más de una veintena de juicios, profesionales que integraron el ERyA ofrecieron declaraciones testimoniales.

El Libro Blanco de la Defensa que el Ministerio publicó en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández indica que las solicitudes judiciales de información se incrementaron desde 2015, cuando se difundió el anterior relevamiento. En ese marco, el documento cifra en más de 170 los informes producidos por el ERyA. Además del análisis de documentos y la asistencia a la labor judicial, en 2022 se retomaron las búsquedas de nuevos archivos en unidades militares. Con ello, se recuperó una línea de acción que había comenzado en 2013, cuando el hallazgo de las Actas de la Junta Militar –incorporadas luego al Registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe de la UNESCO– condujo a intensificar los rastreos.

Las acciones de Relevamiento y Análisis no se limitaron a su eje principal, sino que abarcaron también a otros periodos o hechos de nuestra historia, como el modo en que el contraalmirante Isaac Rojas guardó las actas del Partido Peronista Femenino de los años ‘50, los documentos internos de la penúltima dictadura o la información volcada en archivos castrenses durante la Guerra de Malvinas de 1982. Sobre este último tema, fueron digitalizadas 2.900 carpetas, por un total de más de 10.000 documentos y unas 540.000 fojas. Buena parte del material se seleccionó y dispuso para su consulta pública en la web de Archivos Abiertos.

 

Remakes

Al comunicar al Ministerio la preocupación de sus fiscales por el desguace del ERyA, Casal terminó emulando la acción que días antes había reprochado a Miguel Palazzani, que interviene en causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca y Neuquén. Tan pronto como se conocieron los despidos, Palazzani remitió un oficio al Ministerio para requerir la preservación del trabajo documental que sirvió de base para varias de las investigaciones judiciales de este tipo y las condenas en que concluyeron.

 

 

Ante el silencio de María de los Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Casal amonestó a Palazzani. Lo acusó de basarse en “fundamentos hipotéticos” y –en línea con la posición del Ejecutivo– le recordó que como procurador general era el jefe de los fiscales. Omitió un detalle: a diferencia de Palazzani, cuyo pliego para el cargo que ocupa logró unanimidad del Senado en 2014, Casal lleva como interino en el suyo más de seis años, desde que reemplazó a Alejandra Gils Carbó, renunciante tras un notorio hostigamiento mediático. Por esas paradojas del lenguaje, el interinato de Casal ya superó el tiempo como procuradora general de Gils Carbó, cuya designación por vía regular debería haberse extendido hasta sus 75 años, en 2033.

La amonestación jerárquica de Casal hacia Palazzani recuerda a otros capítulos de la búsqueda de impunidad que también tuvieron como protagonista a un fiscal federal de la jurisdicción, entonces unificada, de Neuquén y Bahía Blanca.

En 1987, Hugo Cañón actuó antes de que el entonces secretario de Justicia, Ideler Tonelli, pudiera ordenarle que no solicitara a la Cámara Federal bahiense la declaración de inconstitucionalidad de la ley conocida como “de Obediencia Debida”. Todavía no se había reformado la Constitución, y los fiscales dependían del Ejecutivo.

Tres años más tarde, Cañón fue sumariado por César Arias, sucesor de Tonelli, por sostener el mismo requerimiento frente a los indultos decretados por Carlos Menem. Entre otros desatinos, Menem había indultado a quienes no tenían condena, dando lugar a una contradicción conceptual. Cañón logró que la Cámara admitiese su pedido, pero la Corte Suprema revocó la decisión. Uno de los votos para ello lo aportó Rodolfo Barra. Luego de dos décadas fuera de los primeros planos de la función pública, Barra es desde el 10 de diciembre el procurador del Tesoro designado por Milei. En otras palabras, el ex supremo es el actual jefe de los abogados del Estado.

Cañón falleció en enero de 2016, pero acciones como las de los y las fiscales que se pronunciaron ante Casal evidencian que aquel ejemplo hizo escuela. Frente a este nuevo intento de entorpecer las causas, lo novedoso es que en igual sentido que Palazzani se expresaron 35 fiscales más. Algo que no ocurría en 1987 o 1990.

Petri, mientras tanto, fantasea con protagonizar la versión gaucha y actual de una cinta que en la misma época buscó publicitar el militarismo aéreo yanqui. Podría decirse que el ministro acierta: como Top Gun, la suya es también una mala película. Con vuelo bajo y de cabotaje.

 

 

 

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