Una mezcla de rabia y tristeza en la superficie de una emoción desgarrada. Ningún familiar de la tragedia del submarino ARA San Juan, luego de la sentencia del juicio que solamente condenó a un responsable de la cadena de mandos de la Marina, pudo respirar alivio ni mucho menos la sensación tan reparadora de justicia que estaban anhelando. “Después de tantos años de espera, el fallo volvió a rompernos el corazón”, es lo primero que dijo Isabel Polo. Su hermano se llamaba Daniel Alejandro Polo, era cabo primero del submarino y tenía 31 años. “Creí que al menos sentenciarían a los cuatros imputados. Pero, por el contrario, para la Justicia la vida de mi hermano y sus 43 compañeros no valían en absoluto. Ese único condenado claramente apelará y seguirá diciendo al igual que el resto que son inocentes”, amplió.
El único condenado del que habla Isabel es el ex capitán de navío Claudio Villamide, que recibió la pena de tres años de prisión en suspenso. El Tribunal Federal de Río Gallegos lo sentenció por el delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Villamide era el de mayor rango de los imputados, quien conducía la Fuerza de Submarinos al momento de la implosión del San Juan, y fue el único destituido por el Consejo de Guerra de la Armada en marzo de 2021. Después de cuatro meses de juicio en Río Gallegos, y a lo largo de más de 30 audiencias con 90 testigos, los jueces Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez examinaron la responsabilidad penal de cuatro ex funcionarios de la Armada: el contralmirante a cargo de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis López Mazzeo, el capitán de navío y ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso, y el capitán de fragata y ex jefe del Departamento de Operaciones, Hugo Correa. Todos estaban un escalón arriba del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien se puso en contacto con ellos una vez que entendió que la nave había tenido desperfectos en medio de una feroz tormenta, poco antes del colapso definitivo.
“Creemos que no hubo pericias in situ, y con la sentencia queda claro que el juicio fue sólo una pérdida de tiempo. Los de la Armada nunca se hicieron cargo de nada, pero cuando uno asume un alto mando lleva consigo deberes y obligaciones”, puntualizó Isabel Polo. A ocho años de la tragedia del submarino en el que murieron sus 44 tripulantes —43 hombres y una mujer—, el juicio significaba un puntapié, pero para las querellas era un cuadro incompleto: entendían que no estaba sentados los responsables políticos ni algunos de los jerarcas de las Fuerzas Armadas. A los cuatro imputados se los acusó por incumplimiento, omisión de deberes y estrago culposo agravado, delitos con penas de entre uno y cinco años de cárcel.
Si bien Claudio Villamide en el juicio admitió fallas del submarino, había dicho que la nave “estaba en condiciones de navegar”. Algo que ahora, con la sentencia, se ha demostrado como falso: el submarino había mostrado inconvenientes graves en misiones previas a la tragedia, con informes y auditoría interna de la propia Armada alarmando sobre sus deficiencias. La exposición de Villamide había provocado una profunda indignación en las familias al sostener que el buque no tenía demasiados problemas e incluso mencionar, como argumento, que contaba con “caja de herramientas y manual de reparaciones”. Los otros imputados hablaron en el mismo tenor y defendieron su inocencia. Los familiares sintieron que callaban más de lo que decían.
“Cuando hallamos los restos del San Juan me di cuenta que la Armada mintió, que el submarino estaba en aguas internacionales a 300 millas de la costa y lo encontramos a 275, denunciamos el hecho como forum shopping y planteamos la incompetencia de este juzgado. Además, los hechos imputados fueron cometidos en Mar del Plata y Bahía Blanca, por todo eso Santa Cruz fue incompetente y se violó la garantía del juez natural”, se queja el abogado Luis Tagliapietra, representante de la una de las querellas. Expuso que los jueces rechazaron un pedido de pericias y le limitaron las preguntas en las audiencias. “La frutilla del postre fue que después de alegar no nos permitieron solicitar las reglas del concurso de delitos que entendimos probada, ni pedir pena de manera autónoma a la que pidió la fiscalía. Todas violaciones severas a derechos constitucionales adquiridos”, dijo a este medio.
Para Valeria Carreras, abogada de la otra querella que representó a los familiares, no fue una sentencia insignificante, ya que es la primera vez en la historia argentina que un jefe naval es condenado penalmente por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz. “Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas”, lanzó en un comunicado. Junto a su compañera letrada, Lorena Arias, expresaron que comparten dos sentimientos en tensión: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que parecía imposible. “Haber llegado hasta acá contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”, y expresaron que recurrirán la sentencia tanto respecto de las absoluciones como de la magnitud de la pena.
La trama del ARA San Juan comprende negligencia, encubrimiento y espionaje ilegal en torno al submarino perdido. Pero en el juicio sólo se trató la negligencia y la responsabilidad de los que debieron socorrer al submarino y el alcance de sus acciones. Pedro Fernández, de 45 años, era el comandante del submarino de la Armada argentina. “Baterías de proa fuera de servicio, al momento en inmersión, propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, fue el último mensaje de Fernández al capitán de navío Claudio Villamide —su principal en tierra de la Fuerza de Submarinos—, sin jamás sospechar que, horas más tarde, el San Juan sería el primer submarino hundido en la historia argentina. Dentro de este, el jefe de operaciones, Fernando Vicente Villarreal, detectó en los tableros el principio de un incendio. El último contacto fue a las 7:30 de la mañana del 15 de noviembre de 2017, a 400 kilómetros de la costa. Allí Villarreal volvió a hablar desde el submarino con su superior Hugo Correa, que se había trasladado desde su casa a la Base Naval de Mar del Plata.
Villarreal le dijo, de forma lacónica, que pasaron una noche turbulenta y que seguramente se irían a descansar “a profundidad” para evaluar la gravedad de la avería, mientras esperaba las coordenadas para un cambio de rumbo. “Lo escuché con la voz más tranquila y reposada”, declaró Correa. Al parecer, todo estaba bajo control. Lo que había ocurrido, sin embargo, no era algo apacible. Habían sido varias horas con olas gigantes, de cinco a diez metros. Solo y perdido, el ARA San Juan, de 65 metros de largo y siete de ancho, con 2.264 toneladas en inmersión y 44 tripulantes a bordo, un submarino de ataque capaz de lanzar hasta 24 torpedos, desapareció frente a las costas del golfo San Jorge, en el Atlántico Sur. “Perdió el plano”, en lenguaje naval.
Río Gallegos está en los confines del país y la mayoría de los familiares no pudo viajar: les fue imposible afrontar los gastos de traslado y alojamiento. Siguieron el juicio desde la transmisión por streaming del Tribunal Federal de Río Gallegos. Los familiares se indignaron porque todavía no escucharon ni un mínimo pedido de disculpas de los responsables de la Armada. “La verdad es una vergüenza que la justicia argentina nos haya dado nuevamente la espalda. 44 personas desaparecidas y un solo culpable y ni siquiera va a ir preso. Tengo mucho dolor y angustia, fue una tragedia que podía haberse evitado”, dijo a este medio Zulma Sandoval, madre de Oscar Vallejos, joven tripulante de 38 años que perdió la vida en el hundimiento del submarino.
Una causa paralela, aún en instrucción, busca determinar responsabilidades en la cadena de mandos superiores, desde el ex jefe de la Armada Marcelo Srur hasta Mauricio Macri. El ex Presidente que, de forma insólita, fue sobreseído en 2025 —una vez más, con la ayudita de sus amigos de Comodoro Py— por las escuchas ilegales, agraviantes y bochornosas, que había ordenado sobre los familiares de las víctimas. “Y eran profesionales al estilo de Alfredo Astiz —recuerda la abogada Carreras—. Agentes que posaban con actitudes angelicales, apoyando buenas causas, y que por detrás pasaban información a Macri”.
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