“Un conductor de ejércitos no se hace por decreto. Un conductor nace, llevando el óleo de Samuel en su cabeza”.
Alfred von Schlieffen [1]
La escena geopolítica argentina ha ingresado en una dimensión de vulnerabilidad que hoy, transcurridos más de dos años del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), puede caracterizarse sin ambages como una verdadera fase de indefensión. Esta situación no es un accidente, sino el resultado de la convergencia entre una inédita “occidentalización dogmática” en materia de política exterior y una improvisación alarmante en materia defensivo-militar, donde la sobreactuación ideológica se ha cristalizado en una política de genuflexión que compromete los intereses vitales de la Nación.
Las recientes estadías del Presidente Javier Milei y su ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, en los Estados Unidos, representan el último capítulo de un desmantelamiento sistemático de la autonomía nacional, bajo el amparo de lo que el gobierno denomina la búsqueda de una "Argentina potencia", pero que en la práctica supone una absoluta claudicación ante intereses foráneos.
El "Escudo de las Américas"
En los últimos días, las novedades en materia de política exterior y de defensa se desplazaron al Trump National Doral en Miami, un escenario de opulencia que sirvió de marco para la cumbre “Escudo de las Américas”. Allí, el gobierno argentino terminó de sellar su adhesión a una “Coalición de Seguridad Hemisférica contra el Narcoterrorismo” impulsada por la administración de Donald Trump.
En este contexto, el ministro Presti participó de la Conferencia Anticarteles de las Américas, convocada por el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, en la sede del Comando Sur. Resulta institucionalmente anómalo y constituye una grave distorsión funcional que estos compromisos hayan sido suscriptos por el titular de la cartera de Defensa. Dado que las temáticas centrales contempladas —narcoterrorismo, redes criminales transnacionales, migraciones e inmigración ilegal— pertenecen al ámbito de la seguridad pública y la gestión de fronteras, la firma del acuerdo debería haber correspondido a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Sin embargo, a pesar de ello, fue un somnoliento Presti el que firmó los acuerdos.
En estas reuniones, como se señaló, se abordaron especialmente las denominadas amenazas transnacionales, bajo la égida de la ahora denominada “doctrina Donroe” —una versión radicalizada de la doctrina Monroe con el inconfundible sello egocéntrico de Trump—, que busca convertir a los instrumentos militares latinoamericanos en meras correas de transmisión de los intereses de seguridad de Washington. Al aceptar este esquema, la Argentina se alinea naturalmente a una agenda diseñada en el Pentágono. Esta agenda dice priorizar la lucha contra los cárteles del delito y la injerencia extranjera (específicamente de China e Irán). Subordina por completo la misión primaria consistente en la defensa de la soberanía nacional.
El "Presidente más sionista" y una ¿Argentina en guerra?
Mientras la geopolítica global ha quedado sacudida tras las operaciones “Furia Épica” y “Rugido del León”, que alteraron el tablero de Medio Oriente y detonaron una guerra regional, el Presidente Milei ha decidido abandonar cualquier vestigio de prudencia estratégica. Desde Nueva York, en una disertación en la Universidad Yeshiva, el mandatario afirmó: “Me siento orgulloso de ser el Presidente más sionista del mundo”. Lejos de buscar una posición de neutralidad o cautela que preserve la estabilidad en nuestro propio territorio, Milei ha hecho propia una guerra ajena. Así, vinculó el conflicto directamente con la búsqueda de justicia por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, y sentenció ante una audiencia entusiasta: “Vamos a ganar”.
Este posicionamiento se produce en un escenario de extrema gravedad. Los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel en el corazón de Teherán no solo terminaron con la vida del ayatolá Alí Khamenei. También asesinaron a más de medio centenar de líderes del régimen persa, incluyendo al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa y al comandante de la Guardia Revolucionaria. En total, se estima que las bajas en la estructura de mando superan los centenares de jerarcas y jefes operativos.
Ante este vacío, el régimen teocrático difundió el mensaje del nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, quien exigió la expulsión de los “invasores” y ordenó mantener bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz. Khamenei fue explícito con respecto a la cuestión de la venganza, señalando que “una parte de esta ya ha tomado forma”, pero que, hasta que se logre plenamente, “el caso seguirá entre las prioridades absolutas del régimen”.
La imprudencia de la política exterior y de seguridad internacional de Milei, al celebrar estos ataques y calificar a Irán como "enemigo" directo, sitúa a la Argentina en una zona de riesgo por asociación, desafiando toda lógica de realismo político y protección de los intereses nacionales.
El fantasma de la primera guerra del Golfo
La alineación irrestricta de Buenos Aires al eje Washington-Tel Aviv ha alimentado versiones sobre la posibilidad de que la Argentina envíe tropas al teatro de operaciones de Medio Oriente. Fuentes de la propia administración libertaria han reconocido que, ante un eventual pedido de los Estados Unidos o Israel, "se consideraría el pedido y se avanzaría".
Este escenario remite inevitablemente al antecedente de la primera guerra del Golfo (1990-1991), cuando el gobierno de Carlos Menem envió dos buques misilísticos al golfo Pérsico por decreto, sin debate parlamentario [2]. En aquel entonces, la Argentina fue el primer país latinoamericano en participar del bloqueo militar contra Irak. El propio entorno de Milei evoca hoy aquel "Menem lo hizo" con un tono de justificación histórica.
Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que estas decisiones tienen externalidades que el país no puede controlar. Aunque voceros oficiales como el “deslomado” jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, intenten matizar los dichos presidenciales hablando de un "apoyo filosófico" —una “filosofía muy interesante”, diría Patricia Bullrich— o de una "alineación de valores", la sola puesta sobre la mesa de la disponibilidad militar en un conflicto de esta magnitud —donde la Argentina no tiene intereses vitales en juego ni capacidad de influir en los resultados— constituye una irresponsabilidad estratégica mayúscula.
El vacío estratégico: sin planes en Defensa
Frente a este complejo panorama internacional, el abordaje estratégico de la Argentina en materia de defensa nacional brilla por su ausencia. El sector atraviesa una parálisis de su planeamiento estratégico, evidenciada en el flagrante incumplimiento del Decreto 1729/2007. Esta norma establece de manera taxativa las fases que debe atravesar el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN), proceso esencial para definir la estrategia, organización, doctrina y equipamiento de las Fuerzas Armadas.
Según el decreto, el Presidente de la Nación debe emitir la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) en forma cuadrienal, específicamente en septiembre del primer año de cada mandato presidencial. La DPDN es el documento estratégico liminar que debe contener un diagnóstico del escenario global y regional, la concepción estratégica nacional y los parámetros para el empleo de los recursos militares.
A más de dos años de iniciada la presidencia de Milei, la falta de emisión de la DPDN implica un "agujero negro estratégico", responsabilidad inexcusable de los ministros del trabalenguas, Petri y Presti. Ante la vacancia de esta directiva de máximo nivel, el Estado Mayor Conjunto no puede formular la AREMIL (Apreciación y Resolución Estratégica Militar), la DEMIL (Directiva Estratégica Militar) ni los planes de corto, mediano y largo plazo que integran el planeamiento estratégico militar.
Mientras el Ministerio de Defensa permanece en este limbo documental, el Pentágono ya ha emitido su propia Estrategia de Defensa Nacional (EDN 2026). En este documento, Washington explicita su visión para América Latina, centrada en la competencia estratégica con China y Rusia, y en la atención a lo que denominan "desafíos multifacéticos", como las migraciones y las redes criminales. En otras palabras, las “viejas nuevas amenazas”.
En este contexto, la falta de la directiva estratégica nacional en materia de defensa sugiere que el gobierno de Milei simplemente espera adaptar sus borradores a lo que el Pentágono ha determinado, renunciando a la capacidad de definir sus propios intereses en materia defensivo-militar. Sin embargo, ni siquiera con esta ayuda inspiradora desde Washington, los remolones funcionarios del Edificio Libertador han logrado empujar el lápiz y cumplir con lo estipulado por el Decreto 1729/2007. Mucho cóctel, demasiado viático, pero escasean los escribas.
El Ministerio del “Vamoooooo”
La crisis del planeamiento estratégico de la defensa se agrava por la manifiesta falta de preparación de los funcionarios del sector. Las designaciones políticas parecen responder a la lógica de la "batalla cultural" más que a la idoneidad político-técnica. El nombramiento de Guillermo Madero como jefe de Gabinete del Ministerio es particularmente elocuente: Madero cuenta —según la precisa crónica de Luciana Bertoia— con antecedentes de haber bloqueado investigaciones por crímenes de lesa humanidad y obstaculizado el acceso a información vital para la búsqueda de bebés robados durante la última dictadura. Asimismo, ha visitado a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
En cualquier caso, más allá de lo estrictamente vinculado a la cuestión de derechos humanos, Madero —con un manejo del castellano algo problemático que suele suplir con el recurrente empleo de la expresión “Vamoooo” en las redes sociales— carece de credenciales para asesorar al ministro en algo tan complejo como la supervisión política del planeamiento estratégico de la defensa. No es sorprendente: su antecedente más relevante, antes de ser designado subsecretario de Planeamiento Estratégico Militar (de donde fue desplazado en enero de 2025 antes de su reciente promoción a jefe de Gabinete de Presti), fue el de haber ocupado la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, la incorporación efímera de los streamers del Gordo Dan a la gestión del Ministerio de Defensa —celebrada oportunamente con el clásico “Vamooo” de Madero— no coadyuvó a elevar los estándares de expertise técnico-profesional que requiere el Ciclo de Planeamiento de la Defensa (CPDN). En efecto, con la única credencial del “panelismo” y el “agite” en plataformas digitales libertarias, los advenedizos de Carajo no han hecho más que degradar un área que exige cuadros profesionales con sólida formación en materia de conducción política de la defensa.
Esta falta de expertise y de degradación de los cuadros político-técnicos de la defensa explica, en consecuencia, por qué el Ministerio ha sido incapaz —¡tras 27 meses de gestión!— de producir un documento de crucial importancia como es la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN).
Policialización y abandono de los intereses en el Atlántico Sur
La adhesión descrita a los mecanismos hemisféricos de seguridad conlleva un proceso de policialización de los militares, instruido desde Washington y acatado sin objeciones por Milei desde diciembre de 2023. Como ejemplo más notorio, el gobierno ha puesto en marcha en agosto del año pasado la "Operación Roca", que autoriza a efectivos militares a detener personas en flagrancia y asimilar sus reglas de empeñamiento a las de las fuerzas policiales en tareas de seguridad interior. Como hemos sostenido sistemáticamente, este vuelco a tareas de "policía de frontera" para combatir el narcotráfico y el "bagayeo" conduce inevitablemente a la desprofesionalización castrense.
Este enfoque desvía recursos y atención de la misión primaria de las Fuerzas Armadas: por ejemplo, la protección de la soberanía en el Atlántico Sur y su proyección sobre la Antártida. Mientras la Argentina desnaturaliza —vía policialización— su instrumento militar, el Reino Unido, en su Strategic Defence Review 2025, refuerza su visión soberana. El documento británico fija como objetivo central la "preparación para la guerra" y contempla un aumento del gasto militar al 2,5% del PBI, incluyendo la construcción de submarinos nucleares y la protección activa de su enclave colonial en Malvinas, al que consideran un "elemento fundamental" para defender sus intereses estratégicos.
El contraste es desolador: Gran Bretaña profesionaliza a sus Fuerzas Armadas y se prepara para el conflicto interestatal en un mundo cada vez más pugnante, mientras la Argentina renuncia a su capacidad de disuasión, subordinándose a un modelo de fuerzas pequeñas “gendarmerizadas” orientadas a funciones que poco tienen que ver con la defensa nacional.
El espectro de la desnacionalización estratégica
En definitiva, lo que estamos presenciando es un proceso de aguda “desnacionalización estratégica”. La Argentina ha renunciado a su tradición de autonomía y prudencia en materia de política exterior para convertirse en una correa de transmisión de intereses ajenos, subordinándose de modo irrestricto a Washington en sus diversas confrontaciones globales y regionales.
La politización de las Fuerzas Armadas, evidenciada como nunca antes cuando el ministro Presti —que no ha pasado a situación de retiro— llama "su líder" a Milei ante autoridades extranjeras, rompe con el profesionalismo que debe regir a la institución militar. Asimismo, al ignorar las enseñanzas de Malvinas y del denominado Informe Rattenbach, que advertía sobre las consecuencias estratégico-militares de “policializar las Fuerzas Armadas”, el gobierno de Milei, con el inestimable aporte de su ministro, nos sitúa en una fase de indefensión crítica.
Seguir por esta senda de alineamiento dogmático y claudicación estratégica no es solo un error técnico. Es una muestra cabal del vacío que exhibe el gobierno argentino y el Ministerio de Defensa en materia de pensamiento estratégico nacional.
[1] Citado por Tomás Eloy Martínez. Ver Martínez, T. E. (2021). La novela de Perón. Buenos Aires: Alfaguara, p. 255.
[2] Con el objeto de contribuir al cumplimiento de los requerimientos de Naciones Unidas, el Poder Ejecutivo Nacional argentino emitió el Decreto Nº 1871/90 y fue promulgada la Ley Nacional Nº 23.904/91. Sendos instrumentos legales autorizaban la intervención de la Armada Argentina en el golfo Pérsico. Esta intervención, realizada en el marco de una alianza internacional, bautizada Operativo "Alfil", se concretó inicialmente en el grupo compuesto por el Destructor ARA “Almirante Brown” y la Corbeta ARA “Spiro” que, al concluir su período de operaciones, fueron relevados por el grupo compuesto por la Corbeta ARA “Rosales” y el Buque Transporte ARA “Bahía San Blas”.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
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