Indigencia libertaria

 

Los indigentes que duermen en las calles llegan a ser una breve noticia durante el invierno; no mucho, pero algo es algo. Por eso, ahora que comienza el año y considerando que el ajuste de las fuerzas del cielo no sabe de vacaciones, bien valdría que se repensaran las disposiciones que separan a las familias en los paradores y otras medidas.

Donde ya se adelantaron a la llegada del frío fue en los subterráneos de Buenos Aires: la empresa Emova dispuso cruzar separadores de hierro en los asientos para evitar que sean usados para dormir. Emova es un consorcio integrado por Benito Roggio Transporte y Metrovías, que acaba de cumplir tres años como concesionario de la Red de Subte. Roggio es uno de los dueños de la Argentina, como hasta Luis Majul sabe.

 

 

Un recorrido de El Cohete halló a personas durmiendo a mediodía, lo que lleva a preguntar: ¿Por qué no lo hacen de noche? ¿También para ellos la calle es insegura?

 

 

 

En lo que va del siglo, desde el estallido social que siguió a la implosión del sistema económico en 2001, la calle fue el último resguardo para los expulsados del sistema. Eso llevó a que en 2003 se conformara por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires una organización integrada y coordinada por personas en situación de calle: Proyecto 7 – La calle no es un lugar para vivir.

 

 

Al mismo tiempo, los organismos de derechos humanos y un amplio colectivo bajo el acrónimo de FreNaPo aportaron al gobierno de Néstor Kirchner ideas para ayudar a los más vulnerables. Uno de sus protagonistas, Horacio Verbitsky escribiría que “el empleo estable y bien remunerado es irremplazable como asignador de recursos no sólo económicos sino también simbólicos”. Sin embargo, con el inicio del gobierno de Cristina Fernández, la ministra Alicia Kirchner confirmaba que hasta para quienes tenían empleo era difícil salir de la pobreza, luego de la cristalización de tres décadas de políticas clasistas.

 

 

El retorno a ese modelo, con su consiguiente endeudamiento ante el FMI, no auguró mejorías. Cuando terminó la administración de Mauricio Macri, el informe anual del CELS consignó que “la desigualdad social se incrementó; la protección social, el trabajo y el sistema de salud se debilitaron. Todos los indicadores muestran el deterioro de las condiciones de vida: hay más personas desocupadas, precarizadas e indigentes”. Encima, aquel escenario de conflictividad social fue contestado con represión y criminalización de las protestas.

 

 

A partir del recambio en favor de Alberto Fernández, con pandemia y el pago de una “deuda” externa que nadie investigó, la indigencia aumentó cada año.

Superada la crisis de coronavirus, el gobierno de la ciudad más rica del país, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, implementaba en junio de 2022 un “Operativo Frío” para los meses de menor temperatura, destinado a reforzar “Buenos Aires Presente (BAP), un programa de asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para atender a personas y familias en condición de riesgo social, a quienes se asesora acerca de los recursos sociales de la ciudad. Los equipos conformados por psicólogos, trabajadores y operadores sociales recorren las 24 horas, los 365 días del año, para ofrecer asistencia a la población en vulnerabilidad”. Esa red de profesionales a pie era complementada con vehículos más una Línea 108 y un chatbot Boti para los vecinos solidarios El gobierno porteño asiste a las personas en situación de calle todos los días del año.

 

 

Después de la pandemia, los paradores pasaron a contener durante las 24 horas, con orientación laboral, asistencia médica y psicológica. Un recorrido hecho por la periodista Lorena Oliva para La Nación (ver La vida desconocida en los paradores porteños) daba cuenta de que un 40% de la gente sin hogar evitaba esos lugares por considerarlos inseguros o muy estrictos, amén de que muchos desconocían la existencia de alguna de las tres decenas de opciones que ofrecía la ciudad con casi 3.000 plazas en 2022.

 

 

Por entonces, sobraban lugares, según podía compararse a partir del Relevamiento de Personas en Situación de Calle (Repsic) que lleva la ciudad, cuyos resultados habían dado cuenta de 2.573 personas en 2021, con un leve incremento a 2.611 en 2022.

 

 

La ley 27.654 considera “persona en situación de calle a quien habita en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente; no importa su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra condición”. Su reglamentación por decreto PEN 183 fue publicada en el Boletín Oficial nacional el 5 de abril 2023.

 

 

Hacia 2023, la cantidad de personas en situación de calle en CABA trepaba a 3.511. Aunque organizaciones civiles que cuestionan el método porteño de conteo plantearon que la cifra sumaba 8.028 a diciembre de ese año.

Fue el mes de la asunción de Javier Milei, orgulloso impulsor del ajuste “más grande de la historia de la humanidad”, que pegó duro en jubilados y en trabajadores, formales e informales. Las políticas de mercantilización y desregulación derivaron en una fenomenal transferencia de ingresos desde sectores medios y pobres hacia la cima de la pirámide, que se tradujo en 5,3 millones de nuevos pobres y 2,9 millones de indigentes con respecto al año anterior, según la última medición semestral de pobreza del INDEC, que abarcó hasta junio último.

Milei con su remedo de Rodrigazo dejó a miles de personas sin poder pagar su alquiler. El aumento de los precios de las habitaciones y el hacinamiento no son el único motivo para que las personas terminen en la calle. Se suman a ello los problemas de salud mental. Eso fue tenido en cuenta por Jorge Macri a dos meses de asumir en CABA, cuando informó que sólo 2.200 personas iban a los centros de día mientras que 1.200 seguían en la calle. De esas 3.500 –dijo– el 60% tenía problemas de salud mental (crónicos o eventuales). Para tratarlas, el jefe de gobierno porteño se propuso un protocolo que reemplazara la intervención policial –inadecuada para la problemática sanitaria– por un abordaje integral con el Ministerio de Salud, que tiene 70 camas en hospitales especializados: Pirovano, Rivadavia, Álvarez, Durand y Tornú.

 

 

Al primer frío que sobrevino, la nueva administración (Jorge) Macri admitió un incremento de sólo 500 personas en la calle. Aun así, esos cuatro millares constituían un 14% más que en el invierno previo, bajo los gobiernos de Larreta en CABA y Fernández en nación, el nivel más alto en la década.

Nada hace prever que el próximo trimestre mejore la situación social. A los más pobres les queda el texto de la ley 27.654 que habilita al Ministerio (nacional) de Desarrollo Social, “en su carácter de Autoridad de Aplicación, a suscribir convenios y articular acciones con organismos de la Ciudad Autónoma (entre otros) con el fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo”.

A diferencia de la tensa relación entre gobiernos de distintos partidos, como ocurrió con Larreta y Fernández, ahora no debería haber razón para que no acuerden Macri y Milei. ¿O sí?

 

 

 

* Salvo las indicadas, todas las fotos fueron tomadas durante la última semana.

 

 

 

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