INFLACIÓN DEL PODER ECONÓMICO

Más que un enfoque de desequilibrio macroeconómico, la inflación requiere uno de economía política

 

El presente de la economía del país está sometido a una trepada de una ya alta tasa de inflación. Frente a estos episodios, la economía ortodoxa, y en general el pensamiento predominante –que también incluye a variantes de la heterodoxia— reclama y discute sobre los llamados “planes de estabilización”. Estos en general recurren a lógicas que priorizan el descenso de la inflación frente a otros objetivos de política económica. Así se prioriza frenar la trepada del nivel general de precios aun con sacrificio de la tasa de crecimiento de la economía,  los objetivos de mejora en la distribución del ingreso y la atención de las urgencias sociales. Parar la inflación se convierte en condición necesaria y primaria que subordina otros objetivos de la economía. En general las recetas tradicionales anti-inflacionarias recurrieron a las políticas de austeridad fiscal y monetaria, las que suponían que la causa de la inflación provenía del exceso de emisión para financiar el gasto público y/o el déficit fiscal. También suponían que el nivel de demanda de la economía no encontraba una oferta de bienes para atenderla, generando un aumento de precios constante. Este enfoque llevaba a sostener la necesidad de retraer el salario real para resolver el “exceso de demanda”. Sin embargo, estos dispositivos analíticos y de política no explicaban las causas reales de los procesos inflacionarios, mientras sus recomendaciones provocaban efectos negativos en el desarrollo de la economía y en los niveles de vida popular.

Más que un enfoque de desequilibrio macroeconómico, la inflación requiere uno de economía política. La clave que explica lo fundamental del alza constante del nivel general de precios es la puja distributiva. Entonces, para atacarla en sus causas se trata de abordar la cuestión del excedente económico y ver cómo se distribuye entre propietarios y no propietarios de medios de producción, y dentro de las cadenas de producción y distribución, intervenir en otorgar racionalidad a los niveles de apropiación que tienen sus distintos eslabones y estudiar y limitar el papel que adquieren dentro de ellas las empresas que por su poder de mercado y grado de oligopolización se constituyen en formadoras de precios.

El proceso inflacionario que hoy vive la Argentina tiene la característica de ser predominantemente causado por una presión del poder económico concentrado para provocar una captura mayor de ganancias, en un escenario en el que el peso de las consecuencias de la guerra ruso-ucraniana han desencadenado un aumento de los precios internacionales, tanto de los commodities que el país exporta como de los que importa. Actualmente no hay presiones salariales que justifiquen la escalada de los precios internos, menos aún problemas de exceso de demanda, ni tampoco existen desequilibrios presupuestarios de un tamaño tal que puedan incidir en la escalada. Una vez desatada esa presión del poder económico los salarios en esta época los siguen muy de atrás, pero el empresariado concentrado replica siempre por una porción mayor, agregándose a la puja desigual una dinámica de inflación inercial que es consecuencia y no causa principal. Mientras tanto el aumento de los precios internacionales contribuye decisivamente a levantar la presión sobre el incremento de los precios locales, lo que requiere urgentemente medidas para su desacople, entre ellas el aumento de la tasa de los derechos de exportación.

Grafica esta dinámica el Informe de Coyuntura n°38 de CIFRA-CTA que describe así la conducta redistributiva de estos últimos años: “La caída del salario promedio anual de los trabajadores registrados en el sector privado fue del 2,3% en 2021, en tanto que la de los no registrados fue del 7,1%. La perspectiva es negativa si se tiene en cuenta la aceleración del proceso de inflación en febrero y marzo de 2022 (4,7% y 6,7%, respectivamente). Bajo esas circunstancias, se acentúa la tendencia regresiva en términos de la distribución del ingreso que se inició en 2018. La caída en la participación de los asalariados en el ingreso fue del 48,0% al 43,1% entre 2020 y 2021, cuando en 2017 era de 51,8%. A la inversa, el excedente apropiado por los empresarios subió del 50,5% al 54,3% del PIB entre 2020 y 2021, cuando en 2017 era de 46,4%. Esto explica que la reactivación económica haya estado empujada por la inversión y, en menor medida, las exportaciones, mientras que el peso del consumo privado se desplomó a un nivel más bajo que el de la gran crisis de 2002 (61,8%)”.

El informe menciona que esta caída fue posible aun en el marco del descenso de la tasa de desempleo. Lo que constituye una prueba contundente que la suba de precios no obedece al aumento de los costos salariales, porque aun con aumento del empleo la evolución salarial se comportó perdiendo capacidad adquisitiva. El hecho que menciona el informe con relación al descenso del peso del consumo privado en la demanda agregada se encuentra asociado a la pérdida de participación de los asalariados en el ingreso y al descenso del salario real. Una sociedad integrada tiene su base necesariamente en la diversificación productiva y la dinámica del mercado interno, para lo que se requiere un proceso constante y progresivo de redistribución del ingreso.

Lo confirma CIFRA cuando reseña que “desde 2017 hasta 2021 se registró una caída casi sistemática del peso de los asalariados en el PIB, alcanzando a 8,7 puntos porcentuales. Esto no está para nada desvinculado del comportamiento del consumo privado. A la inversa se evidencia una recomposición significativa de los márgenes de ganancia. El excedente privado de explotación se incrementó del 46,4% del PIB al 54,3% entre 2017 y 2021. En este último año se registró el mayor crecimiento de los márgenes apropiados por las empresas privadas (3,7 puntos porcentuales), aun superior al ascenso observado en 2018, cuando en el marco de las devaluaciones que signaron el agotamiento de la valorización financiera había aumentado en 2,7 puntos porcentuales”.

 

 

El Informe de CIFRA-CTA caracteriza que “tanto los vaivenes de la actividad como sus características no están disociados de la orientación de la política económica que priorizó la reducción los desequilibrios de las cuentas públicas como punto de partida de la recuperación. Eso se constató en la fuerte reducción del déficit primario en el primer semestre de 2021 (en torno al 1% del PIB) y en un nivel de gasto que, si se excluye el único componente expansivo que fueron los subsidios, fue equivalente al del primer semestre de 2019 (el de mayor ajuste del gobierno anterior)”. Esta descripción del informe de CIFRA muestra a las claras las consecuencias de las imposiciones del FMI en los acuerdos de financiación y refinanciación, que establecen para su “apoyo” financiero, la implementación de programas que incluyen el ajuste fiscal como ingrediente fundamental.

 

 

 

Desigualdad o Democracia

El curso de las decisiones futuras de la política económica argentina se enunciará y se expresará en el rumbo que tome la política antiinflacionaria. Respecto de esta cuestión, resulta pertinente lo manifestado por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de la Asamblea de EuroLat, cuando afirmó que “cuando se adoptó esta forma institucional de gobernar, de la gobernanza… no existía la luz eléctrica. No existían el auto ni los celulares ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, la tecnología, cómo se fue creando y generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras Constituciones son un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Sobre todo el otro poder que está afuera: mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras Constituciones. Y lo peor de todo: cuando las sociedades cada cuatro años o cada dos años eligen a sus representantes, no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes, a los que están sentados en las bancas, que mucho, mucho, mucho tampoco pueden hacer”. Esta afirmación resulta precisa para tener en cuenta respecto de la política antiinflacionaria que requiere hoy el país, porque el acuerdo con el FMI (comando del poder financiero internacional) impone la ruta del ajuste fiscal y monetario, y porque el gran empresariado se opone e incumple con las disposiciones del Estado en la conformación de los precios.

Estamos en presencia de una suba generalizada del nivel de precios con diferenciaciones que significan cambios en los precios relativos que agudizan el impacto de la inflación sobre los sectores populares. Se toman medidas sobre los precios, y emergen incumplimientos, y más aún actitudes de desacato de ese empresariado respecto al cumplimiento de lo que el Estado dispone. Con el marco explicado por Cristina Fernández, la escisión entre economía y política que postula el liberalismo (hoy en su forma neo) demuele la democracia. Mientras los monopolios y oligopolios devalúan los ingresos de los asalariados y de los sectores vulnerables, la imagen de las instituciones democráticas se desprestigia por su impotencia para detener esa dinámica. Es un dispositivo en el que el poder privado desinstitucionalizado redistribuye el ingreso a su favor con sus conductas de mercado, mientras los representantes del pueblo aparecen falsamente como quienes tienen el mayor poder para definir la vida de la Nación. Existe una imperiosa necesidad del avance de la política en las áreas que son esenciales para la vida de la ciudadanía. Los neoliberales militan fervorosamente la exclusión del Estado de la economía, su límite de tolerancia democrática es la presencia de una inmensa esfera civil en la que el poder del Estado no se inmiscuya. Su perímetro más trascendental es el del mercado. Mercado que hoy es controlado por las definiciones del gran empresariado.

La constitucionalización de la inclusión de la economía en la esfera de la política emerge, en el presente, como el gran desafío de un proyecto nacional, popular y democrático. Lo fundamenta la Vicepresidenta de esta manera: “La insatisfacción de las democracias, donde la gente se termina enojando con la política, debería obligarnos repensar nuestra ingeniería institucional donde se invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear. Pero estamos a tiempo todavía antes que sea demasiado tarde. Por eso creo que la pandemia ha venido a saldar aquella discusión porque no es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad el Estado sirva solamente para eso y cuando tiene que tomar decisiones o adoptar decisiones o en materia económica, de controles, de regulaciones sea estorbo y no permita la actividad económica… en el mundo, y en nuestro país durante la pandemia el sector privado recibió todo tipo de ayuda, de carácter financiero, fiscal, crediticio, etcétera. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra… Tenemos que, el mercado nos contesta con que ‘ah, no, no importa, son mis ganancias, es mi rentabilidad, y los demás que revienten’. Bueno, miren, no vale así, como dicen los chicos: ‘así no juego más, así no juego más'».

El “libertarismo” neofascista, va en rumbo inverso, quiere destruir instituciones como el Banco Central, racionalizar el gasto político, disminuir el radio de influencia de las decisiones democráticas. El programa de toda la derecha argentina expresa el punto a que ha llegado la contradicción entre la democracia y el liberalismo neo.

 

 

 

El poder del Estado en la economía

En ese rumbo es necesario afirmar que no hay atajos. Que hoy se vive una inflación causada por la decisión empresarial de hacer un traslado compulsivo de ingresos de los sectores subalternos a los de la concentración económica. Que se requiere aplicar la capacidad coercitiva del Estado para revertir ese devenir y cumplir con el programa restitutivo de los ingresos que en los años del macrismo y de la pandemia fueron sustraídos de los sectores populares. Una cuestión de Economía Política. Para este tipo de inflación no hay política de estabilización macroeconómica que pueda restaurar el orden de la economía mejorando las condiciones de vida popular. El ajuste monetario-fiscal llevaría a una gran recesión donde la baja de la tasa de crecimiento del nivel de precios sería el resultado de la destrucción de la capacidad adquisitiva del pueblo, mientras la estructura económica se reconvertiría para la oferta de bienes hacia una población más reducida: la de ingresos acomodados.

Las reflexiones de la Vicepresidenta sugieren retomar el camino de los principios del Constitucionalismo Social. En una excelente edición del Bicentenario de la Revolución de Mayo realizada por el Ministerio de Justicia de la Nación de la Constitución de 1949, Eugenio Raúl Zaffaroni hace un conceptuoso estudio preliminar donde expresa que “el mundo de la última posguerra confiaba en evitar el caos que podía llevar a las aberraciones políticas de entreguerras mediante el progreso social, la ampliación de la base ciudadana real, la incorporación de las masas a la producción y al consumo, la asistencia y la previsión social, el fomento de la educación y de la cultura. Esa era la tónica del constitucionalismo europeo continental de posguerra. (…) Lejos de la tesis del fundamentalismo de mercado, este mundo horrorizado por lo que acababa de vivenciar impulsaba la intervención económica del Estado para incentivar y redistribuir sobre la base de la equidad y la justicia social. (…) América Latina se inquietaba, pero sus países extensos (México, Brasil y Argentina) defendían mediante gobiernos populares su independencia económica. Perón, junto con Lázaro Cárdenas y Getulio Vargas, con diferencias propias de la idiosincrasia de sus pueblos, procuraban el desarrollo económico autónomo de la región”. El jurista evoca la obra póstuma de Arturo Sampay, en la que el gran inspirador de esa Constitución estableciera los principios de la expansión de derechos que tenía respecto de los textos anteriores así :

  1. «a hacer efectivo el predominio político de los sectores populares mediante la elección directa del Presidente de la República y mediante la posibilidad de reelegir como Presidente al jefe de esos sectores populares victoriosos, general Perón».
  2. «a estatizar los centros de acumulación y distribución del ahorro nacional, las fuentes de los materiales energéticos y los servicios públicos esenciales»;
  3. «a estatizar el comercio exterior»;
  4. «a asignar a todos los bienes de producción la función primordial de obtener el bienestar del pueblo»;
  5.  «a generalizar la enseñanza, a cuyo efecto debía ser absolutamente gratuita, y a conferir becas a los alumnos y asignaciones a sus familias»;
  6. «a regionalizar la enseñanza de las universidades, a fin de vincular dicha enseñanza a la producción de las respectivas zonas geo-económicas del país;
  7. «a estatizar las Academias, con el propósito de que ellas se ocupen de la alta investigación científica, necesaria para que el país posea una industria moderna independiente»;
  8. «a hacer que el Estado fiscalice la distribución y utilización del campo y a intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”.

Estos principios se desarrollarán en distintos artículos del texto cuya vigencia fue eliminada por la dictadura instaurada por el golpe de Estado de la “Revolución Fusiladora”. Son paradigmáticos el artículo 38 que comienza indicando que “la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común…”; el 39, que sostenía que “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino” y el 40, que enuncia en su comienzo que “la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución”.

Las condiciones en las que el poder económico concentrado despliega hoy su proyecto inflacionario, en pos de una mayor concentración del ingreso, hace imposible que tenga éxito para desactivarlo una acción política sostenida en el consenso con esos sectores cuyo despliegue ha sobrepasado el límite que admite una sociedad democrática. La Argentina no es sino un caso emblemático y grave de lo que manifestara la Vicepresidenta en el discurso citado, cuando advirtió que “todavía no había venido la pandemia y está muy claro que vivimos en un mundo cada vez más desigual. La pandemia no ha hecho más que acentuar, trágicamente, esa desigualdad”. Para lidiar con la situación dramática que enfrenta la Nación y su pueblo es necesario reconstruir el aparato estatal desarticulado, disminuido y transformado para las necesidades de la oligarquía diversificada y el poder financiero en los distintos períodos neoliberales. Hay que reconstruir rápidamente la posibilidad de controlar e intervenir en los encadenamientos productivos fundamentales para restablecer la racionalidad que la dinámica mercantil neoliberal destruyó. Es, a su vez, imprescindible institucionalizar que la esfera de la economía pertenece al ámbito de la decisión e intervención política, desandando el camino que la sustrajo completamente de ese ámbito, depositándola en el de la sociedad civil privada, a merced de los mercados regulados de hecho por la financiarización y el empresariado concentrado.

 

 

 

 

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