Ingreso Ciudadano Incondicional

La Argentina debe sumarse a un debate que recorre Latinoamérica

 

Pobreza y sistema impositivo regresivo

Los niveles de pobreza, indigencia y desigualdad del país se encuentran estrechamente relacionados con un sistema impositivo sumamente regresivo. Las soluciones estructurales a estas cuestiones implican insoslayablemente reestructurar la distribución de cargas y aportes de los integrantes de la sociedad en el marco impositivo.

La discusión en ambos aspectos es urgente, aunque su emergencia aún no le quita el sueño a la clase política.

Con relación a la pobreza, el informe del INDEC “Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos” informa en los resultados del segundo semestre de 2020 que la pobreza alcanzó el 31,6% de los hogares y el 42% de las personas. La indigencia llegó al 7,8% de los hogares y al 10,5% de las personas. Más de la mitad (57,7%) de las personas de 0 a 14 años son pobres.

Por su parte, Cáritas y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en la publicación titulada “Un rostro detrás de cada número. Radiografía de la pobreza en la Argentina”, detallan que nuestro país tiene un 41,9 de pobreza multidimensional –pobreza por ingresos y pobreza de carencias–. La franja de personas pobres con tres o más carencias representa el 24% de la población (pobreza estructural acuciante). El 28% no es pobre por ingresos ni por ninguna de las dimensiones de pobreza. Conclusión: existe un tercio de la población estructuralmente incluido, un tercio estructuralmente excluido y un tercio que está afectado por los vaivenes de nuestro devenir económico. Si faltaba más, según este informe, en la Argentina más de la mitad de la niñez es pobre, porcentaje que alcanza casi al 75% en el Conurbano bonaerense y en otras zonas del país.

 

 

Respecto a la regresividad del sistema tributario argentino, se destaca por adolecer de una inequidad manifiesta, porque la recaudación proviene mayoritariamente de los impuestos a los consumos. El 10% más pobre de la población participa más en el pago de impuestos que en el reparto del ingreso. El carácter regresivo del sistema impositivo obedece principalmente a los siguientes problemas en su configuración: está sustentado en impuestos indirectos que no se ajustan progresivamente a la capacidad de pago de las y los contribuyentes; el impuesto a las ganancias no es suficientemente progresivo; los impuestos patrimoniales padecen una baja recaudación; el gasto tributario es elevado y se caracteriza por numerosas exenciones o privilegios fiscales a sectores de altos ingresos. Magdalena Rúa, en su artículo “Impuestos y propiedad privada”, señalaba que la presión tributaria no es la misma para todas y todos. Los estratos sociales bajos y medios tienen una presión tributaria más elevada porque no pueden reducir la carga tributaria trasladando sus capitales al exterior y debido a la regresividad del propio sistema tributario nacional.

En este alarmante contexto, la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional (ICUI) aparece como la más indicada para la protección de los derechos humanos y como norte y razón para repensar la distribución de la riqueza desde la herramienta impositiva.

 

 

La propuesta del ICUI

¿En qué consiste la política del Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional? La propuesta del ICUI presenta dos ejes. El primero implica el establecimiento de una política estatal que reconozca el nuevo derecho humano de toda persona habitante del país (universal e individual) a recibir una transferencia económica mensual por parte del Estado (ingreso) suficiente para garantizar ingresos tales que, en un principio, la coloquen en un status por encima del umbral de la pobreza. Con el fortalecimiento de la política, se alcanzarán los montos necesarios para el ejercicio de la soberanía política (ingreso suficiente y ciudadano), con independencia de sus ingresos, su condición laboral, su edad, sin importar con quién conviva y sin la exigencia de cumplir ninguna contraprestación (incondicionalidad previa y posterior), es decir, no está mediada ni se subordina a ninguna condición o circunstancia individual, familiar, social o ambiental. El único requisito es ser persona humana.

La segunda columna vertebral del ICUI se relaciona con los cambios estructurales en el sistema impositivo y productivo que deben realizarse tanto para financiar la propuesta como para recapturar el ingreso que se otorgue a las personas que, por sus propios ingresos, no necesitan recibir el ICUI. La universalidad de la propuesta implica que el ingreso lo reciban tanto personas pobres como ricas como método para no dejar a nadie excluido a través de condicionalidades o requisitos característicos de las políticas focalizadas. El ICUI no es una mera política social sino la propuesta de un sistema integrado de transferencia y distribución de los recursos estatales y de la riqueza generada por la sociedad.

Esta integración de impuestos y transferencias económicas logra establecer una “línea de indiferencia fiscal” que divide al universo de destinatarios en dos: los beneficiarios netos (quienes no son alcanzados por estos impuestos, y quienes son alcanzados por ellos, pero pagan menos de lo que reciben gracias al ICUI) y los contribuyentes netos (quienes pagan un monto mayor de impuestos de lo que reciben por el ICUI).

Todas las personas son contribuyentes impositivos al sistema de redistribución social de ingresos públicos, en forma proporcional al conjunto de sus ingresos. Para resumir, resulta importante que se perciba que el ICUI es una política económica que establece un sistema redistributivo que tiene dos caras inseparables: la percepción de la prestación económica universal e incondicional por parte de cada persona y su contribución impositiva. En este sentido, el sistema es una suerte de continuum solidario de percepciones y contribuciones impositivas, con un piso básico, que es la asignación monetaria del ICUI.

 

 

Los debates latinoamericanos

La propuesta del ICUI en diversos países latinoamericanos ha dejado de ser una idea marginal para ser adoptada e impulsada por importantes sectores políticos e incluso por coaliciones partidarias y parlamentarias.

En Chile, el 30 de enero de 2020, la Cámara de Diputados acogió el trámite de una iniciativa parlamentaria para reformar la Constitución e incluir el ICUI como un derecho para toda la ciudadanía. El proyecto fue presentado por el diputado Giorgio Jackson del partido Revolución Democrática (RD) y patrocinado por otros/as nueve diputados/as del Frente Amplio (FA). En mayo de este año, se insistió con la reforma constitucional para crear una Renta Básica Universal de emergencia a raíz de la pandemia a través de dos proyectos. Los mismos tuvieron el apoyo de la Democracia Cristiana (DC), el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC). Asimismo, la Red Chilena de Ingreso Básico Universal está impulsando la inclusión de la propuesta del ICUI en la nueva Constitución chilena.

En 2004, en Brasil se aprobó la ley 10.835 que instituyó la renta básica de ciudadanía (equivalente a la propuesta del ICUI) como derecho de todos los brasileños residentes y de los extranjeros que hayan residido por lo menos cinco años en el país, independientemente de su condición socioeconómica, a recibir, anualmente, un beneficio monetario. Se estableció que la renta básica sería implementada en etapas, a criterio del Poder Ejecutivo, priorizando los sectores más necesitados de la población. Su implementación en los hechos quedó suspendida.

En julio de 2020 se creó el Frente Parlamentario Mixto para la Defensa de la Renta Básica, con el apoyo de 317 parlamentarios de 23 partidos de centro, izquierda y derecha, de los 24 partidos con representación en el Congreso Nacional. Cuenta con el apoyo de la Red Brasileña de Renta Básica (RBRB) que coordina a 160 organizaciones de la sociedad civil. En la localidad de Maricá, de 150.000 habitantes, desde 2019 está vigente el programa municipal de Renta Básica de la Ciudadanía (RBC) que consiste en otorgar 32 dólares mensuales a 42.000 habitantes a través de la Tarjeta Mubuca.

En Colombia, en marzo de 2021, se radicó en el Senado un nuevo proyecto de Ley sobre Renta Básica Permanente. La iniciativa contó, en principio, con el respaldo de 51 senadores de 10 movimientos políticos. En la misma línea, 584 organizaciones y más de 4.100 personas firmaron una carta que respalda la propuesta que sería discutida en el nuevo período legislativo. En junio de 2021, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que implementará un ambicioso programa de Renta Básica para casi un millón de familias. Las transferencias monetarias se ampliarán a 350.000 hogares, llegando a más de 950.000 personas. “El 60% del empleo en la ciudad es informal, y de ese, más de la mitad es literalmente en la calle, en rebusque. Quien no pueda salir, probablemente no puede comer”, afirmó López. La aplicación sería progresiva (no de carácter universal en la primera etapa) pero sí sería incondicional, permanente y suficiente para no ser pobre.

 

Colombia, uno de los países que avanza con la propuesta del ICUI.

 

En nuestro país, el primero que planteó el ICUI fue el Frente Nacional contra la Pobreza (FreNaPo), impulsado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en 2001. Actualmente, Claudio Lozano es una de las figuras que desde la CTA continúa la lucha por la implementación del ICUI.

A principios de la pandemia, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, anunció que una especie de ingreso universal surgiría luego de la finalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La propuesta que el ministro sostenía por entonces no cumplía con una de las principales características del ICUI (la incondicionalidad), ya que exigía la realización de trabajo o formación como contraprestación. El 22 de agosto de 2020, en diálogo con La Nación, Arroyo descartó que el gobierno fuese a implementar un “ingreso universal”. Sin embargo, el 16 de junio de 2021 afirmó que la Argentina tiene que ir a un ingreso ciudadano universal. Luego de un año de pandemia, no hay IFE ni el gobierno nacional avanzó con la discusión institucional del ICUI.

Este es el gran debate nacional pendiente que debe ser abordado en toda su envergadura. El ICUI no es una política social focalizada que alcanza a millones de personas y que exige contraprestaciones. Es una política universal para todos los habitantes que exige redistribución de la riqueza y reestructuración del sistema impositivo. No podemos permitir estos niveles de pobreza y desigualdad: el ICUI es parte necesaria de la solución.

 

 

 

 

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