Conforme pasan los días, la tensión entre los Presidentes Nicolás Maduro y Donald Trump no cede. La presión aumenta en el país amenazado y agredido, sin pruebas que justifiquen el accionar de Estados Unidos, que lo ha cercado con más del 20% de su flota militar y la complicidad de varias islas del Caribe (República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao). Pero el nerviosismo se incrementa también en el país agresor. Los asesinatos extrajudiciales a 80 tripulantes de 20 lanchas bombardeadas generan rechazo e indignación no solo en organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, sino al interior de Estados Unidos. El viernes el Washington Post informó que el 2 de septiembre militares estadounidenses bombardearon dos veces una misma lancha al percatarse de que había dos sobrevivientes. Funcionarios del Pentágono aseguraron posteriormente a diversos legisladores que este ataque se realizó con el fin de hundir el barco y prevenir que este supusiera “un peligro para la nación”. El propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, escribió ayer en su cuenta de X que los reportes periodísticos desacreditan “a nuestros increíbles guerreros” y que los bombardeos “están específicamente destinados a ser ‘ataques letales y cinéticos’”.
La narrativa de que se trata de una lucha contra el narcotráfico resulta cada vez menos creíble. Sobre todo porque no es Venezuela el lugar desde donde fluyen las drogas hacia ese país, en particular el fentanilo, que ha ocasionado una epidemia por sobredosis que mata anualmente a cerca de 100.000 ciudadanos estadounidenses.
Mientras más tiempo pasa, quedan expuestas con meridiana claridad las verdaderas intenciones de Washington: derribar al gobierno de Maduro, “por las buenas o por las malas”, como señala el propio Presidente Trump, e instalar en su lugar a un gobierno funcional a sus intereses. Para nadie es un secreto que Venezuela es un país bendecido por la abundancia de sus recursos naturales, además de poseer una de las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.
Trump se enfrenta a un dilema. Puede confiar en las evaluaciones de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien se la tiene jurada a Nicolás Maduro luego del fracaso de la estrategia diseñada e instrumentada conjuntamente con Mauricio Claver-Carone y Elliot Abrahams para desestabilizar y derrocar al gobierno venezolano durante su primer mandato, o puede hacer bien la cuenta y ver si realmente le conviene a Washington encender un conflicto en América Latina y el Caribe en su afán por retomar el control de su patio trasero (o delantero si nos acogemos a la recategorización que nos dio el ex Presidente Biden).
Mientras Trump cerca por todos los medios a Venezuela y acusa a la cúpula del gobierno de ese país de ser narcoterroristas, promete absolver a Juan Orlando Hernández, el ex Presidente hondureño extraditado a Estados Unidos en 2022 y preso en una cárcel de Nueva York con una condena de 45 años de prisión por conspirar para distribuir más de 400 toneladas de cocaína. Hoy habrá elecciones presidenciales en Honduras, en medio de fuertes rumores de fraude, y la apuesta de Trump es evitar el “narcocomunismo”.
Lanza del sur
El galimatías que caracteriza la política exterior del gobierno del Presidente Trump ha dado lugar a mensajes contradictorios durante los últimos diez días. Después de cercar la costa de Venezuela, con un despliegue militar en el Caribe que muchos expertos catalogan como el mayor desde la Crisis de los Misiles de 1962, dice estar dispuesto a conversar con Maduro si se trata de salvar vidas. Pero el lunes 24 de noviembre el gobierno estadounidense calificó al Cartel de los Soles como una organización terrorista de narcotraficantes dirigida por el Presidente venezolano y altos oficiales del Ejército. ¿Cómo se explican estas invocaciones al diálogo de ambas partes en medio de una creciente militarización?
Según una nota de The New York Times publicada el viernes, Trump había hablado por teléfono con Maduro días antes de que entrara en vigor la resolución del Departamento de Estado de Estados Unidos que acusa a Maduro de liderar una organización terrorista extranjera. Según la nota, conversaron sobre una posible reunión que no prosperó, lo que explicaría el aumento de las tensiones.
Al día siguiente de la resolución, el Presidente Maduro movilizó sus bases para cerrar filas ante las acusaciones realizadas por el Departamento de Estado y manifestar a sus militantes y simpatizantes que Estados Unidos no podría derrotarlos. “Somos invencibles”, les dijo. A su vez, el gobierno estadounidense envió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para reunirse con el Presidente de República Dominicana, Luis Abinader, considerado su mejor aliado en la lucha antidrogas en la región, para invitarlo a participar en la operación Lanza del Sur contra Venezuela, una misión liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur que tiene como objetivo abatir "narcoterroristas" en la región, de acuerdo con lo anunciado por Hegseth el 13 de noviembre. Asimismo, le pidió permiso para usar el aeropuerto de las Américas, el principal del país, y la base aérea de San Isidro.
La escalada bélica
Para Hegseth se trata de una gran alianza y un modelo para la región. “Esperamos ampliar [la alianza] con otros países que quieran unir fuerzas con nosotros para garantizar que los narcoterroristas que han aterrorizado a nuestras organizaciones, a nuestros países, reciban este mensaje, que nos estamos asociando con más países, con más elementos para detenerlos. El Departamento de Guerra estará con ustedes para un beneficio mutuo”, expuso.
La respuesta de una treintena de organizaciones políticas y sociales dominicanas no se hizo esperar. En un comunicado conjunto rechazaron la visita de Hegseth, a quien calificaron de persona non grata al considerar que su presencia constituye un acto hostil contra la soberanía nacional, así como contra la de Venezuela y la de los demás pueblos del Caribe y Latinoamérica. Las organizaciones declararon que estas maniobras, presentadas como lucha contra el narcotráfico, buscan en realidad intimidar y recolonizar Venezuela y apropiarse de sus riquezas naturales.
Le recordaron al Presidente Abinader que la República Dominicana no es una colonia estadounidense y que su deber es defender los intereses del pueblo, la Constitución y apegarse al respeto al derecho internacional. Le pidieron también que no involucre al país en planes de agresión contra Venezuela y subrayaron que cada intervención estadounidense en la región se apoya en colaboraciones logísticas y diplomáticas. Finalmente, reafirmaron su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, que establece respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos. Al día siguiente, Hegseth se fue a pasar el Día de Acción de Gracias con su esposa en el portaaviones Gerald Ford. Desde allí se dirigió a todo su contingente militar y les dijo que eran “los combatientes más capaces y letales".
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, también inició el lunes una visita a Puerto Rico y Trinidad y Tobago. En el primer país, se reunió con miembros del Ejército estadounidense, supervisó la Base Militar de Roosevelt Draw —reactivada recientemente después de su cierre en 2004— y visitó uno de los navíos de guerra que Washington mantiene en el Caribe como parte de su campaña contra el narcotráfico.
Al día siguiente se reunió con la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en una visita que abordó la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La ingenua funcionaria dijo, después de que Caine se marchó, que no permitiría que su país se utilizara como base militar para agredir a Venezuela. El gobierno de Maduro le ha cortado los suministros de gas y petróleo, lo que le ha ocasionado problemas.
La cereza del postre fue el anuncio del ex aspirante a Nobel de la Paz en su residencia de Mar-a-Lago el Día de Acción de Gracias. Flanqueado por jefes militares, Trump anunció que los esfuerzos para detener a los narcotraficantes se trasladarían a operaciones terrestres, pues “por tierra es más fácil”. El gobierno ha examinado una serie de opciones para Venezuela, incluida la incautación de los campos petrolíferos del país.
La injerencia
El fin de semana pasado aumentó la especulación sobre inminentes operaciones militares después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera un aviso internacional donde instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe. Inmediatamente, aerolíneas como Latam, Iberia, TAP, Gol, Avianca y Turkish Airlines cancelaron decenas de vuelos, generando serios problemas. Maduro les dio 48 horas de plazo para que reiniciaran los vuelos bajo pena de suspender las concesiones aéreas si no lo hacían, tal como ocurrió. El jueves la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tuvo que solicitar a las autoridades venezolanas la reconsideración de la revocatoria de los permisos de operación a las aerolíneas. Ante la posibilidad de la normalización de los vuelos, Trump anunció ayer que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad.
La respuesta de la Cancillería venezolana no se hizo esperar. En un comunicado publicado ayer, las autoridades denunciaron que las afirmaciones de Trump representan una amenaza explícita de uso de la fuerza, prohibida de forma clara e inequívoca en la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo exigió respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que reconocen de manera categórica que cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio. El gobierno ha advertido que no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero e hizo un llamado directo a la comunidad internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral.
La injerencia de Trump no se limita a Venezuela. Esta ha tenido lugar de forma escandalosa en la Argentina, Colombia, Brasil, México, Panamá y, recientemente, en Honduras. Trump ha intervenido descaradamente en las elecciones presidenciales que tendrán lugar hoy en ese país al respaldar abiertamente al candidato Nasry Tito Asfura, del Partido Nacional, el mismo al que pertenece el narcotraficante y ex Presidente hondureño Juan Orlando Hernández, al que indultará. Trump prometió que “habrá mucho apoyo” si dicho político gana. “Voten por Tito Asfura para presidente. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”; “Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, y “¡Haz a Honduras grandiosa de nuevo!”, escribió Trump.
En efecto, el Presidente estadounidense anunció el viernes un indulto “total y completo” para el ex Presidente Hernández (2014-2022), declarado culpable por un jurado estadounidense de Nueva York en 2024 por sus vínculos con el narcotráfico. Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado”. Su presidencia también estuvo marcada por las tensas elecciones de 2017, en las que obtuvo un segundo mandato a pesar de la prohibición constitucional de la reelección. Las acusaciones generalizadas de fraude desencadenaron manifestaciones y violencia postelectoral con participación del Ejército, periodo en el que murieron cerca de veinte personas.
Los tres candidatos con chances de ganar la primera vuelta (en Honduras no hay segunda), además del respaldado por Trump, son la candidata Rixi Moncada, del oficialista e izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), y Salvador Nasralla, del centroderechista Partido Liberal. Según reportes del New York Times, muchos hondureños temen que las urnas no cierren con un ganador claro, sino con caos: acusaciones de fraude, protestas masivas e incluso la amenaza de una represión militar. Recientemente fueron filtrados audios que revelan maniobras de las élites políticas hondureñas para alterar el reconocimiento de resultados electorales.
La actual Presidenta Xiomara Castro ha sido aliada del gobierno de Maduro. El Presidente venezolano, y la ciudadanía, han demostrado serenidad y capacidad de resistencia frente a la agresión estadounidense. Pero Trump tiene un flanco interno débil no solo por los problemas económicos de su país, sino porque la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no apoyan la prometida invasión. Inclusive la congresista republicana por el Estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, dirigente del movimiento Make America Great Again (MAGA), expresó su rechazo a una potencial invasión de su país contra Venezuela para generar un cambio de gobierno pues dice que rechaza la guerra. Estados Unidos parecería estar esperando la traición de alguna facción de las Fuerzas Armadas de Venezuela o que la oposición desborde las calles. Pero, probablemente porque ha primado un sentimiento de dignidad y respeto a la soberanía nacional, ese respaldo no ha tenido lugar. Mientras tanto, las naves estacionadas en el Caribe incrementan la deuda de Estados Unidos, que ya es bastante voluminosa, así como la preocupación sobre los efectos que las bajas estadounidenses tendrían en las elecciones legislativas de medio término del próximo año si estallara el conflicto.
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