Inmortalizar las luchas obreras

Trabajadores, justicia y reparación: señalizaciones por la memoria en Astarsa, Ford y La Forestal

 

Mastinú, Astarsa y la Casación

El 22 de mayo de 1977, el Tano Mastinú alcanzó a tirarse al río y se salvó. Se encontraba escondido en una isla del arroyo Paycarabí, pasando el Paraná. El Tano era joven y hasta poco antes del Golpe de marzo de 1976 trabajaba en el astillero Astarsa de Tigre. Durante la primavera revolucionaria había sido el primer delegado de la combativa Lista Marrón.

Aquellos obreros navales, vinculados a Montoneros, habían sabido conquistar el corazón de sus compañeros y disputado a la patronal el control de la producción y la seguridad e higiene en el astillero: “es necesario que simultáneamente se logre un ambiente natural, apropiado y ordenado”, había manifestado a La Nación Enrique Ramilo, directivo de Astarsa y presidente de la cámara empresarial, cuando le encomendó a Dios y al Ejército estrechar filas contra el “limitado grupo ajeno a nuestra idiosincrasia” que lideraba Mastinú.

Cuando se tiró al río los represores secuestraron a su compañera Emilia Zatorre y asesinaron a su cuñado Mario Marras, obrero de Mestrina, salvándose de milagro la pequeña que éste llevaba en brazos. Mastinú sabía qué le esperaba. Había sufrido el secuestro y la tortura en 1975, y ahora muchos de sus compañeros navales se encontraban desaparecidos. El 7 de julio no logró escapar. Lo ubicaron de medianoche, en la casa de un primo de su viejo. Tenían secuestrada a su hermana Santina y al día siguiente fueron por su pareja, Emilia.

Fue la Prefectura Naval la que hizo el trabajo sucio en el secuestro de la familia Mastinú. Los prefectos José Luis Porchetto, Héctor Maldonado, Alejandro Puertas, Roberto Rossin y su jefe, el prefecto mayor Juan Carlos Gerardi, participaron de los hechos. La mayoría de ellos declaró en la investigación judicial iniciada al comenzar la transición democrática, en 1984 y 1985. El testimonio de Porchetto, que había trabajado como bombero de Astarsa, fue determinante. Otros testimonios agregaron pruebas sobre su participación.

Entre 1999 y 2000, cuando en Argentina todavía reinaba la impunidad para los ejecutores del terrorismo de Estado, los prefectos fueron condenados en ausencia en Italia por la desaparición de Mastinú y el asesinato de Marras. Más de diez años después, un tribunal argentino inició el debate oral por sus casos, junto al de más de una cincuentena de víctimas bajo la órbita de Campo de Mayo. Conocido como “El juicio de los obreros” (más de treinta de las víctimas habían sido navales y ceramistas del conurbano norte bonaerense), el tribunal dictó sentencia en octubre de 2014. Entre varias condenas y absoluciones, a Gerardi le dieron nueve años de prisión; Rossin, Puertas y Maldonado fueron absueltos. Porchetto había fallecido.

Las absoluciones se produjeron porque los testimonios de los prefectos habían sido en carácter testimonial y no indagatorio. Este error de procedimiento –de acuerdo al tribunal– había atentado contra la libertad de declarar y, por tanto, el derecho a defensa y la garantía que prohíbe la autoincriminación forzada. En el caso de Gerardi la condena se explica porque su responsabilidad se acreditó por otra vía: era jefe de la seccional de Prefectura de Tigre, fuerza cuya participación estaba probada. Ante la Cámara de Casación, los defensores solicitaron que a Gerardi se lo absolviera también. Los acusadores, por su parte, pidieron que se revirtieran las absoluciones.

Esta semana, la Sala II de la cámara superior puso fin a la causa al confirmar, por mayoría en ambos casos, la condena a Gerardi (con disidencia del juez Guillermo Yacobucci) y la absolución a Puertas (con disidencia de juez Alejandro Slokar). Rossin y Maldonado fallecieron en el último tiempo. Al cuestionar la anulación de los testimonios de los prefectos –que permitió sus absoluciones–, Slokar manifestó que “la decisión pone en jaque los compromisos asumidos por el Estado argentino de investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables por crímenes de lesa humanidad”. Los familiares de los navales vuelven a cargar el dolor y la injusticia.

Durante sus alegatos, los acusadores solicitaron una investigación seria por la participación de los empresarios, funcionarios, directivos y dueños de Astarsa, Mestrina, Lozadur y Cattáneo. Los dueños del astillero donde trabajaba Mastinú eran los Braun y los Menéndez. En la justicia, ese reclamo jamás prosperó.

Inmediatamente después del fallo de 2014, la plataforma conocida como “La Anguilera” en el predio de la ex Astarsa fue declarada Lugar de Memoria, reservando dos lotes para ese fin. En 2019 se señalizó con un cartel del municipio, pese a que el lugar está ocupado por el emprendimiento inmobiliario Venice y se ha cortado el paso. Los familiares esperan la colocación de los pilares de Memoria, Verdad y Justicia. La empresa tiene que ceder.

 

Señalización del municipio de Tigre en La Anguilera, ex Astarsa.

 

Ford, Casación y la señalización

Hace dos años, un tribunal federal condenó a dos ex directivos de la filial de la compañía Ford en Argentina por participar, durante la última dictadura, del secuestro, tortura y desaparición de 24 trabajadores de su planta en General Pacheco. Los fundamentos de la sentencia subrayan el marcado carácter antisindical de la violencia de esta empresa y del Estado terrorista.

Durante el debate, la actual dirección de la compañía alegó que Ford no era parte del juicio. Enfatizando el hecho de que un juicio penal no involucra a personas jurídicas, se explicó que la responsabilidad recaía –eventualmente– sobre las voluntades individuales de los antiguos directores. Oportunamente, desde El Cohete a la Luna hemos señalado las conexiones entre los actuales abogados de la compañía y la defensa de los directivos acusados. Además, una vez dictada la sentencia, cuando la noticia recorría el mundo en una decena de lenguas diferentes, desde la empresa no surgió ninguna comunicación condenatoria de las probadas voluntades criminales de sus ex directivos. En los grandes medios de comunicación que suelen recibir la publicidad de la automotriz reinó el silencio. Agréguese que, durante la inspección ocular que realizó el tribunal en el predio fabril, la empresa se esmeró en evitar el contacto entre las víctimas y los trabajadores actuales.

En la sentencia del tribunal de primera instancia se ha dado por probado, entre otros hechos, que la mayoría de los crímenes se cometieron en el propio predio fabril de Ford. En un apartado de los fundamentos, dedicado a comentar los aportes de la estructura organizacional y la infraestructura territorial de parte de la empresa a los delitos de lesa humanidad, el tribunal señaló: “Especial mención merece el convencimiento al que hemos arribado respecto a que en el territorio privado de la empresa Ford Motor Argentina, en el predio de la localidad de General Pacheco, en el quincho principal del espacio recreativo, funcionó con relación a los hechos materia de debate como centro clandestino de detención”.

No faltan razones para señalizar el predio de Ford como lugar donde se cometieron, con responsabilidad de la empresa, aberrantes crímenes. En 2012 las víctimas impulsaron –por sus propios medios– la instalación de un cartel que informaba a la comunidad lo que allí había ocurrido. Ellos mismos iniciaron conversaciones con la concesionaria vial para realizar la señalización en la rotonda de la Panamericana frente a la fábrica. Dos años más tarde se instaló otro cartel, por iniciativa de las Secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia de Buenos Aires.

Las inclemencias del tiempo y una sospechosa voluntad maltrataron al primer cartel y arruinaron el segundo. Los ex trabajadores volvieron a levantar el cartel propio. Luego se frustraron una y otra vez las iniciativas de concretar una señalización oficial y duradera. La que más cerca estuvo del objetivo fue la de la municipalidad de Tigre. Se llegó a firmar un acta de compromiso para instalar los pilares de Memoria, Verdad y Justicia en una plazoleta, enfrente de la Puerta 1, un ingreso más que significativo. Los impulsores aseguran que la empresa está detrás de esta última frustración y se resisten a que el acto reparador se malogre en algún lugar alejado.

 

Carlos Propato, ex obrero de Ford, y el cartel maltratado.

 

Desde la empresa podrían argüir que falta la confirmación de la condena. Pero a ese argumento ya se le han gastado demasiado las suelas y la demora de más de dos años llega a su fin: el 24 de febrero la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal tratará el caso y una resolución no debería dilatarse más allá de abril. ¿Cambiará la actitud de los actuales directivos en caso de que la sentencia sea confirmada?

 

Teófilo, La Forestal y Speranza

Mario Speranza pidió disculpas y se largó a llorar. Los aplausos no interrumpieron la contorsión de sus labios. La emoción era genuina. “Este hombre me invitó a venir a Villa Guillermina –confesó– y, la verdad, encontré un tesoro cultural y productivo”. Apuntaba con su mano y el brazo extendido a Roque Chávez, ex intendente del pueblo forestal y ahora subsecretario de Desarrollo y Ecosistema de Santa Fe.

Sus palabras se transmitieron en vivo por el canal provincial y por Youtube el pasado 29 de enero, durante el acto inaugural del evento conmemorativo del centenario de la revuelta obrera en dominios de La Forestal. Luego se descubrió un monumento a Teófilo Lafuente, primer secretario general del sindicato del tanino y del quebracho, impulsor de la organización sindical en la región y víctima de la masacre estatal-empresarial de 1921. Speranza no se refirió en su discurso a Lafuente ni a las luchas obreras pero firmó un comodato con la comuna y el Ministerio de Cultura provincial, permitiendo la organización de un Parque de la Memoria y la Identidad de los Pueblos Forestales en un sector del predio de la ex fábrica de tanino de La Forestal. Allí se colocará el monumento al obrero luchador.

El llanto de Speranza sorprendió. Sus palabras, en un acto sobre luchas obreras, ganaron protagonismo. “Con el corazón les digo, la fortaleza nuestra está hecha en la gente, en nuestros obreros”, largó entre conmovidos silencios. Luego se animó y repuso antagonismos al interior del mundo del capital: “La Argentina –prescribió– necesita empresarios serios, con riesgo, sobre todo que vayan a conocer sus fábricas”. “Ese es el problema que tiene la Argentina. Yo estoy en la Unión Industrial Argentina, el 80% no conoce sus fábricas. ¿Cómo puede ser? Necesitamos conocer las fábricas, conocer a la gente. No podemos abandonar la Argentina”, arengó.

Speranza es alto y corpulento. Tiene unos sesenta años. Oriundo de Reconquista, se autodefine como un humilde y sacrificado empresario familiar al que todos conocen. La familia tiene unas catorce empresas distribuidas en siete provincias. Ocupan a más de mil trabajadores y trabajadoras. La mayoría, en el rubro del papel y la madera. En 2019, compró la fábrica de Villa Guillermina, que incluye el predio fabril y varias casas antiguas de La Forestal, que deberían ser, como la vieja chimenea, preservadas como patrimonio arquitectónico.

Desde hace cuatro décadas, en la ex fábrica de tanino de Villa Guillermina se producen tableros aglomerados. Como fábrica de extracto de quebracho, durante la primera mitad del siglo XX, supo ocupar hasta a mil obreros fabriles. Como fábrica de tableros, llegó a movilizar a unas doscientas personas. En el último tiempo en Tableros Guillermina trabaja apenas una cincuentena. Los cambios tecnológicos, sobre todo en el área de carga y logística, han resultado expulsivos de mano de obra. Bajo la administración de la gigante Ferrum, durante los años del macrismo, la fábrica había ingresado en franco declive. Se acumulaba producción y se advertía un tenso final.

El comienzo fue difícil, pero ahora en el predio fabril de Villa Guillermina se levanta el polvo sin cesar. Se traen máquinas de otros establecimientos que se cierran. Se está agrandando. No dan abasto y lxs trabajadores lo saben más que nadie, empezando porque a diciembre de 2020 padecen una escala salarial acordada entre la unión gremial maderera y la cámara empresaria que arranca en 25.000 pesos aproximadamente.

El pasado viernes 12 de febrero, en el marco del evento organizado, se realizó la primera mesa de exposiciones, llamada “El derecho a desobedecer” (se puede ver aquí). Participaron entre otres la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el secretario general de la federación de trabajadores aceiteros Daniel Yofra y el senador nacional Roberto Mirabella, que anunció la presentación de un proyecto de ley para declarar el 29 de enero Día Nacional de la Memoria y el Desagravio a los Pueblos Forestales del Norte Santafesino. De la charla se destacaron gratamente las menciones de Yofra a “los compañeros de La Forestal”.

Osvaldo Bayer, quien esta semana hubiese cumplido años, escribió hace dos décadas en Página/12, luego de visitar los ex dominios de La Forestal: “En ningún lado se lee ni siquiera una placa en recuerdo a Teófilo Lafuente, el digno luchador por los derechos humanos en esa tierra rojiza”. El pasado 29 de enero recibió un regalo de cumpleaños por adelantado. Ahora Teófilo, el obrero, el sindicalista, el compañero, el luchador, se inmortaliza para dar el ejemplo.

 

 

 

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