Inseguridad social para (casi) todos

Una de cada dos personas en el mundo no cuenta con ningún tipo de protección social

 

Aunque la crisis producto del Covid-19 promovió una expansión sin precedentes de la protección social, más de 4.000 millones de personas continúan hoy a estar completamente desprotegidas. La respuesta social a la pandemia fue desigual e insuficiente: aumentó la brecha entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos y no logró brindar una cobertura básica para el conjunto de la población mundial.

La cobertura que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera como esencial, cuando se refiere a la protección social, incluye el acceso a la atención médica y a la percepción de ingresos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia.

 

 

Diagnóstico preocupante

En la actualidad, sólo un 47% de la población mundial está cubierta por, al menos, una prestación de protección social. En tanto el resto —4.100 millones de personas— no cuenta con ningún tipo de cobertura. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022 que la OIT acaba de publicar la primera semana de septiembre en su sede de Ginebra, Suiza. (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf).

Según el organismo internacional, las diferencias regionales son significativas. Las Américas cuentan con una tasa superior a la media mundial, con 64.3% de cobertura, lejos por detrás del 84% de Europa y Asia Central. Los Estados Árabes con 40% y más aún África, con apenas un 17.4%, muestran deficiencias evidentes en el plano de la protección social.

 

 

Mujer sin trabajo pidiendo limosna en Chisinau, Moldavia. Foto Marcel Crozet, OIT.

 

 

La niñez, las mujeres, las personas con capacidades diferentes y los desempleados son los sectores más perjudicados por este sombrío panorama. Solo uno de cuatro niños y niñas (26%) se beneficia de una prestación social. Únicamente el 45% de las mujeres con hijos recién nacidos tiene derecho a una prestación de maternidad en efectivo. Y solo una de cada tres personas que padece una discapacidad grave recibe un apoyo por invalidez. En cuanto a población desempleada a nivel mundial, apenas un escaso 18.6% cuenta con una cobertura efectiva.

La OIT constata que, si bien el 77% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben un aporte jubilatorio, persisten importantes disparidades en este rubro entre las regiones, zonas urbanas y rurales, así como entre hombres y mujeres.

Los números hablan por sí mismos: el gasto público en protección social varía de manera significativa. Los países destinan a la protección social un 12.8% del Producto Interior Bruto (PIB) como promedio internacional, sin incluir en este porcentaje los presupuestos específicos para salud. Sin embargo, los países de altos ingresos invierten 16.4% de su PIB en protección social y los de bajos ingresos apenas superan el 1.1%.

 

 

La encrucijada

El nuevo Informe Mundial 2020-2022 que se publicó el 1 de septiembre, afirma que la comunidad internacional en su conjunto se confronta a una encrucijada esencial: seguir un «camino óptimo» de inversión en el refuerzo de sus sistemas de protección social o bien un «camino fácil» de provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o políticas.

Y ratifica que el objetivo último debería ser que todas las personas estén protegidas tanto contra los impactos sistémicos como contra los riesgos ordinarios del ciclo de vida.

La clave para lograrlo radica en dedicar más esfuerzos para construir sistemas de protección social universal. Estos deben ser integrales, adecuados y sostenibles, e incluir un piso de protección social sólido que garantice al menos un nivel básico de seguridad social para todas las personas a lo largo de sus vidas.

Estos sistemas son esenciales para prevenir la pobreza y la desigualdad, así como para hacer frente a los retos de hoy y de mañana. El desafío esencial para reforzar ese andamiaje de protección universal es el trabajo decente. Que permita a las mujeres y a los hombres afrontar mejor “sus transiciones vitales y laborales, facilitando la transición de los trabajadores y las empresas de la economía informal a la economía formal, impulsando la transformación estructural de las economías y apoyando la transición hacia economías y sociedades más sostenibles desde el punto de vista ambiental”.

El nuevo informe insiste en que establecer la protección social universal —para hacer realidad el derecho humano a la seguridad social para todos— es la piedra angular de un enfoque centrado en las personas para alcanzar la justicia social.

Con ello se contribuiría a la prevención de la pobreza y a la contención de las desigualdades, a la mejora de las capacidades humanas y de la productividad, al fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, y a la revitalización del contrato social.

 

 

Cocina comunitaria en Perú. Foto Guillermo Galdos, PMA.

 

 

 

Ideas no faltan

En junio pasado, representantes de 181 países miembros de la OIT aprobaron el Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación centrada en las personas ( https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_803987/lang–es/index.htm), que delinea un programa detallado ante la pandemia y compromete a los países a garantizar una recuperación económica y social de la crisis «totalmente inclusiva, sostenible y resiliente».

Este compromiso consensuado durante la Conferencia Internacional del organismo, incluye dos tipos de acciones.

La primera, las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales y sus «interlocutores sociales» empresariales y sindicales, para lograr una recuperación rica en empleo, que refuerce sustancialmente las protecciones sociales y las de los trabajadores y apoye a las empresas sostenibles.

La segunda, subraya la cooperación internacional y el papel de las instituciones multilaterales, incluida la OIT, para facilitar y promover estrategias nacionales de recuperación de la pandemia que beneficien esencialmente a las personas y grupos familiares.

 

 

¿Cómo se financia?

Mejorar la cobertura social implica, esencialmente, discutir en cada país las formas de financiamiento. Hace al debate de fondo sobre la redistribución del ingreso de una nación.

El próximo 26 de septiembre, el pueblo suizo se pronunciará en las urnas sobre la Iniciativa popular 99%, promovida por partidos de izquierda, ecologistas, sindicatos, ONG y asociaciones de muy variada naturaleza.

 

 

«Nosotros somos el 99 por ciento»: afiche de la Iniciativa Popular que se votará en Suiza el 26 de septiembre.

 

 

La misma propone que las rentas del capital, tal como intereses, dividendos, ganancias por alquileres de propiedades etc. de un valor mayor a los 100.000 francos (110.000 dólares estadounidenses) paguen impuestos 1 vez y media más altos que las rentas del trabajo. Los ingresos fiscales adicionales generados por la iniciativa, que se calculan serán de 10.000 millones de francos anuales, se utilizarán para reducir la fiscalidad de las rentas bajas y para financiar servicios sociales como guarderías, seguros médicos y educación.

Los promotores de la propuesta que se votará el último domingo de septiembre están convencidos que solo una reforma fiscal de este tipo puede frenar el aumento de la brecha entre ricos y pobres en el país. En la actualidad, cerca del 43% de los activos financieros en Suiza están en manos de solo el 1% de la población, lo que determina que el 99% restante se distribuya el resto y de ahí el nombre de la iniciativa popular.

Los informes, documentos, reuniones y eventos internacionales que proponen un sistema social universal abundan y siguen multiplicándose.

Sin embargo, los desheredados de la Tierra siguen esperando. En particular, la población desempleada, las mujeres, la infancia, y las personas con capacidades diferentes.

No faltan conceptos sino mecanismos efectivos que aseguren que esa necesaria redistribución del ingreso se comience, realmente, a concretar a nivel nacional. No se trata de ideas sino de voluntad política, es decir de dar respuestas concretas a los gritos crecientes a favor de la dignidad humana.

 

 

 

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