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Un instrumento contra la tortura

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El flamante Comité Nacional para su Prevención llena un vacío flagrante

 

En las instituciones de justicia criminal, seguridad y encierro siempre hay funcionarios que practican o toleran la tortura y otros que la detestan y hasta se oponen activamente a ella. El problema político no es tanto cuántos son unos y otros, sino quiénes son los que en cada institución temen ser descubiertos.

La última semana del año 2017, luego de un larguísimo proceso, se constituyó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El Comité se creó en el ámbito del Congreso Nacional, tal como otros organismos de control (la Defensoría del Público o la Procuración Penitenciaria), y al igual que ellos no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Es un órgano colegiado de 13 integrantes, algunos de ellos seleccionados a propuesta de los bloques legislativos, otros a propuesta de las  organizaciones sociales con experiencia en la defensa de los derechos de las  personas privadas de su libertad, otros en representación de mecanismos provinciales, etc.

El Comité tendrá a su disposición múltiples instrumentos como la inspección de los lugares de detención, la fijación de estándares, la evaluación de proyectos, la citación a funcionarios, el seguimiento de casos, el análisis de designaciones y ascensos, y la elaboración de informes y recomendaciones para cumplir con el objetivo de evitar las políticas, prácticas y decisiones que hoy causan y/o posibilitan la tortura, y promover las medidas legislativas, judiciales y administrativas que sean útiles para prevenirla y sancionarla.

La historia de este Comité comenzó a escribirse en septiembre del 2004, cuando Argentina aprobó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Los que se dedican a estos temas lo llaman OPCAT, por sus siglas en inglés, y porque en castellano sería algo tan impronunciable como PoFaCoCoTo. El OPCAT es un tratado que básicamente obliga a los Estados a crear organismos para inspeccionar en serio y en forma  independiente los lugares de encierro y promover acciones contra la tortura. Ese mismo tratado crea un Subcomité de Naciones Unidas que se encarga de  seguir su cumplimiento y asesorar a los Estados en cómo desarrollar políticas para trabajar en prevenir las condiciones de posibilidad de la tortura y cambiar las prácticas de violencia institucional.

Desde 2004 se discutieron  varios proyectos e iniciativas para implementar  este mecanismo pero recién ocho años después de la aprobación del tratado, en 2012, se aprobó la ley de creación de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Esta ley surgió de una propuesta que elaboraron un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y algunas del Estado, con larga experiencia en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos en los lugares de encierro del país.

Es por eso, precisamente, que la ley creó un Sistema. Porque partió de reconocer tanto a las instituciones públicas como a las organizaciones sociales que desarrollan acciones para enfrentar las formas más graves de la crueldad y la desigualdad, el maltrato físico y psíquico contra mujeres, hombres, niños y niñas aisladas y/o sometidos.

Como resultado del proceso de institucionalización democrática existen hoy comisiones, fiscalías, defensorías, secretarías de derechos humanos, órganos de supervisión y procuraciones que se ocupan de estas problemáticas. A su vez, en línea con las mejores tradiciones de lucha contra la impunidad en la Argentina, se han multiplicado las organizaciones de derechos humanos, profesionales, sociales y de familiares que pelean por los derechos de las personas privadas de su libertad, contra la tortura y otras formas de la violencia institucional.

Sin embargo, 34 años después del fin de la dictadura se reiteran las muertes de personas internadas en psiquiátricos (o más bien encerradas y abandonadas) sin que se identifiquen los motivos y sin una mínima supervisión; hay personas que son literalmente asesinadas a patadas por agentes penitenciarios; que mueren quemadas en cárceles, comisarias y geriátricos; que viven en condiciones infrahumanas de hacinamiento; otras amontonadas en comisarías de provincias que aun mantienen la facultad de detener sin ninguna supervisión judicial; y niños y niñas abusadas en hogares donde son encerrados para su protección.

Las facultades del Comité y las que la ley establece para otras instituciones del Sistema deben servir para potenciar y articular los esfuerzos que ya se están realizando y darles cualitativamente otra dimensión. Por ejemplo, desarrollar medidas efectivas para abordar el grave problema del hacinamiento carcelario.

En este esquema de articulación la ley obliga a todas las provincias a la creación de mecanismos locales para que, con distintos niveles de autonomía y participación de la sociedad civil, desarrollen políticas a nivel local y se organicen a nivel nacional. Algunos ya se han constituído, otros están en proceso de creación.

El desafío de este Comité es lograr constituirse en un espacio de articulación y fortalecimiento de esfuerzos existentes, pero también de apoyo y protección a las nuevas estrategias que las instituciones y organizaciones sociales desarrollan o crean de forma constante.

Será necesario avanzar en desarrollar sistemas de información sobre las más de 82.000 personas privadas de libertad en cárceles y comisarías del país, y llegar a dimensionar cuántas son las personas encerradas por motivos psiquiátricos y los niños y niñas privados de su libertad por motivos de protección en instituciones públicas y privadas, sobre los que casi no existe información nacional sistematizada. El trabajo de relevamiento deberá reconstruir el mapa de las diversas formas de la tortura y tratos inhumanos y degradantes en nuestro país, así como las poblaciones y lugares más afectados. Lograr que en el país no haya espacios abandonados (o condenados) a la tortura es un desafío pendiente de nuestra democracia, que en este aspecto sigue siendo muy limitada.

 

Gustavo Federico Palmieri integra el Comité para la Prevención de la Tortura. Es Director del Instituto de
Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y miembro de la Comisión Directiva del CELS.

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