Intoxicados de odio

El derecho humano a esparcir veneno por las redes sociales en nombre de la república

 

Mientras la Unión Europea regula los discursos de odio en línea, la oposición republicana de la política argentina lleva al barro un debate necesario frente a los abusos por posición dominante de redes como Twitter.

Recordemos: en enero de 2021, Jack Dorsey canceló la cuenta de Donald Trump por considerar, sin mediación judicial, que el entonces Presidente incitaba a la violencia.

El martes pasado Gustavo Béliz no recibió orquídeas. Una metralla de tuits llena de información errónea replicó en las cuentas de funcionarios y legisladores de Juntos por el Cambio y asociados. Sus dichos pronto recibieron el coro del periodismo uniformado. Es decir, un discurso único en contra de la “censura” que, por cierto, nunca existió en las declaraciones del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.

A los mensajitos del jefe de ministros porteño Felipe Miguel se sumó el ahora diputado Diego Santilli, en tanto Mario Negri fijó un tuit acusando a Béliz de intentar regular las redes sociales cuando se refirió al espíritu de nuestra democracia “intoxicado” por la información que circula.

La iniciativa surge del “Pacto por la Información la Democracia”, que reunió a más de treinta países en Francia. Ese encuentro de junio de 2021, no hizo otra cosa que plantear principios básicos para la creación de entornos con información fiable. También, alertar acerca de los discursos de odio, en especial aquellos propiciados por los formadores de opinión pública.

No pocas denuncias son recibidas por la Defensoría del Público, el organismo destinado a proteger los derechos de los consumidores de los servicios de comunicación audiovisual. Si bien en los informes de marzo (números 51 y 52), la entidad conducida por Miriam Lewin tiene el cuidado de evitar etiquetados con datos personales, la Agencia Presentes aseguró la semana pasada que gran parte de las 750 denuncias relevadas –de un promedio de 1.600 anuales– apuntan a la conductora Viviana Canosa y a la diputada santafesina Amalia Granata. En este último caso por sus comentarios transfóbicos en los programas de Ángel de Brito y Carmen Barbieri. En cambio, Canosa prefirió descalificar a las mujeres trabajadoras que se manifestaron el 8 de marzo.

Otro informe del Observatorio de la Discriminación en Internet del INADI, de diciembre del 2020, concluye que Internet es uno de los principales espacios de propagación de discursos de odio, por la naturaleza transnacional del medio y por sus características, que facilitan el anonimato, lo cual muchas veces dificulta la posibilidad de sancionar.

De hecho, la experiencia regulatoria europea establece –en su reciente Ley de Servicios Digitales– obligaciones para que los gigantes de la red con más de 45 millones de usuarios no ejerzan abusos de poder dominante, justamente para preservar los valores democráticos.

Con la regulación actual en materia audiovisual, los personajes públicos como Canosa sólo pueden ser sancionados conforme los excesos por responsabilidades ulteriores –atento a los principios de legalidad, fin legítimo y necesidad social imperiosa–, según lo establece el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión sin censura previa. Sin embargo, como las redes sociales no están reguladas, ese es su infierno más preciado y todo vale.

Ni lerdos ni perezosos, María Eugenia Vidal, Néstor Grindetti, Maxi Ferraro, Gerardo Milman, Graciela Ocaña, Jorge Macri, Julio Garro, Rogelio Frigerio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta sumaron sus críticas a los dichos de Béliz. Waldo Wolff habló de una “ley mordaza”, mientras Fernando Iglesias relacionó a este gobierno con las censuras de Miguel Paulino Tato, aludiendo a los gobiernos peronistas como una totalidad.

Iglesias mezcló los datos históricos con algunas trampitas. Tato estuvo en ese organismo durante la agónica presidencia de Isabelita, rodeada por los esbirros de José López Rega, bajo una ultraderecha armada que creó la Triple A y mataba a las personas por sólo pensar distinto. En ese contexto ocurrió la censura del Tato malo.

Incluso el diputado Alejandro Finocchiaro presentó un ridículo proyecto de declaración expresando “el más enérgico repudio y profunda preocupación por los dichos del Secretario de Asuntos Estratégicos”.

Con un simple ingreso al sitio Argentina.gob.ar se puede leer que las declaraciones de Béliz durante el acto de presentación de los ejes del Plan Argentina Productiva 2030 son el resultado de meses de trabajo y de diálogo multisectorial para pensar políticas digitales frente a los problemas actuales. Entre otros, se incluyen cuestiones no tan novedosas pero importantes como la responsabilidad de los intermediarios, la función editorial en el diseño de los algoritmos de Internet y si las redes cerradas como Facebook o Twitter, en tanto plataformas que comparten información jerarquizada, no deben incluirse bajo las normas de un ecosistema de medios de comunicación audiovisual que se está ampliando.

Caso contrario puede ocurrir que tipos como Jack Dorsey (Twitter) y otros dueños de empresas “autorreguladas” terminen cerrando cuentas o bloqueando los contenidos de un Presidente o descalifiquen por tendenciosos a los periodistas de RT. Todo eso en nombre de la democracia. Por cierto, eso ya pasó y no hubo mención alguna en los tuits revisados.

Pero lo más sorpresivo fue la participación en la orquestación tuitera del titular del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, quien desde su jubilación activa como Auditor General de la Nación escaló los dichos de Béliz a las políticas restrictivas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y Rusia, su satán rojo predilecto.

En julio de 2018 Pichetto quiso regular los entornos digitales con un proyecto de ley que modificaba el artículo 492 del Código Penal, imponiendo “prisión de seis meses a dos años (…) al que a través de internet, redes sociales, cualquier sistema informático o medio de comunicación, adoptare, creare, se apropiare o utilizare la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca”, a pesar de estar previsto en la Ley de Delitos informáticos, de 2008. ¿Qué pasó? El líder republicano estaba enojado porque durante su campaña para ocupar la vicepresidencia de Macri, un falso @SenadorPichetto opinó sobre el aborto.

Al mes siguiente, la ex senadora tucumana Silvia Elías de Pérez, presentó un proyecto similar, proponiendo penas “de seis meses a dos años al que suplantare o se apoderare de la identidad digital de una persona humana sin su consentimiento”. Pareciera ser que Elías de Pérez encontró su inspiración en un expediente textualmente idéntico del propio bloque PRO-UCR que, desde junio de ese año, ya circulaba en la Cámara Baja.

Julio Cobos también sumó su voto no positivo a los principios rectores de la libertad de expresión. En marzo del 2021, el entonces senador hoy devenido diputado presentó un proyecto de ley para regular las “publicaciones abusivas” sobre personas humanas y jurídicas en redes sociales y sitios web, a través de una serie de “acciones correctivas” de carácter expedito a cargo de los proveedores de servicios de Internet, haciéndolos participes necesarios, cuando toda la jurisprudencia indica lo contrario. La iniciativa también establece que el ENACOM debe disponer la eliminación de la publicación abusiva denunciada. Una suerte de carta blanca para que las plataformas decidan qué circula y qué no.

Además de la UE, la autoridad regulatoria de Estados Unidos tiene en agenda la modificación de la Sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones sobre las plataformas que cumplan funciones editoriales –como etiquetar un contenido– y la cámara de diputados de Brasil –un país modelo por su marco civil de Internet– analiza penalizar la siembra de mentiras en las redes.

Mientras los pajaritos cantan, mucho dióxido de cloro corre bajo el puente de la oposición, que usa la libertad de expresión para promover discursos de odio sobre sus adversarios.

“Fachos malditos. Odian la libertad”, agregó José Luis Espert con cariño, porque lo que proponen estos apropiadores de la libertad de expresión no es otra cosa que el multiverso neoliberal nos gobierne.

 

 

 

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