La mentalidad que considera que una disputa personal se resuelve con sicarios y violencia en Santa Cruz es la misma que opera en Washington a nivel global. El desprecio por la vida expresado en el intento de asesinato por sicariato de Fernando Cerimedo a su ex pareja, y el desprecio por la soberanía de los pueblos, nacen de la convicción de que el fuerte no tiene que rendirle cuentas a nadie.
Así, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los ministros de Defensa y jefes militares de los 19 países que conforman la Coalición de las Américas contra los Cárteles (ACCC), la estructura orgánica y legal del Escudo de las Américas, que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI) en una reunión en Panamá la semana pasada. Como si condenar genocidios o crímenes de lesa humanidad no fueran acciones justas, les pidió que rechacen los intentos de esa Corte de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía. La exigencia de Hegseth no es un hecho aislado; forma parte de una arquitectura de presión sistemática que utiliza múltiples herramientas institucionales, financieras, geopolíticas e inclusive campañas digitales de desinformación mediáticas para modelar la conducta de América Latina y el Caribe.
Bots y las campañas de desinformación
Las actividades de un personaje siniestro como Cerimedo en el armado de las campañas de candidatos de la ultraderecha regional han sido fuertemente apoyadas por el gobierno de Trump. Como operador en las sombras enfocado en manipular el algoritmo de las redes sociales y sembrar desconfianza institucional, Cerimedo fue el organizador de los ejércitos de bots para difundir, sin fundamento, fallas en el sistema de conteo de votos con el hashtag #BrasilFueRobado en las elecciones de Brasil en 2022, antes y después de que Lula da Silva derrotara a Jair Bolsonaro. Cerimedo copió la narrativa de que “el sistema estaba arreglado” que Trump utilizó en las elecciones presidenciales contra Biden en 2020.
Asimismo, organizó la campaña presidencial de Javier Milei en la Argentina; de Nasry Asfura en Honduras, y, actualmente, la de Flávio Bolsonaro, quien enfrentará a Lula en las elecciones presidenciales el 4 de octubre. El argentino participó también activamente en las campañas de los plebiscitos constitucionales de Chile entre 2020 y 2023: su agencia de marketing digital, Numen SpA, se enfocó en apuntalar la opción “Rechazo” frente a las propuestas de modificación de la Carta Magna. Como ave carroñera que usa su excelente olfato para detectar la descomposición, actualmente sobrevolaba al gobierno boliviano, como asesor de comunicación digital del Presidente Rodrigo Paz.
Pero sus importantes funciones terminaron el 18 de agosto, al ser capturado en el aeropuerto de Santa Cruz luego de fallar el asesinato de su ex pareja embarazada de cuatro semanas. La Fiscalía de Bolivia imputó a Fernando Cerimedo tras acusarlo de contratar sicarios para intentar asesinar Nadia Beller, embarazada de cuatro semanas. Entre las pruebas recolectadas se destaca un mensaje hallado en el peritaje técnico del celular de Cerimedo que cita textualmente: “O la eliminamos ya o estamos jodidos”. Ella sobrevivió y conoce el lodazal por el que transitaba Cerimedo, tan vital para imponer la agenda de Washington en la región.
La captura de Cerimedo no impidió que la maquinaria de desinformación se detuviera y más bien se activó para protegerlo. El propio Presidente Milei usó su cuenta de X para avalar la teoría de una opereta para desfavorecer a la derecha. Así como el Pentágono apunta a desmantelar la Corte Penal Internacional para que las operaciones militares y las posibles ejecuciones extrajudiciales en el Caribe queden impunes y sin jueces, Milei avala discursos conspirativos para blindar mediáticamente a su ex asesor de campaña. El vínculo entre operadores como Cerimedo y el entorno de Donald Trump es la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el evento anual donde coinciden asesores, estrategas y líderes como Milei, Eduardo Bolsonaro y los equipos de campaña republicanos y comparten manuales de desinformación para imponer Presidentes afines.
Abandonar la justicia
La encarecida exhortación para que los 19 miembros que conforman la ACCC —la coalición antidrogas creada por Trump el pasado 5 de marzo en la sede del Comando Sur, en Miami— abandonen la CPI, obedece al hecho de que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya, creado en 2002. Esta instancia internacional, de la cual participan un total de 124 países, entre ellos 29 de la región, tiene atribuciones para juzgar genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad, cuando los sistemas judiciales nacionales no lo hacen. La CPI argumenta que, desde una perspectiva legal, puede investigar y juzgar a un soldado estadounidense que cometió crímenes de guerra o de lesa humanidad si ocurrieron en el territorio de un Estado que sí es miembro de la CPI, aunque Estados Unidos no forme parte del tratado.
La exhortación de Hegseth se produce en el contexto de la ofensiva militar (Operación Lanza del Sur) que Trump mantiene desde hace casi un año contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Esto incluye bombardeos directos contra embarcaciones señaladas como parte de redes de tráfico de drogas, sin que existan pruebas para ello. Según InSight Crime, esos ataques han dejado unos 221 muertos en 66 ataques, sólo hasta fines de junio. Juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de esos bombardeos y los describen como posibles ejecuciones extrajudiciales, una categoría de crimen cuya investigación corresponde precisamente a la jurisdicción de la CPI. Ninguna denuncia formal ha sido presentada hasta ahora ante el tribunal por esos hechos. Hegseth dice que los bombardeos provocaron una “caída récord” en el tránsito de narcolanchas por ambas costas del continente, lo que no es cierto.
Informes de la Administración de Control de Drogas (DEA) compartidos por medios como The Washington Post confirmaron que los bombardeos no lograron reducir el suministro ni el precio de la cocaína. En lugar de detener el tránsito, las operaciones provocaron que las organizaciones criminales simplemente cambiaran de tácticas. Comenzaron a usar barcos mucho más grandes, rutas pegadas a las costas y aeronaves a través de pistas clandestinas. Diversas organizaciones internacionales y juristas elevaron quejas formales ante órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se documentó que varios ataques afectaron a embarcaciones civiles y de pesca artesanal sin vínculos con el crimen organizado, lo que abrió debates sobre presuntos crímenes de guerra y determinó que este organismo instara formalmente a detener el uso de la fuerza letal y a respetar el derecho a la vida y el debido proceso de los tripulantes civiles en las costas del Caribe y del Pacífico.
Un reporte publicado por el Council on Foreign Relations (CFR) detalla que las misiones marítimas y el uso de ataques aéreos o con drones en el Pacífico Oriental abrieron un frente oculto mucho más extenso que afectó gravemente a naves pesqueras en Sudamérica.
Washington considera a la CPI como una amenaza a su soberanía nacional y ha implementado medidas punitivas y restricciones económicas contra el personal y los fiscales de la Corte para bloquear cualquier investigación formal a sus fuerzas armadas. Bajo la administración de Donald Trump, las presiones contra la CPI se incrementaron al imponer sanciones como prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos contra varios jueces y fiscales de la institución. Esto se debió a las investigaciones realizadas por el tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel, el principal aliado de Washington en Medio Oriente, en la Franja de Gaza.
Precisamente esta semana el gobierno estadounidense impuso sanciones contra la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane. Se han bloqueado todos los bienes, propiedades e intereses financieros que posea en Estados Unidos; se le ha prohibido realizar transacciones en el país e ingresar a este. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida acusando al tribunal de ser una "institución politizada" que amenaza la soberanía estadounidense. Las tensiones aumentaron debido a las investigaciones de la CPI sobre actuaciones de tropas estadounidenses en el extranjero y las órdenes de captura contra altos funcionarios de Israel (como el primer ministro Benjamin Netanyahu).
Reacción de la región
Ante el pedido del secretario de Defensa de aumentar el presupuesto militar, aliarse de forma conjunta contra el narco y salirse de la CPI, el ministro chileno de Defensa, Fernando Barros, fue el único que respondió como corresponde. Cuando se le preguntó sobre la intención de Estados Unidos de resucitar esa doctrina en la región, Barros dijo: "Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país. Somos un país muy orgulloso de nuestra realidad". Asimismo, descartó por completo un incremento en el presupuesto de defensa chileno, explicando que los fondos actuales de su país son suficientes y que cada nación es soberana para fijar sus prioridades financieras. También aclaró que en Chile la lucha contra el narcotráfico está en manos de la Fiscalía y las policías nacionales, y que las operaciones internacionales solo se aceptarán si respetan la Constitución chilena y traen un beneficio mutuo real en tecnología o inteligencia. Tanto el gobierno como parlamentarios de distintas bancadas ratificaron que el país mantendrá de forma autónoma sus decisiones y no abandonará el Estatuto de Roma ni la jurisdicción de la CPI.
Según reveló recientemente The New York Times, pescadores ecuatorianos han denunciado ataques armados y desapariciones en alta mar (como ocurrió con el barco Fiorella y su tripulación) por parte de “efectivos militares de habla inglesa” con banderas estadounidenses. Muchos de esos fallecidos eran pescadores artesanales locales. El gobierno ecuatoriano no ha confirmado que vaya a acatar el pedido de retirarse, pero el debate interno es álgido debido a que el actual secretario de la CPI es precisamente un jurista ecuatoriano, Oswaldo Zavala Giler, quien sostiene que el tribunal complementa las soberanías nacionales.
La respuesta generalizada en América Latina ha sido de cautela y rechazo implícito a la solicitud de Pete Hegseth, reafirmando que no planean abandonar el tratado de La Haya.
Es importante señalar que, en julio de este año, Venezuela se retiró de la CPI al considerar que esta ha perdido toda su credibilidad y se ha convertido en una herramienta de presión política controlada por potencias extranjeras; y que el tribunal concentra sus investigaciones de manera desproporcionada en naciones de África y América Latina. Meses antes la Fiscalía de la CPI había cerrado su oficina en Caracas al denunciar la falta de "progreso real" y de cooperación por parte de las autoridades locales.
Conclusión
Resulta irónico que el argumento de Hegseth para pedir la salida de la CPI sea "proteger la soberanía de los gobiernos", cuando en la práctica, la exigencia busca que los países abdiquen de sus propios tratados soberanos ratificados para someterse a un diseño militar dictado desde el Pentágono. Lo cierto es que Washington intenta imponer en América Latina y el Caribe nuevas reglas para su patio trasero, en un contexto en que pierde poder en el Medio Oriente y la deuda de 40 billones de dólares y la incertidumbre generada por la pérdida de confianza en los bonos del Tesoro le apuntan a la yugular.
El caso de Fernando Cerimedo deja claro que la manipulación digital y las tácticas de desinformación operan bajo un mismo manual en toda la región. Al final, las redes de cuentas artificiales y las narrativas de fraude preventivo responden a un patrón político global que busca moldear la opinión pública a cualquier costo. Estas revelaciones dejan al descubierto los manejos oscuros y la ética de los Presidentes vinculados con Cerimedo y dejan a Flávio Bolsonaro parado bajo el fuego de estas denuncias ad portas de la contienda electoral con el Presidente Lula.
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