“Claro que hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que la está haciendo, y estamos ganando”.
En una nota publicada en el New York Times el 26 de noviembre de 2006, Ben Stein atribuyó a Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo, la autoría de la frase del epígrafe.
Más allá de la veracidad, de difícil comprobación, expresa en esencia lo que está ocurriendo en el capitalismo global. Controlado por formas de producción extractivistas de base tecnológica y, otras, localizadas en actividades primarias; circuitos enlazados con las esferas financieras y la especulación. Formas de producción y circulación global insertas en la tolerancia institucional de un proceso insaciable de concentración de capital.
En la Argentina en particular, desde la llegada al gobierno de La Libertad Avanza, vivimos cada vez más en un “capitalismo de supervivencia y concentración” que, mientras se generan altos márgenes de valorización en unas pocas actividades extractivas, sumado a otras improductivas y especulativas de carácter financiero, condena a millones de trabajadores a la subsistencia y una cotidianeidad atestada de penurias.
La narrativa y las políticas productivas y de empleo de La Libertad Avanza son congruentes con una visión distópica de la sociedad, en la que las personas son visualizadas como individuos aislados, sin ningún tipo de acuerdo moral con su comunidad, y que considera “la justicia social como un robo”.
Nada nuevo bajo el sol. Los autores de cabecera del Presidente, desde Murray a Friedman, criticaban al Estado de bienestar, a los sindicatos y los trabajadores; respaldando la tesis de una crisis de la democracia “por exceso de demandas”, y llegaban al paroxismo de negar la idea de comunidad o hasta de sociedad.
El sujeto histórico es enfocado como un ser egoísta y aislado. De ahí se llega rápido a la idea alocada de que se deben rechazar las políticas de equidad e igualdad por discriminatorias y antimeritocráticas y, en consecuencia, a desmontar la arquitectura institucional de protección social y laboral.
No se puede negar que Milei respeta a rajatabla el manual reaccionario, tanto en la narrativa como en las políticas prácticas que promueve; todas perjudiciales para los empleos de calidad y dignamente remunerados.
Desde diciembre de 2023 hasta la fecha, todos los indicadores de actividad económica y empleo han empeorado. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA-ANSES), que recopila información sobre los asalariados registrados, muestran que desde septiembre de 2024 hubo una caída o un crecimiento nulo. En poco más de un año, el empleo formal creció apenas 0,3%, pero a costa de la expansión del monotributo (+3,5%), mientras que los asalariados formales disminuyeron (0,4%); la caída neta alcanza a todos los sectores económicos y se da en todas las provincias.
En una serie de largo plazo, desde 2015, el monotributo se multiplicó por cuatro y el empleo asalariado formal cayó; es decir, frente a la ausencia de oportunidades de empleo la gente se ve forzada a inventar su propia ocupación, en gran proporción en sectores de muy baja productividad.
En la misma línea, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) muestran que el desempleo subió a 7,8%, casi dos puntos porcentuales más que en el cuarto trimestre de 2023 (5,7%). Cada punto de desempleo adicional significa que 100.000 compatriotas han perdido su fuente de trabajo remunerado.
La informalidad alcanza al 43,2% del empleo total, pero entre quienes trabajan por cuenta propia aumenta a 62,4%. En ese sentido, los estudios del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) muestran que la presión sobre el mercado de trabajo, que comprende a desocupados, subocupados demandantes, inactivos disponibles para trabajar y ocupados buscando otro empleo, llega al 24,7%.
Trabajo remunerado, indicadores seleccionados
La disminución y el deterioro del empleo efectivo es, sin lugar a dudas, consecuencia directa de la política económico-social del gobierno de La Libertad Avanza. En ese entramado, lejos de buscar soluciones para proteger a trabajadoras y trabajadores y sus familias, el gobierno lleva a cabo un interrumpido y compacto ajuste del gasto público.
El ajuste y la motosierra limitan las oportunidades de generación de ingresos de jubilados, empleados públicos, trabajadores degradados en sus condiciones laborales y titulares de programas de empleo. Al mismo tiempo, genera una presión insostenible sobre los gastos, producto de la combinación de aumentos de los servicios y de la canasta de alimentos.
Es innegable que, en el consumo de las familias, la inflación viaja más rápido que para los diseñadores de los datos del INDEC. Es insostenible no recuperar aquí la discusión sobre los subsidios al transporte y la energía; más allá del debate pertinente sobre su aplicación y alcance, representan un salario indirecto que hoy se ha reducido al mínimo. Así, el ingreso realmente disponible de personas y familias es cada vez menor.
En ese sentido, el INDEC ha publicado el Informe “Estrategias de manutención. Cómo organizan su economía los hogares argentinos”, que muestra un crecimiento exponencial del desahorro de las familias, al tiempo que se produce un mayor endeudamiento; por ello, el impacto es mayor en los hogares de bajos ingresos.
Estrategias de sostenimiento de consumo de los hogares
Un nuevo fenómeno resulta de la anterior situación, enciende luces alarmantes que enfoca a los hogares, los comportamientos restringidos de los consumos familiares y, eventualmente, la propia reproducción de los ensambles financieros. En mayo de 2026 unos 5,8 millones de personas (CEPA) registraron atrasos de pagos con bancos, billeteras virtuales u otras modalidades de crédito. La morosidad en el sistema financiero aumentó un 76% en 2026 respecto a 2024. La morosidad supera a los niveles que se observaron en los tiempos de pandemia.
En el contexto de la degradación sostenida del ingreso y el deterioro de los bienes públicos, se debe entender la reforma laboral, pieza clave de la avanzada sobre las garantías constitucionales de los trabajadores. La proclama de vulnerar derechos adquiridos facilitando despidos, extender los horarios de trabajo, disminuir los tiempos de descanso, reducir vacaciones, cálculos de haberes e indemnizaciones, e incluso la habilitación a pagar en especies y no necesariamente en dinero, parte de la falacia de creer que la baja o nula creación de empleo es producto de la rigidez de las normas laborales y de los altos salarios.
Como solución, promete “legalizar” las condiciones de informalidad rebajando el estatus de protección al reconocimiento de la ausencia plena de derechos. Los trabajadores se vuelven “colaboradores”; los explotados por las gigantes del delivery son apenas autónomos; los empresarios, presentados como víctimas de “la industria del juicio”. El mundo del revés. Si el ingreso formal deja de representar protección, se consolida una estructura jurídica de regulación del empleo que conduce a la indiferenciación entre las condiciones formales e informales.
El empleo en su conjunto pasa a ser vulnerable, atado a los intereses y decisiones de las fracciones del capital, a las que se exime de cualquier responsabilidad (sea respetar horarios o pagar una indemnización). Se pasa así del Estado regulador de la producción y el empleo al Estado disciplinador de la clase obrera. Como muestra, está el caso de otros países que han avanzado en la destrucción de derechos, como México —pionero de las reformas neoliberales tras la crisis de la deuda— hasta la llegada al poder de Morena, o Brasil durante la gestión de Bolsonaro.
En realidad, la causa de la rigidez del trabajo protegido en la Argentina obedece a los problemas de la estructura económica, que carece del dinamismo necesario para incorporar a quienes están disponibles para trabajar de manera remunerada. Las políticas del gobierno actual profundizan dinámicas de largo plazo y generan nuevos problemas. La combinación de tasa de cambio artificialmente sobrevalorado, desregulación y apertura indiscriminada de la economía, sin ningún tipo de protección, genera impactos negativos y destructivos en las empresas, en particular en las pequeñas y medianas. El monitor mensual de empresas de Fundar muestra que entre noviembre de 2023 y abril de este año cerraron 28.262 empresas. Los datos están en sintonía con los informados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El CEPA, por su parte, muestra que, desde diciembre de 2023, se perdieron más de 20.000 empleadores. La industria, que paga mejores salarios y tiende a mostrar mayores niveles de formalidad laboral, se resiente más.
Algunos empresarios, como pasó durante la dictadura y durante los “períodos neoliberales” (1976-1983; 1991-2001; 2015-2019), pueden mutar rápidamente de productores a importadores y la tasa de ganancia puede mantenerse constante o incluso aumentar. Para el mundo trabajador, las opciones de reconversión se restringen a las changas o el empleo precario, de bajos ingresos y alta explotación, como pedalear o conducir 12 a 14 horas por día en algún aplicativo que usa (y remunera mal) fuerza de trabajo pero niega la relación salarial. Al menos para la gran mayoría que conforma el amplio y heterogéneo mundo de los sectores populares en nuestro país, la fantasía schumpeteriana que prometen Caputo y Milei (trabajadores migrando a los núcleos extractivo-dinámicos, básicamente, a Vaca Muerta) es apenas eso: una fantasía con poca vida laboral.
El proyecto Milei avanza porque ha logrado imponer el ajuste como una necesidad ecuménica. Pero, como en el cuento de Andersen, el rey está desnudo y todos lo sabemos. Frente a la lógica de la crueldad que lleva a las personas a trabajar cada vez más, en condiciones cada vez más precarias, con salarios de subsistencia para más de la mitad de la población, es necesario ampliar y acelerar el debate sobre el modelo de desarrollo que genere ingresos y empleo con salarios dignos, que conlleve a una ampliación de la demanda global interna; impulsando una sólida reproducción del consumo y la inversión.
No es cierto que no existan alternativas. La historia muestra que el pueblo argentino ha sido capaz de superar rápidamente experiencias de desmantelamiento del Estado y de la estructura productiva. Hay que mirar a otros países que están invirtiendo fuertemente para reforzar la industria y el mercado interno, buscando ampliar derechos.
Hasta el tutor del Presidente Milei —Trump— es un férreo proteccionista de los intereses de los Estados Unidos (o, al menos, de sus fracciones superiores del capital), país al que gobierna con pretensión neoimperial. Milei, tan dogmático como ignorante de la fase actual del capitalismo, intenta llevarnos a un pasado de desempleo y sufrimiento para el mundo trabajador, una etapa de pre-regulación del Estado, donde cada uno vale por lo mucho o poco que posee.
Dependerá de la unidad del campo popular impedirlo y responder con una propuesta sólida y superadora, que considerando los tiempos actuales organice y amplíe empleos, distribuya riqueza equitativamente y garantice derechos universales y participativos.
* Carlos Fidel (UNQ) y Flavio Gaitán (UNILA) integran el grupo de trabajo Pobreza y Políticas Sociales de CLACSO.
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