Jóvenes con enorme experiencia

Hoy es el Día del Jubilado

 

El 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado. La fecha elegida conmemora al 20 de septiembre de 1904, cuando fue sancionada la Ley 4.349 por la que se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para Funcionarios, Empleados y Agentes Civiles de la Administración. Si bien esta fue la primera caja previsional, la Argentina cuenta con antecedentes relevantes en la materia, entre los cuales destaca uno muy particular que tuvo lugar en momentos de la Revolución de Mayo: una de las primeras medidas que tomó la Junta fue otorgar una pensión vitalicia a los españoles cesanteados por el nuevo gobierno.

Pero quizás los dos antecedentes más significativos fueron la creación de un régimen de privilegio para los jueces y el dictado de la ley 1.420. El régimen judicial nace por iniciativa de Dalmacio Vélez Sarsfield, con la creación de un “monte Pío” (como se llamaban en aquellos tiempos a las Cajas Jubilatorias), que estableció un régimen no contributivo que pagaba el 100% del sueldo de actividad. Respecto de la ley 1420 (ley de educación libre, gratuita y obligatoria), representó un hito paradigmático de enorme valor simbólico en la historia de la seguridad social, ya que incorporó el primer régimen de seguro social, orientado para los preceptores. Si bien fue un sistema básico, con escasa sustentabilidad a futuro, facilitó la unión entre la educación y la seguridad social como áreas centrales y trascendentes en la conformación de la idiosincrasia de la sociedad argentina, a partir de la movilidad social ascendente que ambas promovieron.

A partir de 1904, comenzaron a crearse Cajas previsionales de distinta naturaleza, todas ellas al amparo de las organizaciones gremiales. Así, en 1909 nació la Caja Docente; en 1915 vio la luz la Caja Ferroviaria; en 1923 se sancionó la Ley que dio protección a los trabajadores bancarios; en 1939, la caja de Periodistas y Gráficos. En 1942, la Confederación General del Trabajo (CGT) impulsó la generalización de un régimen de previsión social, de manera que llegado el año 1944, siendo Secretario de Trabajo Juan Domingo Perón, se creó la caja para el Personal de Comercio y Actividades Civiles, mientras que, en 1946, ya con Perón como Presidente, se creó la Caja de los trabajadores de la Industria. Finalmente, en 1954, se instituye el régimen para trabajadores independientes (autónomos), lo que termina de dar cobertura a las contingencias de vejez, invalidez y muerte a todos los trabajadores/as, bajo un sistema de seguro social.

El sistema de seguro social es aquel por el cual se le descuenta al trabajador un porcentaje de su salario con destino al sistema de seguridad social, y por otro lado, su empleador realiza también una contribución, con el mismo destino, ambos con el objetivo de cubrir los efectos de diversas contingencias que se presentan en la vida de las personas. Cuando el trabajador se invalida, fallece o llega a la edad jubilatoria, él o su cónyuge recibe una prestación dineraria que tiene por objeto cubrir el salario al que el trabajador no puede acceder producto de la contingencia. En pocas palabras, el sistema de seguro social tiene por objeto reemplazar el salario, por lo tanto los únicos beneficiarios, en este sistema, son los trabajadores registrados, es decir, aquellos que “cotizan” mediante un aporte.

 

 

El mito del 82% móvil para todas las actividades 

En 1958, durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi, se sancionó la Ley 14.499, mediante la cual se estableció un criterio de porcentualidad entre el salario del trabajador activo y el haber jubilatorio, fijándose un haber jubilatorio del el 82% móvil del salario en actividad. Corresponde aclarar, sin embargo, que el 82 % móvil no fue tal, ya que sólo se reconocieron las prestaciones que no superasen un determinado promedio de las remuneraciones. En caso de superar ese nivel mínimo, el resto era reducido en base a una escala de deducciones. En realidad, el promedio de haberes rondaba en el 70% de lo que cobraban los trabajadores en actividad.

El 82% móvil, aunque rengo, no duró mucho tiempo. En 1967, durante el gobierno militar de Onganía y siendo ministro de Economía Krieger Vasena, se creó el Sistema Nacional de Previsión Social (SNPS) mediante la sanción de las leyes 18.037, para los trabajadores con relación de dependencia, y 18.038, para los autónomos. Estas normas, además, derogaron toda la legislación anterior en la materia y unificaron las trece cajas jubilatorias preexistentes en solamente tres: las de Estado y Servicios Públicos; Industria y Comercio y Actividades Civiles; y Trabajadores Autónomos. Pero, simultáneamente, se dejó de lado el 82% móvil y se estableció un nuevo mecanismo de actualización que rápidamente amplió la brecha entre los ingresos de las personas en actividad, asalariadas o no, respecto de las correspondientes al sector pasivo.

 

 

 

La huella del neoliberalismo

Desde que el sistema de previsión social alcanzó su madurez —en 1954, con la sanción de la Caja de Autónomos— las dictaduras militares llevaron políticas económicas con resultados catastróficos para el sistema de seguridad social. La llamada Revolución Libertadora derogó la Constitución de 1949, lo que significó una pérdida de derechos sociales. La autoproclamada Revolución Argentina realizó la mayor estafa al sistema, al transferir las reservas técnicas que tenían las 13 cajas jubilatorias existentes a esa fecha remplazándolas por un bono a 40 años al 2% anual, qu se diluyó en el tiempo dejando a todo el sistema sin garantía y quebrado, lo cual provocó su eclosión tiempo después. En la última dictadura, el binomio Videla/Martínez de Ho compitió cabeza a cabeza con el equipo de Onganía/Krieger Vasena, ya que eliminó las contribuciones patronales y las reemplazó por un aporte del IVA.

Capitulo aparte merece la actuación de la dupla Menem/Cavallo, porque ocurrió en democracia y cambió el régimen previsional por un sistema de capitalización individual. Pero, además, disminuyó las contribuciones patronales y congeló de hecho, durante todo su mandato, las jubilaciones y pensiones.

 

 

Del Seguro Social a la Seguridad Social

La llegada al poder de Néstor Kirchner significó un cambio radical del sistema, transformando el hasta entonces régimen de seguro social por un sistema de seguridad social. La diferencia entre uno y otro obedece a que en el seguro social se protege exclusivamente el salario, mientras que en un sistema de seguridad social el bien jurídico protegido es evitar la necesidad de todo ciudadano que padezca una contingencia social. Ese cambio empezó con el Plan de Inclusión Jubilatoria, mediante el cual la jubilación dejó de ser un privilegio de algunos para pasar a transformarse en un derecho. El Plan de Inclusión jubilatoria, creado por el artículo 6° de la Ley 25.994, es uno de los hitos más importantes en materia de seguridad social de la Argentina, porque facilitó el acceso a una prestación de la seguridad social a todas aquellas personas que quedaron excluidas del sistema producto de las políticas económicas neoliberales aplicadas desde 1976 en adelante.

La transformación continuó durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con la re-estatización del régimen de Capitalización Individual, la creación del FGS, la AUH, el otorgamiento de más de un millón de pensiones por discapacidad y la ley de movilidad jubilatoria, luego transformada en ley de movilidad para las prestaciones de la seguridad social. Todas estas medidas representan un sistema que protegía a los adultos mayores, a las mujeres, a los niños y a los discapacitados.

El cambio fue tan profundo y veloz que aun hoy, cuando alguien dice que nuestro sistema ya no es de seguro social, sino que es un sistema de seguridad social basado en la solidaridad, muchos técnicos e incluso jueces miran con cara de desconcierto, sin entender qué se quiere decir. Una muestra de ello queda de manifiesto en los fallos judiciales, al entender  la solidaridad como una proporcionalidad entre el aporte realizado y el monto del beneficio, y no en la solidaridad social del sistema.

 

 

Otra vez neoliberalismo       

La experiencia neoliberal encabezada por Macri atacó con virulencia inusitada al sistema de seguridad. La ley de Reparación Histórica eliminó de hecho la moratoria previsional; el cambio de la formula de movilidad disminuyó el poder de compra de la prestación; bajó las contribuciones patronales e incrementó desmesuradamente las tarifas públicas; destruyó el FGS, liberó los precios de los medicamentos y disminuyo los servicios del PAMI. Resultado: pulverizó el nivel de vida de los beneficiarios de la seguridad social. Estos son solo algunos ejemplos del drama neoliberal. Si no avanzaron más fue porque, en su soberbia, esperaban ganar las elecciones y completar la tarea privatizando otra vez el sistema previsional. Afortunadamente, el pueblo con su voto no lo permitió.

 

 

Los desafíos de este tiempo

Como era de esperar, el actual gobierno asumió con un vacío de políticas sociales, situación agravada por los efectos de la pandemia de Covid-19 que generó un crecimiento notorio de la desigualdad social. A pesar de ello, para el universo de jubilados, se concretó un medida realmente revolucionaria como lo es la entrega gratuita de los medicamentos, se está tratando una ley de protección del FGS, el próximo mes se estaría tratando una nueva fórmula de actualización de las prestaciones y en estos días, la Directora Ejecutiva de ANSES ha anunciado que se está trabajando activamente en una nueva moratoria. Todo esto significa un enorme avance.

Pero más allá de las medidas en vías de implementación, creo que la seguridad social enfrenta algunos desafíos para tener en cuenta:

  1. El sistema de seguridad social cuenta con el accionar de tres ministerios a nivel nacional, 24 ministerios provinciales, 2.164 municipios, al menos dos organismos internacionales (UNICEF y la Cruz Roja), cientos de ONGs, Cáritas, distintas organizaciones sociales y miles de voluntarios que atienden en comedores comunitarios, en talleres protegidos, que enseñan a leer y a escribir a miles de personas, etc. Todo este potencial, sin ninguna coordinación estratégica, afecta la eficacia de las políticas sociales y las hacen pasibles de desgaste social, porque la sociedad ve que algunos reciben de más y otros no reciben nada. Por otro lado, es necesario que las políticas sociales se integren con otras políticas que tienen efectos sociales, como vivienda, educación, medioambiente, etc., y eso solo se puede coordinar entre iguales. Pienso que llegó la hora de crear un Ministerio de Protección Social que tenga por misión central coordinar, estratégicamente, la aplicación de las políticas sociales.
  2. Es necesario darle cobertura a la necesidad extrema y crear un Estado amigable. Esto tiene que ver con la brecha tecnológica que profundiza la diferenciación social. Si bien es extraordinariamente importante el uso de herramientas tecnológicas para la mayoría de la población, hay sectores que no tienen acceso a esas herramientas, por lo que es necesario construir alternativas de atención personal para esas personas, en especial con los chicos sin padres, con los analfabetos, con los pueblos originarios y otros universos a quienes, en la situación actual, el sistema de protección no los alcanza.
  3. Instalar en la agenda permanente de la política a la seguridad social.
  4. Realizar un cambio profundo en el procedimiento judicial, transformando un sistema retrógrado y clasista en uno equitativo y solidario. Sobre este tema me explayé en la nota del domingo pasado, a ella remito para el que quiera interiorizarse al respecto.

Creo que el Día del Jubilado debería transformarse en el día de los beneficiarios de la seguridad social, o mejor aun, en el día de la solidaridad social. Que cada 20 de septiembre sea un día de alegría, pero también de reflexión y de lucha. Reflexionar sobre cómo ayudar a que se integren todos y luchar por lograr un gran cambio cultural que nos permita entender que, en materia de seguridad social, siempre los que más tienen son los que más tienen que aportar, que aporte y recompensa no son equivalentes.

Los que ya accedimos a la jubilación tenemos la obligación de acompañar a nuestros hijos/as y a nuestros nietos/as a trabajar por la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Cada día más, la patria es el otro.

 

 

 

 

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1 comentario
  1. Luis Juan dice

    Estimado Miguel:
    Excelente análisis.
    Una humilde digresión, si me permite.
    Tengo una duda y nadie mejor que usted podrá aclararla. Durante el menemato, el emblemático ministro de Economía fijó tope a los aportes personales al sistema a partir de determinados montos (claramente estaban dentro los jueces y gran parte del poder judicial, que, además, no pagaban ganancias), a lo que se había sumado la baja de aportes patronales, entre otros malabarismos necesarios para desfinanciar el sistema y llegar al negocio privado.
    La pregunta que le hago es si esto se corrigió o el exabrupto se continúa.
    Comparto absolutamente su apreciación respecto de los fallos judiciales que fueron contra la propia letra y espíritu de la constitución respecto del régimen de solidaridad social.
    Pero, tal vez, lo que no entendemos nosotros Miguel, es que los jueces son muy coherentes, su función es en defensa de los intereses del statu quo y sus remuneraciones -creo que está demasiado claro a esta altura de los tiempos- nada tienen que ver con la alegada independencia de sus sentencias, sino con la retribución de los servicios prestados al statu quo, del cual resultan la garantía final.
    Claro que, el pago de dichos servicios no sale del bolsillo de la clase dominante que los pone y manipula, sino del resto de los trabajadores, a través de las reiteradas disminuciones de sus haberes.
    Esas sentencias, cuando hablan de proporcionalidad entre el aporte realizado y el monto del beneficio -aunque contradigan la propia constitución-, para el caso de los jueces u otras jubilaciones de privilegio, seguramente ni siquiera fue considerado, ya que hubo un largo período donde aportaron mucho menos de lo que les hubiese correspondido.

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