Ante un auditorio empresarial y financiero, Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestionó el exceso de “judicialización de la política” que dilata “el punto de partida para llevar adelante un programa, una política, un sistema de transformación de la economía o de la macroeconomía”. Agregó que las presentaciones judiciales siempre buscan llegar a la Corte, dando a entender que esas expectativas están fuera de lugar.
“Judicializar la política” engloba cuestiones muy distintas. Puede ser la criminalización arbitraria de un dirigente, las formas –maximalistas o minimalistas– con las que se realiza el control constitucional de las decisiones del Poder Ejecutivo o los pedidos para que los jueces suplan decisiones de política pública. Hay muchos puntos de vista posibles, pero es muy difícil sostener que no es responsabilidad de la Corte Suprema intervenir cuando decisiones ejecutivas o legislativas son claramente contrarias a lo establecido por la Constitución Nacional. Tanta es la confusión, que en la misma conferencia Rosatti sostuvo que “es inconstitucional una emisión descontrolada de la moneda”.
Este tipo de declaraciones funcionan como un mensaje hacia el Poder Judicial, que es inseparable del contexto: ¿se le está diciendo a jueces y juezas que no deben intervenir activamente ante la cantidad de medidas que desmantelan la protección de derechos en nuestro país? Es decir, ¿que no hagan su trabajo?
En los mismos días, la Corte Suprema declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Protección de Datos Personales, en un caso iniciado a partir de una decisión del Poder Ejecutivo en 2016, que permitió el intercambio de datos personales entre dos dependencias sin el consentimiento de las personas involucradas. Diez años después, Carmen Torres Abad obtuvo como respuesta que efectivamente tenía derecho a la protección.
En enero de 2026 presentamos un amparo colectivo contra el DNU 941/2025 con el cual el Presidente de la Nación modificó de cuajo el sistema de inteligencia nacional, ampliando las facultades estatales de vigilancia para acceder, almacenar y circular datos personales sin consentimiento y sin controles. ¿Quién más que el Poder Judicial puede determinar si el Presidente está gobernando sin respetar las reglas del juego constitucionales?
El mensaje del presidente de la Corte, que asemeja ese control a una suerte de “poner palos en la rueda” de un prometido crecimiento económico que nunca llega, no puede ser más preocupante. Mientras se negocian decenas de nuevos nombramientos de funcionarios judiciales y la Corte está enfrascada en internas y peleas endogámicas, queda instalada la pregunta por el papel del máximo tribunal y de todo el Poder Judicial en este momento del mundo en que las democracias están hackeadas por las derechas radicales y los grandes intereses corporativos.
* Paula Litvachky es directora ejecutiva del CELS.
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