La Justicia federal de Bahía Blanca comenzará este miércoles 18 a evaluar la conducta que en tiempos del terrorismo de Estado tuvo Néstor Montezanti, en la actualidad un personaje olvidado, pero hasta hace una década miembro del ámbito que lo juzgará: entre 2002 y 2016 formó parte de la Cámara Federal de Apelaciones con jurisdicción sobre el sudoeste bonaerense y La Pampa. También supo integrar por largos años el plantel docente de Derecho en la Universidad Nacional del Sur (UNS), donde llegó a prestar asesoramiento en un proyecto de investigación sobre los delitos de lesa humanidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El nuevo juicio pondrá en debate la presunta participación de Montezanti en la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina, que desde la primavera de 1974 prologó en la región un terrorismo de Estado que a partir del otoño de 1976 iba a sistematizar la dictadura. Los métodos fueron diferentes —la Triple A hacía de la muerte de víctimas inermes un tétrico espectáculo, mientras que el aparato militar privilegió las desapariciones o el montaje teatral de enfrentamientos— pero entre ambos periodos existen múltiples vasos comunicantes, que sugieren una continuidad y no sólo una simple sucesión.
Uno de ellos podría ser el propio Montezanti, quien según la acusación de la fiscalía y las querellas integró la asociación ilícita en el lapso predictatorial, y ya en dictadura fue agente de inteligencia del Ejército. Ese último vínculo fue develado por la desclasificación que la entonces Presidenta Cristina Fernández ordenó en 2010 sobre documentos e información de las Fuerzas Armadas correspondientes al periodo de 1976 a 1983. Sólo el Ejército publicó listados oficiales del personal civil de inteligencia de la época, y en ellos aparecía el nombre de quien entonces era camarista federal en Bahía Blanca, su ciudad natal.
En los papeles, la fuerza había contratado a Montezanti como “asesor universitario” de los espías por recomendación del militar José Osvaldo Riveiro, el “Balita” perdido en Nicaragua a comienzos de los ‘80 para asesorar a los “contras” que se preparaban para desestabilizar al naciente gobierno sandinista. Riveiro, un nexo nítido entre las pertenencias a la Triple A y al aparato represivo del Ejército, declaró al recomendar a Montezanti que lo conocía “en profundidad” desde un lustro antes. Es decir, al menos desde 1975.
Ese fue el año de mayor intensidad criminal de la organización de ultraderecha que en el sudoeste bonaerense comandaban el diputado nacional y dirigente sindical Rodolfo Ponce y el nazi rumano Remus Tetu, rector en simultáneo de las universidades nacionales del Sur y del Comahue. En Bahía Blanca y Neuquén, las sedes respectivas de las instituciones que dirigía, Tetu proveyó a los miembros de la Triple A de salarios, vehículos y armas facilitadas por el Ejército.
Montezanti fue abogado del interventor rumano cuando accionó judicialmente ante la realización de un “juicio universitario” impulsado por la comunidad estudiantil, que derivaría en una cesantía en 1973. También fue el defensor que invocó Jorge Argibay, de la Triple A bahiense, después de asesinar al militante comunista David “Watu” Cilleruelo en un pasillo de la UNS, aunque no hay constancias de que haya ejercido formalmente su defensa. Montezanti asistió además al hijo de Argibay, Pablo, que también integraba la patota de criminales y en 1975 debió responder a una causa por tenencia de armas que pertenecían a la UNS .
Uno de los puntos medulares de la acusación contra Montezanti en el juicio pronto a iniciar es su presunta participación en la ocupación de la facultad bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional por parte de la organización criminal, una tarde de agosto de 1974. El grupo había ingresado armado al edificio, en pleno centro de la ciudad, para forzar la renuncia del interventor Francisco Fernández. Esa misma mañana, Fernández había reemplazado a Emilio Garófoli, apadrinado por la regional de la CGT conducida por Ponce.
Garófoli llevaba diez días en el cargo de decano normalizador. Su designación fue de las primeras firmadas por el nuevo ministro de Educación, Oscar Ivanissevich, que un mes y medio después del fallecimiento de Juan Domingo Perón inició una “misión” bautizada con su propio apellido y orientada a la persecución de militantes a los que catalogaba como una “infiltración marxista” en el peronismo y el país.
Aquel 26 de agosto, la militancia estudiantil de la UTN bahiense fue apoyada por sus pares de la UNS, que se movilizaron por las diez cuadras que separan a sus complejos académicos. Numerosos testimonios mencionan la presencia de matones armados que provocaban a la militancia desde el interior del edificio. Varios relatos coinciden en que el grupo incluía a Montezanti, un saco de abogado distinguible entre camperas culateras.
Lo ocurrido en la UTN bahiense fue objeto de ásperos debates en el Congreso nacional pocos días más tarde. El 5 de septiembre, el diputado Héctor Sandler describió ante sus pares lo que horas antes había visto en una visita efectuada a Bahía Blanca para constatar la gravedad de las denuncias. Desde su banca, Ponce le respondió que la UTN bahiense había sido ocupada por “el movimiento obrero organizado”, al que definió por oposición a las “ideologías foráneas”. La historiadora Belén Zapata reconstruyó ese intercambio en la Cámara, que derivó en el exilio de Sandler por las amenazas de la Triple A, y detectó que el grupo de Ponce había pretendido conquistar una pata académica desde antes de la muerte de Perón.
El juicio que comienza el miércoles deberá dilucidar el accionar de Montezanti, que 28 años después juró como camarista federal, cuando el país era gobernado por el senador Eduardo Duhalde. Su ingreso a la Cámara coronó la transformación impuesta al tribunal de alzada que entre 1987 y 1990, bajo el liderazgo del juez Luis Cotter y el empuje del fiscal Hugo Cañón, había declarado inconstitucionales la llamada “ley de obediencia debida” del gobierno de Raúl Alfonsín y los indultos firmados por su sucesor, Carlos Menem.
Recién en 2015 un juez federal, Alejo Ramos Padilla, llamó a indagatoria a Montezanti. El entonces camarista faltó reiteradamente, amparado en sus fueros, hasta ser declarado en rebeldía. En septiembre de ese año el Consejo de la Magistratura lo suspendió e inició el proceso para removerlo por jury.
El todavía magistrado se defendió a través de una entrevista a doble página en el diario La Nueva Provincia, aún dirigido por Vicente Massot, también imputado por delitos de lesa humanidad. En esa intervención adjudicó las acusaciones en su contra a la confluencia entre una persecución ideológica y el presunto interés en entorpecer el accionar judicial ante “grandes desaguisados de imprevisibles derivaciones, incluso políticas”. Dos meses después halló escucha en su colega Luis Novaresio, que lo entrevistó en Infobae.
Sin embargo, presentó la renuncia. El primer día de marzo de 2016, el nuevo Presidente, Mauricio Macri, la aceptó. Así le evitó al camarista oír un veredicto que iba a pronunciarse horas después de la publicación del decreto presidencial en el Boletín Oficial. (El magnate y el ex agente tienen en común su origen calabrés.) Similar fue su salida del cargo docente en la Universidad Nacional del Sur.
En esta oportunidad, Montezanti deberá escuchar un fallo, cualquiera sea.
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