Juicio a un encubrimiento político/policial
Paulina Lebbos fue asesinada en Tucumán en 2006 y todavía espera justicia
Desde el 6 de febrero se desarrolla en Tucumán el juicio oral y público por la muerte de la joven Paulina Lebbos (foto principal), ocurrida el 26 de febrero de 2006. Los hijos del ex gobernador José Alperovich fueron desvinculados de la causa por falta de pruebas que sustentaran las versiones que durante años los implicaron. Pero sí salió a luz una sórdida trama de encubrimiento político y policial.
Los sometidos a juicio son Roberto Luis Gómez, acusado de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio; Eduardo Di Lella (secretario de Seguridad durante la gestión de Alperovich), Hugo Sánchez (ex jefe de policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de Policía) y Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte), acusados de "encubrimiento real por resultar el hecho precedente especialmente grave cometido por un funcionario público", abuso de autoridad, falsificación ideológica de instrumento público y amenaza condicionada, mientras que el ex policía Hugo Rodríguez está imputado por ser partícipe necesario del encubrimiento y falsificación de instrumento público y autor de delito de falso testimonio.
El tribunal está compuesto por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, de la Sala III de la Cámara Penal.
El último fiscal a cargo de la investigación, Diego López Ávila, fue el encargado de realizar la imputación y de reconstruir todo el entramado de ocultamientos en torno a ésta causa con más de 120 cuerpos conteniendo el expediente judicial.
Para el fiscal, el 26 de febrero de 2006 Paulina (de 23 años), luego de dejar a una amiga en su casa, fue interceptada y secuestrada por individuos “desconocidos”, quienes la llevaron por diversos puntos del sur de San Miguel de Tucumán. El cuerpo de Lebbos fue encontrado 13 días después a la vera de la ruta provincial 341, en la zona turística conocida como Raco. Las pericias de Gendarmería Nacional, indicaron que la joven estudiante de comunicación social fue estrangulada.
Al cuerpo lo encontraron dos lugareños que pasaban por el lugar la mañana del 11 de marzo de 2006. Lo extraño de ese hecho es que los hermanos, Marcelo y Sergio Goitea, en vez de acudir a la comisaría de la zona, llamaron a un ex policía, Hugo Rodríguez, para contarle sobre el hecho. Pero cuando se labraron las actas policiales, se informó de manera falsa que los policías de Raco fueron los que dieron con el cadáver de Paulina. Es por ello que en otro juicio reciente fueron condenados por falsificación de documentos dos policías y se imputó a Rodríguez, por lo que es uno de los acusados en el presente proceso.
Otro punto central de la investigación por parte de la fiscalía fue conseguir el detalle de los últimos registros telefónicos del celular de Lebbos, que los dos días posteriores a su desaparición se siguió usando pero con dos chips diferentes. El último chip estaba a nombre de Luis Gómez. El fiscal Carlos Albaca en 2006, por “error u omisión”, nunca llevó adelante esta investigación del teléfono. Recién en 2017 el actual funcionario judicial pudo acusar a Gómez por la desaparición de la joven.
“Tuve que dar vuelta toda la causa”
En las audiencias del juicio, todos los imputados cargaron las tintas en contra del fiscal a cargo de la instrucción. El ex policía Barrera dijo que "López Ávila me cagó la vida. Ando viajando en colectivo porque me dejó sin nada", mientras que el imputado Gómez señaló: “Soy el “perejil” de esta causa, el asesino que inventó el fiscal Diego López Ávila. Él armó todo”, apuntó.
El fiscal López Ávila dijo a El Cohete A la Luna: “Tuve que dar vuelta toda la causa, revisar absolutamente todo. No dejar librado nada al azar, porque cada una de las cosas que se habían hecho tuve que rehacerlas. Descubrí en ese proceso que había cosas que ya no se podían hacer. Pruebas y evidencias que se habían arruinado y que no se las podía cotejar para hacer ADN. El tema de los celulares que estaban mal pedidos y así empezar de nuevo todo”, señaló.
Cuando habló sobre los imputados policías y sobre las audiencias que se llevaron adelante hasta ahora, López Ávila aseguró: “Cada vez me doy más cuenta de cómo son las relaciones y las influencias. Es tremendo”.
López Ávila hizo un balance del trabajo llevado adelante en su fiscalía para llegar a tiempo con el juicio. “Tuve una satisfacción cuando vi que se podía llegar a algo. Con las limitaciones que te da el tiempo sobre todo con algunos delitos. Hubo algunas personas a las que no se pudo imputar, por el tiempo transcurrido. Hubo desazones y mucho esfuerzo, si no hubiera sido por la gente que me rodea en el ámbito de la fiscalía hubiese sido muy difícil. Tuve apoyo de Gendarmería y de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).Veo todo lo que hay por detrás y cada vez estoy más convencido que no erré el tiro para nada”.
Alberto Lebbos, el papá de Paulina, era funcionario del ex gobernador Alperovich cuando su hija desapareció. Fue por esto que el caso tomo relevancia de manera inmediata en los medios locales.
Lebbos pasó de ser miembro del gabinete provincial a ser enemigo público del entonces gobernador. Durante los años del gobierno de “José” (como le decían sus más cercanos), el padre que pedía justicia por su hija fue silenciado en los medios de comunicación tucumanos, acaso porque a través de rumores los hijos del entonces mandatario provincial fueron implicados en el crimen. Lo que determinó el fiscal es que no había “ninguna prueba” sobre “los hijos del poder”. Dos de los hijos del actual senador Alperovich fueron desvinculados del expediente.
Después de que Paulina fuera encontrada muerta al costado de una ruta, Alperovich ordenó mayor presencia policial y mayor control sobre todos los negocios, bailables o no, ubicados en la zona de El Abasto, donde se había visto a la joven. Pero también ordenó que ninguna fiesta pública, privada o evento social superara el tope horario de las 4 de la mañana. Con esta última medida hubo mucha resistencia de sectores sociales y empresariales que se decían perjudicados. Los boliches de la zona fueron cerrando de manera paulatina y se generó un nuevo negocio: las fiestas clandestinas. En enero de 2014 el mismo Alperovich anunció el fin de la medida.
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