Justicia para nadie

Cuando el Poder Judicial deja de impartir justicia, nadie la obtiene. Ni siquiera los que pertenecen a él

 

Siempre me llamaron poderosamente la atención aquellas personas que parecen no percibir que las cosas cambiaron en el mundo Siguen opinando y actuando como si el mundo siguiera siendo uno que a todas luce ya no es. Los nostálgicos de la guerra fría y su insistencia en pensar el mundo desde dos polos de poder bien definidos. Un poco pienso que es gente que habla en blanco y negro y con la imagen granulosa de los viejos televisores de los años ’50.

Esta semana me pasó eso cuando leí la clarísima denuncia que hizo Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Argentina, sobre la conformación de una mesa de enlace de las Fuerzas Armadas. Por lo que relató Agustín, una verdadera mesa de saldos de viejos nostálgicos. Señaló el ministro que la mesa de enlace “se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad”. Con enorme lucidez, Rossi se tomó la molestia de hablar con nombre y apellido acerca de quienes la conformaban y sus antecedentes. Le puso color a tanta imagen granulosa en blanco y negro. El efecto fue casi inmediato. Una a una las instituciones se comunicaron con el Ministerio de Defensa para señalar que no conformaban la tan citada mesa e incluso señalaron que, si algún miembro de las instituciones la conformaba, lo hacía a título personal.

Me llamó la atención que pretendieran sumar a las fuerzas de seguridad y a la policía. No solo porque las funciones de las Fuerzas Armadas son, por ley, bien diferentes a las de las fuerzas de seguridad, sino porque, y como bien señalara el ministro, había entre los nombres que la integraban al menos dos que el Ministerio de Defensa conoce bien: el general de Brigada (R) Daniel Reimundes y el general de División (R) Ernesto Bossi. Extrañas coincidencias unen a estos militares retirados. El primero fue procesado por hacer inteligencia ilegal. Luego fue sobreseído y esa sentencia, que fue apelada, duerme el sueño de los injustos en la Corte Suprema, como siempre recuerda Ari Lijalad. Bossi, por su parte estuvo vinculado a la SIDE durante la época en que era conducida por Santibañez, durante el gobierno de De la Rua. Además de su cercanía a las tareas de inteligencia, ambos tienen en común que promueven la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior.

Cabe resaltar que la prohibición de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, esto es dentro del país, es fruto de uno de los grandes consensos de la democracia luego de la última dictadura cívico militar. Y fue formulada como reacción de la democracia ante las atrocidades que llevo adelante dicha dictadura.

Mientras se investiga el inescrupuloso e inhumano espionaje a los familiares de las víctimas de ARA San Juan por parte de la AFI del gobierno de Mauricio Macri y mientras la verdad surge de los testimonios sobre esa tragedia que se colectan en el Poder Judicial de Caleta Olivia, sectores de las Fuerzas Armadas de viejas épocas parecen tener la necesidad de reunirse para conspirar.

Como siempre, admirable la lucidez de Agustín Rossi de denunciar con nombre y apellido lo que estaba sucediendo. Darle visibilidad. Trabajé con Agustín y creo conocerlo bien. Siempre he resaltado que es alguien a quien leo y observo cuando no entiendo algo de lo que sucede en política. Porque a su inamovible lealtad a la democracia hay que sumarle algo también invaluable: es la persona ideológicamente mas correcta que conozco y por eso no se equivoca cuando evalúa la política. Ha pagado enormes costos políticos por eso, pero en un mundo de pragmáticos, Agustín Rossi es una rara avis que siempre se para en el lugar que corresponde y no en el lugar que le conviene. Algunos, entre los que me cuento, llamamos a eso dignidad.

Lo que sucedió con la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas me hizo recordar un episodio que sucedió hace unos meses. También una imagen granulosa en blanco y negro. Me acorde del ex Presidente Duhalde cuando, en medio de lo que él mismo denominó después una especie de brote psicótico o estado confusional, declaró muy suelto de cuerpo que en el 2021 no habría elecciones legislativas y que preveía un golpe de Estado.

Con toda honestidad, lo del brote psicótico no se lo creí nunca y de hecho creo que esa desmentida se le ocurrió a Duhalde después que Jorge Yoma contase una experiencia similar a propósito de los dichos del ex Presidente.

 

 

 

Lo que creo en efecto es que Duhalde funciona como vocero de sectores que piensan granuloso y en blanco y negro. Y creo que son los mismos sectores que tuvieron una anhelante erección cuando un sector de la policía bonaerense se levantó contra el gobierno de Axel Kicillof. Los mismos sectores que inspiraron las tristes declaraciones de Patricia Bullrich respecto a que el cambio de gobierno podría suceder en el 2021 dependiendo de las elecciones legislativas. Un golpe de tipo “institucional”, al estilo de los que sufrieron Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil. Y que tan bien tradujo en su nota la periodista Nancy Pazos, cuando escribió una opinión del círculo rojo: “Se habla de una Asamblea Legislativa pero no veo a la clase política comprometiéndose con algo así, nos vamos a tener que comer a estos tipos tres años más”, responden desde el otro rincón”.

El fracaso de la intentona de instalar la idea de un golpe de Estado en los meses de agosto y septiembre de este año decantó en la más sutil – o menos sutil, según como se la mire— idea de conformar una estructura paralela. La idea de esmerilar a la actual conducción de la Fuerzas Armadas era necesaria, ya que sus autoridades fueron las primeras en salir a desmentir lo dicho por Duhalde en agosto. No creo que la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas haya nacido solo orientada a ese fin, pero me cuesta creer que no sea ese objetivo, el de desgastar a la actual conducción de las Fuerzas Armadas, uno de los objetivos que podrían haber tenido en cuenta sus impulsores.

En más de una ocasión tengo la impresión de que existen hilos comunicantes entre cosas que suceden aparentemente aisladas. No sé cómo explicarlo, así que daré un ejemplo. Esta semana se revocó el sobreseimiento de Eduardo Miragaya y de Santiago Viola en la causa por el delito de instigación a cometer falso testimonio. La causa, aunque pequeña, me resulta apasionante.

En el año 2016, Gabriel Fabián Corizzo y Carlos Marcelo Scozzino declararon que habían sido testigos de la presencia del doctor Sebastián Casanello dentro de la Quinta Presidencial de Olivos en el transcurso del año 2015. Muchos periodistas clamaban espantados que Casanello debía ser apartado de la investigación sobre Lázaro Báez y sobre CFK, de la que era juez de instrucción por ese motivo.

Curiosamente otro periodista, Carlos Pagni, publicó que Viola y Miragaya habían realizado un montaje para obtener el apartamiento —recusación mediante— del juez Casanello de la causa Nro. 3017/2013 (en la cual se encontraba imputado el defendido del abogado Viola, Leandro Báez) para lo cual habrían instigado a los testigos a pronunciarse con falsedad.

Mientras la acusación por falso testimonio contra los dos testigos falsos avanzaba –y de hecho concluyó con un juicio a prueba en que tanto Corizzo y Scozzino reconocieron haber mentido—, la situación de Viola y Miragaya era bastante distinta.

Miragaya, que en esos días de 2016 era funcionario de AFI y además contaba con contactos dentro del mundillo de Py rápidamente fue sacado de la causa, si bien ese sobreseimiento fue apelado. Santiago Viola no tuvo la misma suerte, pese a la protección que recibió de un sector del macrismo. La causa volvió luego de un largo recorrido al juzgado de instrucción para que se investigara y el doctor Rodríguez los sobreseyó. Y Sebastián Casanello apeló ese sobreseimiento.

Antes de sobreseer a Viola y Miragaya, el juez de instrucción recibió la declaración de otro periodista, Tomas Méndez, que había recibido copia de los chats telefónicos de Miragaya y Viola. La fuente, según declaró Tomas Méndez, era un presunto ex AFI ya fallecido de nombre Sidras.

La causa es y era un escándalo. Las conversaciones entre los involucrados y la cantidad de llamadas entre Miragaya y Viola eran de por sí un verdadero papelón.

 

 

 

El viernes 13 la Cámara Criminal y Correccional revocó esos sobreseimientos y ordenó seguir investigando. Lo curioso es cómo votaron los miembros de la Cámara. Llorens votó en contra de revocar los sobreseimientos. De modo tan inexplicable como viene votando que las causas de espionaje ilegal se tramiten en Comodoro Py. De alguna forma Mariano Llorens parece representar un sector de Poder Judicial que prefiere optar por cubrir de olvido lo sucedido en la Justicia federal durante los años que gobernó el macrismo. En particular si son hechos que involucran a los servicios de inteligencia.

Quienes votaron a favor de revocar el sobreseimiento fueron los jueces Bruglia y Bertuzzi. De Bruglia no me sorprende porque ya había votado en contra de sobreseer a Viola en la primera oportunidad. Pero más allá de eso, la sentencia llama la atención.

Quienes impulsan solapadamente que la causa contra Viola y Miragaya se cierre definitivamente son los sectores históricos de Comodoro Py. Muchos de ellos con excelente relación con el macrismo y con lo que los abogados consideramos “la corporación judicial”. Sectores que por cierto no se embanderaron con la defensa de Bruglia y Bertuzzi, sino más bien lo contrario. No por convicción democrática sino por mero ejercicio de hábitos acomodaticios.

Mis hilos conectores me hacen preguntarme si la sentencia es un mero hecho judicial o la primera señal de una nueva pelea en ese edificio de lealtades inexistentes.

Y por cierto, sea cual sea la causa de la sentencia, celebro que Casanello haya conseguido que la causa siga investigándose. Porque yo lo vi golpear puertas durante el macrismo y vi a la corporación judicial negarle el más mínimo resquicio de justicia en un pedido que era absolutamente razonable y fundado. Porque, y aprendí eso en las épocas macristas, cuando el Poder Judicial deja de impartir justicia, nadie la tiene, ni siquiera los que pertenecen a él.

 

 

 

 

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5 Comentarios
  1. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo la doctora Peñafort expresó lo siguiente:

    “Siempre me llamaron poderosamente la atención aquellas personas que parecen no percibir que las cosas cambiaron en el mundo Siguen opinando y actuando como si el mundo siguiera siendo uno que a todas luce ya no es. Los nostálgicos de la guerra fría y su insistencia en pensar el mundo desde dos polos de poder bien definidos. Un poco pienso que es gente que habla en blanco y negro y con la imagen granulosa de los viejos televisores de los años ’50.
    Esta semana me pasó eso cuando leí la clarísima denuncia que hizo Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Argentina, sobre la conformación de una mesa de enlace de las Fuerzas Armadas”.

    Me parece que a la efímera mesa de enlace militar se le dio una relevancia desmedida. ¿A algún militar se le puede ocurrir en pleno siglo XXI atentar contra la legitimidad democrática? Como bien señaló el general Martín Balza la actitud de dicha “mesa” fue “una irresponsabilidad que raya la tontería”.

    Lo que sí es de enorme trascendencia es el rol que juegan los militares en democracias frágiles y novatas como la Argentina. A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir un interesante artículo escrito por la profesora Rut Diamint sobre esta cuestión.

    El rol de los militares en tiempos de democracia (*)
    Por Rut Diamint (*)

    La política militar de los sucesivos gobiernos democráticos se limitó a asegurar la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, desmontando privilegios y reduciendo el presupuesto. Sin embargo, una buena política de defensa exige mayor coordinación, personal civil capacitado y, sobre todo, una definición clara de sus objetivos.
    La democracia recuperada en 1983 enfrentó un contexto de profundas tensiones para ejercer el control político sobre las Fuerzas Armadas, tras décadas en las que éstas habían reiteradamente usurpado el poder. Los militares mantenían, como explicó Alfred Stepan (1), amplias cuotas de autonomía y prerrogativas que resquebrajaban el sistema democrático. Por ello, la política de defensa se orientó básicamente a establecer la supremacía civil sobre las instituciones militares.
    El retorno a la juridicidad y los juicios por violaciones a los derechos humanos fueron un recurso para garantizar la estabilidad y la continuidad democrática. Raúl Alfonsín atribuía los crónicos golpes militares a un largo proceso de pérdida del sentido jurídico, por lo que su estrategia consistió en sustentar juicios e imponer penas, o sea, re-judicializar la relación cívico-militar. El Juicio a las Juntas constituyó un hecho sin precedentes en América Latina, que contrastaba con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en otros países.
    A partir de allí se instaló un consenso que, aunque varias veces se intentó eludir, apuntaba a fortalecer el sistema republicano. Ello incluía asignar un rol subsidiario a las Fuerzas Armadas de acuerdo a los lineamientos de política exterior de cada uno de los Gobiernos. Sin embargo, la resistencia de los militares y los desvíos presidenciales hicieron que ese proceso, que debería haber finalizado en la primera presidencia democrática se extendiera hasta nuestros días, limitando la política de defensa a la prioritaria resolución del pasado dictatorial.
    Uno de los recursos utilizados p ara lograr la sub – ordinación militar a las autoridades civiles fue des-montar el sistema de privilegios económicos y empresas cautivas que manejaban con absoluta autonomía las Fuerzas Armadas. Hugo Quiroga detalló minuciosamente el funcionamiento de Fabricaciones Militares, que incluía recursos para mantener compañías ineficientes e innecesarias para la defensa, gastos excesivos y poco transparentes en proyectos invendibles y descoordinados (2).
    En suma, los recortes presupuestarios y salariales no respondieron a una estrategia de racionalización del gasto o un cambio de doctrina y objetivos. Fueron una herramienta para disciplinar a las Fuerzas Armadas. Paralelamente, los avances en la cooperación regional desmontaron las hipótesis de conflicto vecinal que históricamente justificaron el gasto militar y las sucesivas crisis económicas lo redujeron aún más: así, el presupuesto en defensa pasó de 3,5% del PBI durante la dictadura a 2,1 % durante el alfonsinismo, 1,5% durante el menemismo y 0,91% en la actualidad (3).

    La defensa como política pública

    La política de defensa, como toda política pública, supone un curso de acción por medio del cual el go¬bierno decide qué hacer y cómo hacerlo, articulan¬do las distintas áreas del Estado. Para evaluarla, la transparencia y los datos son necesarios. Una polí¬tica es buena cuando da resultados. La defensa, además de ser una de las múltiples políticas públicas, es subsidiaria de la política exterior.
    Desde 1991, en el marco de una serie de reformas post-Guerra Fría, la Organización de Estados Americanos (OEA) propuso debatir el concepto de política de defensa como política de Estado. Para ello sugirió que cada país elabore, con el aporte de diversos sectores de la sociedad, sus planes de defensa, comunicando sus capacidades por medio de un Libro Blanco, entendido como un documento de comunicación y transparencia que contribuya a limitar la incertidumbre de los escenarios por venir. No es una directiva político-militar sino una perspectiva de largo plazo que intenta dotar a la sociedad de una política pública que asegure la dirección y los medios necesarios para cumplir con esa función.
    La defensa, considerada como política de Esta-do, exige permanencia en el tiempo, ya que supone una orientación general referida al interés nacional y a los condicionantes establecidos por la situación internacional. Las modificaciones incorporadas por los sucesivos gobiernos, muchas veces con identidades políticas distintas, no deberían alterar ese modelo constitutivo que combina de forma integrada los instrumentos nacionales de poder: políticos, diplomáticos, económicos, sociales, informacionales y, por supuesto, militares. Supone una arquitectura de la defensa que no puede modificarse por una simple decisión ministerial.
    ¿Para qué es necesaria una política de defensa? ¿Para qué se necesitan los militares? La defensa tiene como objetivo asegurar la integridad territorial y la seguridad de la población, garantizando el cumplimiento de los acuerdos y alianzas internacionales establecidas por la política exterior. La defensa es un instrumento de salvaguardia de la soberanía y un respaldo a la credibilidad internacional del país.
    Pero no se trata sólo de prevención y protección. También corresponde proyectar poder. Este último punto ha generado, a partir de la desaparición del submarino ARA San Juan, un amplio debate público ya que, con el equipamiento actual, las Fuerzas Armadas serían incapaces de ofrecer certezas respecto de su capacidad para evitar eventuales ataques a su integridad.
    Sin embargo, no es el único déficit. El Ministerio de Defensa, responsable tanto ante el presidente como ante el Congreso, carece de personal especializado, lo que afecta su legitimidad para conducir a los militares. El Estado Mayor Conjunto debería ser el vértice de la formulación de una política de defensa. Sin embargo, aún no se puede hablar de Fuerzas Armadas integradas, sino de un Ejército, una Armada y una Aeronáutica. La omisión de una planificación concreta, de mediano y largo plazo, en la que cada componente contribuya a un mismo objetivo hace que la defensa sea encarada de forma relativamente autónoma por cada fuerza. No hay interoperabilidad, lo que provoca contradicciones, superposiciones, baja racionalidad del gasto y competencia intra-fuerzas. Falta, sobre todo, un comando civil.
    Por otro lado, la misión de las Fuerzas Armadas exige un replanteo. Teniendo en cuenta que no se perciben guerras inter-estatales y que en muchas ocasiones la amenaza proviene del interior de los países, el equipamiento militar sofisticado pierde relevancia. La inteligencia, la anticipación informativa y las tácticas innovadoras son más eficaces para neutralizar el accionar de grupos disruptivos que contar con una tecnología de última generación. Aunque la cuestión presupuestaria es importante, la demanda de más inversión en defensa depende de la decisión de las autoridades políticas acerca de las amenazas probables. Sin esta definición, el nuevo material militar termina convirtiéndose en un juguete para calmar la ansiedad de los oficiales.
    En algunos países de la región, la creciente in-seguridad ciudadana y las nuevas formas de criminalidad organizada que desbordan la capacidad de respuesta policial llevaron rápidamente a involucrar a los militares en asuntos de seguridad interna. Sin un cambio de doctrina, de entrenamiento y de equipamiento, las Fuerzas Armadas se volcaron a la calle para responder a la demanda social e intentar vanamente reparar los déficits del Estado. Pero dedicar un sistema de defensa tan costoso, equipado y entrenado a combatir el crimen organizado es dilapidar recursos del Estado en problemas que se deben enfrentar con otras instituciones. Los militares no están preparados para combatir el crimen: su poder de fuego supera las necesidades de imponer la ley y garantizar el orden público; su equipamiento no está pensado para disuadir a los ciudadanos sino para enfrentar a los enemigos de la Nación, y su doctrina se orienta a aniquilar la capacidad operativa de una fuerza armada similar, no a enfrentar las capacidades de cometer ilícitos de los grupos criminales. Los militares, como reiteradamente se ha comprobado en diferentes países latinoamericanos, resultan ineficaces en la tarea de garantizar el Estado de Derecho.

    Militares para qué

    La definición de las funciones que deben cumplir los militares no puede depender de un temor ciudadano o una urgencia presidencial. Por cierto, alcanzar hoy esa definición es aún más difícil: vivimos tiempos de incertidumbre, alianzas que se quiebran, nuevas potencias, ambiciones nacionalistas, exacerbación religiosa, rivalidad por el control de espacios terrestres, marítimos y aéreos y por la apropiación de recursos energéticos, todo en un escenario multipolar que hace aún más complicado definir un modelo de defensa.
    En América Latina, además, se está produciendo una superposición confusa de realidades que confluye en definir la defensa de los recursos naturales como uno de los objetivos principales de las Fuerzas Armadas. La Unasur lo reconoció como objetivo prioritario en la cumbre del 23 de mayo de 2008. Allí, Luiz Inácio Lula da Silva, en ese momento presidente de Brasil, dijo: “Es tiempo de profundizar nuestra identidad sudamericana también en el ámbito de la defensa y tenemos que articular una visión de defensa en la región fundada en los valores comunes y principios del respeto a la soberanía y la libre determinación; la integridad territorial de los Estados y la no intervención en los asuntos internos”(4).
    Sudamérica, en efecto, contiene reservas energéticas importantes, espacios verdes y de biodiversidad, recursos minerales esenciales para las nuevas tecnologías. Estos recursos podrían haberse interpretado como un bien. La Unasur podría haber esgrimido que esos recursos representan un poder conjunto y una capacidad de decisión en la agenda global, incorporándolos como incentivos estratégicos para afirmar la paz. Sin embargo, se militarizó el tema, se lo securitizó, por recurrir al concepto de Ole Waever (5). La militarización creciente del agua, de las costas marítimas, de las reservas petrolíferas, choca contra los intentos de expandir el comercio, demandar la libre circulación, reclamar igualdad de oportunidades internacionales y, en definitiva, promover los principios de la democracia liberal. Resulta paradójica la supuesta vocación de avanzar en la integración regional cerrando militarmente los espacios nacionales.
    Argentina es parte de esta tendencia. El Libro Blanco de 2015 incluye la protección de los recursos naturales como uno de los principales objetivos de la defensa y señala la necesidad de cuidar los recursos estratégicos que pueden dar lugar a pujas potenciales por su apropiación, sus rutas comerciales o los territorios donde se encuentran en magnitudes importantes, lo que “ínstala un nuevo desafío a considerar en términos principalmente geopolíticos (6).
    Los problemas de este punto de vista son varios. En primer lugar, reaparece el vetusto concepto geopolítico que alimentó las guerras de principios del siglo XX. Pero lo central es que limitar la concepción de las amenazas a la protección de los recursos naturales implica dejar en un segundo plano otro tipo de riesgos que han demostrado ser más reales y perturbadores, como los ataques cibernéticos que pueden provocar daños informáticos de mayor potencialidad destructiva. Inteligencia artificial, robótica, sistemas de navegación autónomos, malaware, son algunas de las innovaciones tecno-lógicas que transforman la vida social y al mismo tiempo conjuran nuevos riesgos para la vida y la paz. Constituyen, junto con el manejo de las crisis humanitarias, climáticas y de refugiados, el control de armamentos y el tráfico ilegal de armas, retos más apremiantes que pensar restringidamente en el control de los recursos.
    La elección de la defensa de los recursos naturales como misión prioritaria de las Fuerzas Armadas responde a intereses concretos. Nace de la visión de los militares brasileños, que inventaron el concepto de “Amazonia Verde” para asegurarle presupuesto y protagonismo al Ejército, y “Amazonia Azul” para garantizarle poder a la Armada. Como resultado de la decisión de no comprometer a sus militares en operaciones combinadas, como había sugerido Hugo Chávez con su idea de crear la OTAS, una OTAN del Sur, Lula promovió el concepto de defensa de los recursos naturales entre los miembros de la Unasur, que lo incorporaron de manera improvisada (7). Fue así que la idea, rápidamente popularizada entre las Fuerzas Armadas de la región, resultó conveniente para militarizar Pdvesa, se transformó en una excusa aceptable para equipar a los militares argentinos, una retórica para aquietar a los ecuatorianos y una novedad para frenar el accionar de las Fuerzas Armadas chilenas.
    La defensa tiene como objetivo asegurar la integridad territorial, lo que por supuesto incluye proteger los espacios terrestres, aéreos y marítimos, cuidar a la población de eventuales enemigos y resguardar los recursos naturales. Pero limitarse exclusiva-mente a este objetivo es una manera de aumentar la confusión y posponer un debate genuino, responsable y eficaz sobre la defensa como política pública.

    REFERENCIAS:

    1. Alfted Stepan, Rethinking Military Politics: tíraziland the Southern Cone, New Jersey, Princeton University Press, 1988.
    2. Hugo Quiroga, Estado, crisis económica y poder militar [1880- 1981], Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985.
    3. “Gasto militar (% del PIB)”, Banco Mundial, https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=AR
    4 http://www.comunidadandina.org/prensa/ discursos/lula23-5-08.htm
    5. Ole Waever, “Securitization and Desecuritization”, en Ronald Lipschutz, (ed.), On Security, Nueva York, Columbia University Press, 1995.
    6. http://www.mindef.gov.ar/institucional / pdfs/libro_blanco_2015.pdf.
    7. Alfredo Forti, La Defensa y los Recursos Naturales en Suramérica. Aportes para una Estrategia Regional, Buenos Aires, Centro de Estudios Estratégicos del Consejo Suramericano de UNASUR, 2014, http://ceed.unasursg.org/Espanol/09-Downloads/Biblioteca/DEF-RRNN.pdf.

    (*) Profesora de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora Principal del Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
    Publicado en:

    (*) Link: http://www.eldiplo.org/index.php?cID=1

  2. Carloshb dice

    Excelente Graciana. Comodoro Pro es una cloaca…!!!

  3. gerardo senderowicz dice

    Graciana:;
    Vos pensas que B&B estan tratando de «aquietar» las aguas?
    Yo, la verdad, no lo entiendo. Me parece mas logico Llorens, que queres que te diga.
    Es una cloaca y hay que revertir esto y de manera total

  4. Sebas dice

    Gracias, Dra., por esta claridad de conceptos… Suelo «matarme» en discusiones con compañerxs, sobre esa frase atribuida a Peron: «a los enemigos, ni justicia». Más allá de que la haya dicho o no Perón, yo les digo que lo importante es, justamente, que si no hay «justicia para todxs» terminará, justamente, sin haber «justicia para nadie»… Y me acusan de «tibio»!!!

  5. Hector dice

    Graciana, lo que estoy viendo preocupado es el comando unificado del «círculo rojo», se nota mucho y realmente con gran descaro por parte de los medios y periodistas (gratis no creo), lo que indica que fluye muchos verdes de las embajadas y demas usinas de la derecha internacional y la patética angurienta local, seria interesante como tarea para algún periodista de investigación, diría Rinconet «nado sincronizado», en alguna cuenta o caja se debería ubicar el «flujo de caja» y podrian ir en cana por no pagar impuesto, como Al Capone.

    En cuanto al sistema judicial está desde la CSJ y gran parte de los jueces (con honrosas excepciones por todos conocidas), sólo está para hacer canjes y negocios como lo demostraron con el «per saltum» (per la joda), los tres jueces y los cuatro años del macrismo, son la pistola en la cabeza de la democracia Argentina (diría D`Elia).

    Me diría un vecino después de varios años viviendo en Italia:
    «Italia es igual que la Argentina, la diferencia es que alla hay JUSTICIA», pero vino a morir a la Patria porque la enfermedad profesional no lo cubría el sistema sanitario italiano.

    Lo bueno de Rossi que dio los nombres de cada uno, como corresponde al político honesto y responsable.

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