Todo comenzó con una denuncia realizada por Remo Carlotto cuando era director de la Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires, en 2004, tras una investigación preliminar del Equipo de Investigación del Archivo Provincial de la Memoria bonaerense (APM). Allí el funcionario pidió investigar la posible existencia de restos óseos que “corresponderían a personas desaparecidas durante la última dictadura militar, en el Cementerio Santa Mónica de la localidad de Libertad del partido de Merlo”. Con el avance de la pesquisa, se sumaron elementos probatorios sobre un eje central: varias sepulturas con cuerpos sin identificación, una de ellas reconocida con el número 39 del tablón K de la sección tercera del cementerio. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entró en acción: en 2009, peritos exhumaron de una fosa común un esqueleto enterrado debajo de otro cuerpo, el cual sí estaba previamente identificado.
Para la tarea de identificación, el Equipo de Investigación del APM analizó las actas de defunción, los legajos de la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense), causas judiciales y los libros de registro del cementerio. La pista que tenían era que se trataba, aparentemente, de un hombre, N.N, de entre 35 a 40 años, cuya causa de fallecimiento había sido una “hemorragia aguda”. Según el expediente judicial, se dispuso de inmediato –una vez que irrumpió el EAAF– la extracción de perfiles de ADN para su comparación masiva con las muestras obtenidas en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. Los organismos de derechos humanos de la Argentina y Uruguay habían investigado que podría tratarse de Ricardo Altamirano Alza, nacido en la ciudad de Mercedes, Uruguay, el 4 de agosto de 1934, hijo de Armando Altamirano y de Leonor Silvia Alza, que supuestamente había tenido un paso por el Partido Comunista uruguayo. La Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires, en tanto, no poseía en sus registros denuncia sobre su secuestro, pero sí del hallazgo de su cadáver –en ese momento sin identificación– junto al de Carlos Alberto Silvero, cuyos restos fueron recuperados de la sepultura 41 K de la sección tercera del mismo cementerio, en el que también se encontraba inhumado como NN. Oriundo de La Matanza, Silvero había sido asesinado en agosto de 1976, en Villa Luzuriaga.
Tanto a Altamirano Alza como a Silvero –sin nexo alguno entre ellos– los habían asesinado a quemarropa y arrojado sus cuerpos a la vera de una ruta cercana a la localidad de Libertad, en Merlo. Luego los represores dejaron constancia –en el legajo DIPPBA 8172 de la mesa DS– sobre el hallazgo de esos dos cadáveres, como “víctimas de homicidio”, catalogando el hecho como “factor subversivo”. Hace unos días, tras 49 años de espera, el EAAF dio, finalmente, la noticia a sus familiares: identificó los restos de Ricardo Altamirano Alza, ciudadano uruguayo que vivía en la Argentina, donde se demostró que fue secuestrado y asesinado en 1976 por el terrorismo de Estado. Tenía 42 años y dos hijos. “Su cuerpo fue abandonado en la vía pública y fue enterrado sin identidad en el cementerio Santa Mónica de Merlo, Provincia de Buenos Aires”, corroboró el acta judicial. Allí se describió, además, que ese cementerio municipal fue utilizado en numerosos casos para encubrir crímenes de la dictadura argentina. De hecho, hoy está señalizado como sitio de memoria.
Según el EAAF, el acta de defunción hecho en el momento estableció que fue asesinado por un disparo en la cabeza. Lo habían secuestrado en la calle y lo remataron en cuestión de horas. Ese dato también fue clave. Por las características de la represión de las dictaduras del Cono Sur, el EAAF suele comparar sistemáticamente el ADN de las víctimas halladas sin identificar con muestras de familiares de personas desaparecidas de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. En un primer momento, a partir del estudio de sus huellas dactilares, se especuló que los restos que se encontraron en el cementerio de Santa Mónica correspondían a Ricardo Altamirano Alza, aunque faltaba el estudio genético. Ahora su familia, que prefirió aún no hablar con la prensa, podrá tener un lugar para despedirlo después de casi medio siglo: se cree que llevarían sus restos a Uruguay. Como prueba definitoria, en la causa se detalló que los perfiles genéticos obtenidos de los restos óseos del ciudadano uruguayo asesinado por la dictadura fueron comparados con las muestras proporcionada por un tío materno, hermano de la madre.
Ricardo Altamirano Alza se mudó a Buenos Aires en la década del ‘70, buscando nuevos horizontes para su vida después de vivir en Montevideo, donde trabajó como cartero. No se conoce que haya militado en alguna organización política, salvo sus simpatías por el Partido Comunista uruguayo, algo que, al parecer, no se había cristalizado en una militancia orgánica. Su rastro se perdió el 25 de agosto de 1976: desde allí, sus familiares no tuvieron más noticias sobre él ni hubo testigos de su desaparición. Tampoco figuró en la lista de los operativos como parte de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur conocida como Plan Cóndor. No se sabe si los represores lo tenían en la mira ni que la inteligencia fronteriza lo hubiera colocado en una lista negra. Mediante un comunicado, la Agrupación “Familiares de Desaparecidos de Uruguay” magnificó el valor histórico del hecho: “La identificación de Ricardo es, ante todo, un acto de justicia y de humanidad. Para su familia significa cerrar décadas de incertidumbre, dolor y búsqueda incesante, devolviendo un nombre y una historia a aquellos restos que el terrorismo de Estado intentó condenar al silencio”.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos calificaron a Ricardo Altamirano Alza como víctima de desaparición forzada y asesinato por el terrorismo estatal, y dieron un mensaje: “Los restos de Ricardo esperan hoy para reencontrarse con su familia, con su hijo que por tantos años lo ha buscado”. La ley 18.596 uruguaya contempla que las víctimas de la dictadura (1973-1985) y de los crímenes cometidos por el Estado en los cinco años precedentes (1968-1973) sean reconocidas y reparadas a través de un certificado público, así como con prestaciones médicas, asistencia psicológica e indemnizaciones económicas en casos que lo ameriten. Según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003, la dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en su país. En la Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una, todas ellas relacionadas con el Plan Cóndor, orquestado por las dictaduras de América del Sur para reprimir a sus disidentes políticos. El caso de Altamirano Alza reaviva un cuadro aún incompleto. “Es un hecho de alcance colectivo. Como sociedad, cada identidad recuperada rompe con la impunidad y reafirma el derecho a la verdad que nos pertenece a todos. No se trata sólo de la memoria de Ricardo, sino de la memoria de todo un pueblo, y nos reafirma en el camino y la lucha por Memoria, Verdad y Justicia”, cerró en su comunicado la Agrupación “Familiares de Desaparecidos de Uruguay”. Una búsqueda de casi cincuenta años llegó a su fin.
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