El 23 de diciembre de 2023, el por entonces candidato a secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme, sostenía que los salarios de los militares no deberían “ser un problema porque hay una idea de reparación. Además de que a las Fuerzas Armadas se les dará un rol más activo (…). El tema salarial es algo importante, además porque las Fuerzas Armadas votaron masivamente a este gobierno, entonces es muy difícil que sean una variable de ajuste”. Asimismo, agregaba —refiriéndose al presupuesto de la defensa nacional— que “no hay por donde ajustar en las Fuerzas Armadas”.
Esta verborragia del autopostulante no se detenía ahí. El entrevistado afirmaba con flema británica —pese a las críticas que había sostenido entre 2019 y 2023— que el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) era “sostenible porque el PBI de la República Argentina, con las reformas que se están haciendo, tiene que crecer” y, de esa manera, “incorporar capacidades militares”.
En cuanto a la usurpación británica de nuestras islas y espacios marítimos del Atlántico Sur, consideraba que había “que encontrar la manera de que nuestras Fuerzas Armadas cooperen más y generen un entorno de seguridad común”.
En cambio, y después de haber atravesado las experiencias de Carlos Menem (1989-1999) y de Fernando de la Rua (1999-2001), era claro que a la derecha no le interesan las Fuerzas Armadas y que, lo ocurrido durante esos gobiernos, y el de Mauricio Macri (2015-2019), se repetiría. El problema no es solo que la actual situación es resultado del dogmatismo económico neoliberal que ha destruido el Estado —y por quinta vez—, sino que el problema es conceptual: la política de occidentalización dogmática, con un fuerte componente ideológico que no prioriza los intereses vitales y estratégicos de nuestro país, se traduce en un alineamiento con Israel, Estados Unidos y, en consecuencia, con su aliado histórico y estratégico el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RUGB). Algunos analistas y académicos civiles, y también militares, han adherido a estas directivas por vocación —como el ex funcionario y otros sobrevivientes en la Cancillería y la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF)— y otros porque creen que de esta manera tendrán financiamiento. Todo esto resulta en que acepten que la Argentina no tenga Fuerzas Armadas, sino Small Armed Forces [1] que, como adelantaba Robert McNamara [2] en los años ‘60, cumplan un rol subordinado en función de los intereses de Estados Unidos; ya sea actuando de fuerzas represoras como durante los años ‘70 o convirtiéndose, en términos de Juan Gabriel Tokatlian, en crime fighters persiguiendo al narcotráfico y/o crimen organizado y/o terrorismo islámico. En definitiva, se podría comprender y entender la desesperación de algunos militares, que frente a la falta de adiestramiento y equipamiento acepten recibir las migajas condicionadas y autorizadas por Estados Unidos y Gran Bretaña, pero la vocación neocolonial que otros exhiben sin tapujos —parodias de Julio Roca hijo—, ya excede la categoría de colaboradores de la periferia y habría que dirigirse a ellos como “Los Arnolds” o “Los Pétains”
Aburre repetir lo que adelantábamos con Luciano Anzelini a principios de 2024, pero el informe anual del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y los datos que publica periódicamente la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía confirman el desastre que están dejando en el Sistema de Defensa Nacional y, por ello, hay que lo analizamos nuevamente.
El presupuesto: un panorama suramericano
El pasado 28 de abril, SIPRI publicó su Informe 2026 que terminó confirmando nuestras aprensiones sobre que los recursos destinados al Sistema de Defensa Nacional habían llegado a un mínimo histórico. Tomando como referencia el peor dato de la Argentina durante el presente Siglo XXI, se obtienen las siguientes cifras:
Fuente: SIPRI. Países seleccionados de Suramérica.
Si aislamos los datos correspondientes a nuestro país, y tomamos como referencia al último presupuesto de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se observa la estrepitosa pérdida de recursos destinados al Ministerio de Defensa, tanto en lo que refiere a su administración central, organismos descentralizados y empresas.
Fuente: SIPRI.
Como se puede observar, los recursos que destina la Argentina para la defensa nacional son los más bajo de la región, teniendo el octavo territorio del mundo, luego del ajuste efectuado por la derecha entre 1990 y 2001. A diferencia de nuestro país, la República Federativa de Brasil ha mantenido un presupuesto estable, ha dado continuidad a sus proyectos de largo plazo (submarinos y aviones nuevos de última generación) y su Presidente, Ignacio “Lula” Da Silva, ha efectuado una apreciación del escenario internacional acertada que lo ha llevado a sostener, recientemente, que es necesario invertir en defensa para defender a nuestros países de potenciales invasiones. Obviamente, de esto se deduce que el problema no es presupuestario, sino político.
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En este sentido, la opción no es manteca o tanques, que claramente no ha funcionado, como muestran estos datos y los de pobreza, desempleo y desigualdad, entre otros. La decisión debería ser optar por ambas, ampliamente analizada en investigaciones económicas, pero más que nada política si queremos tener un proyecto de país que apunte al desarrollo, al sur, al mar y a la Antártida; como ya he planteado en otras oportunidades.
Inversión en Defensa: la información oficial
Desde la sanción de la Ley de Administración Financiera Nº 24.156 de 1992, el presupuesto ha sido diseñado para reflejar diferentes lecturas y aperturas que nos permiten dilucidar la orientación de las políticas públicas de un gobierno.
Una de esas aperturas es la de “Función Defensa” que, a diferencia del gasto de la “Jurisdicción Ministerio de Defensa”, refleja lo que se destina específicamente a defensa, en tanto excluye el gasto en las funciones educación, salud, inteligencia y otros, que realiza la mencionada Jurisdicción. En otras palabras, la “Función Defensa” solo incluye los siguientes “Programas”: a) Conducción y coordinación de las Fuerzas Armadas, b) Alistamiento y sostenimiento operacional del Ejército Argentino, c) Alistamiento y sostenimiento operacional de la Armada Argentina, d) Alistamiento y sostenimiento operacional de la Fuerza Aérea Argentina y e) “Otros”, que abarcó en el año 2025 a: Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa - Fondo Nacional de la Defensa “FONDEF”; Fuerzas de Paz; Servicios de Hidrografía del Ministerio de Defensa y el Servicio de Hidrografía Naval; Remonta y Veterinaria; y Sastrería Militar, entre otros.
A fin de comprender la intención de los gobiernos, hemos dolarizado el gasto, de acuerdo a la cotización del Banco Nación, y hemos definido al año 1989 como base 100, porque en dicho año se registró el mayor gasto en defensa de la democracia (1,9% del PBI), luego que se alcanzara el control civil de las Fuerzas Armadas. El siguiente gráfico muestra que durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei (2023 a la fecha), los recursos para la Función Defensa son decrecientes y, si tenemos presente lo presupuestado para el año 2026, que incluye la derogación de la fuente principal de financiamiento del FONDEF, la perspectiva es que la tendencia no se revierta.
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Estos datos coinciden con el Informe de Ejecución Presupuestaria del IV Trimestre del 2025, elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía. De acuerdo a dicho informe, la Función Defensa representó el 0,28% del PBI en el año 2025, siendo la más baja de los últimos años.
Asimismo, un reciente análisis de la Oficina Nacional de Presupuesto [3] resalta que:
1. “La ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (83,9%); mientras que los Bienes de Consumo, que incluyen material de guerra, alimentos, combustible e insumos varios, representaron el 7,5%. Los Servicios No Personales, que incluyen los servicios básicos (electricidad, gas, agua) y el mantenimiento de edificios y vehículos, devengaron el 6,5% del gasto, mientras que el resto correspondió a Bienes de Uso (compra de equipamiento) y Transferencias”. Debe tenerse presente que los F-16 se compran con crédito externo.
2. La categoría “Conducción y Coordinación de las Fuerzas Armadas” incluye los siguientes programas: Conducción y Planificación para la Defensa del Ministerio de Defensa; y los programas “Planeamiento Militar Conjunto” y “Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto” del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO). Asimismo, se incluyen sus “Actividades Centrales”. Ésta representó en el año 2025 el 42,1% del total del devengado de la Función Defensa.
3. El Informe también analiza el cumplimiento de las “metas físicas” que se habían comprometido en el Presupuesto 2025. Teniendo el cuidado de que estos datos no suelen ser certeros, el documento de la Oficina Nacional de Presupuesto presenta los siguientes hallazgos: a) el “Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía” solo se cumplió en un 39,7%, siendo los “días de navegación” la unidad de medición; b) el “Control del Espacio Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales”, cuya unidad de medida es la “hora de vuelo”, solo se cumplió en un 66,7%; c) si bien el Ejército Argentino y la Armada Argentina manifiestan haber cumplido casi en un 100% las metas físicas programadas, la Fuerza Aérea Argentina informa que solo cumplió en un 63,4% la cantidad de horas de vuelo y en un 38,9% la cantidad de ejercicios previstos. Esto se debió, según el Informe, al “costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones”.
Continuando con la información brindada por la Oficina Nacional de Presupuesto se observa que los recursos destinados al Inciso 4, apertura por objeto de gasto que incluye lo destinado a la compra de bienes de uso —equipamiento militar, entre otros— se observa una constante disminución del mismo.
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Hasta el gobierno de Javier Milei, el presupuesto más bajo de la Función Defensa en dólares había sido el del año 2019: 0,7% en relación al PBI según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Analicemos, entonces, el gasto operativo a partir de ese año y tomando la misma fuente oficial.
Esos recursos pueden observarse en el Inciso 2 que incluye, entre otros, a los siguientes subindicadores: 2.2 - Textiles y vestuarios, 2.4 - Productos de cuero y caucho, 2.5 - Productos químicos, combustibles y lubricantes, 2.7 - Productos metálicos y 2.7.3 - Material de guerra. En este inciso, casi al finalizar el Primer Cuatrimestre de 2026, la Fuerza Aérea Argentina sólo lleva solamente ejecutado el 22,58% del presupuesto asignado para el presente ejercicio. Como se puede observar, los problemas presentados en 2025 se acentuarían en el presente ejercicio si continúa la actual tendencia.
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto-Presupuesto Abierto. Devengado 2019-2025 y ejecutado al 3 de mayo de 2026.
Hemos elegido graficar solamente a la Fuerza Aérea Argentina por una cuestión de espacio y porque es la Fuerza que recientemente ha adquirido aviones supersónicos, lo cual supone un gasto operativo relevante. Dado que los F-16 han llegado con una mochila de restricción política y estratégica y el impacto de la actual compra es moderada porque solo se han incorporado por ahora seis de las 24 aeronaves. Difícilmente esto se traduzca en la recuperación de la capacidad de defensa aérea indirecta de manera inmediata porque: a) falta adiestrar pilotos, lo cual se enfrenta a los bajos sueldos y a la disponibilidad de aviones de entrenamiento como los IA-63 y los Texan II T-6C, cuyo mantenimiento depende de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), que enfrenta el duro recorte presupuestario que le ha impuesto el Ministerio de Defensa; b) la disponibilidad de recursos, como muestra el último gráfico, ha disminuido desde la llegada del gobierno libertario — tal vez el Presidente Javier Milei pueda publicar en estos días “un paper científico” en un blog libertario y demostrar que los aviones pueden volar con agua y no con combustible y aceite; y c) sigue siendo más importante la política y la estrategia, en tanto que el Instrumento Militar es un medio más a disposición de las primeras. En virtud de que el gobierno ha decidido abandonar el reclamo sobre las Islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos correspondientes, el F-16 fue “la mejor decisión” para este alineamiento político. Por ello, la embajadora británica no se mostró preocupada; aclarando que su aliado histórico Estados Unidos los había consultado previamente.
Situación del personal militar
El último problema que queremos abordar es el salarial. En base a las Resoluciones Conjuntas Nº RESFC-2026-10-APN-MD y el IF-2026-24129232-APN-SCA#MSG se obtienen los siguientes valores y diferencias entre los haberes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad.
Fuente: Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad Nacional. Haberes a partir del 1º de abril de 2026.
Si el promedio de la brecha salarial entre fuerzas armadas y de seguridad era del 19% en diciembre de 2025, actualmente oscila entre 9,11 y 29,36%.
A 24 horas de la protesta de las Fuerzas de Seguridad, el pasado 2 de abril, el gobierno otorgó un bono de 40.000 pesos por única vez a miembros de las cuatro fuerzas de seguridad federales a través del Decreto 216/2026. A este refuerzo económico se le sumarán, además, sumas adicionales de hasta 300.000 pesos según la jerarquía de cada integrante de las fuerzas. Estas sumas se adicionarán a los sueldos correspondientes al mes de abril.
Mentiras y sin horizonte
El Decreto 314/2026 creo el “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, que consistirá en el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional, en los términos expresados en este decreto”. Estableció que los “ingresos provenientes de la enajenación de los inmuebles objeto de la presente medida, de la constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales sobre los mismos y de locaciones, asignaciones o transferencias de su uso ingresarán directamente a las cuentas del Tesoro Nacional. El diez por ciento (10 %) de dichos ingresos será afectado a la jurisdicción presupuestaria del Ministerio de Defensa”.
Esta normativa presenta algunas contradicciones:
1. Ya había sido aprobado el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL) 2023 que tiene como fuente de financiamiento al FONDEF. Este Plan fue resultado del último Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1.729/2007, que se inició con la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) 2021; aún vigente. Éste fue elaborado por el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y cada una de las Fuerzas.
2. Ahora bien, el Presupuesto 2026 eliminó el financiamiento genuino y estructural del FONDEF (artículo 4° de la Ley 27.565). En otras palabras, pasamos de una ley a un decreto sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional.
3. Ya existen antecedentes de este tipo como la Ley 24.948 de 1998 y una iniciativa similar durante la gestión del Presidente Mauricio Macri (2015-2019). Nunca se cumplieron. La decisión política es evidente cuando se deroga la fuente principal de ingresos del FONDEF y cuando se hizo lo mismo con la principal fuente de financiamiento de la Ley citada con el Presupuesto del año 2001.
4. La norma propone un peligroso desprendimiento de bienes inmuebles, poniendo en riesgo infraestructura estratégica en un país de vasta extensión territorial y espacios marítimos que requieren presencia efectiva. Asimismo, incentiva una puja entre las Fuerzas para retener lo obtenido por cada uno de sus inmuebles, perdiendo la visión conjunta que debe tener el diseño del Instrumento Militar.
5. El Ministerio de Defensa no ha dictado la DPDN 2024, incumpliendo con el Decreto 1.729/2007. De esta manera, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las fuerzas presentarán requerimientos de forma aislada, rompiendo con el planeamiento de la defensa y su planeamiento estratégico militar subordinado.
La Argentina no puede defenderse. La Argentina no puede efectuar el reconocimiento y la vigilancia del Atlántico Sur. Esto último no solo por falta de capacidades y de presupuesto para recuperarlas, sino también por una decisión política: estamos alineados con Israel y Estados Unidos por cuestiones ideológicas, y no en función de nuestros intereses. Por ello, el ahora ex funcionario avalaba la compra del F-16 en un medio perteneciente al Ministerio de Defensa británico, porque era funcional a Gran Bretaña en tanto generaba “estabilidad en el Atlántico Sur y en la relación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido”.
Aunque se deslomó cumpliendo con su cometido, ha sido abandonado por los militares —y no por su flema británica— en el marco del cambio ministerial y, pese a haber tenido una extensa trayectoria en el quinto piso del Edificio Libertad, hoy barrunta por los pasillos del Congreso de la Nación y de la Cancillería a la espera de los próximos cócteles del 4 de julio y del cumpleaños del Rey en las Embajadas que suele frecuentar.
[1] El concepto es propio. Ver, entre otros, Gastaldi, S.; Eissa, S. Tessey, H. & Llaser, G. (2026). ¿Punto de inflexión? El impacto de la Guerra del Atlántico Sur en la doctrina militar argentina. Resistencia: Ediciones de la Paz. Disponible aquí.
[2] McNamara, R. (1969). La esencia de la seguridad. Madrid: Grijalbo.
[3] Oficina Nacional de Presupuesto de la Subsecretaría de Presupuesto (2026), “Presupuesto de la Administración Pública Nacional. Ejecución físico-financiera. Cuarto Trimestre de 2025”. Buenos Aires: Ministerio de Economía, pp. 49-58.
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