El cierre de FATE es la escena. El modelo es la trama.
La empresa cayó porque el modelo económico reactivó un engranaje conocido en la historia económica argentina: apertura importadora indiscriminada, dólar barato, tasas altas y valorización financiera como brújula. Bajo ese esquema, producir para el mercado interno deja de ser negocio.
Lo que se apaga no es una marca. Es una forma de organizar la economía. Una estructura donde la industria y el salario sostenían el consumo, y el consumo sostenía el crecimiento. Cuando esa arquitectura se desmonta, no sólo cierran plantas: cambia la distribución del ingreso, se concentra el capital y se pierde el empleo.
Nada de esto es nuevo. La Argentina ya recorrió este camino. Y cada vez que lo hizo, el resultado fue el mismo: menos industria, más desigualdad y una promesa de modernización que termina en un brutal ajuste social.
Tumba
El 18 de febrero de 2026 quedará marcado en la historia reciente de la industria argentina como el día en que una de sus leyendas se apagó. La emblemática FATE, la marca que durante más de ocho décadas rodó en la vida cotidiana de los argentinos, bajó la persiana sin previo aviso.
Los trabajadores llegaron a la planta como cualquier otro día. En el portón los esperaba una hoja blanca. “Cese de actividades”. Dos palabras. 85 años después, así terminó una fábrica que había sido parte del ADN industrial argentino.
La empresa habló de “condiciones de mercado”. Como si fuera una tormenta natural. Llueven importaciones. Soplan tasas de interés altas. Graniza consumo en caída. Como si las decisiones políticas fueran fenómenos meteorológicos.
Pero la ecuación es concreta. Con este esquema económico no conviene producir. La apertura comercial, el dólar depreciado y el crédito caro vuelven más rentable traer neumáticos del exterior que fabricarlos en Argentina. No es un juicio ideológico. Es una cuenta.
El cierre dejó 902 despedidos directos. Si se aplica el efecto multiplicador, el impacto supera las 2.500 personas. Cada empleo industrial sostiene más que un salario. Sostiene una red. Cuando se apaga una línea de producción, no cae un número, se resiente un barrio entero.
Las indemnizaciones rondan los 30 millones de dólares. Días antes del anuncio, parte del predio industrial fue vendido por 27 millones a Aluar, empresa del mismo grupo. La operación es legal. También es elocuente. La fábrica se apaga. El activo se reacomoda. El capital no se pierde. Se reorganiza.
Al frente del conglomerado está Javier Madanes Quintanilla. Según el último ranking de fortunas locales, ocupa el puesto 18 entre los empresarios más ricos del país, con un patrimonio estimado en 1.500 millones de dólares.
Quiebran las fábricas, pero no los empresarios. Y el cierre de Fate no es una anécdota.
FATE y Aluar
La historia de FATE arranca en 1940. No es una fecha administrativa. Es un dato histórico. El mundo estaba en guerra. Europa ardía. Los barcos no llegaban. Lo que venía de afuera empezó a faltar. En ese contexto, los abuelos de Madanes Quintanilla montaron una fábrica en el barrio de Saavedra. Hacían telas engomadas. Lonas impermeables.
Ahí empieza algo más grande que una empresa. Cuando el comercio internacional se desordena, la economía local se ve obligada a producir. Esa necesidad fue el germen de la sustitución de importaciones. Primero, como respuesta práctica. Después, como política de Estado.
En los años siguientes, la industria dejó de ser un apéndice y pasó a ser el corazón del modelo. La participación manufacturera en el PBI, que rondaba el 17% en los años '30, superó el 27% hacia fines de los sesenta.
El empleo industrial creció con fuerza. De menos de un millón de trabajadores en los '40 a más de un millón y medio en los '60. Las fábricas se multiplicaron.
Ese crecimiento tuvo una consecuencia directa: el salario ganó peso. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional pasó de poco más de un tercio a casi la mitad en una década. El salario real industrial creció. Y cuando el salario crece, el mercado interno se expande. Se compran heladeras, autos, casas. Se manda a los hijos a la universidad.
Ahí aparece una idea incómoda: esa burguesía nacional industrial fue la condición de posibilidad para la expansión de la clase media. El elemento distintivo que diferenció a la Argentina respecto a la mayoría de sus pares latinoamericanos. QEPD.
Por su parte, Aluar, la otra empresa controlada por Javier Madanes Quintanilla, empezó a producir aluminio primario en 1974 en Puerto Madryn. No fue una aventura puramente privada. El aluminio requiere enormes cantidades de energía. Para que el proyecto fuera viable, se construyó la represa Futaleufú. Infraestructura pública para viabilizar industria pesada. Esa articulación entre Estado e iniciativa privada fue típica del ciclo desarrollista.
Durante la dictadura, Aluar no sólo fue una empresa estratégica: fue también la expresión nítida de una mutación. La hidroeléctrica Futaleufú —concebida para abastecerla con energía barata— no se revisó ni se achicó: se consolidó y se expandió como engranaje de un esquema donde el Estado asumía el costo de la infraestructura y el privado capturaba la renta. El aluminio fue considerado de “seguridad nacional”, pero el negocio era concreto: tarifas promocionales, financiamiento público y un marco regulatorio hecho a medida.
Esa burguesía industrial que en las décadas previas había sido condición de posibilidad de la movilidad social y de la formación de una clase media, ahora giraba hacia otra lógica. De industrial desarrollista pasó a empresariado prebendario: menos riesgo propio, más paraguas estatal; menos mercado competitivo, más contrato asegurado.
La dictadura disciplinó sindicatos a fuerza de terror, y sobre ese silencio se afianzó un modelo para blindar posiciones. Aluar creció, sí, pero lo hizo como pieza de un capitalismo asistido que cambió la fisonomía —y la ética— del empresariado argentino.
Por eso en los años '90, cuando el modelo económico giró hacia la apertura y la valorización financiera, y la participación industrial en el PBI cayó por debajo del 20%, y el desempleo trepó a dos dígitos, un complejo exportador electrointensivo como Aluar pudo adaptarse como no pudieron hacerlo la red de pymes que vivía del consumo interno.
Aluar produce cerca de 450.000 toneladas anuales de aluminio primario, con más del 70% destinado a exportación. Con fuerte perfil exportador, es un complejo industrial grande, integrado. No depende del salario argentino para vender. Depende del precio internacional del aluminio.
FATE y Aluar muestran dos ángulos de la misma discusión geométrica. Una industria que crece al calor del mercado interno y sostiene la expansión de la clase media. Y otra que se integra al mercado global con fuerte respaldo energético e infraestructura pública costeada por el conjunto de la sociedad.
Transformismo
“¿Conspiranoico, yo?”, tuiteó Milei. La frase fue irónica. La hipótesis, bastante menos. En la lectura presidencial, el cierre de FATE no fue sólo una ecuación que dejó de cerrar. Fue un vuelto. Unos días antes del cierre de la fábrica de neumáticos, el gobierno avanzó con la eliminación de aranceles a importaciones de aluminio de origen chino. Esa decisión —coherente con la apertura irrestricta que pregona— impactó de lleno sobre la industria de Javier Madanes Quintanilla.
La interpretación que circula en la Casa Rosada es simple: si se lastima el corazón industrial, el empresario responde donde el efecto social es más visible. No toca la nave insignia exportadora. Cierra la planta orientada al mercado interno. Un berrinche con consecuencias.
Un dato estructural es que Aluar no está en retirada. Su planta de Puerto Madryn es uno de los complejos industriales integrados más relevantes del país. Y el verdadero corazón de esa integración hoy es la energía.
El Parque Eólico Aluar (PEAL) ya opera con aproximadamente 246 MW de potencia instalada; es el consumo de una ciudad entera. La expansión en curso —la llamada Etapa V— proyecta llevar la capacidad total hasta 582 MW. La inversión total comprometida ronda los 745 millones de dólares, de los cuales unos 400 millones corresponden a la instalación de 56 aerogeneradores de 6 MW, más estación transformadora y líneas de alta tensión.
El parque ocupa cerca de 200 km², una superficie comparable a la ciudad de Buenos Aires. No es marketing verde: es integración vertical pura. Es blindaje competitivo.
Además, el grupo participa en almacenamiento eléctrico en el AMBA a través de la licitación AlmaGBA, donde Aluar figura entre los adjudicatarios junto a Central Puerto, Genneia, YPF Luz y Coral Energía. Se trata de baterías de gran escala. Pilas gigantes. Negocio regulado. Flujo estable. Activo estratégico. Ese es el núcleo.
La escena se espeja con lo que ocurrió cuando Southern Energy decidió importar desde India los caños para el gasoducto. Paolo Rocca reaccionó con dureza. Amenazó con cerrar la histórica planta de Valentín Alsina si un consorcio de empresas privadas no revertía la decisión de comprar tubos en el exterior. El libre mercado tiene límites cuando la apertura toca intereses propios. Pero la clave es que Rocca tampoco juega a una sola carta.
Mientras la tensión doméstica ocupaba titulares, el Grupo Techint profundizaba su apuesta energética: Tecpetrol anunció inversiones por 2.500 millones de dólares en la cuenca neuquina. Tenaris avanzó con más de 400 millones en parques eólicos y sumó otro en Olavarría por 214 millones. Y para su apuesta productiva más clásica, el acero plano y la siderurgia pesada, eligió otro territorio: Brasil, donde amplió su participación en la compañía brasileña Usiminas, donde fabrica los tubos sin costura que vende en el país.
Ahí aparece un concepto que ordena la escena: el transformismo argentino.
No es un insulto. Es una categoría política. Describe la capacidad de las élites económicas para adaptarse al régimen dominante sin perder centralidad. Cambia el modelo, cambian los activos estratégicos, cambia el discurso. Lo que no cambia es la posición en la cima.
Hoy el régimen privilegia exportación primaria, energía y activos dolarizados. Con tipo de cambio apreciado, tasas reales positivas y apertura comercial, la industria orientada al mercado interno queda en desventaja estructural. La fábrica compite contra la tasa y contra el importado. El megavatio y lo exportable, no.
Otro ejemplo elocuente lo brinda el actual presidente de la UIA, Martín Rappallini. Empresario ceramista de origen, titular de Cerámicas Alberdi, decidió participar en el proyecto minero San Jorge, en Mendoza. En una entrevista concedida al medio especializado Club Minero, sostuvo explícitamente que la minería no debe ser vista como “extractivismo”, sino como una actividad productiva competitiva. Para reforzar la idea, explicó que su propia compañía de cerámicos es en rigor “una minera aunque no metalífera”, porque posee canteras y extrae arcilla en distintas provincias. La redefinición es conceptual y política. El giro semántico acompaña el cambio estructural.
Vale 4
Nada nuevo bajo el sol. Los antecedentes son claros. Y hay heridas que no cicatrizaron.
La dictadura de 1976 inauguró un patrón. Tipo de cambio atrasado. Importaciones baratas. Tasa de interés alta. Desregulación financiera. El mercado como vara moral.
El símbolo fue la famosa publicidad de la silla. Una fábrica nacional no podía competir con una silla importada más barata. El mensaje era brutal: si no pueden competir, desaparezcan. No era una metáfora.
El resultado fue conocido y medible. Entre 1976 y 1983, la industria perdió más de siete puntos de participación en el PBI. El empleo industrial cayó alrededor de 20% en términos formales. El salario real se contrajo más de un 30% entre 1976 y 1978. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional pasó de niveles superiores al 45% en la primera mitad de los ’70 a la zona del 30% hacia comienzos de los ’80.
El coeficiente de Gini —uno de los indicadores que mide desigualdad— pasó de valores en torno a 0,3 a niveles cercanos al 0,45 hacia el final del período. La valorización financiera desplazó a la producción. El capital ganó terreno. El trabajo perdió.
El menemismo retomó la receta en los ’90. Convertibilidad. Dólar barato. Apertura comercial. Privatizaciones. Entre 1991 y 2001, la industria volvió a perder peso relativo. El desempleo trepó al 18,4% en 1995 tras el Tequila y volvió a superar el 18% en 2001. La participación de los asalariados en el ingreso cayó varios puntos durante la década. El coeficiente de Gini pasó de alrededor de 0,4 a comienzos de los ’90 a niveles superiores al 0,5 en 2002, uno de los picos históricos de desigualdad. El salario real perdió capacidad adquisitiva y la informalidad se expandió.
El patrón se repitió en versión PRO. Entre 2016 y 2019, la economía acumuló una caída cercana al 2,5% del PBI, la industria retrocedió más de 10% en términos acumulados y se perdieron más de 150.000 empleos industriales registrados. El salario real formal cayó alrededor de 20% entre 2015 y 2019. El desempleo volvió a ubicarse en torno al 11% en 2019. La participación del salario en el ingreso retrocedió y el Gini volvió a deteriorarse, acercándose a 0,45.
Cuando los industriales golpeaban la puerta en 2016 y 2017 para pedir protección frente a la apertura, el entonces ministro de Producción, Francisco Pancho Cabrera, les respondía en reuniones privadas: “El que no es competitivo, que cierre”. Una versión apenas más diplomática que “Reconviértanse o desaparezcan”.
Hoy la escena se reitera con estética libertaria. Javier Milei es incluso más explícito. Habla sin eufemismos de destrucción creativa. La versión criolla de Schumpeter. El capital destruye estructuras viejas para que crezcan las nuevas. Sin paliativos. Sin anestesia. El problema es que las “nuevas” no absorben a los que quedan en el camino.
El petróleo y la minería no garantizan empleo masivo. Son sectores de altísima productividad y baja intensidad laboral. A fines de 2025, el empleo formal en petróleo y minería rondaba los 87.500 puestos en todo el país. Para dimensionar: el empleo privado registrado total supera los seis millones de trabajadores. Incluso duplicando su tamaño, el complejo extractivo no compensaría las pérdidas en industria y servicios.
Incluso en escenarios optimistas, la minería —incluido el litio— proyecta generar en la próxima década entre 50.000 y 80.000 empleos directos adicionales en el mejor de los casos. Es relevante pero no es masivo. No mueve el amperímetro de un mercado laboral de más de 20 millones de personas.
A esto se sobreimprime que Vaca Muerta actúa como aspiradora financiera. El capital se concentra allí. Las cuencas maduras quedan en pausa. Muchos trabajadores no pueden relocalizarse. Las pymes locales desaparecen. Se firman acuerdos de continuidad con nuevas operadoras, pero el entramado productivo ya no es el mismo.
La salida de YPF de áreas maduras implicó más de 18.000 empleos menos en la Patagonia. En la cuenca del golfo San Jorge se estiman unos 6.000 puestos perdidos. En el norte de Santa Cruz hubo más de 1.700 retiros voluntarios, con proyecciones que alcanzan las 2.500 desvinculaciones hacia febrero de 2026. Las regalías del sector cayeron en términos reales un 19% en Chubut y un 30% en Santa Cruz. No es sólo empleo. Es recaudación. Es presupuesto provincial. Es tejido social.
Es cierto que el petróleo y la minería generan dólares indispensables. Pero si esos dólares no financian industria, construcción, ciencia y cultura —con salarios que traccionen el consumo interno, lo que explica cerca del 70% del PBI—, el modelo puede exhibir récords de exportación y, al mismo tiempo, expandir desempleo y pobreza.
La historia no se repite igual. Pero rima.
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