La movilización social logró modificar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pero la mayor victoria quizá no haya sido esa, sino haber vuelto visible que, presentadas por separado, las reformas del gobierno parecen responder a problemas técnicos distintos; leídas en conjunto, configuran una transformación institucional de entrega sin precedentes.
Hay victorias que no consisten en impedir una derrota, sino en obligar a cambiar el terreno de la discusión. Eso fue, probablemente, lo que ocurrió esta semana en el Senado de la Nación. El gobierno consiguió la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero no logró aprobar el proyecto tal como lo había concebido ni las sucesivas versiones que intentó negociar. La presión de organizaciones sociales, especialistas, ex combatientes de Malvinas, referentes culturales, sectores religiosos, científicos, sindicatos y decenas de miles de personas movilizadas en diferentes puntos del país obligó a retirar dos de sus capítulos más regresivos: el que eliminaba los límites a la extranjerización de las tierras rurales y el que modificaba la Ley de Manejo del Fuego.
Lo ocurrido en la madrugada del viernes no es menor. En un contexto político caracterizado por mayorías ajustadas y una agenda legislativa acelerada, fragmentada y a espaldas de la discusión pública, la sociedad consiguió modificar un proyecto que el Poder Ejecutivo defendía a capa y espada cuando ya se encontraba en el tramo final de su tratamiento parlamentario en el Senado. Esa capacidad de organización, de apropiación de la discusión pública y de incidencia institucional merece no sólo ser reconocida, sino también celebrada. Demuestra que la deliberación democrática todavía puede modificar decisiones que parecían cerradas.
La defensa de la Ley de Tierras funcionó como un potente catalizador centrado en la defensa de nuestro suelo, bosques, selvas, lagos, fronteras y bienes no renovables. Sería un error minimizar lo conseguido, que constituye una victoria política de enorme relevancia. Pero también sería un error confundir esa victoria con el final del proceso. El proyecto aprobado por el Senado mantiene modificaciones sobre el régimen de expropiaciones y los procedimientos de desalojo que ahora deberán ser discutidos por la Cámara de Diputados y que siguen generando una profunda preocupación entre inquilinos, personas en situación de vulnerabilidad habitacional, comunidades indígenas, pueblos originarios y familias campesinas. La movilización de estas semanas no clausuró el conflicto, lo desplazó: demostró que la organización social puede alterar el rumbo de procesos legislativos que parecían inexorables.
Para comprender todo lo que se pone en juego en la Argentina, es necesario profundizar el análisis: el gobierno no impulsa leyes aisladas. Casi en simultáneo a la votación de la ley de inviolabilidad, el Senado inició el tratamiento del proyecto de ley denominado Súper RIGI, que se sumó al tratamiento de reforma de la Ley General de Sociedades. Ninguno de estos proyectos nombra a los otros. Sin embargo, cuando se observan simultáneamente, dejan de parecer respuestas a problemas distintos, consolidan un mismo diseño institucional y parecen responder a una demanda clave: ¿qué condiciones jurídicas busca construir el gobierno para garantizar al capital extranjero beneficios fiscales e impositivos, disponibilidad, anonimato y blindaje jurídico sobre recursos estratégicos durante las próximas décadas?
En esta línea, se destaca una característica del proceso legislativo que merece ser observada con atención. Las transformaciones institucionales más profundas ya no suelen presentarse bajo la forma de una única gran reforma capaz de concentrar toda la atención pública. Avanzan fragmentadas, distribuidas en proyectos distintos, con fundamentos específicos, cronogramas propios y comisiones diferentes. Cada iniciativa parece responder a un problema técnico particular: una regula inversiones, otra modifica sociedades comerciales, otra redefine el régimen de propiedad, otra altera procedimientos administrativos. Analizadas por separado, incluso pueden parecer discusiones inconexas. Sin embargo, cuando se leen de manera integrada, revelan un cambio de escala. La fragmentación no es un accidente del proceso legislativo. Es parte del propio diseño. Presentadas por separado, estas reformas parecen responder a problemas técnicos distintos; leídas en conjunto, configuran una transformación que redefine la relación entre el Estado, el mercado y la capacidad de decisión sobre los bienes estratégicos del país. Esa lectura de conjunto es, probablemente, uno de los principales desafíos democráticos que deja este proceso.
Cada vez que una de esas piezas genera un rechazo social que amenaza la aprobación de un proyecto, el gobierno la amputa, la reemplaza o la injerta en otro cuerpo normativo. No abandona el objetivo. Cambia la anatomía. El resultado es un verdadero Frankenstein legislativo: una construcción que sobrevive gracias a modificaciones sucesivas, pero que conserva el mismo propósito: establecer el conjunto de garantías que demandan las grandes corporaciones. E incluso más.
Eso vale especialmente para el Súper RIGI. No porque sustituya el debate fundamental respecto de nuestra tierra, sino porque plantea otro complementario. Ya no se trata solamente de quién accede a determinados bienes, sino bajo qué reglas podrá explotarlos durante los próximos 30 años y con qué capacidad futura de revisión democrática. Esa pregunta excede ampliamente la discusión sobre un régimen de promoción de inversiones. Interpela el margen de decisión que conservarán el Congreso, las provincias y los gobiernos que todavía no fueron elegidos, ya que el proyecto otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios; garantiza estabilidad normativa por 30 años; habilita el arbitraje internacional a elección del inversor y reduce significativamente la capacidad futura del Estado para revisar esas condiciones.
En ese contexto, la infraestructura vinculada a la inteligencia artificial ofrece un ejemplo especialmente ilustrativo. Los grandes centros de datos requieren enormes cantidades de tierra, agua y energía, con un impacto prácticamente nulo en términos de creación de empleo permanente. La cuestión de fondo no debería ser si esas inversiones deben llegar o no al país. La cuestión es bajo qué condiciones lo harán, qué obligaciones asumirán y qué herramientas conservará el Estado para revisar esas condiciones iniciales en el marco de una industria que cambia las reglas de juego, de demanda, de impacto y de riesgos semana a semana. ¿De qué manera puede un Estado que pretenda mantener su capacidad de agencia llevar adelante la gobernanza de esta meta-tecnología si tiene congelada por 30 años su capacidad de modificar las condiciones económicas, fiscales, ambientales y normativas otorgadas a las empresas de capital más concentrado del mundo? En un contexto global que hace años discute modelos de gobernanza, la Argentina se propone, a través de los proyectos de ley y de las declaraciones del gobierno, como el paraíso fiscal, legal y libertino para esas mismas empresas, mientras en paralelo desmantela la ciencia, la tecnología y la industria locales. En ese debate urgente se inscribe el tratamiento del Súper RIGI.
Hay, además, un aspecto que no debería pasar inadvertido. Durante el tratamiento parlamentario de la ley de inviolabilidad, subieron a la superficie de la discusión pública situaciones que muestran hasta qué punto pueden desdibujarse las fronteras entre representación política e intereses económicos privados. El caso del senador Joaquín Benegas Lynch, cuestionado públicamente por organizaciones sociales debido a su vinculación con una empresa dedicada a la comercialización de tierras rurales, no modifica por sí solo el sentido de una ley. Pero sí recuerda la importancia de preservar reglas claras sobre conflictos de interés cuando el Congreso legisla sobre mercados respecto de los cuales algunos de sus integrantes mantienen intereses privados. En un contexto de transformaciones institucionales profundas, la confianza pública se erosiona a la par de los estándares.
Eso habilita que una discusión altamente técnica salga del círculo de especialistas y pase a ocupar el centro de la conversación pública, activando la memoria política profundamente arraigada en la Argentina y una larga tradición jurídica que entiende determinados bienes como recursos estratégicos. Miles de personas que probablemente nunca habían leído la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones o un proyecto de promoción de inversiones comprendieron, sin embargo, que detrás de esos proyectos se estaba discutiendo algo más amplio: quién decide sobre el territorio argentino y bajo qué condiciones podrán administrarse sus bienes estratégicos.
Tal vez la mayor victoria de estas semanas haya sido demostrar que la sociedad todavía puede cambiar el terreno sobre el cual se discuten las grandes decisiones del país. Porque cuando cambia el terreno de la discusión, también empiezan a cambiar los límites de lo posible. Se consolidó una conversación mucho más amplia sobre cómo se construyen las transformaciones institucionales profundas en democracia: avanzan por capas, en proyectos distintos, con lenguajes técnicos y ritmos diferentes. La tierra fue el punto de entrada porque hizo visible ese mecanismo y desplazó la discusión hacia el agua, la energía, la infraestructura, los datos y, en definitiva, hacia el rol y las capacidades del Estado. Esa conversación recién empieza. Y, probablemente, sea una de las más importantes de los próximos años.
* Micaela Sánchez Malcolm es presidenta de la ONG Géneras, especialista en tecnología y políticas públicas, docente e investigadora en la carrera Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Se desempeñó como secretaria de Innovación Pública de la Nación entre 2019 y 2023.
**Cecilia Nicolini es diputada del Parlasur. Politóloga y magister en administración pública por la Universidad de Harvard. Fue secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible de la Argentina.
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