El concepto de “brutalización de la política” fue acuñado por George Mosse —historiador judío nacido en Alemania en 1918 y fallecido en 1999— para describir los procesos políticos que germinaron tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Terminada la contienda, la guerra continuó por otros medios, a través del uso agresivo del lenguaje bélico, bajo el deseo subliminar de aniquilar totalmente al adversario localizado ahora en el interior del propio país. Fue la época del surgimiento del fascismo y la consolidación del estalinismo en la Unión Soviética.
Uno de los rasgos más notorios de ese momento fue el uso de lenguajes maniqueos que imaginaron un mundo permanentemente escindido entre amigos y enemigos. Ese enfrentamiento emocionalmente irreductible dejaba poco margen a la política, dado que solo podía concluir con la rendición incondicional del enemigo. La otra cara de esa brutalización de la política se traducía en el desprecio por el derecho y todos los mecanismos institucionales que pudieran contribuir a morigerar el conflicto político. Se imponía la ley del más fuerte, y eso contribuía a favorecer el rearme y la preparación para afrontar nuevos desafíos bélicos.
La Segunda Guerra Mundial fue, en parte, producto de ese clima de movilización de los militantes y apología del militarismo. Existen en la actualidad notables semejanzas con aquellos tiempos. El dato más preocupante es el derrumbe, en el plano internacional, del orden jurídico creado con la Carta que dio nacimiento a las Naciones Unidas en 1945.
En el plano interior de muchos países, y principalmente en Estados Unidos, se verifica la consolidación de una opción política autoritaria basada en un presidencialismo monárquico que traspasa todos los límites jurídicos.
El ataque a Qatar
El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas aprobada en San Francisco (Estados Unidos) el 26 de junio de 1945 anunciaba el propósito de “preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles”. Para la realización de este propósito se establecía en el artículo 2.4 el principio de prohibición del recurso a la fuerza en las relaciones internacionales, estableciendo que “los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Como excepción, solo se autorizaba a los Estados a recurrir a la fuerza en legítima defensa como respuesta a un ataque armado actual (art. 51).
A la luz de estas disposiciones debe analizarse la acción bélica que acaba de llevar a cabo el Estado de Israel, bombardeando un edificio en Doha, la capital de Qatar, en el que se encontraba reunido el equipo de negociadores de Hamás que discutía una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Estados Unidos. El episodio revela el desprecio más absoluto por parte del gobierno de Israel del principio de respeto a la soberanía de Qatar, un país con el cual no se está en guerra y que está ofreciendo sus servicios para facilitar negociaciones de paz. Supone también una violación de las normas consuetudinarias de la diplomacia que impiden aprovecharse de la desventaja militar de las personas que negocian una solución diplomática. Según The Washington Post, Estados Unidos e Israel habían prometido a Qatar que Hamás no sería atacado en suelo catarí. De modo que atraer a los negociadores a un lugar bajo el pretexto de conversaciones de paz para intentar asesinarlos es una acción de una vileza inigualable.
El Primer Ministro de Qatar, Mohammed bin Al Thani, calificó el ataque contra su país como “un acto de terrorismo de Estado” que infringe “todas las normas internacionales”. En un comunicado posterior, prometió trabajar "para garantizar que Netanyahu rinda cuentas y que sus acciones imprudentes e irresponsables lleguen a su fin".
Daniel Levy, antiguo negociador de Israel en varios procesos de paz, ha señalado que el mensaje de Netanyahu es evidente: “Israel no solo intenta asesinar a los negociadores, sino que lo hace además en el territorio soberano del mediador clave e indispensable”. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha asumido la plena responsabilidad de esta acción militar, desligando al gobierno estadounidense. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que el Presidente Donald Trump no compartía el ataque israelí, aunque es una hipótesis poco creíble en base a los antecedentes.
En cualquier caso, la portavoz ha manifestado: “Bombardear unilateralmente Qatar, una nación soberana y aliada de Estados Unidos, que trabaja arduamente y asume valientemente riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”. Y ha añadido que “el Presidente considera a Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos, y se siente muy mal por el lugar de este ataque”.
La acción israelí tiene enormes repercusiones políticas en el mundo árabe. Qatar es asiento de la sede regional del Comando Central de Estados Unidos, alberga su principal base militar y es considerado un “importante aliado no perteneciente a la OTAN”. Además, el ataque a Qatar viene precedido de otras acciones bélicas emprendidas por Israel contra Siria, Líbano, Yemen e Irán. De modo que esta belicosidad desenfrenada alienta temores crecientes en los países árabes de que Israel procura convertirse en la potencia hegemónica regional y busca la expansión de sus fronteras extendiendo la guerra a otros países.
En opinión de Daniel Levy, el ataque a Qatar no solo muestra lo ya sabido, es decir, que Netanyahu no quiere alcanzar ningún acuerdo, sino que también busca enviar una señal a Qatar y la región “de que nadie puede desafiar a Israel”. Y señala: “Aunque seas aliado de Estados Unidos y tengas bases militares, eso no te da protección”.
En la reunión del Consejo de Seguridad donde se abordó el ataque de Israel se condenó la acción y quedó expuesta la indignación del mundo árabe con las duras intervenciones de los representantes de Pakistán y Argelia. Al día siguiente, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó una resolución respaldando la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución de dos Estados: Palestina e Israel, y el desarme de Hamas. El texto, impulsado por Francia y Arabia Saudita, y apoyado por decenas de países, obtuvo 142 votos a favor, diez en contra –entre ellos, Israel, Estados Unidos y la Argentina– y doce abstenciones.
Continúa el genocidio
Al tiempo que el gobierno de Netanyahu hace todo lo posible para entorpecer cualquier salida diplomática, en Gaza continúan las operaciones militares dirigidas a provocar el éxodo de los gazatíes. En la última semana, las cámaras de televisión han registrado la voladura de algunos de los edificios más altos de la ciudad de Gaza. Las viviendas de las ciudades gazatíes han venido siendo destruidas por los constantes bombardeos de la aviación israelí. Se estima que en la Franja de Gaza se han lanzado tal cantidad de bombas que representan el equivalente a tres bombas nucleares.
Pero además de los bombardeos, los edificios son destruidos por una demolición programada en virtud de la cual brigadas de soldados especializados colocan cargas explosivas en los edificios para producir su voladura, utilizando bulldozers para completar la tarea.
B’Tselem, la mayor organización de derechos humanos en Israel, ha declarado que “destruir el espacio urbano y forzar el desplazamiento de civiles es algo central en la política israelí de genocidio y de limpieza étnica contra los palestinos”. Según B’Tselem, el 94% de los edificios residenciales y de infraestructuras públicas han sido destruidos o seriamente afectados por esta política que algunos denominan “urbicidio”, aunque esa calificación legal todavía no ha sido incorporada al derecho internacional.
En opinión del urbanista francés Bruno Marot, “una política que destruye ciudades como Rafah, Khan, Younes y hoy Gaza, que son espacios físicos, sociales y culturales, pinta el paisaje urbano, con lugares de vida secular que tienen la historia y la identidad palestina, asociados a desplazamientos internos y a proyectos de migración forzados, siendo el objetivo impedir la reconstrucción de una comunidad de vida para los palestinos en la banda de Gaza, mediante una violencia que confirma las acusaciones de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad”.
Acciones como estas han llevado a la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), considerada como la principal asociación de estudiosos del genocidio del mundo, a declarar la semana pasada que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y que la conducta del gobierno israelí cumple con la definición legal establecida en la convención de la ONU sobre el genocidio. La resolución destaca el apoyo entre los líderes israelíes a la expulsión forzada de todos los palestinos de Gaza, junto con la demolición casi total de las viviendas en el territorio. Añade que las declaraciones de los líderes israelíes que deshumanizan a los palestinos en Gaza, caracterizándolos a todos como el enemigo terrorista, junto con promesas de "arrasar Gaza" y convertirla en un "infierno", son muestras de una clara voluntad política. Esta voluntad revela la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Incidente diplomático con España
El Presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el lunes pasado la aprobación de un decreto para establecer por ley el embargo de armas a Israel por el genocidio en Gaza. Otras medidas que el gobierno adoptará para aumentar la “presión” sobre Benjamín Netanyahu incluyen la prohibición de la entrada en el espacio aéreo a las aeronaves que transporten material militar con destino a Israel y el incremento de ayuda a la población palestina.
Sánchez comenzó su intervención recordando que “el pueblo judío ha sufrido innumerables persecuciones e injusticias a lo largo de la historia” y que, por tanto, merece “tener un Estado propio y merece sentirse seguro en él”, pero ha reprochado que la respuesta militar a los atentados de Hamás se haya convertido “en una nueva oleada de ocupaciones ilegales y en un ataque injustificable contra la población civil palestina”. “Esto no es defenderse. No es ni siquiera atacar. Es exterminar a un pueblo que está indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario”. Añadió que si bien todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, al menos servirían para añadir presión sobre el Primer Ministro Netanyahu y su gobierno “y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia”. Sánchez también ha lamentado que la “indiferencia” y la “complicidad” de parte de la comunidad internacional con el gobierno de Netanyahu hayan impedido “detener la tragedia”.
La reacción del gobierno de Netanyahu a las declaraciones de Sánchez no se hizo esperar. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó al gobierno español de “ataques anti-israelíes y antisemitas”. Añadió que “el gobierno español lidera una línea hostil anti-israelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio”, y atribuyó esta política “al intento del corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción” que lo afectan.
El gobierno de Netanyahu también ha anunciado la prohibición de entrada a Israel de las ministras españolas Yolanda Díaz y Sira Rego, integrantes de la coalición Sumar, lo que llevó a España a llamar a consultas a su embajadora en Tel Aviv.
El jueves, Benjamín Netanyahu elevó la apuesta acusando al Presidente del gobierno español de proferir una “amenaza genocida flagrante” contra Israel. Semejante deducción parte de que Sánchez en su exposición había dicho: “España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas”.
Mientras los gobiernos de la Unión Europea no terminan de ponerse de acuerdo sobre el modo de presionar a Netanyahu, los ciudadanos españoles han tomado iniciativas dirigidas a manifestar su solidaridad con el pueblo palestino aprovechando el desarrollo de la prueba ciclista denominada “La Vuelta a España”, en la que compite un equipo israelí. Gran cantidad de espectadores, exhibiendo banderas palestinas, han acompañado el paso de los corredores. Una gran pintada con los nombres de niños gazatíes asesinados por Israel ha recibido a la carrera en la localidad de El Bierzo y el martes pasado la etapa debió detenerse ocho kilómetros antes de lo previsto por el tamaño de las protestas en Galicia. Se espera que este domingo haya una gran manifestación en Madrid donde finaliza la carrera. El aislamiento deportivo a Sudáfrica fue un instrumento muy poderoso para poner fin al apartheid. Es un modo eficaz de conseguir que la población del país transgresor vea reflejada la verdadera imagen que proyecta el cruel accionar de su gobierno en el resto del mundo.
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