La caída del fantasma

Derrotero y ocaso de la denuncia de Nisman

 

La causa del Memorándum con Irán es pensada por las defensas como uno de los procesos judiciales más escandalosos de la historia jurídica. Esta semana, una decisión del fiscal del juicio comenzó a abrir la posibilidad de su caída. Marcelo Colombo requirió doce medidas de prueba, entre ellas, dos importantes: las certificaciones de las visitas de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky al ex Presidente Mauricio Macri y las declaraciones de la Comisión Directiva de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) del período 2015-2018, a partir de un nuevo capítulo de esta trama revelado por El Cohete a la Luna el pasado 11 de abril. La publicación sostenía que Borinsky asesoró a los representantes de la DAIA para que pudiera ser aceptada como querellante con argumentos que permitieran sortear la negativa del fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, y convencer a sus dos compañeros de la Sala I, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, de abrir un proceso cerrado. La nota escrita por Horacio Verbitsky y Jorge Elbaum tenía como título “Juez y parte”, la razón del panorama más que complicado para el futuro de la causa.

 

 

Mariano Borinsky.

 

Para convocar a los integrantes de la Comisión Directiva de la DAIA, Colombo adhirió a un pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner que también solicitó al Tribunal Oral Federal 8 –a cargo del juicio– que sean interrogados sobre los posibles encuentros que pudieran haber tenido con Borinsky, y en particular sobre el contenido de los diálogos. El juicio todavía no empezó. La historia del caso ya fue revisada en instancias previas. Pero Colombo pidió estas nuevas medidas con carácter de prueba previa porque la fiscalía entiende que, en el nuevo contexto, los datos del pasado pueden ser revisados de otra manera, especialmente en torno al rol de los dos magistrados. Ambas figuras tuvieron una participación decisiva en la causa que, según el abogado de CFK, Carlos Beraldi, de otra manera jamás habría llegado a la instancia del juicio oral.

De todas las nuevas pruebas, la ronda de testimonios de la DAIA es la más importante: de comprobarse podría no sólo fulminar la parcialidad del juez, sino, como también sentenció el defensor, habrá de deparar graves consecuencias penales. La intervención de un magistrado en un caso de esta naturaleza “se ajusta de manera exacta a la causal establecida en el artículo 55, inciso 10 del Código de Procedimiento Penal, que determina la obligatoria inhibitoria del juez para intervenir en el caso ‘si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados’”.

¿Qué pasaba en la causa? ¿Y por qué era tan importante la DAIA? Alejandro Rúa y Graciana Peñafort defendían al ex canciller Héctor Timerman. Rúa ahora lo explica de esta manera: “Que se presente una querella era necesario porque el año anterior, ante la falta de recurso fiscal, la Casación no había podido intervenir y eso se necesitaba remediar. Por eso, el presidente de la DAIA, (Ariel) Cohen Sabban, cooptado por el macrismo, se presentó como querellante, aún sin el respaldo de la asamblea de la DAIA. Él y la bandita de la que era mascarón en la DAIA fueron parte de este armado que necesitaban para abrir ardidosamente el caso.”

 

Rúa: Era necesario.

 

 

Si le das más poder al poder

La causa comenzó el 14 de enero de 2015 con la denuncia de Alberto Nisman, muerto cuatro días más tarde. El fiscal imputó a la entonces Presidenta CFK y, entre otros, al canciller Timerman por la firma del entendimiento con Irán, considerado por él un instrumento de impunidad para los acusados del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El acuerdo, sin embargo, no estaba vigente. Fechado en enero de 2013, en febrero había sido aprobado por el Congreso argentino y el Parlamento iraní aún no lo había aprobado. Muerto Nisman, la denuncia fue agitada como hipótesis del magnicidio. Durante 2015, el juez Daniel Rafecas, la Cámara de Apelaciones y el fiscal general ante la Casación Javier De Luca la desestimaron por inexistencia de delito. El expediente fue archivado en abril de 2015, pero en su recorrido dejó una muy clara lección.

La única persona que podría haber discutido el archivo de la causa ante la Cámara Federal de Casación Penal era De Luca. Sin embargo, había opinado igual que los jueces. Para no repetir el error de 2015, el expediente necesitaba incorporar una figura en su reemplazo: la de un nuevo querellante podía ser la solución.

 

 

Los parecidos.

 

 

El 21 de diciembre de 2015 se presentaron dos denuncias nuevas por los mismos hechos. Una, por traición a la Patria, llegó por sorteo al juzgado de Claudio Bonadío y la otra ingresó al juzgado de Rafecas para jalar la reapertura con una supuesta nueva prueba. La nueva prueba que no era nueva ni era prueba, según dijo más tarde De Luca: eran escuchas de un diálogo de Timerman, filtradas a los medios, en las que el canciller no decía nada distinto a lo que sostenía públicamente sobre la utilidad del acuerdo.

La causa original por el Memorándum repitió inicialmente el mismo camino de 2015. El juzgado y la Cámara Federal la desestimaron. A Rafecas le costó, además, un mal trago: una solicitada firmada por la oposición y agitada con bombos en los diarios exigía su remoción mientras le iniciaron un juicio político abierto como cadalso durante dos años. En agosto de 2016, el rumbo cambió porque la DAIA se presentó como pretenso querellante y acompañó al fiscal ante la Cámara de Apelaciones Germán Moldes, quien apeló y pidió acceso a Casación.

Hasta diciembre de 2016, el edificio de Comodoro Py fue el escenario de cuatro discusiones: si la DAIA tenía o no tenía los papeles en regla para poder ser querellante; si podía o no podía reabrirse una causa ya cerrada; si podía o no podía haber dos causas que investigaban lo mismo y, finalmente, si los camaristas Hornos y Borinsky podían intervenir en la causa porque se habían excusado en otros tramos vinculados a la AMIA en 2012 y en 2013, respectivamente. Y, por otro lado, porque ocupaban al mismo tiempo dos de las cuatro Salas de Casación: la Sala IV como titulares con la causa por traición a la Patria y la Sala I como subrogantes en el expediente de Rafecas.

Los abogados de Timerman dejaron constancia de esos debates en sus presentaciones. Y objetaron a la DAIA en un escrito hoy importante: discutieron ante Casación el rol de querellante porque la institución no había presentado el poder requerido como aval por el Código Procesal . En los pasillos de Comodoro Py, se sabía, además, que la entidad atravesaba una interna respecto del tema y que no podía reunir a la asamblea para conseguir los votos y el poder. En público, la entidad expresaba que no necesitaba poderes porque tenía otros papeles. Pero el tema dejó su huella en el juzgado de Bonadío. Según uno de los defensores, la DAIA intentó presentarse originalmente en esa causa como querellante, pero cuando el juez les pidió el poder desistieron y fueron a presentarse a la causa madre. Finalmente, una parte de la discusión quedó saldada, de nuevo, por el fiscal Javier De Luca en dos resoluciones del 8 y del 22 de noviembre de 2016.

De Luca entendió que la DAIA podía tener legitimación para actuar, pero “no tiene personería, en tanto no cuenta con el poder especial para querellarse que exige el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal”, precisó. El 22 de noviembre, añadió en otro escrito, “para evitar malentendidos (…) no he pedido que se rechacen in limine sus presentaciones por falta de personería, sino que se decida sobre ese asunto teniendo en cuenta que, toda la vida, a las personas jurídicas se les exigió poder especial para querellarse otorgado ante notario, por escritura pública (tanto el Código Procesal Penal anterior como el vigente, y es jurisprudencia constante de esta Cámara de Casación)”. El fiscal general pidió a la Casación resolver esa discusión antes de la reapertura de la causa.

 

Kaplún, mi amigo el socio

La DAIA estaba representada en el expediente por el abogado y secretario general Santiago Kaplún. El 11 de abril, El Cohete explicó su relación con Borinsky. Kaplún es socio del abogado Ramiro Rubinska, quien está casado con Ingrid Meischenguiser, hermana de Evelyn, esposa de Borinsky.

Colombo retomó esos vínculos en el escrito de esta semana. Y describió la intervención del camarista a partir de la nota de El Cohete con una síntesis: “Borinsky habría mantenido contactos previos con las autoridades de la DAIA, querellante en esta causa, brindándoles asesoramiento y/o sugerencias respecto de la manera en que debían proceder para conseguir la reapertura de este proceso. Según aquella nota (…) varios miembros de la Comisión Directiva que actuó en el período 2015-2018 narraron a los periodistas que los contactos del juez ‘fueron el secretario general y abogado de la DAIA, Santiago Kaplún, y su pro-tesorero, Daniel Belinky’”.

 

Kaplún, Cohen Sabban y Belinky.

 

Borinsky les dio dos consejos:

  • Que la DAIA fuera aceptada como querellante, pese a la oposición manifestada por el fiscal general de Casación, Javier De Luca.
  • Que la presentación contuviera argumentos suficientes para motivar a sus colegas, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, a dar el consentimiento para la reapertura de una causa que ya constituía cosa juzgada.

Kaplún era muy activo en la causa. Y para noviembre estaba preocupado. La cuestión no se definía. Y el presidente de la Casación, Alejandro Slokar, había adelantado el cronograma de trabajo de 2017 con cambios en subrogancias. Borinsky y Hornos debían terminar el mandato en la Sala I el 30 de diciembre. ¿Qué sensaciones te causó la noticia?, le preguntó a Kaplún la revista Vis a Vis, administrada por Claudio Avruj y por el compañero sentimental de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco. “Malas”, respondió Kaplún. “Estoy desahuciado, en el sentido que me niego y me resigno a pensar que esto va a ser una maniobra tendiente a desalentar o a torcer el destino de una o de varias causas. Particularmente, en la causa que nosotros nos presentamos como querellantes (Nisman) se vienen sucediendo estas maniobras desde el principio. Recordemos cuando se demoró el recurso de apelación para que entre un fiscal. El fiscal de Casación termina siendo una suerte de defensor de los imputados cuando en realidad su trabajo es acusar”.

El 19 de diciembre, Casación convocó a todas las partes a una audiencia. Kaplún hizo una parodia publicada con gran despliegue por el diario Clarín que al interior de la DAIA desató una tormenta. Con posiciones divergentes, el abogado que meses más tarde se jactaba del trabajo que había hecho en esa causa, comenzó a ser desplazado.

 

Cancha libre

El 29 de diciembre de 2016, un día antes de dejar su cargo como jueces de la Sala I, Hornos y Borinsky aceptaron a la DAIA como querellante. Reemplazaron el poder por la admisión de un catálogo de otros papeles, aceptaron la reapertura, dejaron sin efecto la desestimación de los jueces inferiores, los apartaron a todos de la causa, enviaron el expediente a sorteo –que por tracción quedó en el juzgado de Bonadío– y también apartaron al fiscal De Luca.

Antes, el 8 de noviembre de 2016, como jueces de la Sala IV confirmaron a Bonadío en la causa por traición a la Patria, rechazaron el argumento de cosa juzgada y habilitaron que los mismos hechos denunciados por Nisman pudieran ser investigados en una causa paralela.

Estas dos trascendentes resoluciones abrieron el camino para quitarle la causa a su juez natural y reunirla –con un trámite avalado por ellos mismos– en el juzgado de Bonadío, en un claro mecanismo de forum shopping. Ambas fueron señaladas como dos resoluciones clave por el defensor de CFK en su escrito del mes pasado. Y ahora el fiscal Colombo las incluyó en el pedido de pruebas a revisar. También pidió los incidentes de la causa AMIA/2013 y copia de las recusaciones a los dos jueces en la causa “Ribelli, Juan José s/recurso de casación”, certificaciones de las visitas a Olivos y a la Rosada y datos para determinar si hubo una lista falsa para ocultar sus nombres. A su vez, pidió a la Justicia de  Lomas de Zamora datos del teléfono en el que Darío Nieto, el secretario privado de Macri, anotó: “Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativa y penal”. Colombo, además, tomó nota de los parentescos y pidió a Casación copia de la resolución de la Sala IV del 30 de octubre de 2013 (causa Fleing, Victoria s/inhibición), por medio de la cual Borinsky pidió inhibirse por razones de decoro y delicadeza dado su lazo familiar con Ramiro Rubinska, el defensor de la imputada.

 

Ramiro Rubinska.

 

Epílogo

El 29 de diciembre de 2016, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort adelantaban a los diarios que empezaba una carnicería. Un año más tarde, en diciembre de 2017, Bonadío pedía el desafuero de CFK y detenciones para Timerman y Carlos Zannini.

Antes, Mauricio Macri nombró especialmente a los dos jueces durante una entrevista con Radio Nihuil de Mendoza, para felicitarlos por su coraje.

“Se ha dado un gran paso. Y han tenido mucho coraje, tanto el juez Borinsky como el juez Hornos, porque tuvieron mucha presión, de la compañera de sala (por Figueroa), de otros jueces de Casación, y de mucha gente alrededor, sobre todo de Justicia Legítima, intentando que esto no suceda. (…) Todos sabíamos que la causa se había cerrado en forma arbitraria, que el juez Rafecas inició un proceso inédito, en tiempo récord, que levantó un montón de sospechas”.

 

Los secretarios.

 

 

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