La caja de la represión

El mecanismo de la dictadura para financiar con fondos secretos a los servicios de inteligencia

 

En 1980, Jorge Oscar García de la Paz, un agente que revistaba como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, se apropió de Guillermo Amarilla Molfino, nacido ese año en Campo de Mayo durante el cautiverio de sus padres, Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, que siguen desaparecidos. El apropiador murió impune en 1994, quince años antes de que Guillermo conociera su verdadera identidad.

Ahora por primera vez se sabe la función que un delincuente como García de la Paz cumplía en la estructura del Ejército durante el terrorismo de Estado: como auxiliar civil del área Contaduría de la Jefatura II, era uno de los principales encargados de inspeccionar el uso de fondos secretos para la “lucha antisubversiva” en los destacamentos de inteligencia de todo el país.

Así lo revela una investigación de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos (ex Programa Verdad y Justicia) de la Secretaría de Derechos Humanos, destinado a juzgados federales y fiscalías que tramitan causas de lesa humanidad, en la que se reconstruye el funcionamiento del mecanismo burocrático de la dictadura para financiar las actividades de los servicios de inteligencia militares involucrados en la represión.

El informe ubica a García de la Paz como una pieza estable de un engranaje mayor, dispuesto para la distribución, el uso y el control de fondos secretos asignados a la inteligencia militar y canalizados a través de una cuenta especial del Comando en Jefe del Ejército. El análisis de la documentación histórica de la fuerza muestra que la administración de esos fondos corrió por cuenta exclusiva de la Jefatura II de Inteligencia, que enviaba misiones periódicas de inspección administrativa a los destacamentos de todo el país para supervisar el uso que se le daba al dinero destinado a la “lucha antisubversiva”.

 

 

La Cuenta Especial 764

En 1969, la ley secreta 18.302 de la dictadura de Juan Carlos Onganía determinó qué organismos del Estado podrían recibir presupuesto para gastos secretos y reservados. Además de Presidencia, se incluía los comandos de las tres fuerzas armadas, la SIDE y las fuerzas de seguridad.

Años después, el Ejército se remitió a esa ley al reglamentar el financiamiento de la “lucha contra la subversión”. En enero de 1976, a través de un Boletín Reservado (BRE), la fuerza promulgó sus “Normas para el empleo de los fondos de carácter secreto que se asignen para operaciones antisubversivas” (ver completo al final de la nota), que fijaban pautas sobre el destino de los fondos, la distribución de los recursos, los registros contables, la rendición de cuentas y la fiscalización.

Allí se establecía que el presupuesto asignado al Ejército en concepto de fondos secretos para operaciones contra la subversión ingresaría a la Cuenta Especial 764, adjudicada al Comando en Jefe del Ejército según lo estipulado en la ley de 1969.

En octubre de 1975, la directiva 404 de “Lucha contra la Subversión” del Ejército había previsto que la Jefatura V de Finanzas fuera la encargada de centralizar y ejecutar los fondos secretos que se distribuirían mensualmente a requerimiento de cada destino. Sin embargo, las “Normas” del BRE de 1976 le reservaron a la Jefatura II la prerrogativa de manejar los fondos específicamente destinados a actividades de inteligencia.

Las “Normas” indicaban además que en los comprobantes de cada unidad sólo podían consignarse “gastos específicamente secretos”, y que la descripción real del uso de los fondos debía figurar en un duplicado que se dejaría bajo custodia de la Contaduría General del Ejército.

En 1979, otro BRE sumó una nueva regla: los duplicados de rendiciones y los libros contables debían ser incinerados tras un plazo de un año de resguardo en archivo. Aunque no pudieron hallarse rastros de esos documentos, algunos ejemplos ilustrativos que figuran en las Normas acerca de cómo llenar los comprobantes (“Por alquiler de 3 vehículos para el traslado de personal encubierto” o “Por pago a un informante”) dan algunos indicios de las actividades de inteligencia que se financiaban con ese dinero. El informe también cita una “orden de pago por bonificación complementaria” a un PCI del Batallón de Inteligencia 601, dependiente de la Jefatura II, por el cumplimiento de “actividad riesgosa -tarea especial”.

 

 

La contabilidad de la Jefatura II

La investigación logró reconstruir en parte el funcionamiento del área Contaduría de la Jefatura II de Inteligencia (a veces referida como área Finanzas), que en los documentos aparece como División o Departamento, según la fecha, y que dependía directamente del jefe de Inteligencia.

El principal hallazgo del informe tiene que ver con las tareas concretas de supervisión de gastos que la Jefatura II llevaba periódicamente a cabo en todo el país. A partir del análisis de los Libros Históricos del Batallón 601 y de los Destacamentos de Inteligencia, que dependían tanto de los respectivos Comandos de Zona como de la Jefatura II, pudo observarse que una comisión del área Contaduría realizaba inspecciones administrativas anuales sobre el uso de los fondos secretos en cada destacamento. En el informe constan ejemplos de esas misiones a destinos como Mendoza, Salta, La Plata, Neuquén o Campo de Mayo para todo el período 1976-1983.

Aunque las inspecciones no siempre aparecían nominadas como controles de gastos, puede inferirse que ese era su objetivo a partir de la repetición de ciertos nombres que pertenecían al área Contaduría, y que en esta nota se reservan por razones de resguardo de los datos personales. Las misiones de supervisión generalmente eran llevadas a cabo por tres personas: un oficial con grado de mayor o teniente coronel y dos civiles o suboficiales retirados.

En el caso de los civiles, el nombre de García de la Paz se repite durante toda la dictadura, al igual que el de otro agente referenciado en distintos documentos como “Personal Civil Fuera de Presupuesto”, una categoría poco frecuente de la que hasta ahora se sabe poco.

Aunque se trata de un trabajo que aún puede profundizarse, la investigación del ex Programa Verdad y Justicia abre un nuevo frente para indagar sobre el funcionamiento de la inteligencia militar durante el terrorismo de Estado, un tema cuya importancia viene creciendo tanto en los estudios académicos sobre la represión en el pasado reciente como en la agenda de los juicios de lesa humanidad. El manejo de la caja de Inteligencia del Ejército puede ser una punta novedosa para los jueces y fiscales que investigan el “sistema nervioso” de la represión.

 

 

 

 

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