LA CANCHA INCLINADA

Pelear por la Justicia es pelear porque existan ámbitos sin canchas inclinadas

 

La expresión me encanta: “jugar con la cancha inclinada”. No así su significado, que es jugar con desventaja. No conozco el origen del término, pero en mi cabeza es una cancha de futbol sobre una ladera; el equipo que tiene el arco abajo está en clara desventaja porque la pelota tiende a ir, por efecto de la ley de gravedad, hacia su arco; y porque llegar al arco contrario, que está en la parte de arriba de la ladera, le cuesta mas esfuerzo. El problema es que las canchas inclinadas crean asimetrías de imposible solución. Pienso que, en cada uno de los tiempos de un hipotético partido en la ladera, los equipos podrían quedarse alternativamente con el arco de arriba. Pero esa presunta igualación de condiciones, desconoce el desgaste físico con el que llegaría al segundo tiempo el equipo que inicialmente tuvo el arco abajo. Y el factor psicológico de haber sufrido un par de goles.

Tampoco la tiene fácil el arbitro de un partido que se juega con la cancha inclinada. ¿Qué hace? ¿Perdona las faltas de quienes juegan con desventaja? ¿Sanciona con mayor dureza las faltas de quienes juegan en el arco de arriba? ¿Y qué hace en el segundo tiempo? ¿Intenta compensar el mayor desgaste de quienes estuvieron con el arco de abajo? ¿O aplica las reglas sin ponderar ninguna circunstancia?

Quien escribe esta nota desconoce por completo todo lo que se refiere a la actividad deportiva. Nivel una caminata incluye para mí un café y una librería. Aclaro esto para que sepan disculpar el ejercicio de especulación, probablemente imperfecto, pero es el marco en el que puedo explicar lo que quiero explicar.

El concepto de cancha inclinada es odioso. Remite a la imposibilidad de equiparar los partidos que a lo largo de la vida se dan en todos los ámbitos. Se hermana con el concepto de desigualdad. Porque digámoslo con todas las letras, nuestra sociedad nos pone a todos a jugar en canchas inclinadas, a veces con el arco abajo y a veces con el arco arriba. Lo saben sin hesitación las mujeres, los pobres y todos cuantos arrancan jugando el partido con el arco de abajo.

Discutía hace unos días con un querido y brillante amigo acerca de cómo debemos entender la Justicia en partidos con la cancha inclinada. Sostenía mi amigo, y con fundamentos, que la mejor forma de hacer justicia era usar el poder para inclinar la cancha a favor de los intereses que uno cree justos. La tesis no deja de ser seductora y mi amigo la defendía con énfasis y talento.

Pero a mi me pasa lo siguiente: simplemente no creo en los partidos de cancha inclinada, aun cuando la inclinación en un momento dado me favorezca. Voy a decir esto —y asumo que va a pasar Platón a decirme que me paso de idealista—: yo creo, y sueño, y doy la pelea, por canchas lisitas y sin inclinación alguna. Canchas donde además los árbitros no tengan que desconocer las reglas como sistema para impartir justicia.

La discusión con mi amigo no terminó bien en esta ocasión, porque hablábamos de categorías diferentes. Mi amigo hablaba de la utilización del poder y yo hablaba de una categoría de Justicia. Y aunque son categorías intrínsecamente relacionadas, Poder y Justicia, creo que no son lo mismo. El concepto de Poder incluye a priori una relación de subordinación. El sentido que se le dé a esa relación de subordinación podrá ser más o menos justa según la posición en la que cada uno se encuentre, pero el concepto de poder incluye un arbitro que es de todo menos neutral. Es decir que a priori puede —y tal vez debe— reinterpretar las normas, e incluso cambiarlas a los fines de orientar en un determinado sentido las acciones.

Este árbitro con poder podría ser el Estado. Que claramente a veces inclina la cancha en un determinado sentido, buscando un sentido. Pienso por ejemplo en el Estado frente a los temas de género. Está claro que en la vida de la sociedad las diversidades juegan siempre con cancha inclinada y el arco abajo. Por eso parece justo desequilibrar el partido con reglas protectorias. Las leyes de cupo son un clara demostración de alteración de equilibrios en pos de una mayor igualdad.

El Estado administra –esto es, ejerce el poder sobre— una sociedad con desigualdades estructurales. Que no son justas y que deben ser modificadas, precisamente para buscar la igualdad estructural posible.

Veamos un ejemplo. Hace unos días se dictó un decreto referido a las comunicaciones, bajo el N° 690/20. Básicamente lo que dispone ese decreto es a) la prohibición de aumento de tarifas en los servicios de TV paga, internet y comunicaciones móviles (celulares) y b) un cambio de reglas sustanciales al disponer que esos servicios serán de aquí en más servicios públicos en competencia.

Sobre la prohibición de aumento de tarifas no hay mucho para discutir. Estamos en una sociedad asolada por la pandemia y en crisis económica. Pedirles a los ciudadanos que paguen más por servicios hoy esenciales es una pretensión a todas luces injusta y un poco ridícula. Y aunque lloren desgarradas las empresas, el interés superior del conjunto de una sociedad a la hora de comunicarse le otorga razonabilidad a la medida.

¿Y qué pasa con el cambio de reglas? Algunos, luciendo inusitados conocimientos sobre la conveniencia del dictado de Decreto de Necesidad y urgencia, salieron a pegar alaridos. Lástima que los mismos que gritaban con este decreto se quedaron calladísimos cuando en diciembre de 2015 Macri cambió las reglas en materia de comunicaciones, y también por DNU. Y en ese diciembre no estábamos en pandemia ni teníamos virtualmente bloqueadas una de las cámaras de Congreso.

Mas allá de las anécdotas de los primeros días del macrismo, el cambio de reglas luce razonable también. Discutir hoy si la comunicación es o no un servicio esencial es absurdo. De hecho, estuve viendo en estos días disuasiones sobre el tema… en Internet. Say no more, diría Charly. Y al ser un servicio esencial, su declaración como servicio público se presenta como más que razonable, como necesaria (tanto como los servicios en cuestión). El carácter de servicio publico tiende a resguardar los derechos de la sociedad respecto a dichos servicios.

En uno de los foros en los que se discutió, una de las empresas afectadas sostuvo que no hacía falta declararlos como servicios públicos, porque los problemas que pudieran presentarse se podían solucionar a través de Defensa de la Competencia. No quise bardear en el foro, pero por dentro me preguntaba: ¿cómo carajo resuelve Defensa de la Competencia el caso de los 6.000 chicos de Capital Federal que perdieron contacto con su escuela por falta de conectividad? Porque en materia de comunicaciones hay que señalar con énfasis, no existe posibilidad real de reparar luego de afectado el derecho. Por eso mismo, los controles sobre la competencia en materia de comunicaciones deben ser realizados en forma previa, porque en forma posterior son siempre insuficientes.

Y ahí impacta también la noción de servicios públicos. Porque la noción de servicios público implica que dichos servicios deben ser prestados conforme las siguientes condiciones a) deben ser generales, esto es que todos los habitantes tienen derecho a gozar del servicio, b) deben ser prestados uniformemente, esto es que todos tienen derecho a exigir el servicio en igualdad de condiciones, c) deben ser prestados de modo regular, es decir deben prestarse conforme reglas y condiciones prestablecidas; y d) deben ser prestados en forma continua, es decir sin interrupciones.

Verán que ninguna de estas características se cumple con nuestros celulares o con nuestra Internet. De hecho, yo estaba viendo las disertaciones del foro de empresas que conté hace un par de párrafos… ¡y se me cortó el servicio!

Y antes que me preguntes por qué el decreto incluyó la TV paga, respondo que porque el derecho de acceso a la información también es imprescindible, así como el derecho a acceso a los bienes culturales; y porque la TV paga utiliza la misma infraestructura para dar TV y dar Internet. Los postes, ductos y cables son los mismos. Y cuando una infraestructura esta afectada a la prestación de un servicio público, tiene reglas específicas sobre su conservación, mantenimiento e incluso transferencia. Sería absurdo tener la misma infraestructura afectada a dos regímenes diferentes. Y además de absurdo sería inviable, en términos legales y materiales.

Antes que se me cortara Internet, sólo una de las empresas grandes expresó con toda claridad que sabía que a través de los servicios que prestaba se encontraban en juego derechos humanos. No estaba feliz con la nueva regulación, pero planteaba una perspectiva diferente a los demás expositores, haciéndose cargo de que además de la rentabilidad de las empresas, había que poner la mirada en la demanda, esto es los millones de usuarios que necesitamos la conectividad tanto como necesitamos el agua y la luz.

 

 

 

Mientras eso sucedía, en la provincia de Buenos Aires la policía se levantaba en reclamos legítimos de orden laboral. Una protesta laboral, legal y fundada. Pero cuando empuñando las armas que les autoriza a portar el Estado para defensa de los ciudadanos, procedieron a rodear edificios oficiales, la protesta dejó de ser legal. Porque las protestas serán legítimas, pero el uso de armas en ellas NO. Cuando se empuñan las armas contra la autoridad civil, deja de ser una protesta legitima. Tan simple como eso.

He sostenido que quienes motorizaron protestas armadas deben ser sancionados. Porque quienes empuñan armas deben tener siempre presente que no se pueden empuñar para amenazar a las autoridades. Lo deben comprender en términos individuales y también grupales. No existe en este país fuerza de seguridad que no esté subordinada a una autoridad civil. Las autoridades civiles no empuñan armas, pero tienen una autoridad que emana de la ley y que en la democracia debe tener más valor que las armas. Simple, cortito y al pie. E inapelable, creo yo.

Hemos pasado ya por muchas instancias donde las armas tuvieron mas valor que la ley. Sólo trajeron dolor, muerte y mas desigualdad. Está claro que hubo quienes motorizaron esa suerte de sublevación, y está claro que quienes la motorizaron deben responder no sólo disciplinariamente ante las autoridades policiales, sino también ante la ley penal. Por supuesto que en procesos donde puedan defenderse, ofrecer prueba y todo cuanto hace a las garantías del Estado de Derecho. El mismo Estado de Derecho que pusieron en riesgo con su conducta irresponsable. Tal vez sólo así entiendan la importancia de la ley frente a las armas.

De los carroñeros que quisieron aprovechar esto para seguir desgastando al gobierno de les Fernández, prometo escribir una nota, pero no será esta. Nos dimos cuenta todos de quienes son, porque entre otras cosas ya no disimulan ni un poquito.

La solución del tema de la Bonaerense vino de la mano de recuperar un equilibrio. Allá por los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, por decreto y contra la voluntad de los gobernadores, se le transfirieron puntos de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El actual gobierno nacional tomó un porcentaje de esos fondos coparticipables y se los transfirió a la provincia de Buenos Aires. La medida está debidamente fundada y más allá de la disconformidad lógica del jefe de gobierno de CABA, no parece tener muchas probabilidades de prosperar el reclamo acerca de la inconstitucionalidad del nuevo decreto, que por cierto contó con el apoyo de 19 gobernadores.

A mí me hizo mucha gracia una diputada por la provincia de Buenos Aires, que salió a solidarizarse con los vecinos de Capital Federal. Gente que no sabe cuál es la función que ocupa… ni cómo se recaudaron los fondos para que ella fuese diputada. Hay más de una causa penal en la que debería dar explicaciones la diputada en cuestión.

 

 

Mientras el poder disputaba entre canchas inclinadas, en lugares donde se supone que no existen esas canchas inclinadas, descubríamos que si existían, Porque déjenme decirles, en el Poder Judicial el concepto de cancha inclinada no admite justificación alguna.

Lo voy a decir en estos términos: se denunció hace unas horas que entre uno de los miembros de la mesa judicial que tenia el macrismo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, existía un gran numero de llamadas, en días que coincidían con fallos claves de la Corte Suprema. A lo mejor charlaban del efecto de los rayos gama sobre las margaritas. (Ninguno.) Pero a la luz de lo que surge de la investigación sobre el modo ilegal en el que la mesa judicial interfería y direccionaba las decisiones el Poder Judicial, intuyo que tanto el operador como el ministro deberán dar explicaciones.

El mismo Rosenkrantz salió a hacer algo que hace con poca frecuencia, que es hablar con la prensa sobre fallos que está contemplando la Corte Suprema. Señaló que la Corte va a conocer sobre el recurso de per saltum que presentaron dos jueces para que se declare inconstitucional la aplicación a sus señorías del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. Ese que establece que los jueces serán designados “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.

De 10 jueces que fueron elevados para obtener el acuerdo del Senado, hubo 3 que no concurrieron a la audiencia. Consideran que para ellos no rige la Constitución o no es tan obligatoria. Y presentaron sus acciones judiciales y además el recurso extraordinario de per saltum para apurar el trámite.

Hace un par de años yo presenté un recurso ante la Corte Suprema. Pidiendo la excarcelación de Héctor Timerman, que se moría de cáncer y necesitaba salir de país para hacer un tratamiento experimental para poder tratarse. No hubo entonces ninguna declaración publica de la Corte diciendo que le iban a dar a un tema de vida o muerte un tratamiento rápido. Y no lo hubo. De hecho, me notificaron el rechazo del recurso casi un año después que Héctor muriese. Y me lo rechazaron precisamente porque el solicitante ya había muerto y el recurso se había vuelto abstracto.

Aprendí en uno de los primeros libros de derecho que tuve en mis manos que la Justicia solo admite una modulación, que es la equidad, definida como la gloriosa adecuación de la norma general y abstracta al caso particular. Lo decía alguien a quien admiro y se llamaba Ciceron. Lo pensó todo miles de años antes de que yo naciera, y sin Internet.

Cuando el Poder se vuelve mas importante que la Justicia, cuando un problema de sillas es más importante que la vida de las personas, pienso que todo se vuelve cancha inclinada. Y yo, que soy abogada, no puedo dejar de pelear por la Justicia.

Pelear por la Justicia es pelear porque existan ámbitos sin canchas inclinadas. No pretender inclinar todas las canchas porque yo creo que algo es justo. Por eso discutí con mi amigo. Porque en materia de Justicia no admito el Poder como variable. Porque en materia de Poder Judicial solo es admisible una modulación, la equidad. Todo lo demás inclina la cancha. Como las armas y como la desigualdad. Y como el Poder, si nos olvidamos que este es temporal por definición.

 

 

 

 

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9 Comentarios
  1. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo la doctora Peñafort expresa:

    “La discusión con mi amigo no terminó bien en esta ocasión, porque hablábamos de categorías diferentes. Mi amigo hablaba de la utilización del poder y yo hablaba de una categoría de Justicia. Y aunque son categorías intrínsecamente relacionadas, Poder y Justicia, creo que no son lo mismo. El concepto de Poder incluye a priori una relación de subordinación. El sentido que se le dé a esa relación de subordinación podrá ser más o menos justa según la posición en la que cada uno se encuentre, pero el concepto de poder incluye un arbitro que es de todo menos neutral. Es decir que a priori puede —y tal vez debe— reinterpretar las normas, e incluso cambiarlas a los fines de orientar en un determinado sentido las acciones”.

    Poder y Justicia. La Justicia evita que el Poder o, mejor dicho, sus detentadores, pisoteen los derechos del pueblo, en especial del sector más humilde, más desprotegido. La justicia o, mejor dicho, los jueces probos y dignos, tienen como misión impedir que los poderosos actúen con total y absoluta impunidad. El tema es realmente apasionante. Apenas leí este párrafo y en especial las dos palabras, Poder y Justicia, comencé a googlear y me encontré con una joya histórica. Me refiero a un debate organizado por la televisión holandesa en 1971 entre dos colosos del pensamiento: Chomsky y Foucault. El moderador fue Fons Elders. A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir una parte de la segunda parte titulada precisamente “Justicia versus Poder”.

    Segunda parte Justicia versus poder

    ELDERS: Quizá sería interesante ahondar un poco más en este problema de la estrategia. Supongo que lo que usted llama desobediencia civil probablemente sea lo mismo que nosotros denominamos acción extraparlamentaria.

    CHOMSKY: NO, creo que va más allá. La acción extra-parlamentaria incluiría, por ejemplo, una manifestación masiva legítima, pero la desobediencia civil tiene un sentido más restringido. Significa directamente desafiar aquello que el Estado establece como legal, cuando no lo es según mi visión.

    ELDERS: Entonces, por dar un ejemplo, en Holanda asistimos a algo parecido a un censo poblacional. Todos los ciudadanos estaban obligados a responder preguntas en formularios oficiales. ¿Llamaría desobediencia civil al acto de negarse a completar los formularios?

    CHOMSKY: Correcto. Tendría cuidado con eso, porque, volviendo a un punto muy importante que dejó en claro el señor Foucault, uno no necesariamente permite al Estado definir qué es lo legal. Ahora bien, el Estado tiene el poder de hacer cumplir un cierto concepto de lo que es legal, pero el poder no implica justicia y tampoco lo correcto; de modo que el Estado puede definir un acto como desobediencia civil y puede estar equivocado. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Estado define como desobediencia civil la acción de descarrilar un tren con una carga de municiones para Vietnam; y el Estado está equivocado al definir esto como desobediencia civil, porque es legal, correcto y necesario hacerlo. Es correcto llevar a cabo actos que impidan acciones criminales del Estado, así como lo es violar una orden de tránsito para evitar un asesinato. Si hubiera detenido mi auto frente a un semáforo en rojo, y luego lo desobedeciera para evitar, por ejemplo, que alguien utilice una ametralladora para disparar contra un grupo de personas, por supuesto que eso no es un acto ilegal sino una acción apropiada y correcta; ningún juez en su sano juicio lo condenaría por una acción de ese tipo. Del mismo modo, gran parte de lo que las autoridades estatales definen como actos de desobediencia civil en realidad no lo son: de hecho, es un comportamiento legal y obligatorio que viola el mandato del Estado, que puede ser o no un mandato legal. Por eso creo que debemos tener cuidado antes de llamar a algo ilegal.

    FOUCAULT: SÍ, pero me gustaría hacerle una pregunta. Cuando en los Estados Unidos usted comete un acto ilegal, ¿lo justifica en términos de una justicia o legalidad superior, o lo justifica por la necesidad de la lucha de clases, que en el presente es esencial para el proletariado en su lucha contra la clase dominante?

    CHOMSKY: Aquí quisiera adoptar el punto de vista de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y probablemente de otros tribunales en tales circunstancias; es decir, intentar resolver el asunto con los fundamentos más estrictos posibles. Pensaría que en última instancia sería muy razonable, en muchos casos, actuar contra las instituciones legales de una sociedad dada, si al actuar de ese modo se atacaran las fuentes de poder y de opresión de esa sociedad. Sin embargo, la legislación existente representa en numerosos casos valores humanos justos; interpretada de forma correcta, permite realizar muchas de las cosas que el Estado ordena no hacer. Y creo que es importante sacar provecho de las áreas de la legislación que están bien planteadas y luego quizá actuar de forma directa contra aquellas que sólo ratifican un sistema de poder (…).

    CHOMSKY: Cuando realizo un acto que es ilegal para el Estado, para mí suele ser legal, esto es, considero que el Estado es criminal. Pero en algunas ocasiones esto no es cierto. Permítame ser concreto y pasar de la lucha de clases a la guerra imperialista, donde la situación es en cierto modo más clara y evidente. Tomemos el derecho internacional, un instrumento muy débil, como sabemos, pero que sin embargo incorpora algunos principios muy interesantes. En muchos sentidos, el derecho internacional es el instrumento de los poderosos: es una creación de los estados y de sus representantes. En el desarrollo del cuerpo del derecho internacional existente hoy, no participaron los movimientos de masas de campesinos. La estructura del derecho internacional refleja este fenómeno, esto es, el derecho internacional permite un espectro muy amplio de intervención por la fuerza en apoyo de estructuras de poder existentes que se definen a sí mismas como estados en contra de los intereses de la masa de la población organizada en oposición a los estados. Ésta es una deficiencia fundamental del derecho internacional, y creo que se justifica oponerse a este aspecto del derecho internacional al que podemos considerar carente de validez, o tan válido como el derecho divino de los reyes. Es sólo un instrumento del que se sirven los poderosos para conservar el poder. Pero el derecho internacional no es sólo de ese tipo. Existen elementos interesantes del derecho internacional, arraigados por ejemplo en los principios de Nuremberg y en la Carta de las Naciones Unidas, que permiten, que de hecho creo que exigen que el ciudadano actúe contra el Estado de un modo que el Estado equivocadamente consideraría criminal. Sin embargo, estaría actuando legalmente, porque el derecho internacional prohíbe el uso de la amenaza o la fuerza en asuntos internacionales, excepto bajo circunstancias muy restringidas que, por ejemplo, no caracterizan a la guerra de Vietnam. Esto significa que en el caso particular de la guerra de Vietnam, que me interesa mucho, los Estados Unidos tienen un rol criminal. Y las personas tienen el derecho de impedir que los criminales cometan un asesinato. Sólo por el hecho de que el criminal denomine ilegal el acto del que intenta detenerlo, no significa que aquél sea ilegal. Un ejemplo muy claro de esto es el caso de los documentos del Pentágono en los Estados Unidos, que seguramente conoce. Reducido a lo esencial y dejando legalismos de lado, el Estado está intentando procesar a personas por revelar los crímenes de Estado. Eso en resumidas cuentas. Ahora bien, es evidente que esto es absurdo, y no se debe atender en absoluto a tal distorsión de un proceso judicial razonable. Es más, creo que el sistema legal existente explica incluso por qué es absurdo. Pero si no lo hiciera, entonces deberíamos luchar contra ese sistema legal.

    FOUCAULT: ¿De modo que es en nombre de una justicia más pura que usted critica el funcionamiento de la justicia? Creo que aquí enfrentamos una cuestión importante. Es cierto que en todas las luchas sociales existe la pregunta por la «justicia». Para expresarlo en términos más precisos, la lucha contra la justicia de clase, esto es, contra su injusticia, siempre forma parte de la lucha social: destituir a los jueces, cambiar los tribunales, conceder amnistía a los condenados, abrir las cárceles, siempre han formado parte de las transformaciones sociales tan pronto como se vuelven un poco violentas. En la actualidad, en Francia la función de la justicia y de la policía es el blanco de numerosos ataques por parte de aquellos a quienes llamamos gauchistes. Pero si en una lucha la justicia está en juego, lo está como instrumento de poder, no con la esperanza de que finalmente un día, en esta sociedad o en otra, las personas sean recompensadas por sus méritos o castigadas por sus faltas. Más que pensar en la lucha social en términos de «justicia», hay que hacer hincapié en la justicia desde la perspectiva de la lucha social (…).

    FOUCAULT: Si le parece bien, voy a ser un poco nietzscheano al respecto; en otras palabras, me parece que la idea de justicia en sí es una idea que ha sido inventada y puesta a funcionar en diferentes tipos de sociedades como instrumento de cierto poder político y económico, o como un arma contra ese poder. Pero creo que, en todo caso, el concepto mismo de justicia funciona dentro de una sociedad de clases como una demanda de la clase oprimida y como justificación de la misma.

    CHOMSKY: NO estoy de acuerdo.

    FOUCAULT: Y en una sociedad sin clases, no estoy seguro de que siguiéramos utilizando esta noción de justicia.

    CHOMSKY: Ahora estoy absolutamente en desacuerdo. Creo que hay cierto tipo de fundamento absoluto -aunque si me presionaran estaría en problemas, porque no podría esbozarlo- que en última instancia reside en las cualidades humanas fundamentales, sobre las que se basa un concepto «real» de justicia. Creo que es muy apresurado calificar nuestros sistemas de justicia actuales como meros sistemas de opresión de clase; no creo que sea así. Pienso que expresan sistemas de opresión de clase y elementos de otros tipos de opresión, pero también una búsqueda a tientas de conceptos verdaderamente humanos y valiosos de justicia, decencia, amor, bondad y compasión, que creo son reales. Y pienso que en toda sociedad futura, que por supuesto nunca será una sociedad perfecta, tendremos estos conceptos de nuevo, y esperemos que estén más cerca de incorporar una protección de las necesidades humanas fundamentales, incluidas necesidades como las de solidaridad y compasión, entre otras, pero quizá aún reflejará de alguna forma las inequidades y los elementos opresivos de la sociedad existente. Por eso creo que lo que usted describe es aplicable sólo a un tipo de situación muy diferente. Por ejemplo, tomemos el caso de un conflicto nacional. Tenemos dos sociedades, y cada una intenta destruir a la otra. No hay ninguna pregunta acerca de la justicia. El único interrogante posible es cuál es tu bando. ¿Vas a defender a tu sociedad y a destruir a la otra? Quiero decir, en cierto sentido, abstrayéndonos de una serie de problemas históricos, que esto fue lo que enfrentaron los soldados que se masacraron entre sí en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Luchaban por nada. Luchaban por el derecho a destruirse entre sí. Y en este tipo de circunstancias no se planteaba la cuestión de la justicia. Por supuesto, había personas racionales, la mayoría en prisión, como Karl Liebknecht, por ejemplo, quien señaló esto y fue encarcelado por hacerlo, o Bertrand Russell, para tomar un ejemplo del otro bando. Hubo personas que comprendieron que esa masacre mutua no tenía ningún sentido desde la perspectiva de la justicia y que sólo debían ponerle fin. Ahora bien, esas personas a las que se consideraba locas o criminales eran en realidad los únicos cuerdos. Y en circunstancias como éstas, del tipo que usted describe, donde no se plantea la cuestión de la justicia y sólo se trata de saber quién va a ganar en una lucha a muerte, creo que la reacción humana correcta es la siguiente: pongámosle fin, que no gane nadie, detengámoslo y, por supuesto, si decimos eso, de inmediato iremos a parar a la cárcel o seremos asesinados o algo parecido, que fue el destino de muchas personas racionales. Pero no creo que ésa sea la situación típica en los asuntos humanos, y no creo que sea la situación en el caso del conflicto de clases o la revolución social. En mi opinión, allí uno puede y debe presentar sus argumentos, y si es posible hacerlo debería abandonarse la lucha. Justificar que la revolución social tiene por finalidad la justicia, que tiene por finalidad satisfacer necesidades humanas fundamentales y no sólo colocar en el poder a algún otro grupo.

    FOUCAULT: Simplemente quisiera decir lo siguiente: finalmente, el problema de la naturaleza humana, desde una perspectiva teórica, no nos llevó a adoptar posiciones enfrentadas; en última instancia, nos entendemos muy bien acerca de estos problemas teóricos. Por otro lado, cuando se planteó el problema de la naturaleza humana en relación con los problemas políticos, surgieron nuestras diferencias. Y contra lo que usted cree, no puede evitar que yo piense que estos conceptos de naturaleza humana, de justicia, de realización de la esencia de los seres humanos, son todos conceptos formados dentro de nuestra civilización, de nuestro tipo de conocimiento y de nuestra forma de la filosofía, y que por lo tanto forman parte de nuestro sistema de clases; y no podemos, por lamentable que sea, servirnos de estos conceptos para describir o justificar una lucha que debería -y que por principio debe- echar abajo los fundamentos mismos de nuestra sociedad. Ésta es una extrapolación para la que no puedo hallar la justificación histórica. Ésa es la cuestión…

    CHOMSKY: Está claro.

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  2. daniel dice

    Ley 14.442.: ARTÍCULO 1º.- Función. El Ministerio Público es el cuerpo de Fiscales, ….. que, encabezado por el Procurador General, actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales, según el art. 189 de la Constitución provincial. El art. 287 y ccs. del CPP obliga a cualquier funcionario público a denunciar delitos. Los reglamentos administrativos y la ley orgánica policial n. 13,482, condenan la sedición, sublevación, etc. del 7/8-9-20. Recuérdese el 6-9-1930. Se citará a Florencia Arietto ?. Actuará el Ministerio Público provincial ?????.

  3. Rodrigo Gonzalez-Scherbak dice

    Muchas gracias Graciana, siempre espero tus artículos ya que disfruto mucho tu forma de escribir y pensar. Saludos de otro admirador de Cicerón.

  4. Unomás dice

    La cancha inclinada… Excelente imagen para comprender nuestra realidad. En cuanto a los conceptos de «poder» y «justicia», solamente reflexionar acerca del hecho de que jamás podremos decir nada válido al respecto sin tener en cuenta de que el «poder» tiene por instrumento a la «justicia». No están al mismo nivel: el poder está por encima de la justicia. ¿Qué digo cuando hablo del poder? Lo que llaman el «poder real»: las corporaciones financieras, de la comunicación, etc…todas ellas, las que cuentan con la gestión de gobiernos y organismos internacionales que custodian sus intereses, con la necesaria complicidad de los medios de comunicación y las redes sociales infectadas. ¿Cuántas veces, desde la mitad del siglo pasado, y mucho antes, el verdadero poder nos ha puesto frente a la evidencia acerca de quién es el que está al mando? Si algo nos enseñaron estos tiempos es a diferenciar la «justicia» de «Poder Judicial»: los integrantes del Poder Judicial, algunos de ellos, son demasiados «sensibles» al poder, el que lo llamo el poder real. Teniendo en cuenta el debate desatado a propósito de la pretendida «reforma» del Poder Judicial, solamente sugerir que, a mi modesto entender, solamente podrá ser exitosa si se da en el marco de una transformación que arranque desde la base. Están los que dicen que es necesario cambiar la politica impositiva, los que afirman que es necesario introducir cambios en la administración de justicia, los que defienden una política federalista para alumbrar un país más justo, los que -con razón- piden vivir sus vidas al amparo de la seguridad…Son muchos los reclamos que parten desde la sociedad, y creo que no hay forma de encausarlos si no es desde una reforma estructural, esto es, desde la base. La cuestión: ¿hasta dónde está la sociedad dispuesta a comprometerse con una reforma de esta naturaleza?

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