Tenía unos 11 años cuando comenzó a acumular horas de videojuegos, a escalar en destreza, a no poder despegar sus manos del comando y la vista del objetivo en la pantalla. Tenía muy pocos amigos de su edad, una rutina escolar, la vida con sus padres y hermanos más chicos; luego vino el paso al secundario. La atmósfera de la ciudad pequeña se oxigena en su cuarto, a puertas cerradas, frente a la compu y con el celu siempre a mano. Pasa el tiempo y las páginas y sitios web que visita suben el nivel de la violencia, repostea algunas cosas de corte ultranacionalistas, otras cuasi racistas.
En La Pampa, un adolescente de 15 años quedó vinculado a una investigación penal por presunto terrorismo por una relación online con un joven de 17 de Australia. La policía de ese país monitoreaba la planificación de un ataque con armas de fuego a un establecimiento educativo.
La alerta internacional oportuna y rápida, la actuación responsable y sensible de una fiscalía federal, así como el compromiso institucional de los operadores del gobierno local, permitieron asistir a tiempo al adolescente y a su familia, de acuerdo con la consulta realizada a funcionarios públicos que intervienen en el caso, que no tiene antecedentes en la provincia. El legajo penal federal está próximo a cerrarse, desvinculando totalmente al joven pampeano, para lo que se esperan resultados de pericias en curso. No se determinó ninguna planificación de ataque local, no se encontró ningún tipo de armas ni ninguna vinculación con organización terrorista alguna, según las fuentes consultadas. En cambio, seguirá por un tiempo más el acompañamiento profesional que determinó un comité de crisis creado por decisión del Ministerio de Seguridad provincial a instancias de la Fiscalía federal de Santa Rosa.
A fines del año pasado, al menos en una ocasión, ambos jóvenes mantuvieron una comunicación de varias horas. La policía australiana la detectó en el marco de una investigación por riesgos de violencia en establecimientos educativos. Emitió una alerta a Buenos Aires que se recibió en marzo. La Procuración Nacional derivó el caso a Iara Silvestre, fiscala federal con asiento en la capital pampeana. Jamás antes se había enfrentado a tal reto profesional y humano. Se comunicó con Horacio di Nápoli, responsable de la cartera de Seguridad y Justicia, quien personalmente llamó a su par de Educación para localizar al adolescente que transitaba una situación de alto riesgo potencial, cuyos alcances desconocían hasta ese momento. La Justicia federal no cuenta con equipos profesionales en las provincias, por lo que Silvestre y sus superiores acordaron acudir a la infraestructura y personal del Estado pampeano para abordar el conflicto social que encerraba el legajo penal.

Silvestre y el equipo profesional de Niñez, Adolescencia y Familia se comunicaron con la familia primero y después con el jovencito. No hubo patrulleros ni allanamientos ampulosos. Voluntariamente aportaron los dispositivos electrónicos para ser peritados. Se resolvió extremar los recaudos profesionales para evitar el escrache y la estigmatización de una familia que ya estaba atravesada por una situación traumática. También se buscó no alimentar una psicosis colectiva de las que contribuyen a crear los medios hegemónicos en torno a “la inseguridad” y “el terrorismo”, entendiendo que el caso dio cuenta de una ruptura social profunda que no empieza ni termina en el legajo judicial.
Sin red
Después de varios años de trabajo en la Justicia penal, ya en el Ejecutivo provincial, Di Nápoli venía analizando el uso de algunas plataformas online en las redes de narcotráfico. En marzo, durante la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI), pidió a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que tomen medidas contra los servicios de mensajería online que restringen el rastro electrónico para ser detectados durante una investigación judicial. “Son siete u ocho los servicios de mensajería instantánea que deberían prohibirse”, sostuvo el funcionario, imaginando medidas estatales como las que dispuso la Justicia de Brasil con la red social X o las de Chat Control de la Unión Europea en su combate contra el abuso sexual infantil. Estas regulaciones ya están discutiéndose en el país por las apuestas on line que llevan a muchísimos jóvenes a endeudarse y a conductas adictivas.
El pedido de colaboración de Silvestre le amplió el universo de la preocupación por el uso de la web con fines delictivos o, al menos, de vulneración del desarrollo psicosocial de algunos de sus usuarios. Así es que en junio, en una nueva reunión del CSI, volvió a reclamar a Nación por un control estatal a un grupo determinado de plataformas de mensajería instantánea.
Las horas de pantalla, el consumo de redes, los juegos en línea resultan, en ocasiones, esmerilados masivos e intensivos de voluntades adelgazadas en su autonomía. “No les ofrecemos una cosa distinta que el celular y pagan las consecuencias”, expresó Di Nápoli, entendiendo que vive en un lugar con amplia zona rural donde se practica la caza deportiva, hay mucho acceso y familiaridad con las armas de fuego, por ejemplo. Insistió en las responsabilidades de los adultos en las familias. “Cuando se pierde el diálogo, la comunicación es a los golpes”.
El chico de La Pampa no es un lobo solitario sin manada; tiene una sociedad de pertenencia.
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