La liberalización anarcolibertaria del comercio exterior es selectiva. Camino a profundizar el rojo en la balanza comercial y consolidar la dependencia del agro en materia de divisas, el gobierno liberal argentino demuestra el rumbo de su programa en el desigual trato que otorga a las importaciones que promueve o restringe.
Mientras anuncia la eliminación de aranceles a la de teléfonos celulares, motivando la reacción obrera de la tecnológica industria de Tierra del Fuego, mantiene congelado el programa que permitía a entidades que desarrollan ciencia y tecnología en el país la adquisición en el exterior de insumos y equipos tan imprescindibles como inhallables aquí.
Este último aspecto fue incluido entre los reclamos que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) plasmó en el comunicado que emitió el martes 6, alarmado por “la parálisis casi total de todos los programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la ausencia de una política para la ciencia, la innovación y el desarrollo del país”.
El organismo nuclea a todas las universidades públicas argentinas, que conforman el mayor ámbito doméstico de investigación y transferencia científico-tecnológica, con actividades y avances de un volumen tal que no es concebible que puedan ser absorbidos por el sector privado.
Todo verdor perecerá
En una economía periférica, la famosa “restricción externa” se da por descontada como un problema crónico y cíclico: el desarrollo nacional aparece sujeto a la adquisición allende las fronteras de bienes de capital e insumos necesarios para etapas superiores, lo que a su vez depende de la disponibilidad de dólares.
Como ocurrió en anteriores procesos de endeudamiento, el actual se vuelca a sostener el ciclismo financiero para la posterior fuga de los capitales multiplicados a interés. Los dólares producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se escurrieron por esa canaleta y no se invirtieron en desarrollo propio, generador de empleo y bienestar. Por el contrario, las exenciones arancelarias a las exportaciones y el desfinanciamiento del sector público asoman como la variable complementaria de un típico programa de dependencia. Las formas pueden ser novedosas, tanto dentro como fuera del país, pero el Fondo es el mismo.
El problema del sistema universitario público con sus imprescindibles importaciones se inscribe en esa lógica general. Con un presupuesto y salarios a la baja en pesos, históricos disparadores de una “fuga de cerebros” que ya se teme en el sector, las universidades se ven privadas de exenciones arancelarias, a las que accedieron por casi un cuarto de siglo, para la adquisición en el exterior de insumos y bienes de capital necesarios para sus investigaciones.
Letra muerta
Desde que fines de julio de 2002 se promulgó la todavía vigente ley 25.613, organismos estatales y entidades de bien público con competencia en investigación científico-tecnológica podían aplicar a un régimen especial que los eximía de tributos por la importación de insumos y bienes de capital vitales para el desarrollo de sus tareas.
Los requisitos obvios eran
- que no pudieran ser provistos por la producción nacional, lo que se controlaba por medio de verificaciones gubernamentales y un proceso de impugnación abierto a proveedores locales; y
- se destinasen directa y exclusivamente a la investigación, con expresa prohibición de cualquier otro uso.
Para acceder a ese beneficio, las reparticiones y entidades debían inscribirse en el Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (ROECyT) y efectuar solicitudes por cada uno de los productos a importar, quedando sujeta su aceptación a un complejo mecanismo de evaluación. También existían limitaciones en cuanto a la cantidad y precios.
A comienzos de esta década, pasada ya la experiencia macrista, el ROECyT incluía a 188 instituciones y emitía cerca de 2.000 certificados anuales, autorizando unos cien millones de dólares en importaciones libres de tributo. Casi un tercio correspondía al CONICET. Sumando a las comisiones nacionales de Energía Atómica y de Actividades Espaciales, alcanzaban la mitad del total. El resto se distribuía entre otros organismos, incluyendo a las más de cincuenta universidades nacionales desplegadas en todo el territorio.
El gobierno de Javier Milei no derogó la ley de 2002 ni la reemplazó por otra normativa, pero “desde febrero de este año, la unidad encargada de gestionar los ROECyT ha dejado de emitir certificados”, denunció el CIN.
La situación, agregó el organismo, “provoca un aumento significativo en los costos de importación de insumos y bienes de capital necesarios para llevar a cabo los desarrollos científicos-tecnológicos, incrementando los costos hasta tres o cuatro veces”, paralizando el funcionamiento de los laboratorios bajo dependencia de las universidades o codependencias entre ellas y el CONICET.
Juego de rol
El mapa del empresariado argentino torna difícil suponer que el sector privado pueda suplir el rol del Estado en investigación científico-tecnológica, con un 70% del total originado en el sistema universitario público.
De acuerdo a los todavía preliminares resultados que el Censo Nacional Económico del INDEC recogió entre 2020 y 2021, menos del 5% de las 349.260 empresas y organizaciones del país realiza tareas de investigación y desarrollo (I+D).
Clasificadas por tamaño, el sector de mayor actividad en la materia es el de las grandes unidades productivas: de todos modos, sólo el 20% impulsa esfuerzos en esa dirección. Por rubro de actividad, únicamente superan el 10% las que pertenecen al de industrias manufactureras.
Otra fuente de datos, la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación, relevó en el bienio 2019-2021 los casos de 15.814 empresas, de las cuales poco más de un tercio podían caracterizarse como “innovativas”. Al explorarse cuáles eran las tareas de innovación más implementadas, la de I+D no era la mejor posicionada.
Importación e importancia
La paralización de las habilitaciones a importar insumos y bienes de capital imprescindibles no fue el único retroceso denunciado por el CIN. El organismo enumeró una extensa serie de aspectos problemáticos para el despliegue de actividades de investigación en las universidades públicas, expuestas además a la erosión de presupuestos y salarios:
- la cancelación de contratos con todas las grandes editoriales internacionales, limitando el acceso a material indispensable y encerrando a la producción nacional en el histórico escenario en que América Latina y el Caribe producen sólo el 4% de la bibliografía científica mundial;
- la suspensión casi total de actividades del programa “Raíces”, para el desarrollo de redes de investigadores e investigadoras del país residentes en el exterior, en busca de nuevas oportunidades para estudiantes, alternativas para aplicar a subsidios internacionales y posible retorno al país de quienes emigraron en anteriores ciclos de diáspora;
- la interrupción de sistemas y programas para la adquisición de equipos y de obras en construcción o ya licitadas, traducida en una descapitalización del Estado; y
- la paralización del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, al que la ley 25.467 encomienda –entre otras funciones– la de evaluar los resultados de las políticas públicas implementadas en la materia.
En relación a ese último punto, el CIN agrega que el Consejo –integrado por los organismos nacionales que realizan actividades científicas y tecnológicas– sólo ha realizado desde 2024 “unas pocas reuniones informativas inconducentes”.
Parece ser una regla general. Hace más de un año, el 13 de marzo de 2024, Milei acababa de cumplir su primer trimestre de gobierno y el presidente que designó en el directorio del CONICET, Daniel Salamone, hacía saber al resto de sus integrantes que estaba “centrado en poder resolver las problemáticas que se presentan en torno al ROECyT”. Casi tres meses después, el mismo directorio le planteó la dificultad que suponía no contar con interlocutores para tramitar los certificados de importación.
Desde entonces, la única novedad es que los obstáculos y urgencias se han acentuado, por vía de la simple inacción. Cualquiera sea el sentido con que se lea, la ciencia no importa.
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