LA CONFUSIÓN MÁS PELIGROSA

La Directiva de Política de Defensa de Macri y el proyecto de ley de Massa

 

El gobierno presentó el miércoles pasado el Decreto 703/18. El primero de sus artículos  aprueba la Directiva de Política de Defensa Nacional (que va como anexo) y el segundo deroga las directivas anteriores establecidas por Néstor Kirchner en 2009 y por Cristina Kirchner en 2014, respectivamente. Asimismo, el viernes 24 de julio el gobierno dictó el decreto 683/18 que modificó el 727/06, reglamentario de la Ley de Defensa. Se supone que ambas piezas deben configurar tanto el marco de referencia normativo –junto con el trípode de leyes básicas vigentes: la de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia— cuanto los criterios y lineamientos que orientarán de aquí en más el desenvolvimiento de la defensa y el accionar de las Fuerzas Armadas.

Dos cosas llaman la atención del Decreto 703/18. Una es que hizo tabla rasa con las Directivas kirchneristas, como si quisiera borrarlas del mapa. La otra merece ser citada textualmente: “Que el Poder Ejecutivo Nacional ha establecido como objetivos transversales de su gestión de gobierno la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos, por lo que su cumplimiento exige la colaboración de todas las áreas del Estado”.  Resulta curioso que tratándose de una directiva de defensa se enumeren de entrada estos objetivos, el primero de los cuales remite ¡a la seguridad interna! Es como comenzar diciéndole a los militares –en una directiva sobre defensa, nada menos— que no van a ser  protagonistas centrales.

La Directiva propiamente tal –es decir el anexo— es larga y en cierta medida pretenciosa: tiene 39 carillas y se pasea sin mayor profundidad sobre numerosos asuntos.

En temas como la escena global, la regional, la ciberdefensa, la crisis del multilateralismo y la cuestión nuclear, entre otros, su abordaje es apenas descriptivo y carente de indicaciones acerca de su eventual incidencia sobre nuestra realidad nacional y sobre nuestra problemática de defensa. El tratamiento de la Cuestión Malvinas es deplorable. Se preocupa –y se contradice al mismo tiempo— por la posibilidad de ataques externos del terrorismo islámico aunque ha dicho casi al comienzo que América del Sur se ha consolidado como una zona de paz. Y ha agregado un poco más adelante que “en la actualidad nuestra región no representa un escenario de alta prioridad para la proyección y la acción directa de organizaciones terroristas”. El narcotráfico mismo es encarado de una manera general y sin diagnóstico: se da como una cosa sabida, casi como un lugar común, sin aterrizaje alguno sobre la realidad argentina. Desde el capítulo III en adelante abunda en una descripción de tareas a desempeñar por las Fuerzas Armadas: la vigilancia y control de los espacios soberanos, la protección de objetivos estratégicos, el apoyo a la política exterior y a la política de seguridad, etc. Indica asimismo que proveerán apoyo logístico en zonas de frontera “para asegurar una adecuada sinergia con las fuerzas de seguridad”, lo que vuelve a marcar el tono securitista.  Hasta que llega –al fin— a una conclusión razonable: “El Poder Ejecutivo Nacional deberá proponer un plan para reformar el Instrumento Militar a fin de recuperar la capacidad de cumplir con su misión principal”. Pasado a términos concretos esto quiere decir que las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas están hoy altamente debilitadas, lo que implica que su misión principal se puede cumplir sólo en mínima medida. Debe subrayarse, por lo demás, que resulta raro que esta crucial apreciación no se haya planteado al comienzo del texto sino en su tramo final. Es obvio que las “efectividades conducentes” son fundamentales y determinantes, más allá de los deseos o fantasías de cualquiera.

La Directiva en consideración trabaja en tándem con el Decreto 683/18, que –como se indicó— modificó el 727/06, reglamentario de la Ley de Defensa. Esta nueva pieza define la función primaria de las Fuerzas Armadas como respuesta a una agresión externa. Es decir, suprime la previsión de la 727/06 que puntualizaba que esa respuesta debía darse ante las agresiones externas de carácter estatal. Esto, con la intención de abrir el abanico de los actores a ser enfrentados con intervención militar, como el narcotráfico o el terrorismo internacional.

¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Por qué diluye los límites ya establecidos entre defensa y seguridad? Conviene puntualizar primeramente que el ejercicio de la defensa nacional no figura en la agenda gubernamental como prioritario. El gobierno de Mauricio Macri ha alcanzado un entendimiento con los Estados Unidos que consiste en tratar de acomodar a la Argentina bajo el ala del águila americana sobre la base de un canje. Argentina se involucra en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional y a la recíproca, Estados Unidos se dispone a apoyar nuestra agenda económica, cada vez más problematizada y crítica. Esto fue revelado –quizá inadvertidamente- por el embajador argentino en Washington Fernando Oris de Roa, hace unos meses, y por el entonces Secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, inmediatamente después de haber visitado Buenos Aires, en febrero de este año. Bajo estas condiciones, la defensa pierde importancia y queda relegada.

Ahora bien, la aplicación de los militares a los asuntos de seguridad tiene sus límites y sus complicaciones. Es legal si se circunscribe al apoyo logístico de las fuerzas de seguridad pero, por un lado, en la práctica, la frontera entre la logística y lo operacional puede ser muy lábil. Y, por otro, puede ser deliberadamente ignorada. Hay muchos antecedentes que indican que el gobierno quiere involucrar a los militares en tareas de seguridad. Y, también, que busca evitar un choque explícito contra el marco legal vigente. Para lo cual utiliza subterfugios, cortinas de humo y una serie de artilugios de simulación, direccionados a esquivar reclamos judiciales y descrédito político.

También procura el gobierno “liberar” gendarmes de su atadura a las fronteras o a la vigilancia de objetivos estratégicos, para trasladarlos a los centros urbanos. Le teme a la protesta social y, como ya se vio en las jornadas del 14 y del 18 de diciembre pasado, está dispuesto a convertir a la cuestión social en una cuestión de policía.

Resta mencionar, lamentablemente, que los militares que reemplacen a los gendarmes van a quedar de hecho convertidos en una especie de rueda de auxilio.

Así las cosas, en el medio de este juego de disimulos y ambigüedades que prioriza la seguridad y manipula a los soldados, la separación nítida entre defensa y seguridad —fruto del consenso político interpartidario más importante alcanzado desde el retorno a la democracia, que se plasmó en las tres antedichas leyes—, cruje cotidianamente.

 

El proyecto de ley de Massa

En noviembre de 2015, en pleno contexto electoral, Sergio Massa —que aún era diputado nacional— presentó un proyecto de ley que denominó Ley de Seguridad Ampliada y Atribuciones Subsidiarias de Defensa. Pasó la elección y nunca se pidió su tratamiento legislativo. A fines de 2017, con el fin de que no caducara, se renovó su vigencia como proyecto. Finalmente ahora, con Massa ya fuera de la Cámara de Diputados, se ha incluido en una sesión especial que se realizará la semana entrante. Será tratado junto con otros proyectos de declaración e incluso de derogación de los recientes decretos de Macri, en esa instancia.

La pieza del ex diputado, en sus Fundamentos, reconoce como soporte la noción de “nuevas amenazas”, que cita de una declaración de OEA de 2003, omitiendo que es de cuño norteamericano y permanece como noción doctrinaria tanto para la Secretaría de Estado como para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, elusión que probablemente no es ingenua. Se asienta sobre el presunto concepto de “seguridad ampliada”, que carece de definición explícita y precisa en el texto. Y considera también que “Argentina ha quedado entrampada en una legislación obsoleta que no pudo prever la dinámica de los tiempos y fenómenos modernos”. No obstante esta rotunda descalificación —que así como está escrita involucra al trípode legal varias veces mencionado ya—, solamente propone en el proyecto, en su artículo 6, la reforma del artículo 1° de la Ley de Defensa, al que agrega el siguiente párrafo: “Las facultades subsidiarias de las Fuerzas Armadas se establecerán mediante leyes especiales”.  Algo extraño ocurre aquí: o no eran tan obsoletas esas leyes o la reforma de Massa es escasa pese a su terminante apreciación.

El artículo 3 es sorprendente. Autoriza la participación de las Fuerzas Armadas “temporalmente en actividades y operaciones —esta palabra es muy significativa (E.L.)— de seguridad ampliada destinadas a la prevención, inteligencia asignada específica, peritaje e intervención en actividades ilícitas de interés nacional y/o de seguridad” ocurridas en las zonas “delimitadas por el decreto de intervención”. Es decir, que estas actuaciones militares que las leyes de Defensa y de Seguridad Interior prohíben ¡se definirían por decreto! Fenomenal.

En fin, “por ahí va la burra” como decía mi abuelo. El contenido del proyecto es insanablemente contradictorio y contrario a la separación de defensa y seguridad.

 

Un manejo vicario, subrepticio y solapado.

Tanto la iniciativa del Presidente como la de Massa se proponen una alteración o una disolución de hecho de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. Ambos comparten la idea de que las Fuerzas Armadas pueden participar en misiones de seguridad interior sin los límites que esas leyes les imponen. Los dos sin embargo las mantienen, es decir eligen no derogarlas porque las dos integran un terceto que expresa aún un sólido, viejo y respetable consenso interpartidario. Temen quedar expuestos y perder crédito político si operan abiertamente contra él. En consecuencia, los dos se manejan en forma vicaria, subrepticia y solapada.

Macri para sostener un acuerdo/canje con los Estados Unidos y también para disponer de mayores recursos en términos de fuerzas de seguridad pasibles de ser aplicados al control y/o represión de la protesta social.

Massa, por mero oportunismo.

 

 

 

Dejá tu comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.