La corrupción judicial, aquí y allá

Por matar, el Chango Rodríguez fue condenado a la misma pena que Lula por un delito que no cometió.

 

Hoy comienza a salir a la luz sin retrocesos ni dudas la corrupción judicial. Preocupa y con razón la decisión judicial inspirada en una alianza política entre jueces y fiscales para dejar de lado la ley y decidir según convenga a cierto grupo político, a ciertas ideologías, decisiones que se traducen como persecución penal y prisión del inocente, del contradictor, de paso, eliminación de un adversario político de fuste en los comicios ya  realizados.

Los países de la región, desacreditados los golpes de Estado militares, son, lamentablemente, el ejemplo más claro de ese proceder, Brasil en primer lugar. No quisiera que lo que voy a expresar signifique el menor reproche a las investigaciones periodísticas actuales que comienzan a verificar la trama de corrupción que preside la condena y el encarcelamiento del líder brasileño que cumplió la honrosa misión, durante su gobierno, de propagar la igualdad en un país desigual al extremo.

Pero creo que la iniquidad de la condena judicial se podía observar claramente desde ella misma, desde su lectura. Claro es que para ello el lector debía tragarse cientos de páginas escritas sin ton ni son por quien es hoy nada menos que ministro de justicia del país hermano. Yo lo debí hacer por obligación moral, al requerirme su abogado defensor un dictamen sobre esa condena, dictamen que fue publicado en Buenos Aires por El cohete a la luna en idioma castellano, y que, sin otra alternativa, analiza la sentencia desde el punto de vista jurídico y en el idioma tan particular que lo preside, en ocasiones ininteligible para quien no es jurista de profesión.

Hoy me propongo corregir este último problema y decir de modo claro y en idioma común —aspecto que no significa vulgar o de argot—, cuál es el trasfondo corrupto de esta sentencia de condena, trasfondo que, a mi juicio, está confesado en la misma decisión por su autor.

En primer lugar, el autor confiesa que dejará de lado la ley civil de su país que regula el derecho de propiedad individual. Recuérdese que Lula fue condenado por recibir un departamento —al parecer de lujo— de manos del constructor como dádiva por su cargo de presidente del Brasil, sin conocerse, al menos en la sentencia, contraprestación alguna, que se supone pero no se determina. La  única verdad allí consiste en que, en años anteriores, la esposa del Presidente había entregado a la organización que lo edificaba una seña por un departamento menor que le gustaba, seña que luego quedó desistida cuando la operación se deshizo, por expreso pedido escrito de Lula y su señora (a la época de ser juzgado Lula, su mujer ya había fallecido). Se conoce por experiencia que la adquisición o transmisión del derecho de propiedad de un bien inmueble sólo es posible mediante un acto formal público, regularmente una escritura pública, esto es, un documento escrito y desarrollado por un escribano en el cual constan las condiciones del contrato de transmisión del dominio (= propiedad).

Nada de esto existe, ni siquiera el precontrato, aquí llamado “boleto de compraventa”, que se suscribe entre comprador y vendedor para reservar la unidad. De allí que el juez, para demostrar la adquisición de la propiedad como dádiva —coima en idioma vulgar de nuestro país, propina en Brasil— haya debido confesar primero que el Código Civil brasileño, que regla la transmisión de propiedad de los inmuebles, no existía para él —según sus palabras, no era aplicable en materia penal—; sólo su voluntad viciada y su incultura pudo afirmar la existencia de una dádiva. Recuerdo para no incurrir en ocultación de datos, que estaba totalmente claro que Lula no había habitado ese inmueble, que ni siquiera había sido visto por allí por vecinos u otras personas, ni tenía efectos personales en el departamento objeto del delito, esto es, en momento alguno lo había poseído. Más aún, se convirtió en realidad una enorme contradicción judicial al fallo, posteriormente a él: la quiebra de la compañía constructora dio lugar al embargo del departamento en cuestión, todavía en su patrimonio, y luego a su remate o venta. Todo ello hubiera sido imposible si el departamento pertenecía a Lula.

Quizás sea bueno acudir a un ejemplo idéntico, pero más simple y cotidiano, para advertir  la malicia del fallo. Mi esposa y yo concurrimos un día de la semana a realizar las compras generales en un supermercado de la zona donde vivimos. Las cosas muebles se adquieren, básicamente, por posesión de ellas; la transmisión de la propiedad coincide con el traspaso de la esfera de custodia del vendedor, básicamente, cuando el comprador paga y supera la caja del comercio en el que adquiere la mercadería. Es normal que mi esposa se estacione en los yogures, yo, en cambio, prefiero los quesos. Advertimos un yogur griego cuyo valor —el envase pequeño en el que viene cuesta $ 200—; nos hubiera gustado probarlo pero su precio lo impidió y volvimos a situarlo en el anaquel correspondiente. A continuación mi detención en los quesos: observo el valor , los saco del anaquel para observarlos y finalizo la búsqueda colocando en el carrito un par de ellos en oferta y dejando los demás. Aparece como ridículo que, luego de pasar por la caja con todos los productos verdaderamente comprados y pagado su precio, nos impute un hurto el personal del supermercado que nos ha estado observando, bajo el fundamento de haber hurtado aquellos yogures y aquellos quesos de cuya compra desistimos antes de pasar por la caja. El razonamiento sería idéntico: ustedes tuvieron en sus manos aquellos yogures y aquellos quesos, nosotros no respetamos aquí el método de adquisición de la propiedad de ellos según el Código civil. La acción —nótese— tendría otra definición si nosotros hubiéramos pasado la caja con los yogures y los quesos escondidos.

Esta confesión del juez, hoy ministro, vicia por completo la sentencia, precisamente porque él no puede inventar a su gusto el modo de adquisición del dominio —propiedad— sobre las cosas inmuebles —que, por otra parte tiene su razón de ser—, razón por la cual Lula nada recibió de la Compañía constructora, según lo presume la sentencia.

En segundo lugar debo yo ahora confesar que nunca entenderé el sistema de enjuiciamiento penal del Brasil, con reminiscencias inquisitoriales, que no puede llamarse juicio penal en país alguno del mundo civilizado hoy en día, ni sería reconocido como tal en ellos. Los cientos de páginas de la sentencia no hacen más que poner de relieve esta aseveración: investigan los hechos denunciados los jueces, que labran actas escritas o registradas sobre esos menesteres  y dictan sentencia ellos mismos sobre la base de esos registros. Así se procedió en el caso por el juez ministro. Hoy en día los jueces que juzgan deben ser por completo extraños a los actos de investigación de los elementos de convicción del caso, que les deben ser presentados por las partes en el juicio penal para ser valorados en la sentencia.

Por último, para terminar sin cansar, incluiré una anécdota. El cantautor folklórico “Chango” Rodríguez, fue condenado a fines de 1963 en Córdoba por haber matado dolosamente a una persona de un pistoletazo en una disputa, según se dice, por mujeres. La pena fue de 12 años de prisión y el Chango cumplió 8 de ellos encarcelado para ser liberado condicionalmente. Así nació la famosa zamba “Luna cautiva”, del Chango, que murió algo después, admirado en Córdoba, ciudad de su nacimiento, y en La Rioja, provincia de origen de sus padres, según creo. Parafraseando a Verbitsky, ésa es la música que escuché al escribir algo enojado estas líneas. Lula, después de un gobierno progresista del Brasil, con las dificultades que ello implica, fue condenado por el juez ministro a la misma gravedad de pena. ¿No les parece que la comparación está fuera de toda relación?, para lo cual basta observar lo dañado por cada uno de los delitos imputados y su trascendencia.

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12 Comentarios
  1. MARIO TARRIO dice

    Estimado Julio. Otra vez leo con admiración sus comentarios sobre los fallos desastrosos que se emiten en nuestras peloteadas democracias sudamericanas (quizás podríamos agregarle algo de lo sucedido en El Salvador o Guatemala en igual sentido). Lo de Moro en Brasil no resistiría un análisis realizado por algún alumno de 2do año de nuestras facultades. Es, realmente, una vergüenza jurídica, una payasada incoherente y sin sustrato jurídico elemental. Y así y todo, fue confirmado en todas las instancias (????). Lamentablemente, en nuestro país algo similar está sucediendo con los fallos de Bonadío, quien saltó a la judicatura desde una servilleta. Abrazo

  2. Osvaldo Guglielmino dice

    Excelente como siempre, Dr. Maier. Es un gusto leer sus notas, además de compartirlas. Creo que ni siquiera aquí, modernamente (que no es poco decir), hemos tenido un caso tan patético como el de Moro.

  3. Latifi emma ALI dice

    No se porque se borrò mi comentario. Reitero, soy abogada y jamas un juez argentino saltò por encima de la Constituciòn como lo hizo el Juez Moro, al no encontrar pruebas, fallar en contra de Lula por «intima conviccion». Es vergonzoso .No existe otra palabra que mejor exprese ese fallo .Hoy estamos viviendo esta estafa institucional aca en Argentina.

  4. Latifi emma ALI dice

    Soy abogada y sufro enormidades ante la desverguenza de los jueces. No olviden que finalmente el Juez Moro al no tener pruebas, lo condenò a Lula «por intima convicciòn». Nunca un juez argentino , saltò por encima de la Constituciòn de esa manera y que hoy tambien lo vemos en Argentina. Sufro mucho toda esta estafa institucional.

  5. Maldoror dice

    Desafortunadamente, Don Julio, la Magistratura oriental no precisa de demasiadas presiones para acogerse a los «nuevos vientos», sin que ello implique que esté en modo alguno dispuesta a rechazar ayuda si le viniere. Las reiteradas maniobras para obstaculizar, ya sea la prosecución de las causas o la supervisión del efectivo cumplimiento de las penas en los casos de crímenes de Lesa Humanidad cometidos entre 1973 y 1984, son tan parte del folklore uruguayo como los punteos guitarreros que acompañaban a Zitarrosa: baste decir que al torturador Nino Gavazzo, condenado a reclusión perpetua y gozando del beneficio de la «prisión domiciliaria», se le retiraron tanto la custodia policial como el dispositivo de control electrónico (tobillera), lo cual equivale a una excarcelación de hecho. Pero amén de esto, la picaresca llega a extremos de innovación doctrinaria que parecen escapados de los cuentos de Don Verídico. Véase, por caso, la investigación conocida como Petre-Bonahón, referida a irregularidades cometidas en la Intendencia Departamental (equivalente a un Gobierno provincial) de San José. Según una de las juezas intervinitenes, Graciela Gatti, “las efectivas desprolijidades constatadas no existen en autos elementos de convicción suficientes respecto de la comisión del delito por el que se solicitó el enjuiciamiento”. Según Su Señoría, “la administración llevada por los imputados resultó “desprolija, descuidada o displicente”, pero ello “no significa sin más que se haya verificado un delito”. Para el Tribunal de Apelaciones “Es cierto que las malas prácticas consuetudinarias estrictamente no transforman en lícitas conductas que no lo son, pero no es menos cierto que impiden concluir que ha existido por parte de los indagados desviación o abuso en el ejercicio del cargo”. Si es costumbre, no es delito. Un garantismo que emociona: la «reiteración real» de una conducta acabaría por despenalizarla. De más está decir que la Intendencia investigada está en manos del (muy democrático, republicano y opositor al Gobierno uruguayo) Partido Nacional.

  6. Maldoror dice

    Estimado Dr. Maier,

    Existe acá en la República Oriental del Uruguay un periodista que ejerce de Fiscal Ciceroniano de la transparencia y la honestidad a título de fundamentalismo progre, pero desde micrófonos pagados por la derecha. Su nombre, Daniel Figares, no viene al caso en absoluto (pero si alguien quiere dejar en su muro de Facebook un link a esta nota….). En su muro de Facebook publica documentos, dizque auténticos, según los cuales la extinta Sra Da Silva incluiría (perdón por el uso clariniano del potencial) en su Declaración Jurada de impuestos el famoso apartamento. Estaría bueno que se refutara tal afirmación, de ser posible, y / o se explicara tal circunstancia a la luz de lo expuesto en su nota.

  7. liliana dice

    La claridad, sencillez y simpleza de una gran maestro del Derecho. Gracias Julio Maier.

  8. Julio dice

    Recuerdo cuando la revolución nicaraguense, desde yankeelandia se confeccionaban manuales para sabotear socialmente a la economía de ese país. Bueno, ahora sucede algo similar. Desde el norte se imprimen manuales para atacar a las democracias populares, fomentando la asociación ilícita de los gobiernos, medios y poder judicial con ese fin. O sea, dictadura sin FFAA. Ahora vienen por Uruguay y Bolivia.

    1. Maldoror dice

      Desgraciadamente, Don Julio, la judicatura uruguaya no requiere de semejante ayuda exterior (aunque, de más está decirlo, de ninguna manera estaría por la labor de rechazarla si ofrecida le fuere). El continuado esfuerzo en pro de obstaculizar toda causa relativa a las violaciones a los DD HH en dictadura es más que conocido (la mayor parte de los progresos en cuanto al esclarecimiento de esos crímenes proviene de Argentina, y de la Década Perdida, lo cual salvo algunos esclarecidos no mucha gente en el Uruguay parece reconocer ni tampoco importarle hacerlo). Por otra parte, la parcialidad manifiesta de jueces a la hora de, por ejemplo, retirar la custodia y el dispositivo de control (tobillera) a un condenado (el torturador Gavazzo) acogido a la «prisión domiciliaria», a más de llamativas innovaciones doctrinarias como en el caso de ilícitos comprobados en una Intendencia Departamental en manos del opositor Partido Nacional, en las que se determina que, y cito, a pesar de «las efectivas desprolijidades constatadas no existen en autos elementos de convicción suficientes respecto de la comisión del delito por el que se solicitó el enjuiciamiento”, a pesar de reconocer que “la administración llevada por los imputados resultó “desprolija, descuidada o displicente”, pero ello “no significa sin más que se haya verificado un delito”. En conclusión, para el Tribunal de Apelaciones de San José (Uruguay), “Es cierto que las malas prácticas consuetudinarias estrictamente no transforman en lícitas conductas que no lo son, pero no es menos cierto que impiden concluir que ha existido por parte de los indagados desviación o abuso en el ejercicio del cargo”. O sea, si es costumbre no es delito: el uso de la «reiteración real» como atenuante es de un garantismo que emociona. La causa, si Don Julio anda con ganas de echarse unas risas, es conocida como Petre-Bonahón.

      1. Julio Maier dice

        Me provoca algo de gracia que mis artículos de opinión sean más apreciados en Uruguay que en mi propio país, pero ello pone de manifiesto que nuestra judicatura es, casi diría por definición, «acomodaticia», pariente del poder establecido. Casi siempre las organizaciones verticales sufren este problema que me ha permitido a mí, por supuesto «en familia» -esto es con amigos y en términos vulgares, sin necesidad de acreditación (aunque existen hechos históricos que lo demuestran)-, expresar la idea de que, si la próxima elección desplaza el poder político de nuestro país, el problema judicial que sufrimos se irá acomodando por sí mismo, algo que no deja de ser preocupante.

        ¡Yo que quiero tanto al Uruguay y, cansado de los problemas de mi país, había propuesto a mi familia inmediata, trasladarnos a vivir allí!, propuesta que, como ven, no prendió.

        Gracias y abrazos. Julio

        1. Maldoror dice

          Queremos ambos, y mucho, a la República Oriental. Yo soy oriental por adopción, argentino nativo, quizá eso explique el repentino aumento del interés por sus columnas más allá del Río de los Caracoles…

  9. CESAR GONZALEZ ARROYO dice

    Magnifico analisis Dr Julio Maier !!!!!!!!

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