La Corte Suprema no le dio el gusto al gobierno de Javier Milei en un tema sensible: evitó pronunciarse sobre la aplicación de la categoría de lesa humanidad a las acciones llevadas adelante por grupos político-militares durante los años ‘70. Y lo hizo sotto voce en una causa muy sensible para la administración libertaria: la que se centra en la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, cuyo hijo es asesor en materia de derechos humanos en el Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri.
El jueves hubo acuerdo en la Corte Suprema. Desde el máximo tribunal, se difundieron algunos casos que se habían firmado con impacto político o mediático. El expediente Larrabure no fue uno de ellos. Los supremos preferían que el tema se diluyera y no aparecer confrontando con la Casa Rosada, el Senado y sus aliados. En dos párrafos, los cortesanos declararon que era “inoficioso” un pronunciamiento.
“De acuerdo a (la) conocida doctrina de esta Corte según la cual sus fallos deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta –aunque aquellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal (...), la cuestión traída a estudio se ha tornada abstracta”, dice el fallo que firmaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
¿Por qué la Corte dice que la discusión se tornó abstracta? Porque el 22 de septiembre de 2024 murió Juan Arnold Kremer, el dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores- Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) conocido como Luis Mattini. La querella que encabeza Arturo Larrabure, hijo del coronel, venía pidiendo la indagatoria de Kremer y la calificación del hecho que damnificó a su padre como un crimen de lesa humanidad.
El 11 de agosto de 1974, el ERP tomó la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de la ciudad de Villa María, Córdoba. En esa acción, Larrabure padre fue tomado prisionero. Estuvo en esa calidad durante más de un año. En agosto de 1975, su cuerpo apareció en un camino de las afueras de Rosario. La organización explicó que se había ahorcado; la familia insiste en que fue asesinado.
Nada impidió entonces que el caso se investigara. Incluso, una de las primeras medidas de la dictadura que se inició en marzo de 1976 fue colocar un busto de Larrabure en la Fábrica de Villa María para reivindicarlo. El acto se hizo el 23 de agosto de 1976. “Concurrieron autoridades de la DDGGFFMM (Dirección General de Fabricaciones Militares), presididas por su Director General, autoridades judiciales, municipales, civiles y eclesiásticas, como así también todo el personal de Fábrica y público especialmente invitado, llevándose a cabo los actos de acuerdo al dispositivo programado”, decía en uno de los libros que analizaron los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que funcionaban en Defensa hasta que Petri los cerró.
Arturo Larrabure pidió la reapertura de la causa en 2007, un año después de que comenzaran los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Larrabure hijo contó en una entrevista en La Nueva Provincia, citada por Germán Ferrari en su libro Símbolos y Fantasmas, que sintió que algo cambiaba a partir del momento en el que Néstor Kirchner sacó a los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para construir allí el espacio de memoria.
Larrabure ha venido sosteniendo ante las instancias judiciales que se trata de un “crimen cometido en el marco del ataque sistemático de la población civil llevado adelante por el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) para imponer su plan criminal”. Únicamente contó con el apoyo del fiscal general Claudio Palacín.
En 2007, el entonces procurador Esteban Righi firmó la resolución 158, que decía que no podía considerarse un crimen de lesa humanidad ni un crimen de guerra. Se hacía eco de un informe que habían producido los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti, en el que se señalaba que:
- Al momento de los hechos, solamente eran considerados de lesa humanidad actos cometidos por el Estado o por organizaciones vinculadas a él; y
- El ERP no ostentaba el control del territorio ni se registraban operaciones armadas de envergadura y prolongadas como para sostener la existencia de un conflicto armado.
En 2017, el juez de grado rechazó la indagatoria de Kremer. Al año siguiente, la Cámara Federal de Rosario convalidó la decisión. Dijo entonces que:
- Larrabure no podía ser considerado un civil;
- No podía aplicarse el informe que produjo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el copamiento del regimiento de La Tablada, en el que se hablaba de un conflicto interno;
- El ERP no tenía control territorial; y
- No se podía considerar que el Estado favoreciera el accionar de la guerrilla.
El tema escaló hasta la Cámara Federal de Casación Penal. El 26 de diciembre de 2018, la Sala II del máximo tribunal penal rechazó los recursos de la querella de Arturo Larrabure. Lo hizo con los votos de Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Slokar, en su pronunciamiento, ratificó la resolución 158 de Righi.
Desde entonces, la Corte le ha aplicado la cronoterapia al tema –el eufemismo que usaba Carlos Fayt para explicar el cajoneo de las causas–. Era un pronunciamiento a todas luces espinoso, dado que un sector del establishment pensaba en ésta como una causa testigo para desatar la persecución penal contra los militantes de los años ‘70 al equipararlos con los militares que implantaron un sistema de centros clandestinos, tortura, muerte y desaparición de personas.
Es un caso sensible también para el gobierno, ya que tan pronto como Milei llegó a la Casa Rosada los cronistas detectaron que aparecieron estampitas con la cara del coronel Larrabure. Arturo Larrabure es asesor de Petri en materia de derechos humanos y, además, integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Victoria Villarruel.
El 24 de marzo pasado, el gobierno anunció que había firmado un acuerdo de solución amistosa con la familia Viola para declarar que las acciones de la guerrilla eran crímenes de lesa humanidad. Parte de ese acuerdo, según trascendió, incluiría enviar una ley al Congreso para convalidar esa posición. El abogado de la familia Viola es Javier Vigo Leguizamón, el mismo letrado que patrocina a Larrabure. Vigo Leguizamón también es parte del Celtyv y hace más de 20 años quería promover la reconciliación entre el dictador Jorge Rafael Videla y Mario Firmenich, líder de Montoneros. El intento quedó plasmado en su libro Amar al enemigo.
Las organizaciones pro-militares tienen sus expectativas centradas en otro expediente de la “justicia completa”: el que investiga la bomba en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal, donde funcionaba un centro clandestino de detención y la Policía Federal concentraba su estructura de inteligencia. Allí consiguieron un espaldarazo de la Cámara Federal porteña, que dijo que debía investigarse como una grave violación a los derechos humanos. La Casación recién tiene previsto empezar a analizar el tema en octubre.
* Artículo publicado en Página/12.
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