Sturzenegger es otro juez supremo, pero por decreto delegado. La delegación legislativa de la ley Bases le concedió al Poder Ejecutivo la posibilidad de derogar y modificar, de forma masiva y en bloque, legislación vigente. El Poder Ejecutivo a su vez lo delega abiertamente en la cabeza que preside el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Sturzenegger termina siendo una Corte Suprema paralela donde se podría ir a pedir que regulaciones y controles sean borrados sutil o brutalmente, de forma directa o indirecta.
La eliminación de instituciones materiales vacía el control administrativo con base legislativa, pero al borrar o cambiar un artículo, una palabra, una coma, se puede neutralizar el objetivo de una institución, una estructura del Estado y habilitar un nuevo mercado, un negocio antes bajo razonable supervisión legal.
Así Sturzenegger se transforma, gracias a la firma del Poder Ejecutivo, en un legislador negativo todopoderoso. Una suerte de Corte unipersonal, una “Corte de uno” que puede vetar en bloque legislación de los últimos cuarenta años de democracia. Según los principios con jerarquía constitucional, de progresividad, por ejemplo, entre otros, eso devendría claramente inconstitucional, además de políticamente regresivo y socialmente lesivo.
Una de las formas de ocultar el daño social y los privilegios creados, íntimamente vinculados, es generar una derogación masiva, “atómica”, global. El legislador negativo también construye ganadores y perdedores, mercados y privilegios; destruye obligaciones estatales y concede “permisos” a ciertos actores hoy desatados.
Sturzenegger tiene un poder arbitrario y desnudo que ni siquiera los jueces supremos tienen. Es una facultad legislativa negativa en el Ejecutivo que también tiene algo de judicial, de veto judicial masivo. Contraria tanto a los artículos 1 y 29 de la Constitución, entre muchos otros, de forma manifiesta.
En la Corte Suprema, al menos, se necesita el voto de dos jueces, y eso es pésimo también. Pero además, la Corte, con todos sus severos defectos institucionales, tiene la obligación de dar argumentos constitucionales. No siempre los da y es una vergüenza, una estafa institucional. Cuando lo intenta, a veces también falla, dado que tiene gente cuyo talento es innegable y está malgastado en traducir voluntades de poder en argumentos constitucionales de dudosa calidad, una virtud ficticia que se traduce usualmente en hacer un daño real.
En este caso, la Corte unipersonal de Sturzenegger tiene el decreto delegado en bloque donde ordenará, decretará, que desaparezca la legislación que dictó el Congreso como si fuese una suerte de gran censor legislativo sin obligación de argumentar.
Sin declaración de inconstitucionalidad, sin argumentación, sin disidencias, sin acuerdo de jueces, sin circulación de expedientes, sin jueces ni abogados molestos. La Corte de Sturzenegger es un sueño de los que quieren rediseñar el Estado para usarlo a su favor.
Una Corte unipersonal, sin política, sin el engorroso trámite legislativo, sin la deliberación, sin esas ratas (sic) del Congreso, es también una Corte que se proyecta hacia el futuro sin abogados, sin toda esa cosa que desprecia la contra-elite actual de la política.
Los abogados que lucraron durante 40 años de democracia permiten esto y entregarán a la nueva generación de abogadas y abogados a que sean derrotados por la economía achicada y por la inteligencia artificial, a que se maten entre ellos, a que intenten “salvarse” entrando a trabajar en un Poder Judicial cada vez más cínico y violento, picando carne y defendiendo privilegios feudales.
Cabe decir algo importantísimo: se entiende la necesidad de simplificar la burocracia insensible y de que el Estado sea más eficiente. Sin embargo, quizás no estamos ante ese plan de acción. Es una tarea política, inclusiva y merece algo mucho más serio. Lejos de solucionarse por decreto.
Sturzenegger es el único juez supremo de una Corte administrativa con poder de veto sideral. Con una interpretación de la Constitución demencial, en extremo cínica, e interesada. En definitiva, una Corte unipersonal sin frenos ni Constitución.
La mesa de entrada imaginaria de la Corte unipersonal
¿Cómo funciona la mesa de entrada imaginaria de esta Corte? En el mejor de los casos imaginarios, lobbistas, grandes estudios jurídicos y operadores pueden pedir en una imaginaria mesa de entrada de esta Corte paralela la modificación de aquella legislación que afecte a sus clientes y quizás la oficina, los funcionarios del Ministerio, el ministro todopoderoso, puedan analizar si pueden traducirla en “libertad económica” o “eficiencia”. De un plumazo, se derogará o modificará.
Se puede ocultar la derogación basada en la afectación de un interés privado sectorial bajo una cínica razón pública ya vaciada de contenido. Eso es lo que suele hacer la Corte. De hecho, en este caso es innecesario. El decreto ordena, ejecuta, no da razones ni argumentos. No tiene justificación específica. Para ocultar bien que se hace algo a pedido, se puede hacer una derogación masiva que oculte, en un complejo digesto negativo, las derogaciones solicitadas individualmente. Una suerte de código administrativo negativo, una descodificación administrativa.
Quizás es más realista imaginar que los estudios jurídicos están trabajando “gratuitamente” (risas) en el decreto delegado —o en la tan mentada "Ley Hojarasca"— que generará los permisos, privilegios, que hará su tarea de asesoramiento privado más fácil. Eso es negado —como veremos en el video— por Sturzenegger, justamente porque, según él, les quitaría trabajo, aunque los profesores de derecho constitucional (mencionados más tarde) quizás tienen experiencia en esos estudios jurídicos. “Los académicos”, como García Mansilla y otros, son abogados de estudios jurídicos, más que puramente académicos.
Los estudios jurídicos corporativos más sólidos y letales, personas fogueadas por las tensiones más extremas, por los conflictos legales más complejos, pueden estar representados por una persona que evalúa la calidad de la legislación “por kilo” con dos pilas de resmas de papel.
En contra de los escenarios explorados, Sturzenegger niega haber hecho eso y afirma haber hecho todas las modificaciones con un equipo de siete personas, de las que cuatro son estudiantes de derecho de UDESA, el resto, profesores de derecho constitucional (posiblemente un amigo de García Mansilla, otro llamado Federico) y cero presupuesto. Literal, sus palabras. Pasemos a sus declaraciones.
La protección "vaga" de los glaciares y la horrible yerba mate
Dejemos de lado los problemas constitucionales de la delegación legislativa y la ausencia de control judicial y político que ya hemos analizado en otras notas. Más allá de los defectos de la redacción constitucional (arts. 76, 82, 99, inciso 3, Constitución nacional), del pésimo criterio político e institucional de la delegación de la ley Bases y de que la legislación que la controla de manera imperfecta es inconstitucional (Ley 26.122) porque contradice incluso la pésima redacción del art. 82 de la Constitución, más allá de eso, cabe escuchar el plan de acción, que seguramente incluye más decretos delegados y el proyecto de "Ley Hojarasca". La tan mentada Corte unipersonal en acción.
La última charla del ministro Sturzenegger en el BID es interesante para analizar los discursos. En paralelo hay que analizar los hechos concretos, las resoluciones específicas y el ecosistema de actores, de personas que intervinieron, que sigue siendo poco claro y transparente.
En esa charla Sturzenegger dice que en su Ministerio simplificar no es suficiente, sino que hace falta algo más. También reconoce que tiene aproximadamente 70 días para implementar lo delegado.
Se pone dos objetivos. 1) Derogar y 2) Modificar legislación. Lo que se ve gráficamente en la foto (más abajo) de la presentación.
Con siete personas (minuto 35), cuatro estudiantes de derecho de la UDESA (Universidad de San Andrés) y otros expertos en derecho constitucional de la misma universidad, realizó una tarea que le llevó aproximadamente dos años. Uno de ellos, llamado supuestamente también Federico. No hay más especificaciones de los integrantes del equipo. Sin presupuesto. "Cero pesos", palabras del ministro.
Los ideales participantes de estos fueron “profesionales independientes que comparten nuestra visión del mundo” (minuto 36:11) y no con personas del ecosistema que “no serán muy revolucionarias”, porque trabajan con el derecho que el gobierno quiere borrar.
Ese equipo revisó todo el derecho argentino y lo dividió en tres grupos: 1) Leyes que están bien; 2) leyes que hay que derogar, y 3) leyes que hay que modificar.
Después de confirmar que no sabe nada de derecho ambiental (min. 35), dice: “Tenemos un problema con la Ley de Glaciares”, dado que la regulación de las áreas cercanas de los glaciares impide la actividad minera (min. 37 aprox.), por ejemplo.
Sin leer papers, sin leer resúmenes, sin tener reuniones, Sturzenegger dice que le pide a estos profesionales: “Bajate la ley de Infoleg y ponela en un Word para decirme lo que querés cambiar de la ley”. Muchas de las personas con las que habló (el 70%) no volvieron a comunicarse (min. 38 aproximadamente) porque, según el ministro, no querían trabajar gratis. De esa forma, después de dos años llegaron a esas dos pilas. Una para las leyes a derogar y otra para las que hay que modificar. Todo esto se hizo, según Sturzenegger, para la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Su línea de trabajo anterior (para la candidata) y posterior (para el actual gobierno) se confunde, lamentablemente, en su exposición.
Se jacta de eliminar regulaciones que permiten vender más yerba mate “que es algo horrible que tomamos” (min. 48).
Sturzenegger habla en el lenguaje de la técnica legislativa (min. 47:33), casi de la filosofía analítica, y explica que “hay redundancias” en las leyes. O sea, vaguedad, imprecisiones, textura abierta, dobles derogaciones, lagunas, contradicciones, etcétera.
Afirma que “la desregulación es anticorrupción” (min. 45), algo que es dudoso y falaz.
Señala que “la grasa de los gobiernos” (min. 59) provinciales supera la situación del gobierno nacional. “Hay mucho trabajo que hacer en los gobiernos provinciales”. Dice eso después de explicar que muchos de los derechos (salud, educación, seguridad) son sugestivamente deberes de las provincias.
Finalmente, en el minuto 100 se toca el tema de la posible reforma constitucional. “Existe la tentación para una reforma” constitucional “para proteger nuestras reformas”, “como en Chile, Colombia con su Banco Central”. “No hemos llegado a ese punto todavía”. “Queremos que el Estado tenga un tamaño más razonable”. “Cuando la economía se reactive y colapse el Estado superfluo”. Mientras tanto, “queremos apoyar a la gente en este proceso de libertad económica, con un Estado más pequeño” (min. 102).
En el final de la charla habla de la honestidad y empatía de Javier Milei. “Tiene ángel”, afirma. Antes de eso, es al menos paradójico que Sturzenegger, olvidando o ignorando el origen de su propio apellido —“el que viene de/vive en la caída de la montaña”— diga que “en democracia uno se puede caer al precipicio, todo puede ser un poco desordenado” (min. 105). Hacia allá vamos.
* Lucas Arrimada es abogado. Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.
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