La cosa nostra

La famiglia presidencial quiere pagar una deuda con un edificio del Estado

La deuda de la familia presidencial con el Estado por el Correo Argentino SA asciende a unos 4.000 millones de pesos, es decir casi el doble del presupuesto que requiere Aerolíneas Argentinas este año o la mitad del dinero destinado a los subsidios a la industria. Se sabe, el Estado intenta cobrar la deuda desde 2001 cuando la compañía entró en concurso de acreedores. El concurso que no debía haber llevado más de tres años, lleva 17. Entre 2003 y 2015, Correo SA hizo dos ofertas que el Estado rechazó. En junio de 2016 hizo una oferta que el nuevo gobierno aprobó y luego debió rechazar en medio de un escándalo. La fiscal Gabriela Boquín dijo que era ruinosa y abusiva porque condonaba casi el 99 por ciento. A más de un año de idas y vueltas, el Correo SA ahora volvió a hacer otra oferta pero peor: ya no ofrece menos, ofrece un edificio del Estado.

 

 

La propiedad está en Monte Grande, es el edificio operativo del Correo Oficial transferido por Néstor Kirchner en 2003 y pertenece a las arcas públicas por disposición del DNU 1075/2003 y de la resolución reglamentaria 32/2004. Pero lo insólito no es sólo eso. El nuevo Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, encargado de la defensa de los intereses del Estado, emitió un dictamen que no rechaza la oferta sino que dice que el edificio está en litigio, como sostiene la compañía. El Procurador que tuvo entre sus clientes al Grupo Macri, incluyó en el dictamen otra posición insólita. Como también desea la compañía, le pidió a la Justicia postergar todos los plazos de vencimiento de la negociación hasta que se resuelvan las causas pendientes. Un período que, así, podría demorarse años. El martes 10 todo esto será exhibido en una audiencia para alquilar balcones. A pedido del Correo SA, la Cámara Nacional en lo Comercial —ámbito donde se discute la deuda— convocó a las partes para revisar y analizar la propuesta que desnuda los intereses de los Macri a un lado y otro del mostrador.

 

Dictamen de Saravia Frías a la oferta del Correo Argentino SA. 18 de junio 2018.

 

El edificio del curreo

La historia de Saravia Frías en el caso comenzó en 2017, cuando el gobierno sacó de escena a quien hasta ese momento ocupaba el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación (PTN), Carlos Balbín.

En junio de 2016, el gobierno aceptó la oferta del Correo SA. En diciembre de ese año, la fiscal Boquín hizo la primera impugnación. En febrero de 2017 amplió la impugnación. Y allí se desató el escándalo. Además de la condonación de la deuda, la denuncia desnudaba el evidente conflicto de intereses. El presidente Mauricio Macri ofreció una conferencia de prensa para calmar las aguas. Dijo que todo el acuerdo volvía a foja cero. Sacó de escena al entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad que llevó adelante esa negociación. Y en su lugar puso al PTN Carlos Balbín. Para eso emitió el decreto 201/2017 por el cual amplió las funciones de la PTN para intervenir en causas en las que pudiese haber conflicto de intereses. Es decir, las suyas. El decreto anuló la intervención de todos los otros servicios de justicia de los ministerios y puso al jefe de la PTN como único veedor de los intereses del Estado. Además le ordenó a Balbín una auditoría sobre expediente y acuerdo.

 

 

Balbín trabajó. Encargó la auditoría a Guillermo García, un funcionario de carrera que era jefe de auditores. La auditoría concluyó en junio de 2017 con un dictamen aprobado por Balbín. Pero el dictamen nunca vio la luz. Enojó al gobierno. A Balbín le pidieron la renuncia. Y García fue desplazado. Saravia Frías, en tanto, pasó de su puesto de Secretario de Legal y Técnica del ministerio de Hacienda con Nicolás Dujovne a titular de la PTN. Desde allí emitió un nuevo dictamen.

¿Qué decía el borrador del dictamen de Balbín? Que la fiscal Boquín tenía razón. El documento que se filtró a los medios, era muy crítico con la demora en la negociación y repartió culpas entre jueces y Estado porque “activa o pasivamente, ha terminado también consintiendo con la marcada extensión del proceso”. Sobre el específico acuerdo de 2016, mostró que habían existido negociaciones entre el Correo SA y el Estado fuera de los carriles judiciales: la oferta que presentó el Correo SA era igual a una propuesta que sugirió Aguad al funcionario a quien le encargó la gestión. Conclusión, aquello que para Boquín fue un “cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado”, para García y Balbín mostró que siempre hubo un “consentimiento a una situación de indefensión que aún hoy afecta los intereses del Estado Nacional”.

¿Qué dijo el dictamen de Saravia Frías? Dijo que como el acuerdo se suspendió, no tenía sentido hacer una evaluación. El detalle no es un dato menor. Con ese resultado, la PTN licuó la posibilidad de saber si hubo conductas ilegales entre los funcionarios que habían participado del acuerdo. Esas conductas habían comenzado a investigarse en una causa penal paralela abierta luego del escándalo.

Nacido en Salta, Saravia Frías formó parte del estudio jurídico Saravia Frías que tuvo entre sus clientes al Grupo Macri. Quienes siguieron su nombramiento, dicen que llegó por recomendación de los Newman Boys. La memoria de la web lo muestra como habitué en los programas que Dujovne tuvo en la plataforma digital del diario La Nación. Escribió numerosas columnas en el diario de los Mitre con críticas a la posición soberana argentina ante los buitres. En ese sentido, su reciente dictamen parece una buena segunda parte de esa misma carrera.

 

Macri toma juramento al nuevo Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías. Mayo 2017.

 

 

Los problemas de oferta

Lo que ahora está en discusión es la nueva oferta: el edificio de Monte Grande con reformas, ampliaciones y modificaciones. El Correo SA presentó la propuesta el 1° de junio. Entre los papeles, presentaron escritura de compra y copia del Registro de la Propiedad. El problema, sin embargo, es que ese edificio no es de ellos, sino del Estado. Quienes siguen el caso, señalan varias razones:

1. DNU 1075/2003. El DNU tiene peso de ley y está vigente. Establece la transferencia al Estado nacional de todo el Correo Argentino SA, incluido sus bienes. El artículo 5 creó la Unidad Administrativa bajo la órbita del ministerio de Planificación “a los fines de preservar la continuidad del servicio, las fuentes laborales, como así también, el resguardo de los bienes involucrados en la prestación”. Y el artículo 8, estableció las atribuciones de la Unidad, lo dispuso: “Mantener los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que integran el inventario afectado a CORREO ARGENTINO S.A., en las condiciones que los reciba, salvo el desgaste natural ocasionado por el transcurso del tiempo y su buen uso, y efectuar las reparaciones que requiera la conservación de tales bienes”, dice en su inciso E.

2. Resolución 32/04. La resolución reglamentó el Decreto. Y consideró específicamente el caso del edificio de Monte Grande al que incluye en el inventario. El artículo 2 señala: “Aclarar que el reconocimiento mencionado en el artículo anterior es de carácter parcial, limitándose a la totalidad de las inversiones realizadas en la construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta ubicada en la Avda. Fair 1.101, de la localidad de Monte Grande, provincia de BUENOS AIRES”.

3. Litigio I. El Correo Argentino SA abrió cinco causas contra el Estado en el fuero Contencioso Administrativo. Reclama de todo. Desde la inconstitucionalidad del DNU de 2003, hasta daños y perjuicios por la salida de Monte Grande. En 2016, dos semanas antes del acuerdo frustrado, inició otra causa por las inversiones en la concesión. Pero en todos los casos el Correo SA exige plata. No habla de propiedad del edificio. Pide plata.

4. Litigio II. Las demandas pendientes en el fuero contencioso administrativo no pueden interferir en el pago de la deuda. El pago se tramita en un fuero distinto: el comercial, y la Corte Suprema dijo en 2009 que los reclamos en uno y otro fuero corren por caminos separados.

5. Registro de la Propiedad VS DNU. El Estado nacional nunca hizo la transferencia del inmueble al Registro de la Propiedad. Es cierto. Tiene su uso, pero no la titularidad dominial. Sin embargo, eso tampoco anula los derechos: a la hora de evaluar el peso de los documentos públicos, el Decreto con peso de ley prevalece sobre un título de propiedad.

6. Zanjada esa discusión, otro punto insólito de la oferta es la valuación. El Correo SA dice que el edificio vale 1.000 millones de pesos. Pero en lugar de llamar a un tasador para valuar el inmueble con precio actual,  tomaron la valuación de 2003 realizada por el Tribunal de Tasaciones del Estado y le aplicaron algún tipo tasa indexatoria. Así, llevaron el valor de 60.035.200 a 952.256.802 de pesos. Pero otro dato más humano para entender los números, aparece en la escritura de 1999. Ellos dicen que pagaron 1.318.920 pesos/dolares. A precio de hoy, esos dólares serían 38.248.680 pesos. Es decir, unos 38 millones de pesos que son una cifra muy lejana a los 1.000 millones calculados.

 

Sede Operativa del Correo Oficial. Avenida Fair 1101 Monte Grande. Imagen: Google.

 

 

Juez y parte

El 18 de junio, Saravia Frías envió su respuesta a la Cámara Nacional en lo Comercial.

“Contesto vista de la mejora de la propuesta que fuera presentada por la concursada y fuera notificara el 1 de junio de 2018 —dijo— Al respecto informo que: 1) Existen sendos planteos pendientes de resolución en esta causa, y 2) Hay litigios entre Correo Argentino SA y el Estado Nacional en los que se discute, entre otros, la titularidad dominial del inmueble que la concursada ofrece como mejora”.

Y pidió la extensión de los plazos. En síntesis, el Correo SA ofreció pagar con un inmueble que es del acreedor. Es decir, del Estado. Cuando el acreedor le responde, no dice que eso es un disparate. Y a contramano de todas las recomendaciones de sus antecesores, pidió extender los plazos hasta tanto “se resuelvan las cuestiones pendientes”. Por todas esta razones, el Procurador parece haber actuado como defensor del Grupo Macri en vez de haberlo hecho como abogado del Estado. Este es el punto más importante de un pedido de informes del diputado Fernando Espinoza, del FpV. Entre los puntos mas importantes, deja claro que:

1. Dilata. La respuesta de Saravia Frías significa dilatar el concurso. Si la Justicia acepta su pedido, podrían pasar días o pero también años, antes de que la causa se resuelva.

2. Patrimonio. Cuando Saravia Frías dice que existe una discusión sobre la propiedad del edificio, está diciendo que el Estado Nacional no sabe o no tiene certeza sobre cuál es su patrimonio. Una posición que no tiene ni el abogado del más triste bolichero, ¿cómo va a poner en duda sus propios argumentos, sus títulos y demás?

3. Doctrina. El dictamen desconoce la doctrina de la PTN que le obliga a reclamar el pago con celeridad.

4. Ley. El dictamen desconoce el carácter de ley del DNU de 2003.

5. Comentador. El abogado del Estado asumió una posición de comentador o de tercero. No parece como una persona que defienda los intereses del Estado, posición que así lo ubica del otro lado del mostrador.

Saravia Frías debió haber tomado una decisión simple: rechazar la propuesta. Pero esa respuesta no es sólo técnica, sino también política. Macri puso todo en manos de la PTN como gesto de transparencia. Amplió las funciones. Apartó a los hombres que venían de la política como Aguad. Pero aquí es donde ese modelo vuelve a hacer agua. Primero, con el dictamen que buscó salvarle las espaldas los negociadores de 2016, y ahora con una respuesta que lo muestra del lado equivocado del mostrador.

 

 

Fragmento de la escritura de compra del inmueble de Monte Grande. Año 1999. Valor: 1.318.920 pesos/dolares. La traducción en pesos al valor de hoy es de 38.248.680. Unos 38 millones, lejos de los 1.000 millones calculados por los deudores.

El primer dictamen de Boquín puso en crisis al gobierno, porque dejó en evidencia por primera vez que para el Grupo Macri el gobierno nacional es un instrumento más de sus negocios. Con llamativa audacia, el presidente anunció en conferencia de prensa que para evitar conflicto de intereses había ordenado volver todo a fojas cero y se anunció que intervendría la Oficina Anticorrupción para garantizar la transparencia. Pero no sólo removieron a Balbín y desplazaron a García. También apartaron de la investigación penal al fiscal federal Juan Pedro Zoni que llegó a imputar a Macri y a Aguad por la negociación. Y buscan eyectar a Boquín de la causa.

 

 

Por último, el Estado y la empresa familiar presentaron una propuesta idéntica, de conciliar reclamaciones recíprocas, como ahora insiste Saravia Frías. Se comprende la confusión, porque uno y otra son cosa nostra.

6 Comentarios
  1. Guillermo dice

    Simplemente debo decir que”el rey está desnudo”.., pero soy pesimista…, creo que lo van a seguir votando

  2. David dice

    Excelente. Detallada y precisa.
    Que difícil es tolerar tamaña estafa.
    Distinta suerte corrió Cristóbal Lopez y Souza por deudas con el estado. Los unos presos, los otros a punto de cerrar, con moño dorado, la ESTAFA definitiva.
    Abrazo desde Río Cuarto.
    Los leo con un masoquista entusiasmo.

  3. Gerardo Cuesta dice

    Muy bueno Alejandra!!! Gracias por mantenernos informados!

  4. María Neder dice

    ¿Más claro? Imposible
    Gracias !!!
    Muy buen resumen y continuidad discursiva Alejandra Dandan.
    Abrazón desde Salta

  5. Sergio Beird dice

    Hola,
    por favor pongan la fecha de cuando fue escrito/publicado el artículo.

    Muchas gracias

    1. Alejandra Dandan dice

      Hola. Es de hoy domingo 8.

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