El caso $LIBRA no es una broma, ni un meme, ni una travesura digital. Es un escándalo financiero de escala internacional, con cientos de damnificados, millones de dólares en juego, fondos congelados en Estados Unidos, investigaciones judiciales en curso en tres países y el nombre del Presidente de la Nación en el centro de la escena. Y, sin embargo, el Congreso argentino sigue paralizado. O, peor aún, deliberadamente bloqueado.
Desde hace más de un mes, la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para investigar este caso no puede sesionar. ¿La razón? No logra elegir autoridades. ¿El motivo real? La Libertad Avanza y el PRO se niegan a permitir que la presidencia recaiga —como corresponde por número— en un bloque opositor. Y lo hacen escudándose en un empate técnico que, en realidad, no representa el equilibrio real de fuerzas en el Parlamento.
La trampa de la minoría: 14 traban a 257
La comisión especial para investigar el caso $LIBRA está compuesta por 28 diputados: 14 del oficialismo (La Libertad Avanza y el PRO) y 14 de la oposición. Esa paridad —fruto de un reparto acordado— no refleja la realidad política del Congreso. Hoy la Cámara de Diputados tiene 257 integrantes, y la oposición representa 136 bancas, es decir más del 52 % del total. La Libertad Avanza, incluso aliada al PRO, no supera las 117 bancas.
Sin embargo, con solo 14 diputados propios, el oficialismo está logrando lo que no puede hacer en el recinto: bloquear el funcionamiento de la comisión que debe investigar al Presidente. No porque tengan mayoría, sino porque utilizan la paridad interna para empatar la elección de autoridades y evitar que avance cualquier tipo de citación o cronograma de trabajo.
Esta situación pone en evidencia un problema profundo: una minoría de la Cámara está impidiendo que la mayoría ejerza sus funciones de control, burlando el mandato representativo. Es como si, en nombre de un supuesto equilibrio, se le diera derecho a veto a quien no representa al conjunto del pueblo argentino.
De “apoyo presidencial” a “traición digital”
Mientras el Congreso argentino se hunde en la inacción, afuera las causas avanzan. En Estados Unidos se congelaron 280 millones de dólares vinculados al proyecto $LIBRA. En Uruguay, abogados penalistas denunciaron al Presidente argentino por estafa. En España se investiga una posible red internacional de lavado. Y lo más llamativo: el propio Hayden Mark Davis, fundador de $LIBRA, reconoció que el gobierno argentino había comprometido su apoyo y luego “lo retiró”, provocando la caída del token y pérdidas millonarias. Davis pasó de promotor entusiasta a denunciante furioso.
Las declaraciones de Davis no son menores: implican que hubo un acuerdo previo de respaldo institucional, y luego una maniobra de ocultamiento. Es decir, una operación política con finalidad económica, en la que se usó la figura presidencial para inflar artificialmente el valor de un activo digital sin contrato ni regulación. Una maniobra clásica de pump & dump, pero esta vez protagonizada por el mismísimo jefe de Estado.
Ecos judiciales y blindajes selectivos
La Justicia de Estados Unidos ya dio señales: congeló millones, avanzó en causas colectivas y logró identificar billeteras virtuales vinculadas a los responsables. Sin embargo, el nombre de Milei fue evitado en la demanda por razones técnicas, no por falta de implicación política. Lo mismo ocurre en la Argentina: mientras llueven denuncias de estafa y manipulación bursátil, ningún fiscal ha citado al Presidente, ni siquiera como testigo.
Y en el Congreso se niegan incluso a designar una presidencia para iniciar el trabajo de la comisión. La estrategia es clara: impedir que se abran los archivos, que se convoquen testigos, que se documenten vínculos. El objetivo es que la impunidad quede sellada antes de que la verdad logre asomar.
Doble vara, triple impunidad
¿Dónde están ahora los fiscales de la República? ¿Dónde están los editorialistas indignados? ¿Dónde están los jueces del lawfare que procesan por “asociación ilícita” sin pruebas? Están en silencio. Porque cuando el acusado es Milei, todo se relativiza. La Justicia no actúa, los medios se callan, y el Congreso se traba.
La doble vara no es una exageración: es una metodología. Cuando se trata de perseguir a la oposición, el aparato judicial y mediático opera con celeridad. Pero cuando el Presidente se ve implicado en una estafa con criptomonedas, entonces el show se suspende, los micrófonos se apagan y el Congreso se transforma en una escribanía sin tinta.
No es una moneda, es un espejo
Lo que se está jugando con $LIBRA no es el valor de un token. Es el valor de las instituciones. Es la credibilidad del sistema democrático. Es el límite —o la ausencia total de límites— al uso del poder político para fines personales. Es el espejo de una época donde la crueldad se viste de rebeldía y la impunidad se camufla de anarcocapitalismo.
Por eso urge que la comisión funcione. Que se investigue. Que comparezcan los responsables. Que el Congreso no sea cómplice del encubrimiento. Porque si el Parlamento no puede investigar al Presidente, entonces ya no estamos ante una república, sino ante una cripto-monarquía con licencia para estafar.
* Lorena Pokoik es diputada nacional de Unión por la Patria.
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