La cuarentena sin derechos

¿Quiénes somos todes?

 

Dentro de la nevada radioactiva que parece la pandemia del coronavirus, sin memoria en las generaciones vivas de experiencias similares, surgen preguntas tal vez largamente esperadas, la evidencia de la fragilidad individual y la fortaleza del apoyo mutuo, la brutal conciencia de que nuestro bienestar depende de la solidaridad de prójimes que no conocemos y de que mucho de lo instituido debe cambiar. ¿Cómo fue que sostuvimos por tantos años la desigualdad laboral y la precarización? ¿Qué idea de política sostiene un circuito cerrado de privilegios simbólicos y materiales que no vemos sino como espectadoras? ¿Qué sentido social tiene el ser con otre? ¿Cómo recuperar formas de vida comunitaria en donde la dependencia y la vulnerabilidad sean sostenes comunes basados en la confianza y no debilidades? Alienades de esa vida comunitaria y forzades por un virus a recuperarla.

Ema tiene 64 y un novio cama afuera de 62, Ronnie, quien todos los días viaja al Centro en colectivo porque es cuentapropista: si no vende las telas de su familia, no lleva dinero a su casa. Ema le dijo que no se vean hasta que pase la pandemia. Un hombre de 45 años está contrariado: no decidió aún si hacer ir a trabajar a su joven empleada doméstica —quien para hacerlo toma el tren con su hija infante—, porque dice necesitar su casa limpia. Una enfermera de Flores, militante, preparó kits de autocuidado con barbijo, alcohol y guantes de látex para regalar a les vendedores ambulantes de su barrio, sabiendo que no pueden parar de trabajar. Martín organiza excursiones para llevar como guía a escalar el Aconcagua y otras montañas del mundo; es monotributista y espera con ansiedad los planes del gobierno. Su compañera Laura está preocupada porque sabe que el sostén de la familia va a depender de su sueldo. Carina dice desde un barrio de Moreno que el aislamiento es un privilegio de clase, en tanto no haya medidas para cubrir las necesidades habitacionales y alimentarias. Rodrigo es traductor, pide facturas prestadas para cobrar, cree que el Estado no sabe de su existencia; una amiga le ofrece plata para pasar unos días. En Twitter alguien pregunta si ya hubo situaciones de despido por esta crisis y varies respondieron que sí.

La agenda de cuidados es ahora. La inexplicable ausencia de representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sentadas en la mesa interministerial, a 9 días de declarada la pandemia y con una serie de medidas incipientes, todavía puede corregirse y las medidas empezar a tener perspectiva feminista. Además de la novedad del Ministerio que hasta diciembre no existía, existen dos cargos nacionales con funcionarias responsables de la agenda de cuidados.

Las mujeres destinan casi 6 horas diarias a tareas de cuidado no remuneradas, una ocupación que asegura la reproducción social y en la Argentina es impaga. Son tareas que limitan sus posibilidades de progreso educativo y económico, que aumentan la brecha salarial. Los sistemas comunitarios, barriales, públicos, de cuidados son deficientes. La pandemia y el encierro cuentan con agotarlas aún más. Entre las medidas dispuestas está la suspensión de las clases y, en el caso de les estatales, la licencia para une de les progenitores para cuidar a les hijes, no se contempla una licencia compartida y en un país con varones que destinan muy pocas horas al cuidado, esa tarea va a recaer en las madres.

Hay una relación directa entre mayor nivel educativo y menor tasa de empleo no registrado, pero en el caso de las mujeres esa tasa aumenta cuando tienen hijes. Según la investigación El género del trabajo (CIPPEC, 2019) la carga del trabajo de cuidado no remunerado en las mujeres incide en el incremento sustancial de su irregularidad laboral. Cuando el nivel educativo es mayor, la diferencia entre géneros se achica, pero porque resuelven en el mercado, a través de otra mujer, las responsabilidades de cuidado.

En la Argentina la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: el 16,5% de las mujeres ocupadas y el 21,5% de las asalariadas. El 96,5% de las personas que trabajan en tareas domésticas son mujeres. La mayor parte de estas trabajadoras no accede a derechos básicos y arriba del 70% trabaja de manera irregular, sus empleadorxs no hacen aportes. Niñeras, limpiadoras, acompañantes de ancianes y un abanico de cuidadoras que, si no trabajan, difícilmente cobren. ¿Qué mensaje tiene el Estado para ellas? Por ahora, el personal doméstico —trabajadoras de casas particulares— tiene derecho a las licencias por el coronavirus con el pago de las remuneraciones habituales al igual que el resto de los trabajadores: si son población vulnerable.

El aislamiento a veces se complica mal. La convivencia con una pareja violenta, la falta de escuela para chiques que viven con familias abusivas, la soledad y el abandono para les viejes son la contracara del mensaje buena onda de aislamiento solidario. Según informó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se reforzó la línea 144, que responde a cualquier hora y contiene, informa y asesora ante situaciones de violencia machista. También podrán comunicarse por WhatsApp (11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048), correo electrónico ([email protected]) y descargar una app a través de la página web del ministerio, en donde también hay una guía con recursos locales de asistencia integral.

Con el sistema de administración de Justicia trabajando al mínimo por lo que queda de este mes; la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación propuso medidas para extender las restricciones de acercamiento hasta el fin de este parate judicial, para evitar la aglomeración de denunciantes y para, así también, mantener activas las causas judiciales.

Si “el vecino” es la forma cambiemita porteña de despolitizar la ciudadanía y les habitantes en general, en distintos edificios y barrios les vecines comenzaron a hacer redes de cuidados para les ancianes y que no les falten remedios ni comida. En medio del control estatal a la circulación y los patrulleros más presentes en las calles, parece abrirse una zona de reconstrucción comunitaria y ayuda mutua. En el mismo sentido podría recuperarse la propuesta de Ni Una Menos para las fiestas de diciembre de 2016: poner una cinta en las puertas sigue significando “estamos para nosotras”.

Si es con todes, también es con las putas. El coronavirus bajó la demanda de servicios sexuales. Eso implica que les trabajadorxs sexuales deban dedicar más horas al trabajo para ganar lo mismo. Muchas viven al día, si no juntan la plata no pagan la habitación en la que viven, no comen, no llegan a pagar el alquiler. Esto es algo de lo instituido que debe cambiar: seguir sosteniendo un sistema que discrimina a las putas y a sus familias, las priva de derechos laborales, las expone a violencia institucional y estigmatización. Las putas hace 25 años que pelean por la vía sindical por tener un trabajo registrado, reconocido, por el que puedan tener una obra social y una jubilación.

El coronavirus reveló cómo las existencias fragilizadas por la discriminación moral y clasista pueden volverse más frágiles aún sin red. El sindicato AMMAR está realizando una colecta para cubrir las necesidades de las trabajadoras sexuales en la emergencia (CBU: 19100018-55000108608528) y recibe alimentos en su oficina en la CTA. “El Estado nacional tiene que tener una mirada para les trabajadorxs de la economía popular porque nuestras vidas se han precarizado aún más”, advirtió Georgina Orellano. Pidieron reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social y el de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y elevaron el reclamo de una ayuda especial al gobierno nacional: quieren que se contemple, aunque sea por única vez, la entrega de tarjetas alimentarias para trabajadorxs sexuales y acceso al Salario Complementario Básico. Les prometieron recibirlas y abrir un canal de diálogo.

Personas en situación de calle. Lavarse las manos con frecuencia, limpiar los elementos de cocina y repasar las superficies con un poco de lavandina. ¿Cuáles van a ser las políticas para las personas en situación de calle? ¿Dónde serán alojadas? ¿Y para quienes en estos días no junten la plata para pagar el alquiler? ¿Seguirán los desalojos? En Ciudad de Buenos Aires 7251 personas viven en situación de calle: 871 son niños y niñas. Según el Segundo Censo Popular, el 38 % de quienes viven en la calle tienen problemas de salud y de esos, la mitad son respiratorios. El 10% tiene más de 60 años.

“Una de las medidas que se pueden tomar es anticipar el Operativo Frío que habitualmente arranca en junio. También se pueden abrir centros de aislación que no sean hospitales y tratar de resolver los subsidios habitacionales de manera inmediata y con menos requisitos. Tienen que tratar que haya menos cantidad de ranchada en calle”, dijo a LatFem Horacio Ávila, integrante de la organización Proyecto 7, que trabaja con esta población todos los días.

Las organizaciones ACIJ, el CELS, el CEM, Hábitat para la Humanidad, La Boca Resiste y Propone y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires solicitaron al gobierno porteño que suspenda los desalojos, garantice soluciones habitacionales alternativas si los albergues no alcanzan, agilice los subsidios habitacionales y flexibilice los requisitos, obligue a los establecimientos que reciben a personas en situación de calle a garantizar las medidas de higiene necesarias, adopte medidas específicas de cuidado y prevención para quienes no se acercan a los albergues y permanecen viviendo a la intemperie.

Las personas privadas de su libertad en cárceles y comisarías también están privadas de las medidas que dispuso el gobierno y, en especial, el área de Salud. El Servicio Penitenciario Federal tiene una ocupación del 110% y el Sistema Penitenciario Bonaerense tiene el doble de las personas que puede alojar. Ese hacinamiento incluye detenides que integran los grupos de riesgo. En ese contexto, si el virus ingresara a las cárceles, sería un desastre.

El CELS pidió que los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos hagan un relevamiento de la población en riesgo y que se avance en decidir excarcelaciones, prisiones domiciliarias con o sin monitoreo electrónico y que se revisen las prisiones preventivas y de quienes están condenades por delitos leves o no violentos. Y, además, realizar tareas de prevención. La Procuración Penitenciaria de la Nación hizo una serie de recomendaciones en el mismo sentido, para promover medidas alternativas a la prisión y preservar la salud de les internes.

La crisis del coronavirus es en buena medida una crisis del neoliberalismo: las granjas y criaderos industriales, los mataderos, la necroindustria de la alimentación y las enfermedades infecciosas que salen de esos mercados (la gripe aviar, la gripe porcina, el coronavirus), las masacres posteriores de miles de animales no humanos enfermos. ¿Es una crisis desatada por la industria alimentaria? La agricultura familiar, con menos prensa que las diez marcas que son dueñas de los alimentos del mundo, viene proponiendo formas ancestrales y saludables de alimentarnos.

Por suerte, una crisis permite pensar en las dimensiones y alcances del daño, en las transformaciones posibles. La filósofa Judith Butler propone en Vida precaria. El poder del duelo y la violencia pensar la dependencia fundamental de une otre como una condición inalterable, que sea reconocida como la base de la comunidad política global. Con el resto de crítica que nos deja el aislamiento, podemos traer la propuesta hacia comunidades más chicas, vecinales, laborales, de amigues, de afinidad y hacer que la política sea una forma instituyente de nuevas libertades sociales y de derechos demasiado postergados.

PD: ¿Ya hay un teléfono habilitado para las personas que en las últimas dos semanas fueron despedidas de sus trabajos?

 

 

 

 


  • Esta nota se publicó por primera vez en LatFem.org
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