La cuestión ambiental

Sobre los recientes conflictos asociados a la explotación minera

 

La masiva movilización que se generó con la modificación de la Ley Nº 7.722 en la provincia de Mendoza forzó el retroceso por parte del gobernador Suárez y la derogación de la efímera Ley N°9.209. Una movilización de iguales características se despliega asimismo en Chubut, reclamando la no modificación de la ley XVII-Nº 68 (antes Ley 5.001), que prohíbe la minería metalífera y el uso de cianuro a tal fin.

La problemática que atraviesa nuestra región y nuestro país vinculada a la minería es parte de una agenda de debate de suma importancia, porque involucra una puesta en tensión de los modelos dominantes de explotación de los recursos naturales. Conducida por los intereses de grupos concentrados, la megaminería funciona como una actividad meramente extractiva, donde se exportan minerales sin procesar mientras la población se apropia de una porción ínfima de la renta y padece las consecuencias ambientales de las malas prácticas de las empresas mineras en el territorio.

Frente a las dificultades que enfrentamos para proyectar un futuro más justo para nuestro pueblo, es un asunto de prioridad nacional encarar una discusión profunda sobre el rol de la minería. Esta discusión tiene una dimensión técnica a la que el sistema científico debe contribuir, desde diferentes áreas disciplinarias, a describir y prevenir las consecuencias que los diversos modelos mineros puedan tener sobre el ambiente y las poblaciones locales. Pero, fundamentalmente, la discusión tiene una dimensión política porque hay una disputa central en torno de la distribución de los beneficios y de los costos (básicamente, pero no de manera exclusiva, ambientales). Es una discusión con una fuerte carga de intereses y valores en los qué la asimetría de poder entre los actores es enorme (v.g. una ONG local vs una multinacional minera). La percepción, fundada en la experiencia, muestra que sectores concentrados multinacionales se apropian de las inmensas ganancias mientras la población local y las generaciones futuras, de los pasivos ambientales.

Hasta el momento, los Estados provinciales han tenido una intervención diversa y desigual en el proceso de desarrollo de la minería en la Argentina. Sin embargo, nuestra Constitución afirma dos principios que condicionan esas legislaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, y que corresponden a los derechos y garantías de los habitantes de la Nación: 1) la sostenibilidad de las actividades productivas, y 2) el uso racional de los recursos. Esto significa que es una facultad federal resguardar la racionalidad de esa explotación y que corresponde al Congreso nacional legislar para asegurar los presupuestos mínimos que garanticen la protección. Las provincias pueden dictar normas para complementarlas, pero no para alterarlas. La modificación de la Ley 7.722 en Mendoza, sancionada en tan pocas horas, con una legislatura vallada para contrarrestar la masiva oposición popular era, además, muy posiblemente inconstitucional.

En el marco de esta disputa política, el Estado Nacional debe desempeñar un rol central para garantizar que la explotación minera esté al servicio de un proyecto de desarrollo nacional. Esto incluye:

  • Planificar de manera integral y coordinada con las provincias la actividad minera. Así como la explotación petrolera tiene una referencia en YPF, la minería debería tenerlo en una entidad de similares características.
  • Promover la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos de Ordenamiento Territorial del espacio no urbano y de protección de cuencas en áreas con potencial minero que complemente a la Ley de Protección de Glaciares (No 26.639) y la de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos (No 26.331). Estas leyes son excelentes ejemplos de cómo articular intereses provinciales y nacionales en relación al uso y conservación de los Recursos Naturales.
  • Generar una agencia independiente y profesionalizada de Evaluación de Impacto Ambiental para que estos no sean realizados por consultoras pagadas por las propias empresas, un caso flagrante de conflicto de interés.
  • Tipificar los “accidentes” o mala praxis como delitos ambientales, estableciendo con claridad la responsabilidad penal de estos actos.
  • Generar y auditar mecanismos de participación en las audiencias públicas que garanticen el acceso a la información y que estas no se transformen en meras puestas en escena para validar decisiones ya tomadas.
  • Promover, cuando las modalidades y locaciones mineras cuenten con el imprescindible acuerdo social, que los emprendimientos no se limiten a la actividad extractivista sino que contribuyan a la motorización del desarrollo tecnológico argentino con el Estado nacional, articulando pymes industriales y de servicios que produzcan equipos, insumos, tecnología minera y transformación de los minerales.

Las consecuencias de la minería trascienden lo local, lo provincial e inclusive lo nacional. Muchas de estas actividades tienen impactos globales a través del efecto sobre la retracción de glaciares, sobre los caudales y calidad de cursos de agua. La masiva resistencia a la Ley del gobernador Suárez, que proliferó desde los pueblos más pequeños de localidades alejadas del centro de Mendoza hasta alcanzar niveles nunca vistos en el corazón de esta provincia, muestra que la cuestión ambiental es una demanda cada vez más sentida por la población. Es por ello que toda legislación sobre asuntos mineros debe involucrar un debate político, un análisis científico-técnico y un debido proceso de consenso social en torno de la cuestión ambiental.

 

Firman los siguientes miembros del colectivo CyTA:
Adrián Paenza, Adriana Serquis, Alberto Kornblihtt, Andrea Gamarnik, Andrés Kreiner, Carolina Mera, Cristina Carrillo, Eduardo Dvorkin, Federico Robledo, Felix Requejo, Fernanda Beigel, Hugo Aimar, Jorge Geffner, José Paruelo, Marcos Vaira, Marcelo Ruiz, Marisa Herrera, Noe Jitrik, Osvaldo Uchitel, Rolando Gonzalez José, Sandra Carli.

 

 

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8 Comentarios
  1. Lautaro Recalde dice

    Lo peor de todo es que dentro del listado de intelectuales que firman esta nota, también hay personajes que viven en Chubut.

  2. Lautaro Recalde dice

    Partiendo de mi afinidad política K y mi condición de chubutense, interpreto críticamente este punto de vista de un grupo de intelectuales que –a mi criterio- se ponen a disposición de los intereses de las multinacionales, a cambio de un proyecto minero “progre”.

    Creo importante apoyar a este gobierno, pero sin obsecuencia.
    Creo importante defender el territorio pero sin vacilaciones.

    Punto por punto, cada una de las frases que me decepcionan:

    Bajo la consigna de “proyectar un futuro más justo para nuestro pueblo”, determinan a la minería como un “asunto de prioridad”.
    – Prioridad porque junto al agro y el petróleo, es la fuente de dólares que necesita hoy el gobierno nacional.

    “La discusión tiene una dimensión política porque hay una disputa central en torno de la distribución de los beneficios y de los costos (básicamente, pero no de manera exclusiva, ambientales)”.
    – Admiten en este párrafo que tiene un costo ambiental. El territorio no se entrega, bajo ningún tipo de condiciones.

    “La percepción, fundada en la experiencia, muestra que sectores concentrados multinacionales se apropian de las inmensas ganancias mientras la población local y las generaciones futuras, de los pasivos ambientales”.
    – No es percepción. Es un hecho.

    “Tipificar los “accidentes” o mala praxis como delitos ambientales, estableciendo con claridad la responsabilidad penal de estos actos”.
    – La megaminería es mala praxis ambiental.

    “Generar y auditar mecanismos de participación en las audiencias públicas”
    – Grosera desproporción de fuerzas en disputa entre los intereses de las empresas multinacionales mineras y los de la población civil.

  3. Bruno Di Benedetto dice

    Solicito me expliquen por qué borraron mi comentario. No contenía nada ofensivo, solamente estaba dando mi opinión sobre el tema, y es una opinión que puedo fundamentar. Pueden escribirme a mi correo.
    Gracias.

  4. Fabio dice

    El batallón «progre-extractivista» está saliendo a bancar a AF en pro de garantizar la tan anhelada «licencia social». Ejemplo de ello, un articulo en P12 escrito por Anabel Marín en el cuple Cash 5/1/2020, a quien desde una de las asambleas ciudadanas (la de Esquel) le dedican una respuesta contundente. Copio de Resumen Latinoamericano

    Son tiempos revueltos y por tanto, tiempos de amar. Y amamos tan acorazadamente en estos tiempos que dejamos poco espacio para la escucha, la pregunta, la duda sobre lo que se dice. Así, repetimos construcciones como “realidad virtual”, “periodismo independiente”, “noticias falsas” o “minería sustentable”. Cada una de estas y otras combinaciones constituye un oxímoron de moda, una contradicción en sí misma que nos zambulle en el mundo de la falacia (que como el oxímoron también está de moda) y nos pone a pedalear en una rueda discursiva infinita que revuelve aún más los tiempos y nos resta el de amar sin coraza. Por No a La Mina

    Por amor a nuestra gente y a la tierra de todos, y porque el lenguaje nos constituye como personas y como pueblo, necesitamos desarmar esos binomios que congelan los sentidos. Puntualmente vamos a referirnos al par “minería sustentable” porque nos compete como movimiento social que construye conocimiento sobre el tema desde hace 18 años. Y lo haremos en parte como respuesta al artículo ¿Es posible una minería sustentable? publicado el 5 de enero en Página 12.

    Sobre las posiciones opuestas e irreconciliables

    Plantear la discusión en términos de oposición, minería sí/minería no, enmascara una discusión mucho más profunda, discusión en la que la megaminería se inscribe como una expresión y que es extractivismo sí/extractivismo no.

    No es una máscara menor: la megaminería al igual que el agronegocio son expresiones del extractivismo. Hacemos mención al agronegocio porque en el artículo se señala que Argentina exporta poco y que sus exportaciones se concentran en “el sector agrícola que disfruta de un poder económico y político excesivo”. Coincidimos en ello pero necesitamos señalar que agronegocio y megaminería son elementos de un mismo modelo así que la megaminería no estaría restándole poder al agronegocio sino más bien complementándolo. En ambos casos nos enfrentamos a actividades intensivas en el uso de la tierra y el agua, altamente contaminantes, que compiten en el aprovechamiento de la infraestructura estatal con las poblaciones que generalmente se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia porque ninguno de los megaemprendimientos extractivos genera desarrollo local.

    La primera falacia que nos propone el oxímoron “minería sustentable” entonces es la definición de los términos de oposición. No se trata de minería sí/minería no sino de extractivismo sí/extractivismo no.

    Como nuestro movimiento ha construido fundamentalmente conocimiento en torno a la minería, profundizaremos en el oxímoron “minería sustentable”. Lo sustentable es aquello que sobrevive por sí mismo y la idea de “sustentabilidad” es usada en economía y ecología para designar un sistema que puede mantenerse en el tiempo sin necesidad de agotar los recursos naturales ni causar daños graves al medio ambiente. La ley 24.196 no es una ley de sustentabilidad minera, es una ley de inversiones mineras es decir, una ley que solo asegura ganancias para las empresas, y además, las Inversiones Extranjeras Directas se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de los países empobrecidos y: no son fuentes de producción e industrialización, sino fuentes de financiación y sabemos que cuando financiamos, terminamos pagando más de lo recibido. Nos hemos explayado sobre estos temas aquí y aquí. Y está harto demostrado que no hay desarrollo local en torno a los emprendimientos mineros. Solo hay que ir a Jáchal, Santa María, Belén, etc…

    En síntesis, la sustentabilidad de la minería no se vincula con el ambiente y las poblaciones, ni siquiera con los Estados de los países en los que se practica sino con la provisión de ganancias hacia el capital transnacional. Duras conclusiones a las que se llega además al saber cuáles son los costos, por ejemplo que hay que destruir una tonelada de roca para obtener un anillo de oro o que minera La Alumbrera consume cien millones de litros de agua por día y el 80% de la energía eléctrica de Tucumán y que el tope de regalías mineras en Argentina es del 3%.

    Sobre institucionalizar acuerdos sociales

    Cuando dos partes se disponen a establecer un acuerdo necesariamente deben reconocerse como iguales ¿Hay que ilustrar aquí la desigualdad entre las corporaciones mineras y las poblaciones, sobre todo cuando los Estados provinciales son aliados de esas corporaciones? ¿Qué promesa creíble puede hacerse a una comunidad a la que se le ha negado la provisión de agua siendo que vive sobre un acuífero y ve morir de sed a sus animales? Nos referimos puntualmente a la Meseta Central de Chubut.

    ¿Qué tipo de dinamismo tiene el pueblo chileno que desde hace dos meses tomó las calles? Sin agua porque está privatizada para uso minero y con deudas de por vida para pagar sus estudios a pesar de exportar diez veces lo que exporta Argentina?

    El derrame en Veladero, la rotura de represas de relaves mineros en Brasil y otros tantos ejemplos en Latinoamérica y el mundo hablan por sí mismos de la incompatibilidad de la megaminería con la vida. Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, no son ejemplos de impactos positivos de la minería, solo hay que hurgar un poco en su historia.

    Sobre la licencia social

    Volvamos sobre lo dicho hasta aquí. Extractivismo sí o no, no es solo un posicionamiento irreconciliable sobre la megaminería, se trata de un posicionamiento ante la vida o por la vida ¡Cómo puede esperarse que los pueblos demos licencia social para matar(nos)! ¿Cómo es posible que no se ponga en su real valor el trabajo genuino? La posible exportación de productos con certificación ecológica: semillas sin modificar, carnes y alimentos naturales en general, tejidos, vestimenta, tecnología limpia y conocimiento, inclusive minería de roca caliza o laja por ejemplo que no es la gran minería… ¿cómo es posible que el Estado en quien delegamos algunas de nuestras facultades nos proponga el ecocidio como forma de pago de una deuda ilegítima?

    No hay ni puede haber licencia social para la minería a gran escala como no pueda haberla para la destrucción del agua y la tierra. El agronegocio tampoco tiene licencia social pero fue impuesto en tiempos en los que los conocimientos sobre el cuidado de la vida no circulaban popularmente.

    Hay una dimensión desconocida para muchos voceros del establishment, empresarios, políticos, funcionarios, académicos: la enorme construcción de conocimiento popular y colectivo que se produjo en estos años. Algo que también podemos exportar.

    Aquí, no queremos dejar pasar otro enmascaramiento: la supuesta neutralidad de algunas de las voces que abogan por el diálogo, el debate y el consenso. La Dra. Anabel Marín, autora del artículo al que hacemos referencia, tiene un Convenio con la Cámara de Proveedores Mineros para realizar un estudio centralizado en la minería metalífera de oro, cobre y plata que involucra a empresas de CAPMIN y a Cámaras de Proveedores Provinciales y Locales, empresas mineras y al Estado en sus diferentes estamentos.

    Sobre amar en tiempos revueltos

    Amarnos más es imperativo. Las recetas neoliberales no contienen amor como ingrediente. Tampoco como estrategia. El extractivismo es neoliberalismo. Hay que quitarse la coraza, ligarse con los otros de verdad. Como el agua, impregnarnos de saber popular y afecto. Si vamos a usar el verbo transitivo “invertir” que sea para dar pasos hacia el encuentro en el que todos ganemos porque si hay zonas de sacrificio no es con todos. Exportar metales es otra forma de seguir acrecentando el poder de unos pocos.

    Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA- Esquel, Chubut

  5. Bruno Di Benedetto dice

    Voy a señalar un sólo punto, aunque podríamos discutir largo y tendido sobre el resto: la explotación minera a la que le decimos NO en Mendoza y en Chubut es, por definición, una MALA PRAXIS. No se trata sólo de los «accidentes».
    Hay cosas que no se arreglan con multas, que para esas empresas son un vueltito, nada más. Después del desastre de Jachal, sólo están procesados algunos empleados de segunda y tercera línea. Los jerarcas empresariales compran todo: políticos, jueces, punteros políticos y, lamentablemente, también científicos. Tal es el caso de esa doctora que publicó hace dos días una nota en P12 a favor del «debate democrático y la minería sustentable»: en 2018 firmó un convenio con una cámara empresarial minera para una «investigación» bancada por el BID. Pueden poner su nombre en el google y encontrarán sin mucho esfuerzo la noticia de ese convenio.
    Y en cuanto a las leyes y controles estatales, como dice un vecino mío acá en Puerto Madryn: «no pueden controlar la venta de pirotecnia, mirá si van a controlar a una multinacional minera».

  6. Maria C. dice

    Discusion Profunda? Hace años se está «discutiendo» y el pueblo Chubutense ya dijo que NO. Pretender e insistir con instalar la «discusion», es ignorar la voz del pueblo, es ignorar un recorrido de años, quizas hasta hablar muy desde el centralismo porteño. Existen formas realmente sustentables para el desarrollo de la zona, esa es la discusión a la que se debe apuntar.

  7. Mangosta dice

    5×1: Hay «papeles» en manos de los especuladores de la avaricia insaciable para comprar 5 veces el Planeta Tierra: https://mentirlealpueblo.wordpress.com/2020/01/05/la-oligarquia-financiera-internacional-ofi-contra-el-planeta-tierra/

  8. p.b. dice

    «Frente a las dificultades que enfrentamos para proyectar un futuro más justo para nuestro pueblo, es un asunto de prioridad nacional encarar una discusión profunda sobre el rol de la minería.» La minería… prioridad?
    Falso(y, no casualmente, con tufillo Barañao). Prioridad es discutir el repoblamiento y reocupación del territorio; el empoderamiento de las ya existentes y la creación de decenas de nuevas comunidades rururbanas; la redistribución de la tierra; la soberanía alimentaria autosuficiente; la autosuficiencia energética local desconcentrada de fuentes renovables; la institucionalidad democrática participativa local; empoderamiento comunal municipal; empoderamiento pluricultural y de géneros; producción y reproducción de vida digna desde lo local…. Y en ese marco, recién entonces, evaluar y discutir la necesidad eventual de minerales (cuales, para qué, cuánto) y las formas sostenibles de obtenerlos con gestión y control social.

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