La cultura del atajo

 

El drama de la corrupción es una cuestión que afecta y preocupa a toda la sociedad, no sólo a nuestro país sino al mundo. Y por eso no puede estar fuera de los contenidos de la campaña electoral que ya se está desarrollando en Argentina. Ese drama debe ser tratado no como un arma política para atacar al adversario, sino como lo que es, un verdadero problema de Estado, que merece y necesita de consensos reales para prevenirla y sancionarla. Y para eso es menester clarificar contenidos y propiciar medidas concretas.

Por lo pronto hay que eliminar el mito que afirma que la corrupción es un problema que atañe exclusivamente a la clase política, y específicamente a los dirigentes de los gobiernos populares. Es común escuchar vincular a la corrupción con los gobiernos llamados “populistas”. A quienes endilgan autoritarismo, falta de reglas claras y de seguridad jurídica que, aunados a niveles importantes de discrecionalidad, serían el basamento de una corrupción generalizada.

Cierto es que en los gobiernos "populistas" se producen actos de corrupción, que suelen tomar caminos directos y hasta grotescos. Sin embargo, una mirada atenta advierte fácilmente que en los sistemas económicos dominantes también existe la corrupción, generalmente cualitativa y cuantitativamente más importante; porque el propio modelo facilita, muchas veces, que los funcionarios haya sido o sean empresarios, quienes actúan manifiestamente a favor de las empresas y a costa del Estado. En estos casos, la corrupción adopta formas más sofisticadas, de guantes blancos, como modificar aranceles de importación o exportación para beneficiar a determinadas compañías o condonar deudas a través de procedimientos administrativos, situaciones que permanecen en la más absoluta opacidad y son de difícil comprensión para la mayoría de la gente; y que involucran tanto o más dinero que la corrupción llamada “populista”.

La politización del drama de la corrupción se observa claramente en la actualidad. Quien ejerce el poder, con el apoyo de los medios dominantes, no se cansa de echar las culpas de todos los males al modelo “populista”, cuyo principal objetivo fue, según su discurso, el enriquecimiento de sus funcionarios a costa del Estado, a través de una gran asociación ilícita. Y el Poder Judicial, con alto grado de dependencia de los dictados de los poderes dominantes, detiene sin pruebas, deja en el olvido la presunción de inocencia, prepara declaraciones de testigos falsos, extorsiona a imputados aplicando indebidamente la ley llamada “del arrepentido”, y no respeta las garantías constitucionales y procesales de los acusados.

Mientras tanto, nada se dice del intento de defraudar al Estado en el caso del Correo. O de los dineros depositados a nombre del jefe de los espías por la famosa compañía campeona de los sobornos. O los aportantes inventados para las campañas electorales del oficialismo. O el blanqueo de capitales de familiares del Presidente de la Nación a través de decretos ilegales, entre muchos otros casos.

Vale decir, la corrupción es un problema sistémico, que puede darse en gobiernos de distinto perfil ideológico. Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos casi siempre tienen como contraparte a un representante del sector privado. Y también puede haber corrupción entre privados exclusivamente. Por los actos corruptos todos los involucrados, tanto los funcionarios como los empresarios, deberían pagar las consecuencias penales y civiles. Sin embargo, eso rara vez ocurre con los funcionarios y nunca con los empresarios.

Por eso es tan importante que se comprenda que la corrupción es un problema de Estado, que debe concitar la más amplia atención por parte de todos los sectores y que nadie debe degradarla utilizándola como arma política circunstancial. Por el contrario, es necesario crear, con el esfuerzo y la buena fe de todos, un marco institucional sólido, democrático y participativo, que constituya una herramienta eficiente para prevenirla y derrotarla.

La campaña electoral que se inicia es una oportunidad inmejorable para lograr el diseño de un conjunto de medidas conducentes a fortalecer la institucionalidad del Estado, algo imprescindible para encarar una lucha seria contra la corrupción. En esa línea, el anexo a este trabajo, que contiene una serie de propuestas para fortalecer la institucionalidad referida, es un aporte al debate que es necesario dar con claridad y buena fe.

Sin desconocer la importancia de todas las medidas propuestas en el anexo, hay tres que se destacan como prioritarias. Una es la real autonomía de los organismos de control, comenzando por la Oficina Anticorrupción. Es imposible que cumpla eficientemente su función un organismo de control que depende de quien debe controlar.

Otra prioridad será impulsar e incentivar el control social, a través de la participación ciudadana. Será necesario establecer, por distintos mecanismos, herramientas de auditoría social sobre compras, contrataciones y funcionamiento de los organismos de servicios públicos.

Y la tercera, promover las reformas necesarias en el Poder Judicial, los Ministerios Públicos y en el Consejo de la Magistratura, para lograr una auténtica y fundamental independencia de los jueces a la hora de juzgar y sancionar actos de corrupción. Son muchas las modificaciones que deberán encararse, entre otras, rediseñar el perfil del juez, algún tipo de participación ciudadana en el proceso de designación, y asegurar vías sencillas y eficientes de acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.

Hay muchas más propuestas para mejorar la institucionalidad, que exceden este marco de presentación del documento que lo completa, y al que nos remitimos. Pero debe quedar claro desde el inicio, que el tema no puede pasar desapercibido en la campaña, especialmente en la de los candidatos populares. Porque son éstos los más denunciados de haber cometido actos corruptos, como parte de una batalla política y mediática destinada a naturalizar la falacia de que el “populismo” es sinónimo de corrupción. A ellos les corresponde esclarecer la situación, llevando adelante un programa de fortalecimiento institucional que sirva verdaderamente para luchar contra esto. Es necesario des-instalar la idea que para enfrentar la corrupción nada mejor que menos Estado y menos política. Por el contrario, para enfrentarla se necesita mayor institucionalidad, un Estado fuerte y la participación social que siempre fortalece a la democracia.

El documento se puede ver aquí.

 

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