La cúpula del gatillo fácil a juicio
Ocho años después de tres días de violenta locura, los policías se sientan en el banquillo de los acusados
Marcos Rubén Epuñan, Víctor Hugo Sobarzo y Víctor Darío Pil, el pelotón del que salió el plomo que mató a Sergio Cárdenas. Fotos de Roxana Sposaro.
Por primera vez en Río Negro una cúpula policial afronta un juicio oral y público por crímenes cometidos a plena luz del día contra la población civil desarmada, el 17 de junio de 2010 en Bariloche. Desde el lunes 8 de octubre y hasta el 24 inclusive se realizan las audiencias en la III Circunscripción Judicial por los homicidios de dos jóvenes y lesiones a trece vecinos de los barrios más vulnerables y criminalizados.
La (de)mora del poder judicial permitió que numerosos testigos –de los que desfilaron hasta el momento— argumentaran su olvido e imprecisión respecto a circunstancias clave para determinar las responsabilidades penales de Víctor Cufré, ex secretario de Seguridad de la provincia; Jorge Villanova, ex titular de la Jefatura de Policía; Argentino Hermosa, ex jefe de la Regional III de Bariloche; Fidel Veroíza, ex segundo jefe de la Regional III; y Raúl Carrizo, ex titular de la comisaría 28 epicentro del conflicto y la represión masiva. Tres integrantes están imputados como presuntos autores del único y certero disparo con posta de plomo que terminó con la vida de Sergio Cárdenas (29 años), en tanto que no hay imputados por la autoría de los balazos a Nino Carrasco (16) esa misma jornada.
El miércoles 16 de junio de 2010, el ex gobernador Miguel Saiz, su ministro de Gobierno Diego Larreguy y toda la cúpula del área de Seguridad y la Jefatura llegaron a Bariloche, atravesados por una crisis interna severa en la policía que se incubaba desde El Bolsón. Así, les llegó de plano el disparo mortal que la madrugada del jueves 17, poco antes de las 5, el cabo Sergio Colombil le descerrajó de atrás a Diego Bonefoi (15 años). Todos estaban en la ciudad; falta precisar quién o quiénes dispusieron un despliegue en el barrio donde vive la familia del adolescente, casi enfrente de la comisaría 28ª de donde salió la patrulla a cazar pibes.
Nevaba. Esa mañana muchos se preparaban para ver al seleccionado argentino jugar en el mundial. La policía y la justicia ordinaria se ocupaban de hacer las diligencias por el crimen cometido en una plaza ubicada a pocas cuadras de la comisaría. Por dos testigos supimos que a primera hora, Hermosa fue quien convocó al grupo especial BORA (reconvertido en el actual COER) entre las 6.30 y 7 de la mañana, cuando la familia ni se imaginaba el destino de Diego.
Terminó el partido, se corrió la voz, comenzaron los piedrazos de repudio a la comisaría. La 28ª tenía su propio prontuario de persecución, vejaciones y torturas contra jóvenes y vecinos en general. Ya había habido otras apedreadas. ¿Qué hizo suponer a la Jefatura que en esta ocasión iba a ser necesaria la intervención de la BORA? ¿Por qué la conducción política y operativa de la policía dejó la ciudad alrededor de las 13.30 para mantener su agenda en El Bolsón? ¿Era impostergable lo de El Bolsón o no querían estar en Bariloche?
A las 12 en punto ya había empezado el despliegue de los escuadrones hacia el barrio, según asegura la data de una fotografía agregada como prueba en el expediente. Sin embargo, a la vez todos coinciden en que alrededor de las 13.30 todo parecía estar en calma.
Falsa calma & teoría del caos
Esta semana declararon en indagatoria los 8 imputados y como testigos 16 policías (la mayoría en actividad, otros retirados) que tuvieron distintos tipos de intervenciones en el caso.
Los testigos, amparados en los años transcurridos y en el sólido pacto de silencio de una parte de ellos, abonan algunos núcleos tendientes a restar responsabilidad a sus camaradas: todo era un caos, se desbordó, corría riesgo la vida de todos. La pregunta obvia es, entonces, dónde estaba el piloto y el copiloto. Aún así, el gobernador y su equipo del área dejaron sólo a un comisario bueno para encubrir su patrulla homicida de la madrugada, pero no para mantener el orden y la tranquilidad en su jurisdicción. La revuelta popular por el crimen de Diego fue reprimida ocasionando dos muertes más ese mismo día, hiriendo con balas y gases a más de veinte vecinos, de los cuales sólo 13 están en este juicio.
Por años, la Multisectorial contra la impunidad y la represión de Bariloche sostuvo que hubo por lo menos 48 horas de virtual estado de sitio. Esta semana, un policía del grupo BORA lo confirmó y fue más lejos, habló de tres días de intenso despliegue.
En esta instancia de debate plenario, el ministerio público fiscal a cargo de Martín Lozada y Eduardo Fernández finalmente está trazando la línea unitaria de todo el día 17, empezando desde las horas del montaje policial presuroso para salvar a la patrulla y responsabilizar sólo a Colombil.
Karina Riquelme, compañera de Sergio, madre de Agustín (13) y Mía (9), dijo en su testimonial que “sin cárcel no hay justicia” para ella. Por su parte, Carmen Curaqueo, madre de Nino, increpó a los acusados diciéndoles “una foto es lo único que me dejaron de Nino”.
Este tribunal tiene la oportunidad de dar una respuesta a estas luchadoras, como también al conjunto de la sociedad. Los jueces Marcelo Barrutia (a cargo de la presidencia), Emilio Riat y Juan Lagomarsino asistieron, como cientos de vecinos, a cómo el poder transformó a la ciudad en un bastión militarizado. Buena parte de la génesis de la militarización de hoy tuvo su plataforma en la impunidad de la represión masiva y instalación de un estado de excepción durante varios meses a partir de ese 17, lo que se cristalizó con el recambio de gobierno provincial cuando aceptó la “herencia” policial de Saiz & Cufré.
Además el tribunal rionegrino tiene el triste espejo cercano de la Justicia federal que se subordina a las necesidades del control social y la militarización del territorio. La experiencia social no distingue entre jurisdicciones, la experiencia de vivir en un espacio militarizado es una sola.
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