LA DEA Y LA CLOACA DE LOS SERVICIOS

Vista gorda de la Justicia Federal ante los agentes antidrogas de Estados Unidos

 

Hace sólo un par de semanas una noticia en Clarín recuperaba un viejo operativo de drogas de 2003 y contaba que uno de los participantes, un ex agente de la SIDE relacionado con la DEA, era señalado como la Morsa, el apodo que le habían atribuido a Aníbal Fernández para vincularlo con el tráfico de efedrina. El impacto fue tan grande que quedaron por el camino los detalles de la investigación que se contaba. La que se denominó Operación Flor de Acero —un traslado de cocaína de Salta a Buenos Aires— tuvo entre sus personajes principales al mencionado ex orgánico de inteligencia local, a un agente estadounidense, a un carapintada y a un luchador de catch. En un expediente en el que sobran detalles cinematográficos se pueden ver como pocas veces los detalles de un operativo de la agencia antinarcóticos estadounidense en estrecha colaboración con espías argentinos. No sólo cómo se organizan y se financian, sino también cómo se premian estos procedimientos que vulneran la jurisdicción del país.

El ex agente de la SIDE de prominentes bigotes, Julio César Pose, había integrado la Dirección de Terrorismo y Contraproliferación hasta principios de 2002, cuando lo desafectaron. Tenía un contacto fluido con la Embajada de Estados Unidos y sus agentes antidrogas. Al ex militar Ramón Mendoza lo habían pasado a retiro en 1999 por su vínculo con los carapintadas. Entonces empezó a hacer trabajos para la SIDE como inorgánico. Allí se acercó a Pose. Este le prometió incorporarlo a la estructura. Pero cuando a Pose lo separaron, Mendoza también quedó colgado. Fue en ese momento que decidieron llamar a los amigos estadounidenses.

En marzo del 2003, Mendoza, que sabía de la relación de Pose con la DEA, le comentó que podía generar contacto con un grupo narco salteño para armar una operativo de traslado de drogas hacia Buenos Aires. La idea era venderle el servicio a la agencia, que ella lo anunciara como un trabajo propio y cobrar la recompensa habitual por esos procedimientos. Con ese plan en la cabeza Pose levantó el teléfono y llamó al agente especial Arthur Staples, el encargado de reclutar a miembros de la inteligencia argentina que colaboraban con sus operaciones. Staples le dio la autorización para poner todo en marcha.

Un antiguo compañero de Mendoza en el Ejército era concuñado de uno de los integrantes del grupo narco. Mendoza le dijo al compañero que si la operación salía bien podrían incorporarlo a la SIDE. Lo mismo que Pose le decía a él para tentarlo. Mendoza hizo las presentaciones y desde septiembre a diciembre Pose fue tres veces a Salta para organizar la entrega. Se encontró con los narcos en Tartagal y los convenció de hacer un envío chico, que a ellos no les cerraba. Para garantizarse el precio fue personalmente al paso fronterizo de Salvador Mazza. Como se puede ver, el señalado como la Morsa en el Triple Crimen de General Rodríguez no era sólo un informante.

Durante esos viajes al norte Pose llamaba al celular de Staples y de su mano derecha, Abraham Tenenbaum. El último había integrado en los años ‘70 el plantel de Titanes en el Ring: era El Campeón Israelí. Esta dupla siguió todos los detalles del operativo desde el edificio de la embajada en Buenos Aires.

 

 

El campeón israelí. Tenenbaum, de Titanes en el Ring a la DEA.

 

 

De todas esas incursiones, ninguno de los participantes hizo una sola mención a la Justicia argentina. Recién cuando Pose les avisó que la droga estaba en camino Staples le escribió una cédula oficial a un comandante principal de Gendarmería para avisar que se haría una entrega en Recoleta, al lado de Canal 7, donde está la escultura de una enorme flor de metal.

El último día de diciembre de 2003 la droga llegó a Buenos Aires. Pose se encontró primero en una confitería de Belgrano con tres narcos que traían la carga en un Ford Escort bordó destartalado. Los paquetes estaban metidos detrás de los revestimientos de plástico. Al verificar que habían llegado sin problemas fueron hacia Figueroa Alcorta y Austria. Allí, con la Gendarmería esperando, Pose les dijo que iba a buscar el dinero, que lo esperaran y salió caminando. A los pocos metros, en un BMW de la Embajada, Staples y Tenenbaum lo esperaban para salir de ahí. Mientras tanto los narcos eran esposados en el suelo con más de 43 kilos de cocaína desparramados a su alrededor.

Lo que parecía haber sido una operación exitosa para ellos se complicó por la ansiedad de Mendoza. Quiso cobrar y envió correos y oficios a la embajada y a fuerzas federales. Su torpeza provocó una investigación contra los dos ex SIDE en el juzgado de Claudio Bonadio. Pose llamó a la Embajada para pedir un paraguas y lo siguieron atendiendo. Le dijeron que se quedara tranquilo, que los abogados estaban atentos a lo que pasaba con él. Pose estuvo preso en Marcos Paz y, según declaró Tenenbaum, Staples lo fue a ver varias veces al penal y, cuando lo liberaron y se fue a Bariloche, el agente también lo visitó allá.

En un primer juicio dos de los narcos fueron condenados. Pose y Mendoza terminaron imputados en otra causa y, después de un proceso demoradísimo, hace tres semanas el primero fue condenado a cuatro años de prisión y el otro absuelto por el transporte de la droga. Si bien los mencionados fueron investigados, no sucedió lo mismo con los agentes de la DEA. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se revisara el rol de la agencia en la financiación de la operación. A los agentes, como tienen estatus diplomático, no se los puede detener, pero la Embajada tampoco permitió que Staples y el jefe de la sección antinarcóticos en Buenos Aires fueran a declarar como testigos.

Si una investigación se hubiera llevado adelante se podría haber determinado, entre otros temas, la relación que tenía la Gendarmería con la DEA respecto de estos procedimientos en Salta. En la causa contra Pose y Mendoza, el comandante principal Carlos Gutiérrez, a cargo de la Unidad Especial “Frontera Norte”, reconoció que a su grupo lo “patrocinaba y financiaba” la DEA, y que él manejaba una caja chica de la agencia que era para darle dinero a colaboradores, entre ellos a Pose. Contó que repartía montos de entre 200 y 500 dólares para los que entregaban información que le pudiera interesar. En su relato detalla que esta metodología duró desde mediados de los años ’90 hasta al menos 2005 cuando se fue de allí. También agrega que los estadounidenses proveían diferentes recursos: facilitaban camionetas, dinero para la nafta y capacitación. Sobre el final de su testimonio Gutiérrez reconoció que luego de irse de Salta fue a trabajar para la DEA en Buenos Aires. Dijo que estuvo allí hasta 2012, que en esos años vio varias veces a Pose y que le pagó sumas “mucho más importantes” que los cientos de dólares que le daba en sus viajes a Salta. De su relato también se desprende que la DEA mantuvo a Pose luego de ser procesado por la Operación Flor de Acero.

A pesar de la solicitud de Di Lello para que se investigue el accionar de la DEA, esa causa nunca prosperó. Luego de que Bonadio decidiera el procesamiento de Pose y Mendoza, el pedido del fiscal entró en un interminable laberinto. Después de que varios funcionarios se declararan incompetentes, en 2011 la Cámara de Apelaciones dispuso que la jueza María Servini de Cubría llevara adelante las actuaciones. Un año más tarde, al saber que la causa contra Mendoza y Pose avanzaba, le pidió al tribunal que los debía juzgar que cuando fallara le avisaran de manera urgente. Nunca más hubo un movimiento y ahora, con la condena a  Pose, el fiscal de ese juicio, Marcelo Colombo, debe mandar el expediente para ver si finalmente se investiga. Primero tendrán que determinar si la causa prescribió o si pueden encontrar un resquicio legal para sostenerla.

“No es una novedad que las causas por narcotráfico se nutran de información entregada por la DEA. El tema es lo que la Justicia argentina hace con esa información. Si la toma como disparador y se pone a trabajar y contrasta los datos con la investigación propia no debería haber conflicto. El problema sucede cuando jueces son espectadores de una operación en la que sólo intervienen para detener a los sospechosos y secuestrar la droga. Esos casos son delicados porque cae algún perejil, no permiten ir hacia arriba en la organización y se convalida un operativo prohibido, del cual no tenés muy en claro de dónde viene”, explica uno de los fiscales que tuvo en sus manos la causa de Flor de Acero.

La ley orgánica del Ministerio Público Fiscal dispone respecto de las funciones de las procuradurías especializadas que se promuevan acciones con organismos internacionales vinculadas a su temática. Con lo cual el problema no está en recibir información de las agencias de combate al narcotráfico del resto del mundo sino, como dice el fiscal, el valor que se le otorga los datos. Los que investigan narcotráfico deben entenderlo y no comprar a paquete cerrado la información de la agencia. En el caso de la DEA, como trabaja a resultado, opera para que sus procedimientos sean tomados por la Justicia. Mientras más efectivos sean los trabajos mayor reconocimiento reciben sus agentes.

Muchos de los casos más importantes de narcotráfico en Argentina estuvieron salpicados por la DEA. Los investigadores de la Operación Strawberry, de abril de 1997, siempre sostuvieron que la famosa llamada anónima recibida por policías bonaerenses que disparó los allanamientos era en realidad información de la DEA. El hallazgo de 2.200 kilos de cocaína en tambores de pulpa de frutilla fue presentado como la mayor operación antidrogas de la historia. La denuncia entregaba datos imposibles de recabar de otra manera que haciendo una extensa inteligencia previa. La causa, a cargo de Roberto Marquevich, fue severamente cuestionada por un tribunal federal que absolvió a los acusados por irregularidades en el proceso. Se detuvo a más de una decena de changarines y choferes que después debieron ser liberados y sobreseídos. Los jefes de la banda desaparecieron de la escena sin que nadie lo impidiera. Un colombiano y un brasileño imputados resultaron absueltos en otro juicio. El espanto de la operación provocó problemas diplomáticos con Alemania, el supuesto destino de la pulpa de frutilla. Ese fue un ejemplo imborrable de lo que ocurre cuando otros intereses se imponen ante una política nacional de control de narcotráfico.

En la Argentina la DEA tiene contactos con el Ministerio de Seguridad, con las fuerzas que tiene a cargo y con la Procunar, la procuraduría en narcocriminalidad. Bajo un esquema de cooperación desarrollan tareas de inteligencia y capacitaciones. De esa manera generan lazos con las fuerzas de seguridad y con miembros del Poder Judicial. Desde hace décadas y atravesando gobiernos de distintos signos políticos se nutren de información de inteligencia a través de estos contactos.

Durante los mandatos de Cristina Kirchner la agencia redujo sus equipos pero siguió trabajando con las fuerzas de seguridad. Con la llegada de Macri y Bullrich las relaciones se robustecieron, las capacitaciones aumentaron y la relación con la AFI se visibilizó como antes no había sucedido. Justamente en Salta la presencia de la DEA se acrecentó por un acuerdo firmado por Bullrich en Washington para la instalación de una task force de la agencia antidrogas en la frontera norte. A pesar del cambio de gobierno y de que algunos tratos cambiaron, la DEA mantiene los trabajos coordinados con las fuerzas federales. Otro tanto sucede con sus relaciones con miembros de la Justicia Federal. Este vínculo indeleble se vuelve muy gráfico todos los 4 de julio. Sólo hay que recordar las fotos del último agasajo en la Embajada en 2019, cuando decenas de jueces y fiscales de Comodoro Py se disfrazaron de cowboy por pedido de los anfitriones.

 

 

 

 

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