Una chica asesinada tras denunciar la complicidad narco-policial en el conurbano; un intendente bonaerense que admitió drogarse y un juez salteño detenido por beneficiar a un traficante fueron tres noticias de esta semana que exhiben el impudor con que la comercialización de sustancias prohibidas por las autoridades sanitarias pone en entredicho a los poderes públicos.
Balas que pican cerca
Desde Quilmes, trascendieron noticias que daban cuenta de un tiroteo entre familias que rivalizaban en la villa contigua al edificio municipal y que los vecinos se unieron sólo para enfrentar a la policía que llegó para poner orden. Muy distinto es lo que cuentan quienes viven allí.
Lo que pretende esconder ese relato es que agreden a la Policía porque no la ven como una aliada, sino como la cómplice de los que venden drogas en el barrio. O sea, cómplice de los asesinos.
Porque lo particular de la noticia de esta semana que trascendió a los medios porteños de alcance nacional es que la disputa es entre quienes quieren hacer negocio con la vida de los chicos y quienes bregan por salvarlos.
La familia Ibarra dice que, por haber denunciado a los narcos, le mataron a una de sus integrantes. Agustina Ibarra, de 27 años, fue asesinada este martes por la noche en la villa El Monte: "Se metieron en su casa y la mataron de un tiro en el ojo". Acusan a otra familia con integrantes policías "denunciados por vender droga en el barrio", una "denuncia que no fue escuchada por la Policía de la Seccional Primera, a la que hacen responsable. La mataron porque venimos denunciando que tienen un búnker donde venden droga y usan a menores que consumen".
Después, ante el arribo de muchos policías, fueron recibidos a los tiros; hasta hubo quien se dispuso a incendiar un patrullero.
Entre tantos nuevos disparos, una bala perdida le dio por debajo de la cintura a una mujer de 67 años.
La enemistad contra la Policía no es ociosa. Tras los incidentes, fueron detenidas dos mujeres policías, una de la provincia, otra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Con la complicidad policial, los asesinos tienen cuatro casas tomadas y hay prestamistas que aprietan a la gente que no puede pagar", dijo a la prensa local la familia de la víctima, una joven que trabajaba a diario en reciclado para mantener a sus dos hijos, que ahora debieron ser auxiliados por la Municipalidad a cargo de Eva Mieri en reemplazo de Mayra Mendoza, con licencia para ejercer una diputación provincial.
Gobernar drogado
En Saavedra, el jefe comunal admitió haber gobernado bajo efectos de estupefacientes. Matías Nebot, un vecinalista de 37 años de edad, relató que llevaba más de 300 días sin consumir a partir de haber recurrido a su familia y a un tratamiento con profesionales de la salud.
En su distrito –cuya cabecera es Pigüé–, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cinco bloques del Concejo Deliberante organizaron una Comisión Investigadora el 5 de agosto para analizar la aptitud psicofísica, la idoneidad, el desempeño institucional y si transgredió sus deberes de funcionario público.
Incorporaron informes de dependencias municipales y organismos públicos, documentación, declaraciones testimoniales, formularon cargos y dieron trámite a las medidas de prueba que el intendente propuso, además de comparecer.
Nebot, junto a su abogada, presentó su descargo el 25 de septiembre, el que –junto a una ampliación– fue incorporado al informe final. Allí, cuestionó a la oposición y les endilgó motivaciones personales.
Con eso, se cerró el expediente, que quedó a disposición de todo el cuerpo, que juzgará si las acusaciones de la Comisión merecen la suspensión del jefe comunal. Eso será en una sesión especial el próximo día 23.
No obstante, lo que se vote este viernes no será definitivo, ya que es la Ley Orgánica de las Municipalidades la que determina el procedimiento para juzgar faltas de los intendentes.
El Concejo dará la calificación jurídica que estime, y decidirá si lo considera una transgresión grave, lo cual es un requerimiento necesario por parte de dos tercios del cuerpo para suspenderlo.
Su señoría
En Orán, Salta, un ex juez federal quedó detenido el jueves en una dependencia de Gendarmería después de que confirmaran una condena en su contra por corrupción judicial. Encima, afronta el pedido de la Fiscalía de sumar una pena anterior por 13 años.
Raúl Juan Reynoso estaba condenado por haber favorecido al narcotraficante Delfín Castedo, aunque podía continuar libre debido a su apelación, pero en cuanto la Corte Suprema dejó firme su condena a cinco años de prisión –esta semana– fue detenido.
Ya arrastraba una condena de 2019: a 13 años por concusión y prevaricato, pedir dinero y resolver contra la ley. Por eso, el fiscal pidió aunar las condenas.
En el último juicio, quedó probada la falsificación de un acta de indagatoria a Delfín Castedo mientras, en realidad, estaba prófugo. Del mismo modo, quedó probado que el juez pidió plata a un comerciante para dejarle ingresar mercaderías por sobre el control aduanero. Lo multaron con 90.000 pesos e inhabilitación absoluta durante la condena.
Reynoso tiene una tercera acusación por sobornos para beneficiar a acusados de narcotráfico, lo que continúa bajo investigación.
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